Gobernadores, atrapados en el laberinto de la 4T

Coahuila también participó en el primer frente opositor contra un presidente (Ávila Camacho), pero el movimiento fue sofocado con el asesinato de su líder Alfonso Zárate, de Estado de México. Dos años después, el gobernador Ignacio Cepeda se suicidó tras una disputa con Miguel Alemán

Bloque plural contra el autoritarismo

Alianza Federalista y gasto 2021: el tiro por la culata

La Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y la Alianza Federalista eran impensables bajo la férula de la presidencia imperial, cuando el jefe de Los Pinos mandaba también en los estados, todos gobernados por el PRI. El presidente nombraba a los «virreyes» y podía removerlos a su arbitrio: por venganza política, por algún escándalo e incluso por quítame allá estas pajas. La sombra presidencial pendía sobre ellos cual espada de Damocles. Después de Plutarco Elías Calles y Lázaro Cárdenas, Carlos Salinas defenestró al mayor número de gobernadores, en algunos casos para contentar al PAN. El 26 de septiembre de 1991 asistió a la toma de posesión de Fausto Zapata (San Luis Potosí), a quien ofreció apoyos sin precedente. Menos de dos semanas después, nombró en su lugar a Gonzalo Martínez Corbalá.

Para lavar la cara de su presidencia y reparar su orgullo herido, marcados por el fraude electoral y el escarnio social, Salinas buscó culpables. Empezó por los estados donde Cuauhtémoc Cárdenas, candidato del Frente Democrático Nacional, lo humilló en las urnas. Luis Martínez Villicaña, gobernador de Michoacán y excompañero de Salinas en el gabinete de Miguel de la Madrid, pidió licencia el 3 de diciembre de 1988 para asumir un cargo burocrático: la dirección de Caminos y Puentes Federales de Ingreso.

La venganza salinista continuó en Baja California, donde el triunfo de Cárdenas también había sido arrollador. El 5 de enero de 1989, Xicoténcatl Leyva Mortera renunció a la gubernatura para ocupar un puesto de membrete: «negociador de la deuda externa». El 11 de septiembre del mismo año, Salinas despidió del gobierno del Estado de México a Mario Ramón Beteta. El presidente destituyó a gobernadores de la vieja guardia priista, por quienes tenía animadversión por considerarlos «corruptos» o para ocultar negligencias de la federación. Guillermo Cosío Vidaurri (Jalisco) fue obligado a renunciar debido a las explosiones del 22 de abril de 1992 en Guadalajara, por las cuales se culparon mutuamente autoridades estatales y funcionarios de Pemex.

Mientras los presidentes perdían fuerza, pues la alternancia trajo consigo gobiernos divididos, los «virreyes» se liberaban del yugo centralista, acumulaban poder y daban forma a su propio sistema: el «feuderalismo». Como jefes de las bancadas de sus respectivos territorios en la Cámara de Diputados y en el Senado, empezaron a imponer condiciones a la federación y a reproducir a escala local el modelo de presidencia imperial. Así pudieron mangonear a Vicente Fox y a Felipe Calderón, pero sobre todo a Enrique Peña. Al primero, por no tener suficientes gobernadores del PAN y por dedicarse a banalidades en vez de fijar controles en los estados; al segundo, por falta de legitimidad, derivada de una elección fraudulenta; al tercero, por deberles a los ejecutivos del PRI el cargo; y a todos, por no tener mayoría en ninguna de las cámaras legislativas.

Las elecciones de 2018 dieron un giro copernicano en la relación de los gobernadores con la presidencia de la república. El futuro de la Conago pende de un hilo por la debilidad de sus integrantes y la fuerza de Andrés Manuel López Obrador, cuyo partido, además de ser mayoría en el Congreso, controla 20 legislaturas locales. La Alianza Federalista, escisión de la Conago, pretende plantar cara al presidente, pero solo agrupa a un tercio de los ejecutivos locales, al menos tres de los cuales (Colima, Michoacán y Nuevo León) podrían ser relevados por Morena el año entrante.

El caso Zárate-Atlacomulco

La Conago y la Alianza Federalista tienen un antecedente remoto. Sin embargo, el movimiento lo sofocó el asesinato de su promotor Alfonso Zárate, gobernador del Estado de México, el 5 de marzo de 1942. Así lo cuenta Álvaro Arreola Ayala en el libro Los gobernadores. Caciques del pasado y del presente, coordinado por Andrew Paxman (Grijalbo, 2018). El crimen cerró la etapa cardenista en la entidad y propició la fundación del Grupo Atlacomulco, del cual surgiría uno de los presidentes mejor recordados: Adolfo López Mateos, y su antítesis Peña Nieto, el más corrupto.

