Agsal: 20 años de lucrar con el agua; quieren perpetuar el negocio: AUAS

A cinco años de vencer el contrato entre Aguas de Suez y Saltillo (Agsal), la Asociación de Usuarios de Aguas advierte el riesgo de un albazo para ampliar la sociedad. Denuncia violaciones a la Constitución, opacidad y escaso rendimiento operativo. La empresa atribuye las críticas a una «falta de comunicación»

Solución profunda para ciudades con sed

Saltillo continúa atrapado en el círculo vicioso que representan las crisis recurrentes de agua. Los problemas de calidad y capacidad de abasto persisten con Aguas de Saltillo (Agsal), paramunicipal creada en 2001, durante la administración municipal de Óscar Pimentel, a partir de una asociación público-privada entre la europea Aguas de Barcelona (Agbar) y el entonces Sistema Municipal de Aguas de Saltillo (Simas).

También perdura la desconfianza sobre la calidad del líquido. Un análisis de la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), realizado en 2016, advierte que pese a su imapcto en la economía familiar, el 82.8% de usuarios de Agsal consume agua de garrafón, y sólo el 11.7% la toma directo de la llave.

Bajo esa circunstancia y sin una planeación sustentable del crecimiento poblacional, urbano e industrial de la capital coahuilense, la sobreexplotación y contaminación de los mantos acuíferos se acelerará peligrosamente, advierten analistas. El tema reclama atención urgente, pues el agua es un derecho humano encadenado a otros, principalmente a la salud, pero también a la educación o a las actividades económicas.

Veinte años después de que las autoridades municipales tiraran la toalla —octubre de 2001— y cedieran la operación, administración y el cobro de los servicios de distribución y alcantarillado a la trasnacional Agbar, la asociación, cuyo contrato vence en 2026, tiene como defensores a sus propios administradores. Sin embargo, la Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo (AUAS) demanda que la empresa regrese al control del municipio cuando el contrato expire.

Moneda de dos caras

Para Jordi Bosch Bragado, gerente de Agsal, «el agua dejó de ser un problema para la ciudad desde 2001. A esa razón se atribuye el favorable crecimiento industrial y urbano». En un informe publicado en 2020, apunta que «la presencia actual de un mayor número de grandes empresas, inversiones y empleos en Saltillo es prueba de buenos resultados de la administración del agua».

«El contrato con Agbar fue siempre leonino. Si la asociación se disuelve, el municipio tendría que ir a tribunales internacionales donde por lo general se resuelve en favor de las transnacionales».

Gloria Tobón

Bosch anticipa un futuro estable y tranquilo, basado también en encuestas que le otorgan a Agsal una evaluación positiva. En el informe de la UAdeC, la calificación promedio es de 8.4 puntos. Un sector destaca el «carácter social» de la paramunicipal, por otorgar descuentos permanentes a los adultos mayores (tarifa especial), a los cuales, sin embargo, tienen derecho con base en una reforma a la Ley de las Personas Adultas Mayores publicada en el Periódico Oficial del Estado de Coahuila el 9 de octubre de 2015: «…Los adultos mayores son sujetos de beneficio de asistencia social en diferentes ámbitos o por determinados bienes y servicios públicos, incluidos los descuentos en transporte público, así como menores tarifas en suministro de agua potable y alcantarillado». En el último año y medio, también hay población que se manifiesta agradecida por las «facilidades de pago» ante la crisis económica generada por la pandemia de coronavirus.

«(Aguas de Saltillo) manipula cifras, emite datos contradictorios y maneja una política de “puertas cerradas”».

Rodolfo Garza

Agsal se jacta de manejar un sistema de subsidio cruzado: cobra más a quien más tiene, como es el caso de las zonas residenciales. En las colonias populares la tarifa está por debajo de los 100 pesos al mes. En un video informe, Bosch presume morosidad cero y que Agsal apoya con 5.5 millones de pesos al año a instituciones como El Ropero del Pobre, la Asociación de Niños con Leucemia, el CRIT, Profauna, el Museo del Desierto y los Bomberos.

«El agua dejó de ser un problema para la ciudad desde 2001. A esa razón se atribuye el favorable crecimiento industrial y urbano».

Jordi Bosch

La evaluación de Agsal puede ser mejor, pero junto con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) ha ocupado los primeros lugares en quejas ante la Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco). El triunfalismo de Agsal lo refuta AUAS:

  • El suministro es deficiente, sobre todo en la periferia.
  • Existen zonas con niveles precarios de ingreso donde incluso las tarifas más bajas no pueden pagarse.
  • Hay demora excesiva en reparaciones e instalación de infraestructura.
  • Persiste ineficiencia en la distribución de los recibos de pago.

