Un documento de la Presidencia de la República detalla montos, fechas y nombres de acompañantes. En la administración del actual coordinador del PRI en el Congreso, un juez de Coahuila levantó la suspensión de pagos a la acería. López Obrador deja el caso en manos de la Fiscalía General
El señor de los aires: Montreal, Cancún…
Los estados se resisten a adoptar nuevos paradigmas
Los partidos son pozos sin fondo, maquinarias devoradoras de dinero proveniente del erario y de fuentes anónimas. Las aportaciones privadas están limitadas por la ley, pero siempre encuentran resquicios para eludirla. El financiamiento público, que este año ascenderá a siete mil 200 millones de pesos, lo fiscaliza el Instituto Nacional Electoral (INE), mas no los donativos ocultos de corporaciones y carteles, pues son inescrutables. El apoyo pecuniario se paga con favores, contratos, concesiones, exenciones fiscales, impunidad e incluso posiciones políticas. El desvío de recursos para comprar votos persiste en los estados, pese a la precariedad de sus finanzas, algunas en quiebra virtual.
El INE le corrige la plana al presidente Andrés Manuel López Obrador, cancela candidaturas a Morena y ejerce una fiscalización cada vez más estricta, mientras sus equivalentes en los estados, denominados Organismos Públicos Locales (Oples), señaladamente el de Coahuila, están subordinados al gobernador y su partido. También lo están los congresos y tribunales (electoral y de Justicia), lo cual les permite maquillar las cuentas públicas y ocultar el reparto de dinero el día de las votaciones. La reforma política de 2014 les quitó a los gobernadores la designación de consejeros locales, pero no el control de los Oples. Por esa razón, AMLO ha propuesto desaparecerlos y dejar al INE la organización de todos los procesos.
Los partidos siempre han recurrido a las grandes empresas y algunos incluso a la delincuencia organizada para obtener ingresos y solventar gastos no declarables. La campaña de Enrique Peña Nieto costó 4 mil 500 millones de pesos, cuando el tope legal era de 336 millones, de acuerdo con la comisión legislativa encargada de investigar la triangulación de recursos a través de Grupo Financiero Monex. Para pagar a representantes de casilla y a compradores de votos, el PRI utilizó instrumentos como las tarjetas Lealtad Monex, Apoyo a la Mujer Bancomer y Soriana aprecio por ti, dice el informe (La Jornada, 12.03.14). La elección debió anularse, pero el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación la dio por buena.
«Como le prestaba el avión al que ahora es el coordinador de los diputados del PRI, (Rubén) Moreira, que (Ancira) no esté pensando que (…) lo va a proteger, lo va a ayudar, que es el mismo tiempo de antes. Pues no».
Andrés Manuel López Obrador
También había otros métodos. En 1993, los principales oligarcas del país asistieron a una cena secreta promovida por Carlos Salinas de Gortari. ¿El propósito? Reunir 25 millones de dólares para la campaña presidencial del PRI. La filtración de uno de los empresarios, a quien le pareció excesivo el monto, mientras otro ofreció el doble para corresponder la «generosidad» del sistema, convirtió el «pase de charola» en escándalo internacional, en cabeza de turco al líder del PRI Genaro Borrego y en Premio Nacional de Periodismo a Francisco Barradas, de El Financiero, por la Noticia del año. El episodio lo cuentan Claudia Fernández y Andrew Paxman en El Tigre. Emilio Azcárraga y su imperio Televisa.
La misma mecánica opera en los estados. Partidos y aspirantes a gobernadores y alcaldes reciben dinero de empresas y contratistas, pues el financiamiento público no basta para pagar estructuras, cobertura mediática y votos. Las cosas empeoran cuando los carteles «invierten» en las campañas y entregan maletas con dinero a candidatos, según han denunciado ex-Zetas en cortes texanas. En estos casos, no sólo reciben protección, territorios e impunidad, sino también poder para cometer atrocidades como las de Allende y Piedras Negras, denunciadas en Estados Unidos, pero no en México.
