Epidemia de tiroteos reabre el debate sobre la posesión de armas en EE. UU.

Las recientes balaceras en escuelas y espacios públicos en una decena de ciudades estadounidenses polarizan la postura de demócratas y republicanos en torno al control de armamento. Ante el temor, algunos estados optan por armar a los maestros

La cruzada de AMLO contra el tráfico ilícito de armamento

Con trece tiroteos masivos registrados en lugares públicos (fiestas de graduación, un funeral, una discoteca y un centro comercial, entre otros) de diversas ciudades de Estados Unidos, el fin de semana del 3 al 5 de junio de 2022 pasará a la historia como uno de los más sangrientos del país (17 muertos y 70 heridos).

Los ataques sorprendieron a la sociedad estadounidense en medio del luto por las masacres registradas días antes en una escuela primaria en Texas, un centro médico en Oklahoma, un supermercado de Nueva York y un servicio religioso taiwanés en California.

«Por Dios, cuánta más carnicería vamos a aceptar, cuántas muertes tienen que pasar antes de decir: Ya basta».

Joe Biden, presidente de EE. UU.

La matanza más terrible sucedió en la Escuela Primaria Robb, en Uvalde, Texas, el pasado 24 de mayo, que dejó 21 muertos —19 alumnos y dos profesores— y volvió a poner sobre la mesa la necesidad de modificar las políticas de control de armas en Estados Unidos. Un reto al que se han enfrentado con anterioridad varios presidentes sin que ninguno haya tenido verdadero éxito. La Asociación Nacional del Rifle (NRA, por sus siglas en inglés) se apoya en la Segunda Enmienda de la Constitución, que protege «el derecho a poseer y portar armas», para no moverle ni una coma a la legislación actual, una de las más laxas a nivel mundial cuando se trata de adquirir estos artefactos.

«La única manera de frenar a un mal tipo con un arma es con un buen tipo con un arma».

Donald Trump, expresidente de EE. UU.

Sin embargo, su verdadera fortaleza no reside en la Carta Magna, sino en los miles de millones de dólares que ingresan cada año y en su alianza con el Partido Republicano, a cuyos representantes ha destinado otros tantos millones en donativos para financiar sus campañas electorales e iniciativas políticas.

En esta ocasión, el escenario no difirió gran cosa. Obligado por el descontento social, el presidente Joe Biden pidió en nombre de las víctimas que los «republicanos razonables» se inclinen a favor de un mayor control en la adquisición de armas y la prohibición de algunos modelos —se necesitan al menos 60 votos en el Senado para cualquier cambio a la legislación existente, por lo que están obligados a contar con el apoyo de la oposición—. «Por Dios, cuánta más carnicería vamos a aceptar, cuántas muertes tienen que pasar antes de decir: Ya basta», cuestionó el mandatario.

Biden se enfoca en impedir que se vendan rifles de asalto, como los AR-15 y los AK-47, o aumentar de 18 a 21 años la edad mínima para adquirirlos. «Necesitamos prohibir las armas de asalto o aumentar la edad de compra. Estas son medidas racionales de sentido común», argumentó.

En 1994, durante la administración del demócrata Bill Clinton, se aprobó una ley de prohibición para dichas armas, pero cuando el republicano George W. Bush lo sucedió en la presidencia, logró que en 2004 se eliminara este veto.

Es muy difícil que se logre un acuerdo al respecto. Miembros de la junta de la NRA, como Phil Journey, responden que el enfoque debería estar en una mejor atención de la salud mental y tratar de prevenir la violencia armada.

Antecedentes y consiguientes

No es la primera vez que una escuela de Estados Unidos sirve de escenario para un tiroteo mortal. Previo a los sucesos en Uvalde, ya se contaban casos muy lamentables. El 14 de diciembre de 2012, Adam Lanza, de 20 años, le disparó cuatro tiros a la cabeza a su madre y luego ingresó armado a la Escuela Primaria de Sandy Hook de Newtown, Connecticut, donde asesinó a otras 26 personas —20 niños y seis adultos— en lo que se considera el peor suceso de esta naturaleza.

