El pez por la boca muere: AMLO, Biden y migración

Los presidentes alentaron en sus discursos iniciales el desplazamiento masivo de personas. Hoy, frente a la crisis humanitaria y los conflictos en sus países, recurren a políticas represivas. El 56% de los mexicanos está de acuerdo con las deportaciones, dice una encuesta de Gabinete de Comunicación Estratégica

Política: Mismo perro con distinto collar

El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador enfrenta una grave crisis migratoria, exacerbada por el discurso conciliatorio de su homólogo estadounidense, Joe Biden, quien evita el tono radical de su antecesor, Donald Trump, pero mantiene sobre México la responsabilidad de hacer el trabajo sucio para evitar que más personas intenten atravesar su frontera sur.

La llegada irregular de personas provenientes de Centroamérica y el Caribe se ha incrementado ostensiblemente. El Instituto Nacional de Migración (INM) de la Secretaría de Gobernación ha identificado 147 mil 033 migrantes que transitaban en condición irregular por territorio nacional entre el 1 de enero y el 31 de agosto de 2021, cifra que representa el triple de lo registrado durante el mismo periodo de 2020.

«Es muy importante no caer en estas prácticas de discriminación institucional por parte del INM o de la SRE».

Ana Saiz, directora de Sin Fronteras

Por su parte, la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (COMAR) reporta que Chiapas concentra el 75% de las 77 mil 559 solicitudes de refugio en el país durante los primeros ocho meses del año, y Tapachula es el municipio con más casos: 31 mil 584. La ciudad fronteriza con Guatemala se ha convertido en escenario de protestas de cientos de migrantes que se sienten atrapados y exigen mayor celeridad en los trámites, sin que las autoridades les den respuesta.

«En todos los casos hay completo, absoluto respeto a los derechos humanos de parte de servidores de Migración, de la Guardia Nacional, de Marina y de la Secretaría de la Defensa».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El proceso de refugio tiene oficialmente con un tiempo de espera entre 45 y 90 días, más otros 10 para emitir las notificaciones. No obstante, en marzo de 2020 esos términos fueron suspendidos indefinidamente a causa de las restricciones por la COVID-19, por lo que ahora los solicitantes de asilo deben aguardar, mínimo, de tres a seis meses para regularizar su situación migratoria.

La desesperación, sin embargo, los ha llevado a organizar ya cuatro caravanas con la intención de atravesar la nación de sur a norte y las autoridades mexicanas han respondido con aprehensiones, golpes y expulsiones indiscriminadas.

El presidente López Obrador justifica las detenciones masivas «para cuidar a los migrantes» porque «dejarlos que transiten por todo el país, sin ninguna protección, es muy riesgoso» (Aristegui Noticias, 12.09.21).

Temporada de caza

El riesgo de sufrir una deportación exprés y las deplorables condiciones de hacinamiento a que son sometidos los migrantes que intentan cruzar México —o permanecer en el país— mientras esperan por una respuesta de las autoridades no son las únicas contingencias que deben enfrentar los miles de centroamericanos que transgreden la frontera sur. La violencia con que son acosados, perseguidos y capturados por los agentes migratorios, como si se trataran de animales salvajes, agravan su precaria situación.

El 28 de agosto, dos oficiales del INM fueron captados agrediendo a una persona de origen haitiano, al cual tumban y patean en el rostro, mientras uniformados de la Guardia Nacional (GN) custodian la escena con sus escudos.

Los hechos provocaron indignación y distintas organizaciones defensoras de derechos humanos se pronunciaron en contra. «Reprobamos la actuación de la GN en la frontera sur. Llamamos al Estado Mexicano a actuar con enfoque humanitario ante la llegada de personas migrantes centroamericanas y haitianas que huyen de la violencia y crisis generada por desastres naturales», publicó Amnistía Internacional (AI) en su cuenta oficial de Twitter.

El INM también informó haber suspendido a los agentes implicados en el caso, pero la medida no detuvo los abusos de las autoridades. Apenas seis días después —el 3 de septiembre— otro video en las redes sociales sacudía a la sociedad.

En el mismo, integrantes de la GN y del INM emprenden una persecución contra un grupo de migrantes en medio de una arboleda y se escucha a un funcionario de Migración pasar frente a la cámara al grito de «ora sí, putos, valieron verga», en una actitud que se distancia mucho del «compromiso por una migración segura, ordenada y regular, con pleno respeto y salvaguarda de los derechos de quienes ingresan y transitan por territorio mexicano», que difunde el instituto en su sitio web.

El presidente López Obrador aprovechó su conferencia matutina del 9 de septiembre para defender la ética de las autoridades mexicanas encargadas de lidiar con el fenómeno de la migración y calificó de «excepciones» los lamentables hechos registrados.

«Hay ahora toda una campaña de desinformación muy alentada por nuestros adversarios. Pero no es la regla, puede haber excepciones, como lo que se vio en las imágenes con los ciudadanos haitianos, que fueron maltratados, injustamente maltratados por dos trabajadores de migración, nada más. En todos los casos hay completo, absoluto respeto a los derechos humanos de parte de servidores de migración, de la Guardia Nacional, de Marina y de la Secretaría de la Defensa», aseveró.

