Aislados y sin apoyo en el Congreso, aliancistas juegan sus últimas cartas

El presidente López Obrador trata de imponer en los estados las cuestionadas políticas de austeridad y combate a la corrupción de la Cuarta Transformación. Los gobernadores perdieron el poder político y económico acumulado en los gobiernos divididos de Fox, Calderón y Peña Nieto

¿Hacia un nuevo pacto fiscal?

AMLO mueve sus fichas en los estados para el 21

«Muro»  de Morena en el Congreso detiene a la Alianza

El talón de Aquiles de la Alianza Federalista es su aislamiento del resto de la república. Mientras no sea mayoritaria ni sume a entidades clave —Estado de México, CDMX, Puebla y Veracruz, la primera en poder del PRI y las restantes gobernadas por Morena— difícilmente incidirá en las decisiones políticas y económicas de la Cuarta Transformación. Menos con Andrés Manuel López Obrador, quien ganó la presidencia en todos los estados. La excepción fue Guanajuato, trampolín de Vicente Fox para encabezar la primera alternancia. Sin embargo, decepcionó al país y terminó en esperpento.

Los ejecutivos estatales eran satélites de la «presidencia imperial» que alcanzó su culmen en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari; con Enrique Peña Nieto (EPN), devino en burdel. El fin de la «dictadura perfecta» atomizó el poder y dio paso al «feuderalismo». Fox le soltó la rienda a los gobernadores, no tanto por espíritu democrático, sino por indolencia, pues, de ser el caso, los habría sometido a controles a través del Congreso, sobre todo en temas de gasto y seguridad. El aval de los estados para legitimar Felipe Calderón, después de una elección fraudulenta, lo ató de manos: no pudo, aunque era su intención, procesar a los gobernadores más venales.

Apadrinado por los «virreyes» estatales con votos y dinero del erario —también de deuda, como en Coahuila—, EPN hizo la vista gorda frente a latrocinios y abusos de la generación bautizada por él como el «nuevo PRI». El encarcelamiento de Javier Duarte (Veracruz), Roberto Borge (Quintana Roo), la detención de César Duarte (Chihuahua) y las investigaciones contra Humberto y Rubén Moreira (en Estados Unidos) fueron posibles por la presión mediática nacional y extranjera.

López Obrador cosechó el voto de castigo contra los gobernadores del PRI, PAN y PRD. El desaire de Claudia Sheinbaum (Ciudad de México), Cuitláhuac García (Veracruz) y Miguel Barbosa (Puebla) a la Alianza Federalista se entiende, pues militan en Morena. Pero ¿cómo se explica el desdén de Alfredo del Mazo (Estado de México)? Primo de EPN e hijo y nieto de exgobernadores, Del Mazo no come lumbre. Su déficit de legitimidad —apenas ganó con el 33.5% de los votos— contrasta con la fuerza de Morena. El partido guinda es mayoría en el Congreso y gobierna 65 de los 125 municipios, entre ellos Toluca; el PAN tiene 33 alcaldías y el PRI 20 de menor rango.

La Alianza Federalista no solo no ha podido expandirse, sino que corre el riesgo de achicarse. Para las elecciones del 6 de junio próximo, Morena aventaja en Chihuahua, Colima, Michoacán y Nayarit, según las encuestas. El partido del presidente también encabeza la intención de voto en Baja California, Baja California Sur, Campeche, Guerrero, Nayarit, Querétaro, San Luis Potosí, Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Zacatecas. Si el pronóstico se cumple e incluso si el PAN y el PRI retienen algunos estados, Morena ocuparía el mayor número de gubernaturas.

El voto en cascada volvería a darle a López Obrador la mayoría en el Congreso. Con esa combinación de resultados, Morena podría asegurar seis años más en Palacio Nacional. El tiempo juega en contra de la Alianza Federalista. Los amagos de romper el pacto federal surtieron el efecto bumerán. Caer en la trampa de las consultas y las votaciones a mano alzada terminaron por hacerle el caldo gordo al presidente, quien para reunirse con los mandatarios locales impone condiciones: «diálogo sin politiquería».

