En política —sentenció don Jesús Reyes Heroles— la forma es fondo. Y ese dogma —si se puede llamar así— permaneció vigente, inalterable, hasta el 1 de diciembre de 2008 en que el Gobierno de la 4T arribó a Palacio Nacional, pues AMLO se ha encargado de instaurar una nueva forma de hacer política, que ni el más renombrado de nuestros historiadores y críticos del sistema presidencial, como lo fue don Daniel Cosio Villegas, fue capaz de suponer o imaginar.
Con el actual inquilino de Palacio Nacional y después de cinco años de Gobierno, ya no hay lugar para sorpresas. Un día, por ejemplo, fustiga desde su tribuna inquisitoria en que ha convertido a la «mañanera» a todos sus enemigos que son aquellos que no coinciden con su ideario político, a quienes no tiene empacho en calificar de neoliberales, conservadores o integrantes de la mafia del poder, cuando al siguiente, sin ninguna consideración, endereza su dedo flamígero en contra de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para acusarlos de corruptos, y al día siguiente lo hace en contra de periodistas, críticos, intelectuales y presidentes de organismos autónomos, garantes de nuestra vida democrática como es el INE, y así hasta el infinito, como reza la publicidad de Buzz Lightyear, el personaje del juguete de los niños de ahora.
De ahí que entonces no nos debe de extrañar que el viernes 14 de abril, AMLO arremetiera ante la falta de elección por parte del Senado de unos de sus comisionados necesarios para integrar quorum, contra el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) «como un instituto que no sirve para nada, sólo para encubrir la corruptela de los funcionarios». (Agencia Reforma. Ciudad de México. Zócalo. Página principal sección nacional. Sábado 15 de abril de 2023).
Ahora bien, ¿cuál fue la causa, motivo o razón para que el titular del Poder Ejecutivo se expresara así de este organismo autónomo, especializado, imparcial, colegiado, responsable de garantizar el cumplimiento del derecho de acceso a la información pública, que conforme al primer párrafo del artículo 6 constitucional, por su conducto corresponde garantizar al Estado?
Procedo a explicarme. Dicho organismo se integra constitucionalmente por siete comisionados que duran siete años en su cargo. Ahora bien, es el caso que desde hace más de un año no sesiona en razón de no reunir el quorum legal exigido para ello, que son de cinco; en razón de que el Senado de la República , que constitucionalmente debe de hacer dicha designación, no lo ha hecho a pesar de contar con todos los elementos para nombrar a los sustitutos de los dos comisionados que terminaron desde hace más de dos años con el período de su cargo; omisión legislativa que ha provocado que estén pendientes de resolverse más de 500 recursos de revisión, como así lo admitió su comisionada presidenta, Blanca Lilia Ibarra.
Sólo el desinterés de parte del Senado de no cumplir con su función constitucional, puede explicar que a pesar de contar con las propuestas de los grupos parlamentarios para haber podido elegir al mejor comisionado en su última sesión, optó por el menos calificado, lo que aprovechó el presidente de la república en uso de sus facultades constitucionales para objetar dicha designación, provocando que ante la falta de quorum requerido el INAI no pueda sesionar con las consecuencias de rezago ya nombradas; omisión legislativa de la cual el presidente de la república ha sacado la mayor tajada al extremo de afirmar: «Está la polémica de que el Senado no designa a comisionado del INAI, lo nombre o no ¿de qué sirven? No sirven para nada», enfatizó.
Especialistas en la materia coinciden en sostener que las consecuencias de esta indolencia legislativa por parte del Senado repercuten no sólo en el incumplimiento del derecho a la información que tiene la ciudadanía, cuando en la fracción segunda del artículo 6 constitucional se señala «toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización, tendrá acceso directo a la información pública» si no también que esta parálisis en la que se encuentra el INAI, impide que el Estado garantice el derecho a la información que establece la parte final del primer párrafo del artículo constitucional.
Tal estado de cosas, sostienen los especialistas, no hace más que beneficiar a un Gobierno que, como el de AMLO, se ha caracterizado por la opacidad en este rubro, situación que de paso le ha caído a su titular «como anillo al dedo» para seguir con su propuesta que anunció ante miles y miles de sus seguidores en pleno zócalo cuando, al perder las elecciones de 2006, sostuvo con desencanto ante el estado de derecho que nos rige, y él es el primer obligado en respetar: «al diablo con las instituciones».