Una encuesta elaborada por el Gabinete de Comunicación Estratégica revela que el 56% de los mexicanos está de acuerdo con que se impida el paso a los migrantes y solo el 31.5% considera que las autoridades migratorias actúan con exceso de violencia.

Afganos sí, centroamericanos no

Tras la toma de Kabul, capital de Afganistán, por parte del ejército talibán, el Gobierno de Obrador ha ofrecido asilo a profesionistas afganos —mayormente periodistas— y sus familiares, cuyas vidas corrían riesgo en caso de permanecer en la nación árabe. El gesto ha sido aplaudido por la sociedad mexicana y la comunidad internacional, pero no está exento de críticas. Hay quienes destacan la parcialidad en el trato que reciben los afganos en comparación con los centroamericanos que intentan ingresar a México. Mientras a los primeros se les recibe con los brazos abiertos, a los segundos se les persigue y expulsa. 

El periodista del New York Times, Ben Smith, es uno de los que cuestiona este doble rasero. En su columna «México ayudó al Times a sacar a sus periodistas de Afganistán» aborda el tema: «El Gobierno de México intenta frenar una ola de migrantes procedentes de Centroamérica, así que le pregunté [al canciller Marcelo Ebrard] cómo podría justificar el recibimiento a los afganos cuando presiona a los nicaragüenses para que se queden en casa. Ebrard dijo que las acciones del Gobierno eran coherentes con el impulso de México “para dejar en claro la diferencia entre los migrantes económicos y las personas que buscan refugio y asilo”» (New York Times, 25.08.21).

Para Felipe Vargas, director del Servicio Jesuita a Refugiados en México, constituye un error sugerir que los afganos huyen porque sus vidas corren peligro mientras que los centroamericanos lo hacen solo por motivos económicos. Desde esta perspectiva se excluyen otros factores que también están presentes en países pobres de Latinoamérica y atentan contra la sobrevivencia de los sectores más vulnerables de la población: violencia, opresión gubernamental, pandillas, crimen organizado… «La diferencia que existe entre una persona refugiada de Afganistán con una persona de Honduras, de facto es ninguna», apunta Vargas (Proceso, 04.09.21).

Ana Saiz, directora de la organización Sin Fronteras, abunda en ese sentido: «Pensar que toda la migración que viene del sur lo hace sólo por razones económicas es verlo de una manera muy simplista; a lo mejor si le pregunta uno a alguien, dice que es para buscar una vida mejor, pero preguntando un poco más te va a decir que secuestraron a su hermano, que una pandilla quería llevar a su hija o que el Gobierno lo está persiguiendo […] Es muy importante no caer en estas prácticas de discriminación institucional por parte del Instituto Nacional de Migración o de la Secretaría de Relaciones Exteriores» (Proceso, 04.09.21).

La publicidad que acompañó al proceso de asilo de los refugiados afganos contrasta con el hermetismo que mantiene el Gobierno federal en relación al proceso de deportación de los centroamericanos que ingresan ilegalmente al país.

Las autoridades mexicanas trasladan a los solicitantes de asilo que son detenidos hacia municipios del sur de México y, desde allí, agentes del INM y soldados de la GN los custodian hasta Guatemala. El movimiento puede hacerse vía terrestre o aérea.

A finales de mayo, el propio Gobierno señaló que se realizaron cuatro vuelos de retorno de migrantes al iniciar un denominado «puente aéreo» hacia el sur, aunque no especificó cuántas personas trasladaron.

Sin embargo, el Instituto Guatemalteco de Migración informa que contabilizó 22 vuelos que fueron utilizados para deportar indocumentados durante los primeros ocho meses de 2021.

Aranceles vs. migrantes

La ayuda que el Gobierno mexicano le brinda a Estados Unidos en el control de migrantes responde a intereses mercantiles muy bien definidos desde que el 30 de mayo de 2019 el entonces presidente Donald Trump amenazó con una escalada de aranceles si México no ponía cota a la afluencia de centroamericanos que buscan el sueño americano.

Trump publicó vía Twitter que a partir del 10 de junio de ese mismo año su país impondría aranceles del 5% a todos los bienes provenientes de México hasta que se detuviera el flujo de inmigrantes indocumentados. Dicha carga tributaria aumentaría a 10% a partir del 1 de julio; a 15% desde el 1 de agosto, a 20% comenzando el 1 de septiembre y a 25% desde el 1 de octubre hacia adelante, si no se cumplía la misma condición.

El anuncio no pasó de ser una amenaza que nunca se concretó porque la delegación mexicana encabezada por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, voló inmediatamente a Washington para llegar a un consenso y establecer un plan conjunto entre ambas naciones.

Por el momento Joe Biden no ha recurrido a este mecanismo persuasorio, pero tampoco ha hecho ningún pronunciamiento sobre no ponerlo en práctica en caso de ser necesario, a diferencia de otras disposiciones de su antecesor que considera insostenibles. Su postura cautelosa contrasta con el carácter volátil de Trump, mas no por ello debe dejar de ser objeto de escrutinio para el Gobierno de Obrador.

