Algo está ocurriendo

Algo está ocurriendo en el lenguaje del presidente. A manera de calificar a los enemigos de su proyecto político cada vez remite más a la expresión conservadores en lugar a la de corruptos. El exceso de significado, como dicen los lingüistas, lo delata: en el imaginario de López Obrador es la diferencia entre Moreno/Moreira y el PAN; tiene la mente en las elecciones y la entrega de diputados del PRI, el arreglo poco tiene que ver con el tema de los militares y la reforma constitucional prometida, se trata de quebrar a la alianza opositora.

Nacho Zavala tiene un tanto de razón en cuanto a que los antecedentes del PRI lo acercan más a López Obrador que al PAN por su proximidad a la versión priista más autoritaria. Conforme avanza AMLO se aleja de la izquierda y del movimiento democrático. Dios los crea y ellos se juntan. Lo cierto es que se ha migrado de los corruptos a los conservadores y eso tiene consecuencias.

Las tiene porque se supone que los males del país se originaban en la venalidad propiciada por políticos y grandes empresarios que hacían del Gobierno y del presidente en turno sometidos a sus intereses. Versión que aplica con mediana exactitud a la presidencia de Carlos Salinas y a la de Peña Nieto. Mediana porque el primero más bien impulsó un relevo empresarial a través de la privatización de la que se obtuvieron beneficios indebidos que no siempre los socios empresarios cumplieron. Mediana con Peña Nieto porque lo suyo más que participar en los negocios o formar empresarios, era obtener contraprestación a los servicios prestados.

La realidad es que el PRI es muchas cosas y con muy diversas presentaciones. La calidad y dignidad de Dulce Ma. Sauri o Beatriz Paredes son opuestas a las de la dupla entreguista. Los cuatro, exgobernadores; las mujeres con cara para explicar su patrimonio y modo de vivir. Para juzgar a los otros dos mejor ver el expediente del fiscal Renato Sales o el de la FGR contra Ismael Ramos por desviación de recursos, responsable de las finanzas en tiempos de Moreira gobernador.

Marko Cortes y otros tantos confiaron en quien no era permisible conceder un ápice. No advirtieron la fobia de Rubén al PAN, la frivolidad de Alito, tampoco importó que ambos eran susceptibles de extorsión por el Gobierno debido a su pasado corrupto. En el pecado la penitencia y ahora a repensar la coalición opositora con nuevos y muy honrosos aliados, como Porfirio Muñoz Ledo y la parte no moreirista del PRI, que pequeña no es, además de ser por mucho mejor.

Abrazar la causa de los corruptos es extremadamente grave para López Obrador. Hacerlo al amparo de la propuesta de la militarización, muy rentable electoralmente y en la opinión pública es la negación de él y de la izquierda democrática. Revela no tanto confusión, sino la verdadera identidad del proyecto político en curso y que trae a tiempo presente lo peor del PRI: ganar el poder como fin en sí mismo y un pragmatismo amoral que conlleva la pérdida de brújula y de destino.

La realidad es que Alejandro Moreno y Rubén Moreira debieran estar sometidos a proceso penal derivado de su conducta como gobernadores, sin sentido de los límites que impone el servicio y las responsabilidades públicas. Ambos han amasado grandes fortunas sin otra actividad que la política. La paradoja es que son objeto de protección para que la justicia no los alcance; primero del PAN y su dirigencia y ahora del presidente y su representación legislativa en la Cámara de Diputados. Todos al servicio de la impunidad en aras de objetivos electorales. Es claro que para ellos la ley no es la ley.

Precisamente por ello, si se piensa en construir una opción diferenciada para defender la república, corresponde al PAN ratificar su compromiso con la legalidad y la defensa de la democracia; es necesario, primero, anticipar su rechazo a la iniciativa que pretende extender la militarización (ya aprobada); segundo, hacer público que dejará a sus diputados votar en conciencia sobre el trámite del desafuero del dirigente del PRI y, tercero, ratificar inequívocamente su compromiso por una alianza opositora cuyo componente mayor no sean las burocracias de los partidos, sino el anhelo de los mexicanos de un Gobierno que deje atrás el abuso, la negligencia y la mentira, denominadores no exclusivos del Gobierno en turno.

