Agbar impone su ley; lucrará con el agua de Saltillo hasta el 2034

Pese al cúmulo de irregularidades en el manejo de agua potable en la región y el negro historial de Aguas de Barcelona en diferentes partes del mundo, el Cabildo local acepta la solicitud de la empresa española para extender su contrato por otros 7.5 años. Morena se opone; el Congreso tendrá la última palabra

Gloria Tobón: la voz que se opuso a la privatización

A Gloria Tobón (QEPD),

incansable defensora del agua

El hecho de que Coahuila sea el único estado sin alternancia tiene consecuencias más allá de la política. De otra manera no se explica que tras más de 22 años de haber entregado el manejo del agua potable de Saltillo a una polémica empresa privada, el Cabildo haya aprobado la extensión del contrato solicitada por Aguas de Barcelona (Agbar, que opera en el país como Suez Concesiones México) sin pedir la opinión de expertos o abrir el debate a la ciudadanía, que desde hace tiempo reclama un cambio de esquema. La decisión debe ser avalada por el Congreso del estado, dominado por el PRI y sus nuevos aliados PAN y PRD.

Agbar controla el 45% de la paraestatal Aguas de Saltillo (Agsal), creada en 2001, mientras que el Municipio administra el 55% restante. La actual concesión vencía en 2026, pero el 30 de octubre el Cabildo aprobó su prolongación hasta 2034, pues el artículo 75 de la Ley de Adquisiciones y Contratación de Servicios permite ampliar la vigencia de contratos hasta en 30% de su duración original.

«Lo que ellos (Agsal) exponen de que han cumplido, la realidad es otra, siempre hay quejas de los ciudadanos, y ellos alegan que es por baja presión. Si no tienen la capacidad de dar agua a los habitantes, pues que llegue otra empresa que sí tenga la capacidad de hacerlo».

Lizbeth Ogazón Nava, diputada de Morena

El agravio es contra el medioambiente y las clases sociales más bajas (afectadas por los cortes de suministro), pues los grupos empresariales, en particular los hoteleros, apoyaron desde un inicio la solicitud presentada por el gerente general de Aguas de Saltillo, Jordi Bosch Bragado, el pasado 20 de octubre.

Pero incluso entre los empresarios hay voces que llaman a que sea el Ayuntamiento quien controle el abastecimiento y genere las utilidades. Una de ellas es la de Alejandro Pepi de la Peña, presidente de la Canaco Saltillo, quien pese a apoyar la ampliación del contrato («si es por el bien de la ciudad»), opina que estas últimas dos décadas deberían haber sido tiempo suficiente para que el Ayuntamiento haya adquirido el expertise necesario para manejar el sistema.

«Es más recomendable (…) contratar a la mejor gerencia que entregarle el 50% o 45% de las utilidades. Tienes un negocio y no lo puedes operar (…), contratas al mejor gerente, si el expertise está en Israel, Barcelona o Estados Unidos, es contratarlo y pagarle buenos sueldos, pero de eso a darle el 45 a 50 por ciento de las utilidades (…) pues no».

Alejandro Pepi de la Peña, presidente Canaco Saltillo

«Es más recomendable, viéndolo desde la óptica de un empresario, contratar a la mejor gerencia que entregarle el 50% o 45% de las utilidades. Tienes un negocio y no lo puedes operar por diversos motivos, contratas al mejor gerente, si el expertise está en Israel, Barcelona o Estados Unidos, es contratarlo y pagarle buenos sueldos, pero de eso a darle el 45% a 50% de las utilidades como fue en un inicio, pues no», expresó el pasado 31 octubre, un día después de que el Cabildo aprobara la ampliación.

Por el contrario, el vicepresidente de la Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, dijo que respaldan al «mil por ciento» la ampliación y asegura que «no se puede quitarle la concesión a alguien que está dando utilidades, que tiene en orden al sistema, donde todo mundo paga y que presenta un proyecto contra la sequía» (Vanguardia, 31.10.23).

«Respaldo al mil por ciento la ampliación del contrato a Agsal. No se puede quitarle la concesión a alguien que está dando utilidades, que tiene en orden al sistema, donde todo mundo paga y que presenta un proyecto contra la sequía».

Héctor Horacio Dávila, Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Coahuila

Y es que la solicitud de Agbar vino acompañada de un «Plan Extraordinario Contra la Sequía» para hacer frente al cambio climático. Argumentando que de 2020 a 2023 las temperaturas en Coahuila se elevaron un 15% y las lluvias disminuyeron un 52%, Bosch presentó un plan «anti-sequía», que tiene como objetivo garantizar el suministro de agua al menos hasta 2042.

El plan cuenta de seis puntos clave y requiere una inversión de 227 millones de pesos, de los cuales, dice el gerente general de Agsal, «el Municipio de Saltillo no hará ninguna inversión» —salvo por la infraestructura existente—, mientras que Aguas de Saltillo destinará 30 millones y Grupo Veolia, el socio tecnológico de Agsal, otros 119.9 millones.

