Agsal colmó el vaso; debe regresar al pueblo: Morena

La opacidad y los abusos han puesto a Aguas de Saltillo en el punto de mira de la 4T. El contrato de asociación con el Municipio fenece en 2026, pero podría revisarse antes si el partido del presidente López Obrador se hace con la gubernatura. El tema formará parte de la agenda electoral

Palo Blanco, fuego cruzado Coahuila-Federación

Los abusos de Aguas de Saltillo (Agsal) durante más de dos décadas podrían llegar a su fin si Morena acaba con la hegemonía priista en las elecciones del año próximo para renovar la gubernatura y el Congreso local.

Y es que hasta hoy día las sentencias de tribunales internacionales por violaciones de los derechos humanos, los juicios por extracción ilegal de agua, las quejas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Coahuila (CEDHC), los pleitos con la Comisión Nacional del Agua (Conagua) y los cientos de documentos de la Asociación de Usuarios de Aguas de Saltillo (AUAS) que constatan la opacidad de la paramunicipal no han podido romper el muro de protección tendido por los sucesivos Gobiernos PRI.

«Es una vergüenza que Saltillo sea un referente nacional de la prevalencia que se le da a las empresas extranjeras por encima del pueblo. Mi propuesta es retirar la concesión a la empresa Aguas de Saltillo y convertirla en una empresa municipal».

Lizbeth Ogazón Nava, diputada local de Morena

La privatización del servicio de agua potable de Saltillo —disfrazada de modelo «mixto», cuyo socio mayoritario es el municipio—, fue concretada en 2001, en el Gobierno del alcalde Óscar Pimentel, a través de un proceso turbio y desfavorable para el municipio.

Desde entonces, la subsidiaria de la empresa española Aguas de Barcelona (Agbar) y luego de la francesa Suez, ha acumulado tantas irregularidades que se la exhibe en foros internacionales como ejemplo de las nefastas consecuencias de la privatización de servicios públicos en América Latina.

«El presidente conoce la situación en Saltillo con la empresa española. Nosotros hemos denunciado la corrupción que existe desde su creación. (…) Los regidores de Morena pedirán que se compren acciones de la paramunicipal».

Rodolfo Garza, exregidor de Morena

El historial de opacidad de Agsal le ha valido tres sentencias del Tribunal Permanente de los Pueblos (TPP) por violaciones de derechos humanos (2006, 2008 y 2010), y el pago de una indemnización de 46 millones de pesos por extracción ilegal de agua a los ejidatarios del poblado Tanque de Emergencia (2016), en un juicio que la empresa ocultó al municipio durante cuatro años.

También afronta una queja presentada de AUAS ante la CEDH por los cortes de servicio —en particular, durante la pandemia–. Los abogados del municipio y de la empresa argumentan que Agsal ofrece descuentos a grupos vulnerables. «No respondieron al motivo de la queja: los cortes de agua que realiza la empresa a los usuarios morosos y el hecho de que muchos saltillenses de escasos recursos hayan tenido el agua cortada durante meses o años, (…) es una flagrante violación al derecho humano al agua», dice a Espacio 4, Gloria Tobón, dirigente de AUAS.

«Rubén Moreira nombró a Óscar Pimentel secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial. Aparentemente, uno de los objetivos era privatizar organismos operadores de Coahuila, pero después de que fracasó el sistema en Ramos Arizpe se suspendieron las gestiones».

Gloria Tobón, dirigente de AUAS

En febrero pasado, el caso de Agsal acaparó los reflectores nacionales cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) fue cuestionado al respecto en el marco de sus declaraciones contra empresas españolas.

«Es cuestión de ya no entregar esos contratos leoninos. Que era la regla en el periodo neoliberal (…) Hay que ver cómo está el contrato (con Agsal). También se puede renegociar, porque han cambiado las condiciones», señaló el 15 de febrero.

Sin embargo, la bancada de Morena en Congreso de Coahuila quiere ir más allá de la revisión de las condiciones del contrato. «Mi propuesta es retirar la concesión a la empresa Aguas de Saltillo, y convertirla en una empresa municipal como en la mayor parte de México», señaló en entrevista la diputada morenista Lizbeth Ogazón Nava.

Manto de protección

Ante la sequía que afecta a Nuevo León, la diputada Ogazón presentó un punto de acuerdo el 24 de mayo para llamar a comparecer al director de Agsal, Jordi Bosch, sobre las reservas de agua en Saltillo. La propuesta, apoyada por tres diputados de Morena, tres del PAN y uno del PRI, fue rechazada por la mayoría priista con 12 votos.

Los diputados del PRI votaron en contra «para proteger (a) los inversionistas privados de Saltillo que anteponen sus intereses personales y financieros por encima de los derechos del pueblo», acusa Ogazón. «Es una vergüenza que Saltillo sea un referente nacional de la prevalencia que se le da a las empresas extranjeras por encima del pueblo. Es la ciudad más grande en contar con un sistema privatizado que lucra con un derecho que la misma autoridad debería tutelar y salvaguardar a favor del pueblo», advierte.