Advertencia a Moreira
El presidente Andrés Manuel López Obrador abrió otra caja de Pandora en Altos Hornos de México (AHMSA). Las finanzas de la acería, hoy comprometidas por los 216 millones de dólares que deberá pagar como reparación del daño a Pemex por la venta de Agro Nitrogenados a precio inflado, ayer soportaban consentir a gobernadores, líderes políticos, funcionarios e incluso a familiares. AHMSA desembolsó, sólo en 2014, 58.2 millones de pesos en «viáticos y gastos de viaje». El 58% de esa bolsa (31.5 millones de pesos) lo recibió Rubén Moreira, actual coordinador del grupo parlamentario del PRI en la Cámara Baja.
López Obrador destapó el caso en la rueda de prensa el 12 de mayo, pero lo centró en Moreira. Dijo que primero presentaría las pruebas y después denunciaría. «¿Cómo un empresario le paga viáticos a un político?», cuestionó. El presidente retomó y amplió el tema en la mañanera del 2 de septiembre, unos días después de su tercer informe. La fórmula para «moralizar la vida pública de México» y liberar fondos para el bienestar y el desarrollo del país consiste en «no permitir la corrupción, gobernar con austeridad y no permitir la impunidad», dijo en su discurso.
El segundo favorito de Alonso Ancira Elizondo, dueño de AHMSA, fue Emilio Lozoya Austin, en cuyo periodo como director de Pemex (2012-2016) se adquirió Agro Nitrogenados con la aprobación de Peña Nieto. Las horas de vuelo y otros gastos de Lozoya, pagados por la empresa, privatizada en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, sumaron 12.4 millones de pesos. En tercer lugar figura Manlio Fabio Beltrones, exgobernador de Sonora y coordinador parlamentario del PRI entre 2012 y 2015, con 8.2 millones de pesos. La nómina continúa con Carolina Viggiano (2.5 millones de pesos), esposa de Moreira y entonces presidenta del DIF de Coahuila.
La carpeta «Altos Hornos, documento viáticos y gastos de viaje 2014», disponible en la página de la Presidencia de la República, incluye al líder perredista Alfonso Navarrete y al gobernador de Oaxaca Gabino Cue, de la coalición PAN, PRD, Convergencia y PT. El primero gastó 1.8 millones de pesos y el segundo 823 mil. López Obrador dejó el asunto de Moreira en manos de la Fiscalía General de la República, donde se le investiga por el desvío de 400 millones de pesos del Fondo de Fortalecimiento Financiero (Reforma, 23.11.20). Si Ancira piensa que Moreira lo protegerá como coordinador de los diputados del PRI, está equivocado, advirtió el mandatario. «Todos sus amigos políticos, a los que (…) les prestaba el avión (…) no lo van a poder ayudar (…) ya ni el presidente (puede hacerlo)». Cuesta trabajo entenderlo, pero así es, apostilló.
Otro de los «amigos políticos» de Ancira, cuyas gestiones para evitar su detención y descongelar las cuentas de AHMSA resultaron vanas es el empresario minero Armando Guadiana, aspirante a la gubernatura, quien, sin embargo, no pudo ganar la alcaldía de Saltillo. El senador de Morena preside la Comisión de Energía y ha sido acusado de conflicto de interés por ser proveedor de la Comisión Federal de Electricidad. Según Guadiana, sus empresas dejaron de venderle carbón a la CFE desde febrero de 2016.
La difusión del documento Altos Hornos… «se enmarca en la polémica del Gobierno con Alonso Ancira, el conocido como rey del acero. El empresario, máximo accionista del poderoso Grupo Acerero del Norte, propietario a su vez de Altos Hornos, fue extraditado de España en 2019. La Fiscalía le acusaba de haber pagado millones de dólares en sobornos a Lozoya a cambio de vender con sobreprecio a Pemex el complejo Agro Nitrogenados. La paraestatal pagó 216 millones de dólares de más. Pese a la gravedad de las acusaciones, Ancira pasó poco tiempo en prisión. (…) Hace unas semanas, el asunto volvió a saltar a los titulares porque Pemex acusaba al industrial de no haber abonado el pago acordado», publica El País (02.09.21).