Bosch minimiza los cuestionamientos. A los críticos podría enumerarlos «con los dedos de una mano», ironiza. Los señalamientos los atribuye a «falta de comunicación» y a «malos entendidos», pero, insiste en que de su parte hay apertura para debatir. Agsal enfrenta quejas por cortar el suministro a hogares con adeudos, interpuestas ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos, las cuales también desestima bajo el argumento de que la empresa es fiscalizada por el Ayuntamiento, la Auditoría Superior del Estado (ASEC) y un área interna. Toda la información es pública y remite a la página web del organismo.

Activismo ciudadano

La Asociación de Usuarios de Agua de Saltillo (AUAS), encabezada por el matrimonio de Rodolfo Garza y Gloria Tobón, se constituyó para oponerse a la privatización parcial de los servicios de agua y alcantarillado, promovida en 2001 por el alcalde Óscar Pimentel Gonzáles, en el Gobierno de Enrique Martínez. Pimentel ocupa actualmente la dirección del Instituto de Planeación de Saltillo.

AUAS cuestionó desde un principio la constitución de Agsal, marcada por la falta de transparencia, la actitud permisiva de las autoridades municipales hacia la empresa y los cobros excesivos. Rodolfo Garza acusa la opacidad de la empresa: manipula cifras, emite datos contradictorios y maneja una política de «puertas cerradas». Además de malos manejos, también ha incurrido en violaciones a la Constitución y al reglamento municipal, así como al contrato de asociación. Los consejeros, quienes están ahí como representantes sociales, hacen caso omiso de los reclamos, denuncia.

AUAS ha presentado quejas ante tribunales internacionales en Viena, Barcelona y Perú. Ganó los tres casos, pues se reconoció que Aguas de Barcelona violenta la normatividad en México y en Saltillo, pero por no ser vinculantes, las autoridades ignoran las resoluciones. El activista dice que los intereses ocultos entre los alcaldes y la administración central de Agsal, podrían explicar la tolerancia a las irregularidades.

Como regidor en 2018 —en la primera administración de Manolo Jiménez—, Garza pidió a Agsal informar sobre el gasto e inversión del Municipio en asistencia técnica. No hubo respuesta. Recurrió al área jurídica municipal y presentó una solicitud vía Transparencia, pero también fue ignorado. A lo largo de estas dos décadas, por un tema de posible colusión con los alcaldes, Agsal ha tenido la oportunidad de violar normatividades, leyes, convenios y contratos firmados, denuncia.

«La empresa se constituyó bajo un proceso viciado», afirma Gloria Tobón. El socio privado del Simas ya no es Agbar, sino la francesa Aguas de Suez. El contrato con Agbar fue siempre leonino. Si la asociación se disuelve, el municipio tendría que ir a tribunales internacionales donde por lo general se resuelve en favor de las transnacionales. El contrato de asociación contiene cláusulas que permiten a la parte municipal recuperar un 9.8% de las acciones cada cinco años, pero en 20 transcurridos sólo se ha recomprado el 4%. Saltillo tiene ahora el 55%, y Suez, el 45%.

Al socio privado no le conviene perder participación accionaria porque la empresa es muy productiva, a costa del bolsillo de los saltillenses, comenta Tobón. Otras arbitrariedades, señala, consisten en la emisión de información contradictoria y presumiblemente falsa en los reportes, así como alzas indebidas de tarifas. El contrato establece que los aumentos se aplicarán de acuerdo con la inflación, pero se registraron varios por encima de ese índice, sin tomar en cuenta al Cabildo. Esa violación grave, tampoco fue sancionada, subraya.

A los alcaldes les conviene que la empresa maneje el agua, porque así se deslindan de los aumentos de tarifas, de la gente que no puede pagar, de las fugas y de los cortes del servicio, coinciden Garza y Tobón. Agsal y el Ayuntamiento se dedican a recoger las ganancias, sin rendir cuentas claras sobre el destino de esos recursos.

¿Albazo bajo la manga?

AUAS rechaza tajantemente la renovación del contrato entre el municipio y Aguas de Suez. La asociación Agsal, por 25 años, terminará en 2026. Sin embargo, Gloria Tobón teme que el Ayuntamiento y la empresa den un albazo, máxime cuando ya existe un caso: el sistema Cancún-Isla Mujeres entró en operación en 1993. Su vigencia sería por 30 años, pero fue renovado en 2014, nueve años antes de concluir. En una reunión a puerta cerrada, el Cabildo extendió el contrato por un periodo similar.