El estilo de AMLO

Uno de los rituales del presidencialismo era el besamanos ignominioso. Después de cada informe, las fuerzas armadas y los gobernadores homenajeaban al «líder máximo»; las primeras, en el Campo Marte y los segundos, en la Hacienda de Los Morales. La alternancia sepultó el culto y Andrés Manuel López Obrador borró sus últimos vestigios: convirtió la residencia oficial en Centro Cultural Los Pinos, «rifó» el avión —palacio con alas «que ni Obama tenía»— y desapareció el soberbio y elitista Estado Mayor Presidencial cuyo lema era «¡Al presidente nadie lo toca!», para acercarse a la gente incluso a María Consuelo Loera, mamá del narcotraficante Joaquín «el Chapo» Guzmán.

El presidente viaja en vuelos comerciales y en los estados se traslada por carretera. Las giras son austeras —no pernocta en hotes de cinco estrellas— y sus comitivas compactas. También prescindió de la legión de guardaespaldas que cuidaban a sus predecesores, aun con perros. Sin embargo, el poder imperial se trasladó a los estados y municipios. Algunos gobernadores y alcaldes utilizan equipos y aparatos de seguridad ostentosos, flotillas de vehículos de lujo y enjambres de asistentes, secretarios y asesores de imagen.

Los gestos del líder de la Cuarta Transformación no producen seguridad, bienestar ni empleo. Entre enero y septiembre de este año ocurrieron 26 mil 231 homicidios dolosos y 724 feminicidios. La retórica presidencial tampoco genera crecimiento económico ni reduce los efectos de la COVID-19, cuyas cifras están por exceder el millón de contagios y los cien mil decesos. Empero, el común de las gentes todavía lo califica bien después de una sucesión de presidentes distantes y proclives al dispendio, el lujo y la frivolidad.

«(…) aunque protesten y nos cuestionen y nos saquen en ocho columnas en la prensa fifí, conservadora, ahora sí, como decía el finado Héctor Suárez ‘no hay, no hay, no hay’ porque también estaban acostumbrados a que presionaban para tener trato especial».

Andrés Manuel López Obrador (30.10.20)

López Obrador pretende imponer a los estados el cuestionado modelo de austeridad y combate a la venalidad de la 4T. También busca suprimir los organismos que sean fuente de corrupción y absorban fondos públicos, con escasos o nulos resultados, para orientar el presupuesto a donde más se necesite. En Coahuila, la Academia Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema Estatal Anticorrupción herencias de Rubén Moreira, le cuestan al Estado más de 75 millones de pesos anuales. El Instituto Electoral gastará en el presente ejercicio cerca de 390 millones de pesos, de los cuales 164 millones son para financiar a los partidos.

Los gobernadores y un sector del empresariado y de los medios de comunicación reprochan al presidente que el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas distan de ser prioritarios. Ambos proyectos, junto con el aeropuerto de Santa Lucía, recibirán una inyección por 102 mil millones de pesos el año entrante, de acuerdo con el presupuesto aprobado por la mayoría de Morena en el Congreso. El monto equivale a la reducción en participaciones y aportaciones federales a los estados. El recorte podría ser de hasta 182 mil millones de pesos, según la Alianza Federalista.

AMLO ha pedido a los mandatarios locales vender los aviones —o dejar de alquilarlos, si no se tienen— y las residencias oficiales para ahorrarle gastos al erario. El único en responder ha sido Quirino Ordaz (PRI), de Sinaloa, quien, por cierto, no forma parte de la Alianza Federalista. Después de varios intentos fallidos, la casa de gobierno se subastó en 22 millones de pesos. El dinero serviría originalmente para mejorar la infraestructura hospitalaria, pero al final se decidió invertirlo en una unidad deportiva y en un centro recreativo (Río Doce, 17-03-20).

Réplica del sureste

Andrés Manuel López Obrador es sembrador de vientos y ducho en capear tempestades. Cualquier desliz o fallo presidencial se aprovecha e incluso se exagera en un sector de la prensa y en las redes sociales para presentarlo como «autoritario», «inepto» e «intolerante». En ese contexto surgió la Alianza Federalista —«feuderalista» para los defensores de AMLO— cuya demanda de participaciones, fondos y convenios federales es plausible, pero sin eco entre la población más allá de alguna adhesión convenenciera e inflamada de patrioterismo.