La inversión es una bicoca si se toma en cuenta que de 2016 a 2022 Agsal ha tenido ingresos cercanos a los 5 mil millones de pesos, pero ha reportado utilidades que no superan el 7% (A tiempo TV, 19.06.23).

De hecho, este año el Gobierno municipal celebró que recibió 56 millones de pesos por las utilidades generadas por Agsal en 2022 (11.6 millones más que en el año anterior), apenas un 6.7% de un total de 833 millones de ingresos reportados. Mal negocio para la ciudad.

A contracorriente

En 2001,durante la administración municipal de Oscar Pimentel (PRI), Saltillo se convirtió en la primera ciudad de México en implementar un esquema mixto para el suministro de agua potable. El proceso por el cual se entregó el 49% (más tarde bajaría a 45%) de la nueva empresa Aguas de Saltillo a Agbar estuvo plagado de irregularidades.

Bajo el argumento de que el Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento de Saltillo (SIMAS) no generaba ganancias, el municipio contrató a la firma Freese Nichols (FN) para que estableciera las bases de una licitación. FN designó para auditarla al despacho de abogados Arthur Andersen (que desapareció en 2002 tras haber estado involucrado en el escándalo de Enron, por el que fue condenado por obstrucción a la justicia y destrucción y alteración de documentos de quiebra).

Arthur Andersen, que fungía como asesor contable de Agbar, puso un piso de 80 millones de pesos y pese a que ocho empresas estaban interesadas, solo Agbar hizo una oferta de 81.9 millones, por lo que ganó inmediatamente y sin competencia.

«La información de la constitución de la empresa estuvo oculta varios años debido a que el Archivo General de Notarías de Coahuila se negó a revelar los nombres de los socios e inversionistas, y derivado de esto, en el Palacio Legislativo local, vía el diputado Alejandro Martínez Hernández del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se promovió un punto de acuerdo en el que solicitaban a la Comisión Nacional del Agua (Conagua) se hiciera pública dicha información», recuerda PODER Latam (06.06.19).

Inmediatamente, la empresa inició con cortes de suministros, lo que le valió denuncias por violar los derechos humanos, las cuales fueron llevadas por la asociación Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) a varias instancias internacionales, donde se comprobaron las quejas y se condenó moralmente a la empresa.

Para legalizar los cortes, en 2007, el Congreso de Coahuila cambió el artículo 84 de la Constitución estatal. La reforma legalizó la suspensión del servicio de agua a quienes no pagaran sus recibos, por lo que la compañía logró elevar la cobranza del 65% al 95%, aunque violando la Constitución mexicana y los tratados internacionales de derechos humanos que establecen el acceso al agua como una garantía fundamental.

El Congreso local también modificó la Ley Estatal de Agua para que Agsal elevara sus recaudaciones (2007) y para autorizar un endeudamiento de 60 millones de pesos (2018) para la reubicación de la línea de conducción de agua potable en la carretera Saltillo-Zacatecas.

Además de los cortes, la empresa aumentó tarifas por encima de los índices inflacionarios, falló en informar utilidades, fugas y volumen de los pozos, como lo ha documentado AUAS por años.

Pese a estos antecedentes, Veracruz siguió los pasos de Saltillo y cedió el control del agua a Agbar, esta vez en sociedad con la brasileña Odebrecht, célebre por su sistema internacional de pago de sobornos que incluyó a altos funcionarios del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Agbar (bajo razones sociales como Interagbar y Suez, entre otras) ha incursionado también en Argentina, Colombia, Brasil, Cuba y Chile, donde ha enfrentado denuncias y retirado concesiones, por las que ha reclamado indemnizaciones millonarias. En este contexto, la empresa comenzó una salida estratégica de la región, salvo en los casos de México y Chile, donde no solo se mantiene, sino que busca ampliar sus concesiones.

¿Lucha perdida?

Un ejemplo de que la única verdadera oposición en Coahuila será la de Morena y sus aliados es el hecho de que las pocas voces que se levantaron contra la ampliación del contrato a Agsal fueron las de este partido.

Aunque tibia, la posición de los regidores de Morena en el Cabildo fue en contra de la extensión de la concesión. El llamado más enérgico fue, como de costumbre, el de la diputada morenista Lizbeth Ogazón Nava. «Que participen en la licitación diferentes empresas para brindar el servicio (de agua potable) ya que eso tiene que ver con la libre competencia, porque ya son 20 años en los que (Agsal) se ha dado un servicio de muy mala calidad a la ciudad», dijo (El Tiempo de Monclova, 25.10.23)

«Lo que ellos (Agsal) exponen de que han cumplido, la realidad es otra, siempre hay quejas de los ciudadanos y ellos alegan que es por baja presión, pero si no tienen la capacidad de dar agua a los habitantes, pues que llegue otra empresa que sí tenga la capacidad de hacerlo», añadió.

El 30 de octubre, mientras el Cabildo sesionaba para prolongar el contrato de asociación entre el Gobierno municipal y Aguas de Barcelona por siete años y seis meses adicionales, unas 80 personas —la mayoría identificada con Morena y el PT— se reunieron frente a la Presencia Municipal de Saltillo para protestar.