El 14 de febrero de 2018, en la escuela secundaria Stoneman Douglas, en Parkland, Florida, 17 personas murieron y 14 más fueron hospitalizadas luego que Nikolas Cruz, de 19 años, ingresó al recinto e inició la masacre. Poco tiempo antes él había sido expulsado de ese mismo centro educativo.

En cuanto a la Escuela Primaria Robb de Uvalde, The New York Times reveló errores de la policía que contribuyeron a más muertes y retrasaron la atención médica de urgencia a los heridos. Para empezar, las autoridades demoraron demasiado en reaccionar. En lugar de enfrentarse de inmediato, los uniformados que llegaron se detuvieron durante más de una hora. El jefe de la Policía escolar ni siquiera contaba con una radio para comunicarse. La decisión de establecer un perímetro fuera del salón de clases cambió la respuesta de la Policía. Asimismo, se han encontrado contradicciones en las declaraciones de los agentes, por lo que los Texas Rangers y el Departamento de Justicia optaron por abrir una investigación.

A pesar de las trágicas consecuencias, la violencia generada con armas de fuego no disminuye después de estos sucesos. Uvalde no es la excepción. Según la organización Archivo Contra las Armas (GVA, por sus siglas en inglés), desde el ataque a la escuela, al menos 28 tiroteos masivos se han reportado en Estados Unidos, 11 de ellos tan solo durante el primer fin de semana de junio, que dejaron 15 muertos y 61 heridos.

Estira y afloja

Tres días después de la tragedia de Uvalde, y en el mismo estado —Texas— tuvo lugar el 27 de mayo la Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle. El evento fue aprovechado por miles de manifestantes que se congregaron alrededor de las instalaciones donde se desarrolló la actividad para exigir, con gritos y pancartas, nuevas medidas para la adquisición de armas y mayor control sobre las personas que pretenden adquirirlas. Sin embargo, ni las protestas ni los carteles con mensajes como «Prohíban los rifles de asalto ahora» y «Lástima, hoy podrían ser sus hijos», frenaron el flujo de visitantes al sitio.

La realidad es que tras la tragedia en la Escuela Primaria Robb en Uvalde, las reacciones por parte de políticos, funcionarios y la sociedad, han sido diversas y descoordinadas. La Asamblea General de Ohio, controlada por los republicanos, aprobó un proyecto de ley que permite a maestros y otros miembros del personal educativo asistir armados a las escuelas para enfrentar a posibles tiradores. Previamente, los docentes recibirán una capacitación sobre el uso de armas. Acorde a una ley estatal, dicha capacitación requiere pasar un programa de 700 horas. Con la nueva iniciativa, los preparativos se reducirán a 24. El gobernador DeWine ya indicó que ratificará la ley. «Agradezco a la asamblea que haya aprobado este proyecto de ley para proteger a los niños y a los profesores de Ohio», dijo.

En Luisiana hicieron otro tanto. Los legisladores estatales enmendaron otro proyecto de ley sobre tenencia de armas, para facilitar que educadores y gerentes de las escuelas las lleven consigo sin necesidad siquiera de ocultarlas. Actuarían bajo el título de «funcionarios de protección escolar» y contarían con un permiso especial para ello.

La medida fue desaprobada de inmediato por la presidenta de la Asociación Nacional de Educación, Becky Pringle. «Más armas equivalen a más violencia”», sentenció. En lugar de ello, abogó por filtros más estrictos, especialmente orientados a las armas de asalto que «deberían estar prohibidas», agregó.