Mecenas de políticos
Casi tres millones de pesos mensuales le pagó AHMSA a Rubén Moreira en el tercer año de su administración por concepto de vuelos y consumos no especificados, de acuerdo con la carpeta «Altos Hornos, documento de viáticos y gastos de viaje 2014» difundida por la presidencia de la República el 2 de septiembre. El gobernador realizó 134 travesías, la mayoría dentro del país, pero también a Montevideo, Uruguay, Toronto, Canadá, Honduras —acompañado del secretario de Finanzas, Jesús Ochoa— y a destinos turísticos como Cancún y Acapulco. La Constitución local no lo obligaba a pedir autorización para abandonar el país, pero sí debió informar «al Congreso o a la Diputación Permanente sobre los resultados obtenidos en las gestiones realizadas» (Artículo 84, fracción V).
Hasta mediados de los setenta del siglo pasado, los ejecutivos solicitaban permiso a la legislatura incluso para salir del estado, regularmente a la capital del país. Quien quedaba a cargo del despacho era el secretario general de Gobierno. El gobernador Óscar Flores Tapia suprimió el requisito mediante una reforma, pues las giras se empezaron a hacer más frecuentes y a cubrirse por avión.
Humberto Moreira viajó a las Antillas, Asia, Estados Unidos y Centroamérica, no para promover al estado, sino su imagen, pues deliraba con ser presidente. El 25 de abril de 2006, junto con su hermano Rubén y su jefe de prensa, David Aguillón, celebró una sesión maratónica con el dictador Fidel Castro, en La Habana, para copiar algunas de sus fórmulas. El 20 de junio del mismo año, se entrevistó en Tel Aviv con Shimon Peres, exprimer ministro de Israel, donde el presidente de AHMSA, Alonso Ancira, se había refugiado. En 2008 voló a Illinois para hacerse la foto con el candidato presidencial Barack Obama. El 3 de febrero de 2010, se reunión en Managua con otro dictador: Daniel Ortega.
Las giras de promoción económica, sobre todo a China, se volvieron frecuentes en el gobierno de Rubén Moreira, quien encabezó la mayoría de las misiones. Miguel Riquelme siguió la misma ruta hasta que la pandemia de coronavirus lo permitió. Los viajes se aprovechaban para cooptar a líderes de oposición, lanzar campañas, urdir intrigas y lamer heridas. También servían para comprar sistemas de vigilancia sofisticados de los cuales poco o nada se ha informado a los coahuilenses.
Los 134 viajes sufragados a Rubén Moreira por AHMSA se mantuvieron en secreto hasta que el presidente Andrés Manuel López Obrador destapó el caso en mayo. Alonso Ancira, dueño de la acería, es un empresario cercano al expresidente Salinas de Gortari, adicto al PRI y mecenas de líderes de esa formación. Antes de ser extraditado a México, el 3 de febrero, el rey del acero declaró a Carlos Loret, de la plataforma digital Latinus, haber donado 2 millones de pesos para la campaña de Enrique Peña Nieto y apoyado a candidatos del PRI en Coahuila.