El presidente y su partido atribuyen al frente opositor motivaciones puramente electoralistas. Los gobernadores de Morena de Ciudad de México, Veracruz, Puebla, Baja California, Morelos, Chiapas y Tabasco advierten que el apremio de los aliancistas por las elecciones de 2021 los empuja, en «una desesperada, (a) llamar la atención. (…) La distribución de los recursos económicos a los estados requiere el reconocimiento de las desigualdades regionales y de una estrategia económica solidaria (…). Para decirlo con mayor claridad (…), el crecimiento económico del norte no puede significar la pauperización del sureste», dicen en un posicionamiento.

Alejandro Murat (PRI), gobernador de Oaxaca —uno de los estados más pobres del país junto con Guerrero y Chiapas (Coneval)— ha declarado que el escenario actual no es adecuado para discutir el pacto federal. La sociedad no espera pleito de los gobernadores —argüye— sino «resultados ante el momento de esta emergencia nacional que enfrentamos con la pandemia por el COVID-19 para salvar vidas; también el pueblo pide que sus gobiernos se unan para encarar la grave crisis económica (…) a nivel global y nacional».

«(…) pospongamos unos días la discusión y el debate sobre el Sistema de Coordinación Fiscal (para) concentrarnos (…) en el presupuesto de 2021, donde nuestra posición es que ningún estado del país puede recibir menos recursos en términos reales que en el año 2020».

Alianza Federalista (02.11.20)

La Alianza Federalista, formada por cinco gobernadores del PAN, dos del PRI —entre ellos el de Coahuila Miguel Riquelme—, uno del PRD, uno de Movimiento Ciudadano y un independiente, ha mantenido el pulso. En un documento fechado el 27 de octubre, el bloque fijó su postura: buscar un diálogo con el gobierno federal «para construir acuerdos (…), pero también para mandar el mensaje contundente de que no estamos dispuestos a tolerar más abusos de su parte. Como estados libres y soberanos defenderemos nuestra dignidad ante el demérito, ataque y confiscación de lo que nos pertenece».

Para Manuel Guadarrama, coordinador de Finanzas Públicas del Instituto Mexicano de Competitividad (Imco), abandonar el pacto fiscal sería una medida extrema e inconveniente por las consecuencias legales y económicas. Además, solo Nuevo León, Tamaulipas y Colima pueden tener autonomía financiera. «Por lo tanto, el 70% de los estados de la alianza federalista está en incapacidad financiera de hacerse cargo del gasto estatal y federal con los ingresos que generan en su entidad». Por otra parte, los estados no pueden constituirse en «repúblicas independientes», pues la Constitución lo prohíbe (Excélsior, 30.10.20).

El presidente López Obrador replicó a los aliancistas: «Están en su derecho, nada más que no hay ninguna posibilidad de que se rompa el pacto federal; primero, porque si tienen vocación democrática tendrían que preguntarle a los ciudadanos que gobiernan (…); segundo, porque sería una reforma a la Constitución que tendría que aprobarse en el Congreso con todo un proceso que llevaría a controversias que le correspondería a su vez resolver al Poder Judicial».

En su contrarréplica, los gobernadores anunciaron que prepararían una consulta. Sin embargo, la atención del país ha vuelto a centrarse en la nueva oleada de coronavirus. Entre los estados con mayor número de contagios figuran cuatro de la Alianza Federalista: Chihuahua, Coahuila, Durango y Nuevo León. El otro es Ciudad de México, gobernado por Morena. E4


¿Hacia un nuevo pacto fiscal?

Alejandro Dávila y Miriam Valdés

La tensión entre los gobernadores de la Alianza Federalista y el gobierno de la 4T va en aumento. La actual administración federal ha tomado decisiones que vulneran la capacidad financiera de los gobiernos locales y minan su posibilidad de crecimiento económico en las entidades. Se ha instaurado un estilo de gobierno unipersonal, que concentra recursos y potestades en el titular del Ejecutivo, cuya voluntad no considera argumentos o razones. Esta disfuncionalidad política erosiona las capacidades productivas regionales y, por ende, en el país.