Civiles y militares

El fracaso del modelo de seguridad civil de los últimos tres presidentes les ha orillado a la militarización como recurso de contención de la ola de violencia resultante del crimen organizado. El deterioro de la seguridad exige un diagnóstico más a fondo y entender con meridiana claridad lo que cada uno de los elementos de solución puede aportar. La salida militar es una respuesta desesperada, parcial, insuficiente y, a la larga, contraproducente.

Los diputados del PRI y el presidente han acordado la iniciativa de extender de 2024 a 2028 la fecha límite en la Constitución para que los militares cedan su espacio a los civiles en el mando y operación de la Guardia Nacional. La reforma concertada con la oposición en 2019 obligaba a un proceso gradual para que se transitara a un esquema civil, que no ocurrió, al contrario. Se tomaron decisiones bajo la premisa de la permanencia indefinida del esquema militar en materia de seguridad pública, rechazadas dentro y fuera del país.

Militarizar la seguridad pública va a contrapelo de las mejores prácticas en seguridad pública. Las funciones de las fuerzas armadas son insustituibles y cruciales para la seguridad nacional, no para la seguridad pública. Bajo una visión superficial pudiera pensarse que son prescindibles a la luz de una ausente amenaza militar al país. No es el caso, porque los supuestos de intervención de las fuerzas armadas son múltiples y de exclusiva competencia. Además, México tiene responsabilidades a partir de una visión regional y global en la defensa de la democracia y las libertades.

La paz actual y a la que se aspira no riñe con fuerzas armadas adiestradas y preparadas para el combate al enemigo. No es aceptable, bajo ninguna premisa, dejar al país en estado de indefensión ante una perspectiva ingenua de la política, del país y del mundo. En el mismo contexto global debe entenderse que la perspectiva punitiva al tema del consumo y comercio de drogas ilegales obliga a una seria revisión. La guerra contra las adicciones muestra pésimos resultados y sus efectos representan una seria amenaza en todos los órdenes —seguridad, salud pública, integridad institucional, legalidad— más para algunas naciones como México.

La crítica o rechazo para que las fuerzas armadas realicen actividades regulares de seguridad pública no las descalifica. La tesis es simple, la seguridad pública es una función civil y una responsabilidad de las autoridades civiles, no militares, como también son muchas otras tareas que el presidente López Obrador les ha asignado, comprometiendo su esencia y tarea constitucional. La idea de cuidar a las fuerzas armadas significa respetar su función y su esencia, no emplearlas para tapar el hoyo de la inseguridad por la negligencia o incapacidad de las fuerzas civiles. Por ello su intervención debe ser provisional, temporal y limitada territorialmente.

Lo más preocupante de la iniciativa de los diputados PRI es que implica dar continuidad a la negligencia compartida en el necesario fortalecimiento de las policías locales y municipales y, de la misma forma, avala el incumplimiento del Gobierno federal de hacer de la Guardia Nacional una institución civil, tal como lo ordena la Constitución.

Para los Gobiernos locales, especialmente los que se encuentran bajo asedio de la violencia del crimen organizado, es impensable disminuir a la presencia militar en labores de seguridad pública para 2024. Precisamente, por esa consideración la iniciativa no debe ser una simple extensión de la situación existente y contraria la Constitución respecto a la Guardia Nacional y a la seguridad pública. Necesariamente debe recuperarse el sentido original de la reforma, es decir, las acciones, recursos y determinaciones para hacer realidad el tránsito civil de la Guardia Nacional, así como el apoyo a la modernización de las fuerzas locales y municipales.

Al igual que la prisión preventiva, recurrir a la opinión pública para determinar la evolución militar de la Guardia Nacional no sólo es un despropósito, sino una trampa que se recrea en el prejuicio popular. Las respuestas punitivas y la estima popular al Ejército y Marina no deben utilizarse por oportunismo político para minar las bases de las libertades, los derechos humanos y una visión progresista y humanista de la seguridad pública y de la justicia penal.

Autor invitado.

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