Luego se supo la trampa: el Gobierno de Quintana Roo, cuyo titular era Roberto Borge (PRI), hoy en prisión, recibió mil 050 millones de pesos, asegura Tobón, quien afirma que en Saltillo lo ideal para la empresa sería extender el contrato, pero habría que ponerlo a votación de los ciudadanos. Para Bosch, la decisión la tomará el Cabildo. No hay necesidad de cambiar lo que funciona bien, argumenta. Además, dice, el nivel de aceptación social es alto y justifica la continuidad de la asociación.

Desde el Instituto Municipal de Planeación, Óscar Pimentel, artífice de la privatización del agua de Saltillo, asume la misma postura. El esquema debe prevalecer, aunque puede cambiar de socio, y conservar la participación mayoritaria del municipio. Garza y Tobón replican: las cuencas regionales ya evidencian agotamiento y Agsal no plantea soluciones. El acuífero del valle está sobreexplotado, no hay más agua disponible y las fuentes más cercanas están a 50 kilómetros. Es urgente buscar soluciones y no esperar el día que amanezcamos sin agua, concluyen. E4

11.7% de las familias la toma de la red

82.8% de los hogares consume agua de garrafón

2.5% la filtra antes de beberla

2.5% la hierve para evitar infecciones

Recuperación a cuentagotas…

  • El 1 de octubre de 2001 se constituye Aguas de Saltillo (Agsal) bajo un convenio de asociación con Aguas de Barcelona (Agbar). Vence en 2026.
  • 81.9 millones de pesos pagó Agbar por el 49% de las acciones del Simas.
  • 4% de acciones de Agsal recompradas por el municipio en 20 años. Ahora tiene el 55%.
  • 40% del caudal se pierde por fugas.
  • 100 mil cortes del servicio al año.
  • 10 mil familias en moratoria y sin servicio.
  • Agsal no transparenta 18 millones de pesos anuales pagados por el municipio por «asistencia técnica».
  • 400 mil pesos, sueldo mensual del gerente. Auditoría realizada en 2004.
  • Extracción de 51.1 millones de metros cúbicos en 2001 con 150 mil usuarios. Veinte años después hay 260 mil tomas sin variar el gasto, dice la empresa.

Solución profunda para ciudades con sed

En nuestro país el agua se distribuye así: 76% para el campo, 14% para uso doméstico y público, 4.4% para la industria autoabastecida y 4.7% para la generación de electricidad, señala un estudio de Carlos López Morales, profesor investigador del Centro de Estudios Demográficos, Urbanos y Ambientales de El Colegio de México (Colmex).

Además de su importancia para la vida, el agua es esencial para la producción prácticamente de todo. No hay nada en la economía que no la utilice de un modo u otro, de ahí la prioridad de atender el desecamiento de los mantos freáticos, vinculable al desarrollo urbano.

Extracción a fondo

La mayor parte del agua que se consume en Saltillo proviene de fuentes subterráneas cuya capacidad de recarga merma año tras año. Las perforaciones para su extracción son cada vez más profundas y generan reclamos de comunidades afectadas por un «sifoneo» contra el que no pueden competir y que provoca el desecamiento de sus pozos de abastecimiento.

A lo anterior se suman las deficiencias de la gestión pública del recurso y el desperdicio por derrames (40% de lo que se distribuye) que Agsal no ha sido capaz de solucionar. Aunque tratada adecuadamente el agua residual puede ser reaprovechada de diversas maneras, como en el riego de campos de cultivo y de áreas urbanas verdes, lo más importante es la recarga de los cuerpos del acuífero.

A la par de la urgencia de reforzar las leyes para ayudar al cumplimiento del derecho humano al agua, analistas consideran necesaria la realización de proyectos para incentivar la investigación y capacitación de recursos humanos, de modo que se solventen las condiciones críticas de disponibilidad de agua. Ecologistas y activistas enfatizan que el agua debe ser prioritario en las agendas públicas, mediáticas y políticas. Sin programas e inversiones que modifiquen el rumbo de las cosas, metrópolis como Saltillo se encaminan a crisis de consecuencias indeseables para todos. E4

Es ingeniero egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo con especialización en el área de Economía. Ha ejercido el periodismo en Saltillo. Trabajó en El Diario de Coahuila; se desempeñó como editor, diseñador, fotógrafo, redactor de editoriales y artículos de economía, industria automotriz, cultura e historia de Saltillo en el periódico Vanguardia.