Aunque Biden se ha pronunciado a favor de recuperar la tradición estadounidense de abrirle las puertas a los necesitados de distintas regiones del mundo, no ha echado atrás algunos de los temas abordados por Trump y la delegación mexicana en aquella visita de 2019, como los acuerdos de un «tercer país seguro» que se suscribieron con Guatemala, Honduras y El Salvador para que estos acojan en sus territorios a personas que busquen asilo en Estados Unidos.

La palpable disonancia en el discurso y las acciones del inquilino de la Casa Blanca en materia de migración representa una llamada de alerta que el presidente López Obrador no debe pasar por alto. E4

¿Está de acuerdo con que se impida el paso a migrantes?

• 56% Muy de acuerdo / Algo de acuerdo
• 36.6% Algo en desacuerdo / Muy en desacuerdo

¿Considera que las autoridades actúan con exceso de violencia?

• 58% Son situaciones debido al comportamiento de los migrantes
• 31.5% Sí lo están haciendo

Fuente: Gabinete de Comunicación Estratégica

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Política: Mismo perro con distinto collar

Los 17 decretos que Joe Biden firmó en su primer día como presidente de Estados Unidos para revertir las políticas de su predecesor, Donald Trump; más otras disposiciones que en el mismo sentido ha gestionado durante su gobierno, no resultan suficientes para desprenderse de la herencia que le legó el republicano en materia de migración.

El 25 de agosto Biden sufrió un duro revés cuando la Corte Suprema de Estados Unidos rechazó una petición de su administración para frenar la restauración del Protocolo de Protección de Migrantes (MPP), solicitada por el juez federal Matthew Kacsmaryk, del estado de Texas.

El MPP es conocido como el programa «Quédate en México» —o «Espera en México»— y obliga a los solicitantes de asilo en la frontera sur de Estados Unidos a permanecer en México mientras se resuelve su situación migratoria.

Organizaciones no gubernamentales han criticado duramente esta política porque deja en estado vulnerable a los migrantes que permanecen por tiempo indefinido en las ciudades fronterizas mexicanas, donde suelen ser víctimas de abusos, discriminación, trata de personas o son reclutados a la fuerza por los carteles del crimen organizado.

En junio, Washington emitió un boletín para anunciar el fin del MPP. Sin embargo, fiscales de Texas y Missouri reaccionaron en contra. Kacsmaryk —juez nominado por Trump— calificó de arbitraria y caprichosa la decisión de la Casa Blanca, y advirtió que el proceso no se hizo con apego a la ley por lo que ordenó al Gobierno restablecer el programa hasta que se encontrara una alternativa legal.

La solicitud del gabinete de Biden para desestimar esta orden no contó con el visto bueno de la Suprema Corte así que, en principio, el presidente está obligado a restaurar el MPP. No obstante, primero el caso pasará a un tribunal de apelaciones y más tarde podría volver a ser objeto de discusión en el juzgado.

Título 42 más vivo que nunca

Justificar la vigencia de decretos promulgados por Trump como consecuencia de los reveses legales sufridos por la actual administración demócrata sería pecar de inocente. Biden tampoco muestra muchos escrúpulos en usar a su conveniencia otras disposiciones surgidas en tiempos de su antecesor. Tal es el caso del controvertido Título 42 que se creó en marzo de 2020 y todavía se mantiene activo.

Con el impacto de la pandemia, en marzo de 2020, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de los Estados Unidos (CDC por sus siglas en inglés) emitieron una orden, bajo el Título 42, que prohíbe la entrada al país de personas sin autorización, ya sean migrantes o solicitantes de asilo.

Quienes intenten rebasar la frontera de forma ilegal o sean sorprendidos en el interior son regresados inmediatamente al país por el cual ingresaron —usualmente México— o devueltos a su nación de origen. No tienen derecho a ver un juez ni tampoco pasan por un proceso legal migratorio de deportación. Sencillamente, son expulsados.

A pesar de la extensa campaña de vacunación que se ha llevado a cabo en Estados Unidos y la presencia de aglomeraciones en diversos eventos culturales y deportivos, Washington sostiene su desición de utilizar la COVID-19 como pretexto para rechazar solicitudes de asilo y negar la entrada a migrantes.

Human Rights First, organización internacional con sede en New York, ha recomendado a la Casa Blanca poner fin al Título 42 y a las deportaciones expeditas.

«El Gobierno de Biden debe dejar de usar el manual cruel e ilegal de Trump […] Estas expulsiones son simplemente ridículas desde una perspectiva de salud pública y solo confirman que el uso continuo del Título 42 no tiene nada que ver con la salud pública. La administración Biden debe poner fin de inmediato a esta farsa y, en cambio, cumplir con la ley de refugiados» demandó Eleanor Hacer, directora de protección de refugiados de Human Rights First (Crónica, 16.08.21). E4