En el mismo sentido, Rodolfo Garza, exregidor de Saltillo y miembro de AUAS, señala que los regidores de Morena pedirán al Ayuntamiento comprar más acciones de la paramunicipal. «Le corresponde comprar hasta el 28%, pero en los 22 años de su existencia solamente un alcalde compró 4% (Fernando de las Fuentes, en 2009). Sin embargo considero que no lo tomarán en cuenta. Los regidores del alcalde (PRI) votarán en contra», anticipa.

También pedirán que el abastecimiento de agua se incluya en la agenda electoral morenista en 2023. «Vamos a proponer al candidato de Morena que el tema del agua sea prioritario para Coahuila y específicamente para Saltillo», indica.

«El presidente conoce la situación. Nosotros hemos denunciado la corrupción que existe desde su creación. El contrato de asociación favorece a la empresa española y deja en descubierto al Municipio. Pero esto se pudo hacer, por el contubernio entre la empresa y Óscar Pimentel. Eso le ha hecho mucho daño a Saltillo. Nosotros los denunciamos en tres tribunales internacionales y nos dieron la razón. El problema es que esos tribunales son de ética y moral», aclara.

Gloria Tobón coincide en que «la política de protección hacia Agsal ha dependido principalmente de los alcaldes de Saltillo», pero recuerda que el Gobierno de Rubén Moreira nombró a Óscar Pimentel como secretario de Gestión Urbana, Agua y Ordenamiento Territorial. «Aparentemente, uno de los objetivos de Pimentel era privatizar un buen número de organismos operadores de Coahuila, pero después de que fracasó el sistema privatizado de agua de Ramos Arizpe, el cual estuvo vigente solo 15 meses, se suspendieron las gestiones de privatización en otros municipios del estado.

»El Congreso de Coahuila podría ser más exigente con Aguas de Saltillo. Sin embargo, la mayoría de los diputados están de acuerdo en solapar la opacidad de Aguas de Saltillo», añade.

Sequía y sobreexplotación

Ante la sequía prolongada en el norte del país, el gerente de Agsal, Jordi Bosch, asegura que el abastecimiento de Saltillo está asegurado, principalmente por el agua acumulada en el subsuelo tras el paso del huracán Hanna (Vanguardia, 02.03.22).

«Esta afirmación nos parece bastante irresponsable. Saltillo está localizado en una región en la que el agua es un recurso escaso. Los acuíferos de los que se abastece de agua el organismo operador están sobreconcesionados y sobreexplotados. El mensaje debería ser que es necesario cuidar al agua, que es un recurso escaso. No hay disponibilidad de agua de buena calidad en varios kilómetros a la redonda, por lo que, en un futuro no muy lejano, podría no contarse con el agua requerida para asegurar el crecimiento de la ciudad. Jordi Bosch habla como una persona interesada en vender agua, no como alguien interesado en conservarla para las futuras generaciones», declara Tobón.

Los niveles de extracción no están claros. «Lo permitido en la asignación que tiene el Municipio de Saltillo es extraer 51.56 millones de metros cúbicos al año (51.09 de aguas subterráneas y 0.47 de aguas superficiales). (…) Según los datos que ha publicado Aguas de Saltillo en sus Memorias Anuales, la empresa ha excedido el límite de la extracción permitida por Conagua», asegura.

Agsal también ha perforado pozos sin autorización de la Conagua. «Hasta septiembre del año pasado, el título de asignación del Municipio de Saltillo comprendía 39 pozos (34 en el acuífero Saltillo-Ramos Arizpe y cinco en el acuífero Cañón de Derramadero). En esta fecha se aumentó a 80 el número de pozos, 67 y 13, respectivamente. Sin embargo, el gerente de Aguas de Saltillo informó en octubre de 2021 que tenían 93 pozos en operación y seis en perforación», destaca la activista.

La página de Transparencia de Agsal no presenta las minutas de las reuniones del Consejo de Administración de los años 2021 y 2022, por lo que no se puede saber si se autorizaron más perforaciones.

Lo que sí se sabe es que el salario del gerente aumentó un 66.7% entre 2016 y 2021, y el de los subgerentes un 231.7%, lo cual es muy superior al 26% aumento de nómina reportado por la empresa. «Esta información no refleja otras prestaciones que recibe el gerente, como son: Renta de casa, auto, gasolina, acción en un club deportivo, gastos de comestibles, viajes a España, etc. (…) En la primera y única auditoría realizada llevada a cabo por la Contaduría Mayor de Hacienda a petición del Congreso del Estado, se encontró que el gerente de Agsal recibía un salario de 200 mil pesos por mes», dice Tobón.

