Mientras Morena apoya la iniciativa para impedir que se desvirtúen las demandas por daño moral, un diputado de CDMX busca revivir penas por «difamación»
Si la 4T se ha caracterizado por ser un gobierno de contrastes, en lo que refiere a libertad de expresión es simplemente contradictorio.
Las disculpas públicas a Lydia Cacho o los avances en investigaciones en casos emblemáticos como el asesinato de Miroslava Breach (Espacio 4, 648), por ejemplo, se ven empañados por los ataques que el presidente Andrés Manuel López Obrador lanza a diario contra comunicadores que discrepan de sus ideas. Quienes coinciden son premiados, como la polémica columnista Isabel Arvide, a quien el Ejecutivo nombró cónsul en Estambul, Turquía (Espacio 4, 646).
A esto se suma una iniciativa de Eleazar Rubio Aldarán, diputado de la Ciudad de México por Morena, la cual no solo busca revivir las penas por difamación contra periodistas y medios, sino que además prohíbe investigar hechos delictivos para que la prensa se limite a informar sobre los hallazgos de las autoridades.
La llamada «Ley Rubio» busca abrogar la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, promulgada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal del 19 de mayo de 2006 para despenalizar los delitos de injuria, calumnia y difamación.
El legislador morenista argumenta que los periodistas pueden perjudicar deliberadamente a una persona con la difusión de noticias falsas. Por tanto, propone tipificar tal acto como delito de «difamación», con una pena de entre dos y cinco años de prisión y una multa de 600 a 1,000 veces la Unidad de Medida y Actualización (UMA), equivalente a 86 mil pesos.
En lo que respecta a la investigación de delitos, Rubio Aldarán plantea reformar los artículos 214 y 215 del Código Penal de la Ciudad de México para impedir que los periodistas realicen pesquisas. «Su labor es exclusiva de informar, no realizar investigaciones o diligencias para resolver una carpeta de investigación (…) Su trabajo es el de investigar lo que hace la representación social en la carpeta e informarlo, siempre y cuando no afecte la investigación, y la información debe ser veraz», señala la iniciativa presentada el pasado 26 de agosto.
La propuesta fue rechazada por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum (Morena), quien se ha puesto del lado del académico Sergio Aguayo en el caso de la demanda por «daño moral» interpuesta por el exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira.
La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo el caso, luego de que Aguayo apeló la sentencia que lo obligaba a pagar 10 millones de pesos al exmandatario por escribir que éste despedía un «hedor corruptor».
La defensa del columnisgta de Reforma argumenta que el magistrado Francisco José Huber Olea Contró, quien falló en su contra, debió haberse excusado del caso por conflicto de intereses, pues su hermano Jean Paul obtuvo una notaría en Coahuila en noviembre de 2017, durante la administración del gobernador Rubén Moreira, hermano del demandante.
Aguayo presentó una queja ante el Consejo de la Judicatura, la cual fue respaldada por legisladores de Morena.
«Recibí muchísima solidaridad. Tres diputadas federales: Rocío Barrera y Tatiana Clouthier, de Morena, y Martha Tagle, de Movimiento Ciudadano —respaldadas por Mario Delgado—, exploraron la posibilidad de que la Cámara de Diputados se pronunciara. Luego pensaron que ayudaría más si lo hacía el Congreso capitalino. Hizo su aparición el diputado de Morena Jesús Ricardo Fuentes Gómez —que sustituyó al inolvidable periodista Virgilio Caballero cuando éste murió— como vicepresidente de la Comisión de Protección a Periodistas», señala Aguayo en su columna titulada «El magistrado» (Reforma, 10.09.20).
«Fuentes logró que el 28 de enero el Congreso capitalino aprobara un exhorto al Consejo de la Judicatura y al Tribunal Superior de Justicia capitalinos para que investigaran el “posible conflicto de intereses” de Olea Contró y de los “demás jueces y magistrados”. El Consejo de la Judicatura no invocó su autonomía, reaccionó favorablemente y declaró “procedente” la petición y le abrió un “expediente administrativo”», agrega.
«El magistrado Olea Contró se excusó de conocer del caso el 13 de febrero de este año (debió hacerlo el 25 de noviembre de 2017; un día antes, su hermano recibió la notaría). En su escrito, me acusa de hacer “comentarios [sobre él] que entrañan aversión, rechazo y repugnancia”. Se equivoca. Con evidencia demostré su parcialidad (…). Corresponde al Consejo de la Judicatura decidir quién tiene la razón», apunta.
Aguayo adelanta que «el reconocimiento de la parcialidad del magistrado también fortalecería la petición formal que presentaré —con el respaldo de buena parte del gremio periodístico y de organismos civiles e internacionales— ante los Congresos de la Unión y la capital para reformar las leyes vigentes e impedir la perversión de las leyes que regulan las demandas por daño moral. Los poderosos las usan para presentar demandas frívolas y millonarias para hostigar judicialmente y desgastar anímica y financieramente a periodistas y defensores de derechos humanos». El «hedor corruptor» llega hasta Coahuila. E4
Gerardo Moyano
Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.