Esa línea, no obstante, se mantiene bien bloqueada por los seguidores del partido del elefante. El gobernador republicano de Texas, Greg Abbott, quien tuvo la cautela de no asistir a la Convención Anual de la Asociación Nacional del Rifle, compareció en un video en el que rechazó una nueva legislación sobre el porte de armas asegurando que «las leyes no impedirán que los malvados locos cometan estas atrocidades».

El expresidente Donald Trump tampoco perdió la oportunidad para atraer los reflectores y criticar el esfuerzo de los demócratas por reformar la legislación actual sobre el derecho a portar armas de fuego. «Las políticas de control de armas impulsadas por la izquierda no habrían hecho nada para evitar el horror que tuvo lugar. Absolutamente nada», expresó (France24.com, 27.05.22).

El magnate neoyorkino aseguró que reforzar la verificación de antecedentes para los potenciales compradores no impedirá este tipo de tragedias que son utilizadas por los demócratas para intentar imponer su ideología. «Cada vez que una persona perturbada o demente comete un crimen tan horrible, siempre hay un esfuerzo grotesco por parte de algunos para utilizar el sufrimiento para promover su agenda política extremista», y fiel a su estilo advirtió que «la única manera de frenar a un mal tipo con un arma es con un buen tipo con un arma» (Ibídem).

Nota al margen: según la Comisión de Elecciones Federales, la Asociación Nacional del Rifle asignó más de 30 millones de dólares a la campaña que llevó a Trump a la Presidencia en 2016.

Efecto posfrontera

Tras los tiroteos masivos en Estados Unidos, el primer ministro canadiense, Justin Trudeau, se sumó a la tendencia demócrata del país vecino y propuso nuevas leyes de control de armas. El 30 de mayo presentó una legislación que demanda a la mayoría de los propietarios de equipo de asalto militar que lo entreguen a un programa gubernamental de recompra de armas, junto a una nueva regulación que haría ilegal la importación, compra y venta de pistolas a nivel nacional.

«Esto significa que ya no será posible comprar, vender, transferir o importar pistolas en ningún lugar de Canadá. En otras palabras, estamos limitando el mercado de las armas de fuego», expresó el mandatario (Democracy now, 31.05.22).

De igual manera, se retirarán las licencias de armas a quienes cometan violencia machista o acoso, y se incrementarán las sanciones penales contra el tráfico de armas, con penas máximas de 10 a 14 años de prisión.

El anuncio de Trudeau catapultó de un día para otro la venta de pistolas en Canadá. Largas filas para entrar a las armerías así lo demostraron. «Vendimos 100 pistolas, casi todo nuestro stock, en los últimos tres días, desde que el primer ministro anunció la congelación», dijo Jen Lavigne, copropietaria de That Hunting Store en un centro comercial de las afueras de Ottawa. E4

Profes armados

El proyecto de ley aprobado en Ohio instruye que:

• Los maestros serán armados tras recibir el aval de la junta escolar y cumplir 24 horas iniciales de capacitación.
• Deberán someterse a verificaciones de antecedentes penales.
• Recibir ocho horas de capacitación adicional cada año subsiguiente.
• Los distritos escolares tendrían que notificar a los padres si deciden permitir que maestros armados ingresen a las escuelas.

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La cruzada de AMLO contra el tráfico ilícito de armamento

Careo entre el Gobierno de López Obrador y la justicia estadounidense pone en jaque la posibilidad de llevar a juicio la demanda

México es el quinto país del mundo con más armas de fuego sin registrar en circulación. Supera los 13 millones, según cálculos del Small Arms Survey. Así lo hizo constar Alejandro Celorio Alcántara, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) mexicana, durante su intervención en el Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos (OEA), el pasado 6 de abril. Ello, a pesar de que en la nación solo existe una oficina administrada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para que los civiles puedan solicitar permiso y comprar este tipo de recursos.

Agregó que, según estimaciones del Gobierno de México, cada año se trafica más de medio millón de armas de fuego desde los Estados Unidos. En los escenarios donde se han reportado actividades criminales, el origen de entre 70 y 90 por ciento de los dispositivos bélicos incautados se rastrean hasta el vecino del norte.