La competitividad de las economías modernas se construye en los territorios, ahí se asientan factores económicos que la hacen posible. Se requieren infraestructuras públicas y privadas en ciudades y territorios que den soporte al trabajo productivo en torno a cadenas globales de valor. No basta que los espacios de trabajo sean adecuados, es indispensable que su entorno también lo sea, que las ciudades ofrezcan condiciones atractivas de vida, cubran los requerimientos indispensables para la vida moderna y cuenten con estándares internacionales de conectividad que permitan los flujos de personas, bienes e información.

Es por ello que deben replantearse las responsabilidades de los distintos ámbitos de gobierno, fortalecer facultades, así como capacidades financieras y administrativas de los gobiernos locales. En México, estos cambios se han dado de manera accidentada e incompleta. Entre 1993 y 2015 los ingresos de los gobiernos locales crecieron a tasas reales de 4.8% promedio anual, aumentó 4 puntos su participación en el PIB (de 7.1 al 11.1%). Sin embargo, esto ocurrió al reproducir vicios del viejo régimen —fórmulas caprichosas para determinar gasto per cápita en salud y educación por entidad—, descentralizar recursos y no potestades tributarias. Así, en tanto alrededor de 95% de los ingresos fiscales se obtienen por gravámenes federales, los gobiernos locales ejercen cerca de un tercio del gasto total. Esta circunstancia debilita la efectividad de la rendición de cuentas de los gobiernos locales ante los contribuyentes. Deben revisarse las responsabilidades de los distintos ámbitos de gobierno, y asignar a cada uno potestades fiscales que les asignen los medios materiales para cumplir su función y refuercen la corresponsabilidad recaudador-contribuyente.

La ausencia de estos contrapesos, de mecanismos efectivos de rendición de cuentas y las debilidades administrativas de los gobiernos locales, propician prácticas depredadoras de los escasos recursos. Dos especialmente nocivas son: El crecimiento exponencial y sin controles efectivos de los gastos englobados en el rubro Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, cuya participación en los egresos totales pasó de 20.6 a 43.3% y el manejo desaseado en las operaciones de contratación de deuda y ejercicio de esos recursos. Un esfuerzo serio de reorganización del pacto fiscal debe contemplar estos aspectos.

Desde 2015, los ingresos públicos en México han sido seriamente afectados; primero por el declive de la producción petrolera y luego por el desplome de petroprecios; sin embargo, el gasto federalizado en los estados siguió en aumento hasta el 2018. Con la 4T, en 2019, vinieron números negativos que se profundizaron en 2020 por la pandemia; esta tendencia se intensificará en 2021; disminuirían 5.5% adicional —ver nota de Fernando Gutiérrez en la sección Urbes y Estados (El Economista, 30.10.20)—.

Las políticas de la 4T y sus consecuencias merman considerablemente las economías de estados gobernados por los integrantes de la Alianza Federalista. El freno de facto en la reforma energética descarriló inversiones multimillonarias en plantas de generación eléctrica eólica y solar. La cancelación del seguro popular y la centralización de programas sociales merma los recursos públicos estatales y su capacidad para atender al ciudadano. Además, la reestructuración de las finanzas públicas federales ante la pandemia, para mantener a toda costa los proyectos de inversión y gasto social de la 4T, ha transferido todo el peso del ajuste a los contribuyentes y gobiernos locales, que no recibirán apoyos fiscales para enfrentar las consecuencias económicas.

En los datos del segundo trimestre sobre la actividad económica en los estados, las cifras registran los impactos más agudos del cierre de actividades «no esenciales» entre abril y mayo. Baja California Sur y Quintana Roo, principales destinos turísticos internacionales del país, resintieron los daños más severos, con reducciones de 42.5 y 40.6%, respecto al mismo trimestre de 2019. En un segundo nivel de afectación, con caídas superiores a 20%, están estados con fuerte producción y exportación de equipo de transporte y productos electrónicos, entre ellos varios de los estados de la Alianza Federalista.

