La reciente aprobación de las dos cámaras legislativas en México para que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) pueda ejercer el control administrativo y operativo de la Guardia Nacional, conforme a la Estrategia Nacional de Seguridad Pública, generó una polémica política entre gobernantes y gobernados y además la inminente ruptura de una alianza opositora que pudiera generar competencia política en las elecciones federales del 2024.
Como en el juego de billar de carambola, el poder presidencial logró un golpe de dos bandas y consolidó su proyecto de control político en manos de la milicia mexicana y al mismo tiempo, desintegró una alianza opositora, que, si bien no le afectó, sí le quitó el sueño y se convirtió en una piedrita en el zapato.
Desafortunadamente en ninguno de los argumentos de los promotores de esta iniciativa, destacó la presentación de una nueva estrategia para combatir a la delincuencia organizada que justificara la acción de que ahora, con la modificación de adscripción militar, se lograrán golpes certeros a los criminales y disminuir los índices de violencia y muerte que hoy mantienen a varios estados del país tomados por el narco terror, en la denominación calificada por los norteamericanos, como una alerta roja para sus ciudadanos de alto riesgo en visitas a esas entidades.
La estrategia nacional de combate tiene fallos claros pues las propias estadísticas oficiales del Gobierno federal, señalan que el número de muertes ya superó en 4 años las estadísticas generales que se registraron en los anteriores dos sexenios.
Qué argumento tienen hoy los defensores de la iniciativa para convencer a los ciudadanos, que el traslado de control militar puede disminuir dichos índices, si la Guardia Nacional no logró ayudar a municipios, estados y la propia milicia mexicana para enfrentar la fortaleza de la delincuencia organizada.
La distracción política generó que gobernantes, ciudadanos y los propios miembros de la Guardia Nacional y la SEDENA no tomaran en cuenta la explicación concreta y programada de los resultados positivos que podría generar el cambio, más allá de los mensajes que generan desconfianza en la opinión pública.
La modificación no solo no garantiza cambios a corto plazo en la situación de inseguridad que se vive en el país, además del costo institucional que implica el fracaso para la propia Guardia y el Ejército Mexicano de no obtenerse resultados positivos a corto y mediano plazo.
Cuando llegue el final del sexenio y en pleno apogeo de las campañas, el tema de la seguridad nuevamente será tópico de ataques y descalificaciones, pero aún más importante, el desprestigio será para las fuerzas armadas, ya no para las policías estatales o municipales y mucho menos para los gobernantes civiles.
El riesgo es alto para la milicia, que es la única institución que goza de una aceptable imagen ante la opinión pública, arriesgarse a que las cosas no salgan bien por mandato político de un grupo de poder, es una trampa que generará costos, incluso en la gobernabilidad del país.
Solo el tiempo, los resultados y la historia corta evaluarán la magnitud de una decisión que de facto se antoja como un movimiento político de control y no como una verdadera estrategia de combate a la delincuencia organizada y la inseguridad que se vive en el país.
