El presidente Andrés Manuel López Obrador tiró por la borda la oportunidad de distinguirse de sus predecesores al promover y avalar una violación flagrante a la Constitución. Extender por dos años el mandato del titular de la Suprema Corte de Justicia, Arturo Zaldívar, y de los siete integrantes del Consejo de la Judicatura Federal, de los cuales es cabeza, sienta un precedente aciago. Los ministros del tribunal constitucional resolverán la controversia de un asunto que además de atañerles directamente, marcará el futuro del órgano encargado de evitar el abuso del poder y preservar los derechos humanos, base de la separación de poderes. Lo hará en medio de una presión política y mediática pocas veces vista.
A lo largo de la historia, la Constitución y la Corte han sido objeto de múltiples reformas, adiciones y manipulación por parte del presidente de turno, de su partido y de sus satélites, para adaptarlas a su proyecto, cuando, al contrario, deberían sujetar sus planes a la ley fundamental. Esta es una de las razones por las cuales en nuestro país se tiene tanto desconocimiento y tan poco aprecio por la Constitución; lo mismo pasa con la Corte y casi la totalidad de las instituciones. Si los gobiernos faltan a su cumplimiento sin recibir castigo, ¿qué obliga a la mayoría a respetarlas? Esa es la raíz de la deficiencia sistémica del Estado de derecho.
La Corte ha sido utilizada sin rubor para premiar y extender lealtades políticas e incluso para proteger intereses económicos. En el sistema judicial, como en los demás poderes, existe corrupción, nepotismo, tráfico de influencias y otros vicios. Hoy, frente al ultraje, las oposiciones despiertan de su letargo como no lo hicieron por agravios anteriores —en 2016, el PRI, PAN y PRD votaron en el Senado la ampliación del mandato de cuatro magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación—; lo mismo sucede con la «comentocracia» y los doctores en derecho. Es cierto, la tarascada debe denunciarse, encender las alarmas por el golpe autoritario y apelar a la Corte para enmendar el atropello. Sin embargo, por no haber actuado con igual determinación en el pasado, el impulso no suma a otros sectores.
Astutamente, el presidente López Obrador, el Senado y la Cámara de Diputados aprovechan las campañas electorales para introducir en la agenda política, en un clima de por sí crispado, una reforma sin someterla a la aprobación de la mayoría calificada. De haber pasado por ese filtro, el disparate se habría anulado, pues incluso diputados de Morena, señaladamente Porfirio Muñoz Ledo, votaron contra el dictamen por inconstitucional. Nada, ni el más noble de los propósitos —como es la reforma inaplazable al Poder Judicial, anatema en los estados donde los gobernadores son también legisladores y magistrados— justifica vulnerar la Constitución.
El poder se legitima en las urnas y se refrenda o se pierde en su ejercicio. López Obrador ha menoscabado su legitimidad y autoridad moral, al principio sus mayores fortalezas. Si sus predecesores faltaron al juramento de observar la Constitución y las leyes, y los imita, se iguala a ellos. A partir de este caso, y en el futuro, la respuesta de los partidos, los medios de comunicación y los expertos, tendrá que ser la misma para afrontar al poder. Si es solo por ir contra López Obrador y su movimiento, la protesta, fundada y plausible como es, perderá respaldo y legitimidad. La Constitución y la independencia de la Suprema Corte de Justicia siempre deben imperar y no volver a estar sujetas al arbitrio del príncipe.