Por conducto de la Secretaría de Gobernación y la Conago, la 4T ofreció celebrar en 2021 una Convención Nacional Hacendaria. Eso debe alinearse con una reforma fiscal, pues es el marco adecuado para impulsar estos cambios —eso ampliaría los márgenes de maniobra para impulsar cambios estructurales—. En tanto eso ocurre, el titular del Ejecutivo debe mostrar mayor flexibilidad y capacidad de diálogo. ¿Será posible? Muy ojón pa’ paloma. E4


AMLO mueve sus fichas en los estados para el 21

Morena podría apostar sobre seguro en Nuevo León con una expriista; el colosista Durazo, firme en Sonora

El presidente Andrés Manuel López Obrador (66 años) es un hombre de símbolos. Su gabinete lo integran ocho mujeres —el mayor número de ese género—, entre ellas Olga Sánchez Cordero, primera secretaria de Gobernación, y 11 varones. Contrario a la preferencia de sus predecesores por los tecnócratas jóvenes —Videgaray, Meade, Nuño y Lozoya—, en su gobierno predomina gente mayor. El secretario de Comunicaciones y Transportes, Jorge Díaz Leal, tiene 77 años. Los jóvenes son Luisa María Alcalde (32) y Román Meyer (36), titulares del Trabajo y de Desarrollo Agrario, respectivamente.

Tras la experiencia en el gobierno de Peña Nieto —en la picota por los escándalos de corrupción—, el mensaje de AMLO es obvio: los acólitos y oficiantes del neoliberalismo resultaron peor de corruptos que los dinosaurios de la vieja clase política. El punto de vista es rebatible si se toman en cuenta casos como el de Manuel Bartelett, actual director de la CFE y jefe de Gobernación, donde en 1988 se orquestó el fraude contra Cuauhtémoc Cárdenas para imponer en la presidencia a Carlos Salinas.

Otro distintivo son las figuras emblemáticas de la Cuarta Transformación: Tatiana Clouthier —coordinadora de la campaña de AMLO— es hija del excandidato presidencial panista Manuel «Maquío» Clouthier; Alfonso Durazo —extitular de Seguridad Pública y aspirante al gobierno de Sonora— fue secretario de Luis Donaldo Colosio, candidato del PRI a la presidencia, asesinado en Tijuana; Rosario Piedra Ibarra —presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos— es hija de la activista Rosario Ibarra de Piedra; Lázaro Cárdenas Batel —coordinador de asesores de la Presidencia de la República— es nieto del expresidente homónimo e hijo de Cuauhtémoc Cárdenas; Julio Scherer Ibarra —consejero jurídico del Ejecutivo Federal— es hijo de Julio Scherer García —depuesto de la dirección de Excélsior en un golpe de Luis Echeverría—, fundador de Proceso.

Con mayoría holgada en las cámaras de Diputados y de Senadores, el siguiente paso de AMLO para afianzar su poder, y tangencialmente neutralizar a la Alianza Federalista, radica en ganar el máximo de gubernaturas el año próximo; Morena tiene ahora siete. ¿Cómo decidirá las nominaciones? Con una mezcla de pragmatismo, lealtad y futurismo político. Después de sus giras recientes por Coahuila y Tamaulipas, el presidente viajó a Monterrey para reunirse con la diputada Tatiana Clouthier.

Dos días más tarde, la hija de Maquío anunció su declinación a la candidatura de Morena al gobierno de Nuevo León, donde la intención de voto favorece a Clara Luz Flores, alcaldesa independiente de Escobedo y exmilitante del PRI. Ganar ese estado insignia —el más fuerte de la Alianza Federalista— significaría un jonrón para la 4T. Entrevistada por Ricardo Raphael para Milenio Televisión, Tatiana negó haber platicado con AMLO sobre su postulación y dijo poder aportale más a Nuevo León «en el esquema nacional». ¿Anticipo de un cargo en el gabinete y boleto para la sucesión de 2024? El apellido Clouthier conecta con la derecha, el sector más crítico del presidente.

Sobre la eventual nominación de Flores, Tatiana hizo una acotación: en las giras con AMLO por el estado y el país «hablamos de que no existió un PRIMOR», una alianza entre el PRI y Morena. Clara Luz (46 años) militó en el partido tricolor, lo mismo que su padre y su esposo Abel Guerra, quienes también fueron alcaldes de Escobedo, pero el presidente la placeó en una de sus giras por Nuevo León, igual que a Durazo en Sonora. E4


«Muro»  de Morena en el Congreso detiene a la Alianza

Además del riesgo de perder el 40% de sus integrantes en las elecciones intermedias, la Alianza Federalista adolece de otra debilidad: pesa poco en el Congreso para defender su agenda, como se acaba de ver con la aprobación del presupuesto de 2021. Los estados del frente con mayor número de diputados son Jalisco (16 de Movimiento Ciudadano) y Guanajuato (14 de Acción Nacional). Pero hay gobernadores que no tienen un solo legislador: Jaime Rodríguez (independiente), de Nuevo León, y José Rosas Aispuro (PAN), de Durango.