AHMSA se privatizó en 1991 —tercer año de gobierno de Salinas de Gortari— en condiciones desventajosas para el país. En 30 años como cabeza visible del consorcio, Ancira ha tratado con seis gobernadores de Coahuila, incluido el actual, pero la relación con los Moreira tuvo otra connotación. Para trepar, el clan necesitaba padrinos. Y qué mejor que Salinas. ¿El expresidente está entre quienes aconsejaron a Ancira no pagar los 216 millones de dólares a Pemex? Comoquiera que sea, Rubén Moreira, desde su posición en el Congreso, no podrá defender a quien le pagó más de 30 millones de pesos en viajes y viáticos, sentencia AMLO. E4
| Rubén Moreira | 31,509,395 |
| Emilio Lozoya | 12,492,718 |
| Manlio Fabio Bletrones | 8,213,008 |
| Carolina Viffiano | 2,536,651 |
| Carlos Navarrete | 1,850,033 |
| Amaya Lozoya | 813,600 |
| Gabino Cue | 823,710 |
| Total | 58,239,115 |
El señor de los aires: Montreal, Cancún…
Rubén Moreira II no informó al Congreso de sus viajes «oficiales» ni de los favores de AHMSA para realizarlos
La pregunta sobre los 58 millones de pesos que Altos Hornos de México (AHMSA) pagó a Rubén Moreira y otros políticos, en vuelos privados y estipendios, no es por qué Alonso Ancira desembolsó tal cantidad de dinero, sino ¿a cambió de qué? Según el exgobernador, los 134 viajes sufragados por la empresa fueron con motivo de trabajo y constan en su agenda. ¿Qué actividades oficiales realizó en Montreal, Montevideo, Tegucigalpa, Cancún y Acapulco? En los informes ante el Congreso no habló de ellos.
La Presidencia de la República documentó que el dinero para consentir a gobernadores, funcionarios y hasta una primera dama salió de AHMSA. Sin embargo, la empresa cotiza en bolsa y está sujeta a la regulación de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), órgano desconcentrado de la Secretaría de Hacienda (SH). Los títulos de la acería estuvieron fuera del mercado dos décadas, después de que el 25 de mayo de 1999 se acogiera a la Ley de Quiebras y Suspensión de Pagos de 1943. La norma se abrogó al poco tiempo, pues, según expertos, era deficiente y fomentaba «arreglos extrajudiciales entre los deudores y acreedores».
Ancira se exilió en 2003 en Israel —donde más tarde lo visitaría el gobernador Humberto Moreira— «para evitar una orden de captura promovida por la Secretaría de Hacienda de México por fraude fiscal» (Expansión, 15.09.08). Convenientemente, el 16 de mayo de 2016, un año antes de terminar la administración de Rubén Moreira (principal beneficiario de los vuelos patrocinados por AHMSA, con 31.5 millones de pesos), un juez de Coahuila puso punto final a la suspensión de pagos. Corresponde a la CNBV y a Hacienda determinar si la empresa incurrió en irregularidades; y a la Fiscalía General de la República, si el exgobernador cometió conflicto de interés.
Los vuelos y gastos denunciados por la Presidencia de la República ocurrieron en el tercer año de gobierno de Rubén Moreira, actual líder de la bancada del PRI y de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados. La Ley General de Responsabilidades Administrativas dice al respecto: «Incurrirá en cohecho el servidor público que exija, acepte, obtenga o pretenda obtener, por sí o a través de terceros, con motivo de sus funciones, cualquier beneficio no comprendido en su remuneración como servidor público, que podrían consistir en dinero; valores; bienes muebles o inmuebles; (…) servicios (…) y demás beneficios indebidos para sí o para su cónyuge (…)» (artículo 52. Capítulo II, De las faltas de los Servidores Públicos).
Moreira manejó el Congreso y el Tribunal Superior de Justicia a su arbitrio, incluso antes de ser gobernador. La misma legislación advierte: «Incurrirá en utilización indebida de información el servidor público que adquiera para sí o para las personas a las que se refiere el artículo 52 de esta ley, bienes inmuebles, muebles y valores que pudieren incrementar su valor o, en general, que mejoren sus condiciones, así como obtener cualquier ventaja o beneficio privado, como resultado de información privilegiada de la cual haya tenido conocimiento» (artículo 55).