Propuestas sobre la mesa

AUAS ha tenido dos reuniones con el alcalde José María Fraustro Siller. En la última, del 3 de junio, estuvo presente Jordi Bosch, dos funcionarios del Ayuntamiento, dos de Agsal y cuatro representantes de grupos ciudadanos.

La Asociación ha presentado un paquete de propuestas al Municipio, entre las que destacan la reconexión de un servicio mínimo (50 litros/persona por día) a los usuarios con adeudo; que el Gobierno municipal asuma los adeudos de las personas con bajos recursos; que se realicen campañas del buen uso del agua; concluyan las obras para reutilizar las aguas residuales de la planta tratadora principal; que Agsal entregue la información solicitada por el Programa de Indicadores de Gestión de Organismos Operadores (PIGOO); que una parte de los dividendos del SIMAS-Saltillo se invierta en la compra de acciones; y difundir los resultados de las auditorías a la empresa, entre otras. E4

¿Qué diputados protegen a Jordi Bosch?

Estos son los diputados que votaron en contra de llamar a comparecer al gerente general de Agsal, Jordi Bosch Bragado, para que informe los niveles de las reservas de agua de Saltillo.

• Jorge Abdala (PRI)
• María Eugenia Calderón (PRI)
• María Barbara Cepeda (PRI)
• María Esperanza Chapa (PRI)
• Edna Dávalos (PRI)
• Héctor Hugo Dávila (PRI)
• Martha Loera (PRI)
• Ricardo López (PRI)
• Olivia Martínez (PRI)
• Luz Elena Morales (PRI)
• Álvaro Moreira (PRI)
• Raúl Onofre (PRI)

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Palo Blanco, fuego cruzado Coahuila-Federación

Los medios de comunicación no han dejado de estar al servicio del gobernador de turno, pero las cosas podrían cambiar. El 4 de mayo pasado, Ana Elizabeth García Vilchis, encargada de la sección «Quién es quién en las mentiras de la semana» de las conferencias del presidente López Obrador, replicó a los periódicos locales que afirman que la Conagua había ordenado demoler la presa de Palo Blanco, en el municipio de Ramos Arizpe (Espacio 4, 693).

«La Conagua no ha ordenado demoler la presa (…) Periódicos como Zócalo, el Heraldo de Saltillo, Capital Coahuila, así como legisladores locales se apresuraron a difundir el rumor (…) Claramente se trata de una campaña política de mentiras, así se las gasta el Moreira News. La presa no se va a demoler, se va a rehabilitar», dijo García.

La presa Palo Blanco, inaugurada en 2005 por el gobernador Enrique Martínez, se construyó sin autorización de la Conagua y es administrada por la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS).

Desde 2015, la Conagua alerta que el embalse presenta grietas y problemas de funcionamiento que arriesgan a las poblaciones aledañas, por lo que determinó que la obra debía ponerse «fuera de servicio de inmediato en tanto no se realizan las obras de seguridad y corrección señaladas».

El director del CEAS, Antonio Nerio Maltos, reconoce las deficiencias de la obra, pero pretende que la Federación aporte los recursos para repararla. Para presionar, deslizó que la Conagua había solicitado la demolición. Diputados del PRI y PVEM desataron una tormenta mediática que llegó hasta las conferencias mañaneras de AMLO.

En este sentido, la diputada morenista Lizbeth Ogazón presentó un punto de acuerdo para enviar «un atento exhorto al titular del Consejo Estatal de Aguas y Saneamiento para que aclare los motivos, o bien la intención, de difundir información distinta sobre los requerimientos de Conagua», señaló en el Congreso el 5 de mayo.

«¿Cuál fue el propósito del comisionado Antonio Nerio al malinterpretar el informe de las autoridades federales?, ¿qué necesidad tiene el Gobierno del Estado en generar un clima de crispación, politizando un tema técnico que, en todo caso, también es un asunto de responsabilidad administrativa de un exgobernador?», cuestionó.

En 2014, los habitantes de Ramos Arizpe echaron a Agsal de la ciudad luego de que la empresa iniciara una agresiva campaña de cortes para recuperar la cartera vencida, como lo hace en Saltillo desde 2001.

En 2012, el alcalde priista Ramón Oceguera había cedido a Aguas de Saltillo el control del 49% del sistema de agua potable, al crear la paramunicipal Aguas de Ramos Arizpe (Agra). Fue tal el descontento de la población, que los habitantes condicionaron su voto a los candidatos a alcalde de las elecciones de 2013 a que se comprometieran a acabar con los abusos de la empresa española.

En mayo de 2014, el Ayuntamiento de Ramos Arizpe, al mando de Ricardo Aguirre, compró el total de las acciones de la empresa Agra por 24 millones de pesos (tres veces más de lo que había invertido) y creó la Compañía de Aguas de Ramos Arizpe (Compara). E4