Morena —solo o con sus aliados— tiene mayoría de diputados federales en siete de los 10 estados de la Alianza. Las excepciones son Jalisco, Guanajuato y Aguascalientes donde el partido del presidente López Obrador perdió en 2018 todos los distritos. El partido gobernante de Chihuahua ocupa cuatro escaños en el Congreso; los de Coahuila y Tamaulipas, tres cada uno; y los de Colima y Michoacán, uno en cada caso. Esa es una de las razones por las cuales no han podido empujar la reforma al pacto fiscal.

El dominio de Morena y sus aliados —PT, Encuentro Social y Verde— en la legislatura actual les permite, por un lado, aprobar la mayoría de las iniciativas del presidente López Obrador; y por otro, contener a las oposiciones. Así ocurre en cualquier democracia. Lo mismo hicieron el PRI, PAN y PRD en la administración de Peña Nieto para sacar adelante las reformas energética, fiscal, educativa y laboral. Ahora se sabe que fue mediante sobornos. Morena fue excluido del Pacto por México.

Peña encabezó un gobierno dividido, pero los votos del PRI, PAN y PRD le aseguraban mayoría en las dos cámaras. Basados en esa fuerza, pues los diputados y senadores eran «suyos», así los gobernadores obtenían mayores presupuestos e impunidad de la federación. Además de que también presionaban en el Congreso para recibir fondos y aportaciones cada vez más generosos. Su influencia política les permitía empujar proyectos en distintas secretarías de estado. Sin embargo, las inversiones no siempre llegaban a su destino por la alta corrupción y el desvío de recursos al bolsillo de los gobernadores, de su círculo cercano y a las campañas políticas como pasó en Chihuahua y en otras entidades.

La elección de 2018 invirtió los papeles: hoy Morena y sus satélites suman 333 diputados (66.6% de la Cámara). Con respecto a la anterior legislatura, el PRI bajó de 205 a 48, el PAN de 109 a 77 y el PRD de 54 a 12. El partido del presidente controla las comisiones más importantes como la de Presupuesto y Cuenta Pública, encargada de dictaminar el gasto de la federación. El grupo lo preside Erasmo Robledo, diputado por Tamaulipas, uno de los estados que han amagado con romper el pacto federal.

Los gobernadores de la Alianza Federalista saben que bajo las condiciones prevalecientes no pueden avanzar su agenda en el Congreso y es por eso que presionan desde fuera, mediáticamente. Más aún, deben estar conscientes de que si en los comicios del año próximo pierden cuatro de los estados miembros —Nuevo León, Chihuahua, Michoacán y Colima— y Morena vuelve a ganar la mayoría de escaños en la Cámara de Diputados, el bloque estaría liquidado. AMLO va por la mayoría de las gubernaturas. Si lo consigue, a los aliancistas les aguarda un fin de sexenio más difícil todavía. Hay algunos que incluso podrían no concluirlo. Por lo pronto, la Alianza perderá a dos de sus líderes: Javier Corral y Jaime Rodríguez cuyos gobiernos terminarán en 2021. E4

EstadosGobernadoresMORENAPANMCPRIPTESVERDEPRDIND
AguascalientesMartín Orozco / PAN3111
ChihuahuaJavier Corral / PAN6412
CoahuilaMiguel Riquelme / PRI51311
ColimaJosé Ignacio Peralta / PRI221
DurangoJosé Rosas Aispuro / PAN41
GuanajuatoDiego Sinhué / PAN31411
JaliscoEnrique Alfaro Rmz. / MC831613
MichoacánSilvano Aureoles / PRD142131
Nuevo LeónJaime Rodríguez / PAN481321
TamaulipasFrancisco García C-V/ PAN23123
TOTAL48401912113251
Diputados federales por partido

Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.