El frente de gobernadores liderado por Zárate incluía a Bonifacio Salinas Leal, de Nuevo León; Benecio López Padilla, de Coahuila, y Enrique Fernández Martínez, de Guanajuato, entre otros. El país se hallaba en un proceso de consolidación y el Partido de la Revolución Mexicana (antecedente del PRI) en su apogeo. Maximino Ávila Camacho, cacique poblano y hermano del presidente Manuel Ávila Camacho, condenó la iniciativa: «las juntas de gobernadores sólo provocan intranquilidad social y sus resoluciones bien podrían invadir facultades reservadas a la Federación», escribe Arreola, historiador e integrante del Sistema Nacional de Investigadores.

Zárate convocó una reunión de la formalmente denominada Oficina de Información de Asuntos Económicos de los Gobiernos de los Estados y Territorios, para el 17 de marzo de 1942 en Coahuila, con delegados de las cámaras de comercio. El presidente Ávila Camacho y «un poderoso grupo» de gobernadores afines crearon una organización contraria. «Desde la perspectiva avilacamachista, México no era el país elemental y primitivo donde el gobierno en turno aceptara presiones de poderes caciquiles», dice Arreola.

El mexiquense entendió el mensaje y en una carta publicada por El Universal el 4 de marzo negó encabezar la coalición. Salinas Leal y Fernández Martínez desmintieron que la reunión en Coahuila fuera contraria a la política de unidad nacional «que con tanto tino» dirigía el presidente Ávila Camacho. El mismo día de la declaración, el gobernador del Estado de México murió de un balazo en el abdomen. «Coincidencia o no, —apunta Arreola— lo cierto es que, al mismo tiempo que se daba a conocer el incidente fatal, desaparecía de la política nacional el famoso bloque de gobernadores. El 8 de marzo, los gobernadores de Sonora, Coahuila, Guerrero y San Luis Potosí, anunciaron su salida».

El asesino de Zárate, Fernando Ortiz Rubio, era hijo del expresidente Pascual Ortiz Rubio y se desempeñaba como jefe de Tránsito de Toluca y líder del Congreso local al mismo tiempo. Recibió una sentencia de 15 años de prisión, pero la Suprema Corte de Justicia resolvió, en un juicio de amparo, que el homicidio había ocurrido en una riña provocada por el gobernador. Ávila Camacho eligió de interino al diplomático Isidro Fabela, exsecretario de Relaciones Exteriores de Venustiano Carranza. Fabela debía convocar elecciones y un grupo de diputados locales lo presionó para cumplir ese precepto. Sin embargo, para no contrariar la voluntad presidencial, la Constitución fue reformada.

Fabela dejó de sucesor a Alfredo del Mazo Vélez y así nació el Grupo Atlacomulco. Conocedor de esa historia, de la suerte de Zárate, de su propia fragilidad y del riesgo de afrontar a un presidente fuerte (ayer Ávila Camacho y hoy López Obrador) el gobernador de Estado de México, Alfredo del Mazo Maza —nieto de Vélez—, ha desairado a la Alianza Federalista. Dos años después del asesinato de Zárate, el gobernador de Coahuila Ignacio Cepeda Dávila se suicidó tras una discusión con el presidente Miguel Alemán, por exigir un trato fiscal justo de la federación. Las disidencias ya no prenden ni se apagan a tiros, sino con votos. Las elecciones intermedias decidirán el futuro de los aliancistas.

Alianza desairada por el PRI

Como jefe de Gobierno de Ciudad de México, Andrés Manuel López Obrador desdeñó a la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) y ahora, como presidente, atestigua su extinción. En esa ruta, «no ve nada extraño» que 10 de sus integrantes hayan abandonado el foro para oponérsele desde la Alianza Federalista. La coalición está compuesta por cinco gobernadores del PAN, dos del PRI, uno del PRD, otro de Movimiento Ciudadano y el único independiente. De ese grupo, los mandatarios de Colima, Chihuahua, Michoacán y Nuevo León terminarán su gestión el año próximo.

La ruptura se oficializó el 7 de septiembre, en Chihuahua, bajo el argumento de que la Conago había dejado de cumplir sus objetivos para convertirse en un «espacio de simulación». Según el gobernador anfitrión, Javier Corral, el país vive momentos críticos por el asomo de «una concentración de poder inadmisible» y de un «autoritarismo que vulnera la democracia». Los gobernadores no están obligados a pertenecer a la Conago, dijo el presidente López Obrador un día después, en rueda de prensa. «Salen porque están ejerciendo su derecho, su libertad».