Desde el principio de su administración, Andrés Manuel López Obrador apuntó hacia quienes mandan realmente en el país. «El Gobierno de México impulsa acciones para que las instituciones (…) no sean usadas para el servicio de los intereses corporativos ni para consolidar fortunas». El presidente conoce al dedillo la historia de AHMSA: a quiénes benefició Salinas de Gortari con la privatización de la empresa, fundada en 1942 por Harold R. Pape; su influencia política y su relación con los gobernadores. No de balde destapó los pagos a Rubén Moreira. Ancira se aferra a la acería con uñas y dientes, pero se ha quedado solo. Su suerte está echada. E4
Los estados se resisten a adoptar nuevos paradigmas
La jefa de Gobierno de Ciudad de México despide a una directora por usar el avión de un empresario; asesor jurídico dimite por la misma causa
María Idalia Salgado viajó en el avión de un empresario y perdió su empleo como directora general de Verificación Administrativa del Gobierno de Ciudad de México. Tenía un año en el cargo. El consejero jurídico Héctor Villegas renunció por la misma causa. «Aquí hay un código de ética muy estricto, así que la corrupción no se vale, y el conflicto de interés, tampoco», declaró la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuando aún no era candidateada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para la sucesión de 2024. «A ella y a Héctor los conozco del movimiento estudiantil del 68 (…) eran dirigentes (…) de la Facultad de Derecho, pero aunque sean amigos o conocidos (…) aquí hay que ser rectos o ser rectos, no hay de otra», sentenció.
«La gran diferencia con el pasado es que desde la Presidencia ya no se conspira contra la nación ni se diseñan estrategias para apropiarse de jirones del tesoro público».
Eduardo R. Huchim (Reforma, 07.09.21)
En el gobierno de Peña Nieto, helicópteros de la Fuerza Aérea eran utilizados para trasladar a sus compañeros de golf, como el líder senatorial Emilio Gamboa. David Korenfeld renunció el 9 de abril de 2015 a la dirección de Conagua tras ser exhibido en redes sociales mientras abordaba una aeronave de la dependencia para trasladarse al aeropuerto de CDMX. Argumentó problemas de salud, pero después se supo que viajó a Vail, Colorado, con su familia.
El periodista y escritor, Eduardo R. Huchim, dice en su columna Presidente de corbata torcida: «Probablemente el propio mandatario está consciente de que falta mucho para lograr una transformación amplia no sólo porque el ancien régime se resiste a irse, sino también porque muchos de quienes llegaron con AMLO al Gobierno no han sido inmunes a las seducciones y privilegios de la antigua manera de ejercer el poder» (Reforma, 07.09.21). López Obrador desapareció el oneroso Estado Mayor presidencial, prescindió de los aviones oficiales, viaja en líneas comerciales y sin comitivas numerosas, las cuales casi siempre eran inútiles.
«La gran diferencia con el pasado —apunta Huchim— es que desde la Presidencia ya no se conspira contra la nación ni se diseñan estrategias para apropiarse de jirones del tesoro público. Tampoco se autorizan gastos dispendiosos para la autocomplacencia y la vanidad. Y este conjunto virtuoso permea, así sea por goteo y no caudaloso, a la estructura gubernamental. No es lo mismo tener en la Presidencia a un narciso corrupto y corrompedor que a un político de espíritu franciscano a quien no le preocupa llevar torcido el nudo de la corbata».
La inercia de regímenes derrochadores arrastra a amplios sectores de la administración pública. La resistencia es mayor en los estados, donde la falta de equilibrios políticos y mediáticos produce Gobiernos autócratas como el de Rubén Moreira, quien encubrió la deuda adquirida irregularmente por su hermano Humberto, desvió más de 700 millones de pesos a empresas y manejó las instituciones a su antojo. El escándalo por los 31.5 millones de pesos pagados por Altos Hornos de México en 2014 a la primera autoridad del Estado es oprobioso y debe ser investigado.
Si los 15 gobernadores cuya gestión ha iniciado ya en algunas entidades —11 de los cuales pertenecen a Morena— atienden el llamado del presidente López Obrador para denunciar y emprender acciones legales por actos de corrupción de sus predecesores, en vez de convertirse en tapaderas, darán el primer paso para sanear la vida política en los estados, desmontar las estructuras de impunidad y romper las redes de interés entre los poderes público y privado. Una de las prioridades de la Cuarta Transformación consiste justamente en erradicar los cacicazgos locales que lastran al país. E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.