La manifestación fue liderada por Eleazar Cabello Palacios y Lizbeth Ogazón, quienes exigieron que se realice una consulta ciudadana para ver si la sociedad está de acuerdo con entregar a la empresa española el control del agua hasta marzo de 2034.

Por su parte, el regidor morenista Raúl Yeverino García llamó a que PT, PVEM y Morena «se unan en franca camaradería, unidad y fraternidad para defender al agua y expresen que no están de acuerdo en ampliar el plazo». Además, señaló que en las próximas elecciones para renovar la alcaldía, deberán trabajar para ganar la elección para establecer un Gobierno del pueblo. «De lo contrario, al rato van a querer saltillizar Coahuila», dijo (Vanguardia, 30.10.23).

En este sentido, Ogazón dijo que Morena dio la primera pelea en el Cabildo y continuará haciéndolo en el Congreso del estado, a donde se enviará el dictamen del Cabildo para su validación. Dijo que la postura del bloque morenista es en contra de la privatización del recurso y dudó que Agsal cuente con un «plan maestro mágico» para que toda la población tenga garantizado el suministro en los próximos años.

«Pregunten a la gente de la ciudad si están de acuerdo o no en extender la privatización del agua por siete años más», señaló.

Una de las pancartas de los manifestantes muestra los rostros del regidor Braulio de la Rosa (PAN) y de la síndica de minoría Amparo Espinoza, bajo la leyenda: «Dos votos son decisivos para evitar la privatización del Agua de Saltillo otros siete años y medio». Horas después, se dio a conocer la decisión del Cabildo de aprobar la ampliación. El Congreso tendrá la última palabra. E4

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Gloria Tobón: la voz que se opuso a la privatización

Adiós a la fundadora de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS)

Menudo regalo de despedida le hizo el Cabildo de Saltillo a una de las activistas más importantes del estado. El pasado 18 de noviembre, poco después de que los regidores y síndicos aprobaran la ampliación del contrato de Agsal para suministrar agua potable a la capital del estado por 7 años y medio más, Coahuila perdió a una de sus más importantes defensoras de los derechos humanos.

Gloria Tobón, fundadora de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS), dedicó las últimas dos décadas de su vida a luchar contra los abusos de Aguas de Barcelona (Agbar) en la región, solapados por el Municipio de Saltillo.

Desde un inicio denunció los cortes de suministro ilegales, puso la lupa sobre los informes financieros y cuestionó las inconsistencias en las memorias de Aguas de Saltillo. Incluso llevó el caso a instancias internacionales y logró alertas de violaciones a los derechos humanos y condenas morales que fueron desoídas por las autoridades.

Pese a los mil y un rechazos que recibió en sus intentos de reunirse con los alcaldes y regidores de Saltillo, no desistió de su lucha, la cual compartió con su esposo Rodolfo Garza y sus hijos Daniel y Rodolfo.

Gloria era un referente obligado para hablar sobre el tema del agua en Coahuila. Y me consta. En más de una oportunidad acudí a su casa en la colonia Lomas de Lourdes para entrevistarla. Ella y Rodolfo me recibían de buena gana en la sala del hogar convertida en estudio, atiborrada de pilas de documentos y archivos.

Ante el absurdo de las declaraciones de autoridades y de los directivos de Agsal, apenas sonría, como si el tema fuera demasiado serio como para tomarlo a la ligera.

Además de datos duros, me interesaba conocer las vicisitudes de una lucha de tantos años, así que indagaba sobre lo que implicaba para la familia semejante compromiso. Y aunque me compartían una que otra anécdota sobre los viajes al exterior, los recursos y el tiempo dedicado a la defensa del agua, siempre volvía a los datos duros, como buena ingeniera.

De hecho, fueron sus estudios en ingeniería civil los que la llevaron lejos de su natal Colombia. Una beca de la Fundación Rockefeller le permitió estudiar una maestría en Física en la Universidad de Cornell, en Nueva York, donde conoció a quien sería su esposo. Allí compartieron luchas con defensores de los derechos civiles, inspirados por Martin Luther King, Malcolm X y Bobby Kennedy, entre otros.

Tras finalizar los estudios y ya casada y con hijos, se mudó a Israel, donde hizo un doctorado en físico-química con especialización en desalación, tratamiento y aprovechamiento del agua, en el Instituto Weizmann de Ciencias, uno de los centros de investigación más importantes del mundo.

Luego se mudaría a Saltillo, la tierra de su esposo Rodolfo, donde iniciaría una cruzada por la defensa del agua que duró hasta los últimos años de su vida.

En un estado donde la mayoría calla ante los abusos –por miedo o complacencia con un régimen político en vías de extinción–, Gloria levantó la voz y nunca cejó en su lucha. Corresponde a la ciudadanía tomar su estafeta para que un día el agua, ese bien tan preciado en el desierto, vuelva a manos de los coahuilenses. Que en paz descanse. E4