El ejecutivo federal atribuyó los señalamientos según los cuales es él quien pone en riesgo la democracia y polariza al país «a los medios de información… que pertenecen al agrupamiento conservador y quisieran que se mantuviera el mismo régimen de corrupción, de injusticia, de privilegios. Entonces, es legítimo que me acusen». Respecto de los gobernadores de la Alianza afines a esa corriente, resaltó: «en México se garantiza el derecho a disentir… eso es la democracia». Empero, advirtió, «hay diferencias, nosotros llegamos aquí porque queremos llevar a cabo (…) una transformación de la vida pública en contra de quienes querían mantener el mismo sistema».

Enseguida apuntó hacia el padrino por antonomasia. «Imagínense si va a estar de acuerdo (Carlos) Salinas con nosotros, si él es padre de la desigualdad moderna. Fue él quien inició la entrega de bienes nacionales, la entrega de empresas, de bancos que eran propiedad de la nación a particulares, a sus allegados. (…) a partir de entonces, ese grupo no solo siguió haciendo jugosos negocios al amparo del poder público, sino (que) se convirtió en un grupo político poderosísimo. Ellos eran los dueños de México, los que mandaban».

La Alianza Federalista «es un nuevo espacio para el diálogo republicano verdadero, no para la simulación. Cada gobernador tendrá que asumir la responsabilidad histórica respecto a la posición que están tomado», arguye el jalisciense Enrique Alfaro. Sin embargo, bajo la careta del federalismo se oculta el juego futurista. Alfaro y el panista Diego Sinhue Rodríguez (Guanajuato) son los únicos miembros del frente cuyo mandato terminarán en 2024. Ambos aspiran a la presidencia, pero el PAN tiene mayoría en la Alianza, y el único gobernador de Movimiento Ciudadano es el de Jalisco. Si en los años 40 del siglo pasado el presidente Ávila Camacho sofocó una incipiente disidencia de gobernadores con un grupo más fuerte, López Obrador podría crear el suyo después de las elecciones de 2021 en las cuales se renovarán 15 mandos estatales. Otra alternativa consiste en revivir la Conago, donde la mayoría de los gobernadores conserva sus asientos. Entre ellos, los tres de las entidades más pobladas: Estado de México (PRI), Ciudad de México y Veracruz (Morena). De ese grupo, Claudia Sheinbaum (CDMX), es una de las cartas de AMLO para la sucesión de 2024 junto con el canciller Marcelo Ebrard. E4

Bloque plural contra el autoritarismo

Frente a la crisis de la partitocracia y la concentración de poder en manos del presidente López Obrador, más de medio millar de exdiputados y exsenadores de toda la república y de distintas fuerzas políticas decidieron unirse en busca de equilibrios. Para conseguirlo, incitan a los partidos a dar «una señal incontrovertible de disposición a colaborar entre ellos en las modalidades permitidas por la ley», y a expresar «su voluntad de incluir candidatos y candidatas no militantes para puestos de elección con perfiles idóneos que además de su modo honesto de vivir, aporten a la integración de la representación popular nacional».

¿Cuál es el mensaje en términos llanos? Que para ser competitivos, reconciliarse con la sociedad y estar en condiciones de frenar a Morena en las elecciones federales del año próximo, los partidos necesitan reconocer sus debilidades, formar coaliciones y postular candidatos ciudadanos moralmente solventes en fórmulas comunes o individuales. En fecha próxima propondrán una agenda legislativa.

El grupo hizo su presentación con un «Exhorto ciudadano a organizaciones y partidos políticos», publicado en Excélsior y Animal Político el 6 de septiembre. Entre los firmantes figuran 11 exgobernadores de seis estados, entre ellos el coahuilense Rogelio Montemayor, quien renunció al PRI por la imposición de Alejandro Moreno en la presidencia de ese partido; las excandidatas presidenciales Cecilia Soto, Josefina Vázquez Mota y Margarita Zavala; los exsecretarios de Gobernación Santiago Creel y Francisco Ramírez Acuña; y la periodista Beatriz Pagés, una de las críticas más tenaces de AMLO, también exmilitante del PRI.

Sin las orejeras de la Alianza Federalista de gobernadores, el colectivo de excongresistas del PAN, PRI, PRD, Movimiento Ciudadano e independientes plantea en su exhorto:

La democracia se fortalece y es eficaz a partir de gobiernos incluyentes y abiertos al diálogo.

Los gobiernos con mayorías legislativas (…) deben promover el equilibrio y la separación de poderes para no caer en el autoritarismo.

Aun cuando cada proceso electoral es de singular importancia, la elección (de) 2021 destaca porque será una elección intermedia muy relevante en la historia de México, luego de diversas alternancias.

La coyuntura por la que transita el país debe procurar que la competencia partidista gire en torno a un fin común, y no al debate sin puntos de encuentro. (…) No se trata de colaboración entre afines, sino entre contendientes razonables en búsqueda de coincidencias para el bien colectivo.