«Sin embargo, el problema no es solo la cantidad de armas, sino las características de éstas y que son traficadas ilícitamente. Un buen número son de alto poder y de diseño para uso militar. Esto otorga a los grupos militares un poder de fuego significativo», detalla Celorio Alcántara.

Para intentar frenar esta práctica, el Gobierno mexicano llevó a cabo un paso sin precedentes: El 4 de agosto de 2021, ante una Corte Federal en Boston, Estados Unidos, presentó una demanda civil en contra de 11 compañías productoras y distribuidoras de armas, denunciando un «comercio negligente e ilícito» que alienta el contrabando y la criminalidad.

«Confiamos en la calidad jurídica de lo que estamos presentando, vamos a litigarlo con toda seriedad y vamos a ganar el juicio y vamos a lograr reducir drásticamente el tráfico ilícito de armas a México», expresó el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, en conferencia de prensa (Deutsche Welle, 04.08.21)

El Gobierno mexicano ha sido enfático al deslindar a su homólogo de Estados Unidos de las empresas demandadas. En ningún momento, advierte, pretende atentar contra la Segunda Enmienda de la Constitución estadounidense.

Disputa legal

La industria armamentista en Estados Unidos descartó tener responsabilidad en la violencia que existe en México y señaló a su Gobierno.

«En lugar de buscar el chivo expiatorio de las empresas estadounidenses que respetan la ley, las autoridades mexicanas deben concentrar sus esfuerzos en llevar a los cárteles ante la justicia», dijo en un comunicado la asociación comercial de la industria de armas de fuego National Shooting Sports Foundation (NSSF) (BBC, 04.08.21).

Exigieron, además, que se deseche la demanda bajo tres argumentos:

• El Estado mexicano no tiene la facultad legal de llevarlos a juicio.
• No se ha demostrado que sean responsables de la ola de violencia que azota al país.
• Las compañías demandadas gozan de inmunidad en la legislación estadounidense vigente.

Sin embargo, la perspectiva del equipo mexicano difiere. Defiende que las normas citadas por las compañías involucradas no tienen un alcance extraterritorial, y como los daños se producen en México, no gozan de inmunidad legal.

El 12 de abril se realizó una audiencia virtual acerca de la demanda civil, en la que el abogado Steve Shadowen —representante del Gobierno mexicano— presentó a Dennis Saylor, juez federal de la Corte de Massachusetts, sus argumentos para que se lleve a cabo un juicio sobre el caso.

Shadowen alegó que los armeros, bajo la instrumentación de la ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA), son responsables por negligencia del tráfico ilícito de sus productos que empoderan al crimen organizado mexicano.

«Saben que sus ventas de armas estilo militar son de la preferencia de los cárteles y lo hacen sabiendo que sus armas (semiautomáticas) fácilmente se pueden convertir en armas automáticas», expuso.

Las razones vertidas por el abogado no convencieron al juez, quien reviró: «Los ucranianos están usando armas militares o revólveres fabricados por Smith & Wesson para matar soldados rusos, ¿podría, entonces, Rusia demandar a Estados Unidos? o por qué no lo haría, si lo que dice su teoría es correcto».

Shadowen, titubeante, se limitó a decir que se podría.

Tras la conclusión de la audiencia, Celorio Alcántara ofreció una conferencia de prensa donde mencionó la posibilidad de una «apelación», lo que algunos analistas calificaron de que ya se daba por sentado un fallo de Saylor en contra de la realización del juicio. E4

Compañías demandadas

• Smith & Wesson
• Barrett Firearms Manufacturing
• Beretta USA
• Beretta Holding SPA
• Century International Arms
• Colt’s Manufacturing Company
• Glock
• Glock GES MBH
• Sturm, Ruger & Co
• Witmer Public Safety Group e Interstate Arms

Fuente: Proceso