Que los partidos y (la) ciudadanía se comprometan a desarrollar una agenda política que responda de mejor manera a los grandes desafíos que la pobreza, la corrupción y la violencia representan para nuestro país.

El documento lo suscriben 14 coahuilenses; entre ellos: Esther Quintana, Ricardo García Cervantes, Blanca Eppen, Juan Antonio García Villa y Carlos Bracho (PAN); Hilda Flores, exsecretaria del Organismo Nacional de Mujeres Priistas, el líder cetemista Tereso Medina, y el exalcalde y actual director del Instituto Municipal de Saltillo, Óscar Pimentel (PRI). ¿Para Coahuila no aplica el principio según el cual «los poderes Legislativo y Judicial (…) asumen su verdadero rol en la democracia plena ejerciendo su autonomía» (punto cuatro del exhorto)?

De cara a los comicios para diputados locales del 18 de octubre, la condición de que los candidatos tengan un «modo honesto de vivir» (punto 13) es cuestionable al menos en los casos de Álvaro Moreira —benjamín del clan responsable de la ruina financiera del estado— y Shamir Fernández, quien, como legislador, validó la megadeuda contratada a espaldas del Congreso. Esa es otra historia, pero ¿cómo recuperar así la confianza ciudadana? E4

Alianza Federalista y gasto 2021: el tiro por la culata

Tener mayoría en el Congreso le permite al presidente López Obrador avanzar su proyecto político e impulsar los programas sociales de la 4T

Si la intención de la Alianza Federalista al separarse de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) era torcerle el brazo a Hacienda, topó con una doble muralla: el coronavirus y la «austeridad republicana» impuesta por la Cuarta Transformación. Los estados recibirán el año próximo 108 mil 500 millones de pesos menos con respecto a las asignaciones del ejercicio en curso (5.5% en términos reales), de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de 2021. El recorte es consecuencia de la crisis económica por la pandemia y sus efectos en la recaudación de impuestos y los ingresos petroleros.

Las transferencias a estados y municipios bajarán de 1.97 billones a 1.86 billones de pesos. Los recortes más drásticos serán en las participaciones (62,694 millones de pesos) y en los convenios de descentralización (30,210 millones). El desplome de la recaudación federal participable afectará sobre todo a Campeche (–10.5%), Tabasco (–7.9), Nayarit (–7.8), Coahuila (–7.6) y Sonora (–7.6), de los cuales solo el penúltimo forma parte de la Alianza Federalista. De este grupo, tres estados son gobernados por el PRI, uno por Morena y otro por el PAN. Coahuila dejaría de recibir 3,414 millones de pesos.

La distribución del gasto federal participable responde a criterios económicos y no políticos, pero en otros conceptos del presupuesto por 6.2 billones de pesos de 2021 se refleja la fuerza del presidente López Obrador para avanzar su agenda política y sus proyectos insignia. Pues si bien las tijeras de la 4T también trasquilarán a las secretarías de Hacienda, Trabajo y Energía, a las de la Defensa, Salud y Turismo les abrirá la billetera. Los programas sociales recibirán más de 336 mil millones de pesos, equivalentes al 17% de las asignaciones a los estados y municipios.

Los gobernadores, en cambio, perdieron fuerza en el Congreso donde se votará el paquete económico. Con 78 diputados el PAN y 48 el PRI, los ejecutivos locales poco pueden hacer para negociar mayores recursos para sus estados. La comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, controlada antes por ambos partidos, ahora la preside el morenista Erasmo González, cuyo partido ocupa ocho secretarías, tres Acción Nacional y dos el Partido Verde. El PRI, PT, Movimiento Ciudadano y Encuentro Social solo tienen un asiento cada uno.

La comisión de Hacienda y Crédito Público la encabeza la panista Patricia Terrazas, pero Morena tiene ocho secretarías, una la ocupa el lagunero Luis Fernando Salazar; el PAN tres y el PRI solo una, igual que el resto de las fuerzas representadas en la Cámara baja. El presidente y su partido tienen la sartén por el mango. Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto no tenían mayoría en el Congreso y debían ceder a las presiones de los gobernadores, quienes eran los líderes de facto de las bancadas opositoras.

Los mandatarios agrupados en la Alianza Federalista no están en condiciones de empujar un nuevo pacto fiscal. La presión ejercida en el contexto de la pandemia de coronavirus tampoco ha dado resultados según se aprecia en el presupuesto de egresos. Para volver a incidir en decisiones federales, los gobernadores de oposición necesitan tener presencia en la Cámara de Diputados. Sin embargo, la intención de voto para los comicios de 2021, en los cuales se elegirán 500 diputados y 15 gobernadores, favorecen al partido del presidente. Si la tendencia se mantiene, habrá 4T para rato. E4