Alondra: el feminicidio convertido en movimiento juvenil antipoder

Frente a la escalada de violencia de género (20 asesinatos en nueves meses), mujeres ocupan la Plaza de Armas, tapizan la fachada del Palacio de Gobierno con carteles de protesta por la falta de seguridad, refutan el triunfalismo oficial y anticipan castigo en las urnas

Alba, el protocolo que todos ignoran

«Saltillo una de las cinco mejores urbes para vivir», publicó El Diario de Coahuila el 27 de septiembre con base en un estudio del portal Lamudi, dedicado a la compra venta de residencias y pisos de lujo. Uno de los factores tomados en cuenta es «la percepción de alta seguridad». Ese mismo día, los medios de comunicación daban cuenta y razón del asesinato de una joven saltillense. «¡Justicia para Alondra! Fue brutalmente asesinada por supuesto “amigo”», consigna la nota de ocho columnas de Zócalo Saltillo.

Dos textos refutan en la misma portada la versión de la ciudad casi perfecta: «Niño de 12 viola a niña de 6. La víctima, grave». «Ebrio se pasa alto e impacta y mata a médico. Es detenido». La infante fue atacada «en los tejabanes (…) de la colonia Mirasierra», cuya existencia, con toda seguridad, Lamudi ignora. La víctima del choque fue Antonio Luis Feria Velasco, de 74 años, reconocido por su altruismo, dice la información. Entre un texto y otro aparece una fotografía del alcalde con la llamada: «Modelo Saltillo se replica exitosamente. Policía Ambiental».

Sobre el caso de Alondra Elizabeth Gallegos García (20 años), cuya desaparición se reportó el 21 de septiembre, la periodista Estefanía González advierte: «(…) desde los primeros días (los familiares) notificaron que la joven había estado en los departamentos donde fue asesinada, sin embargo las autoridades no hicieron nada al respecto». La noticia del vigésimo feminicidio en el estado, en un lapso de nueve meses, llegó a la plaza del Palacio de Gobierno donde se organizaba una protesta. Ernesto Acosta describe el ambiente: «No hubo proclamas, no hubo entrevistas. Habló el silencio» (Zócalo, 27.10.20) El domingo, decenas de mujeres se reunieron frente a la sede del poder ejecutivo para exigir justicia. El crimen «desató ayer inéditas manifestaciones (…) que exigieron la renuncia de funcionarios, entre ellos el fiscal estatal», escribió Rolando Chacón (Reforma, 29.10.20).

Esta vez sí hubo arengas, canciones de protesta, velas encendidas, luto en el vestido y en las almas… pero sobre todo rabia en los corazones. Por eso el encarando en las baldosas de la plaza —por la sangre de Alondra y de tantas víctimas— y de las huelles palmares impresas en las paredes del Palacio. Los vidrios quebrados y las ventanas abiertas tienen otro simbolismo, no el de la violencia. La demanda es romper con pasados ominosos, ventilar un sistema viciado y hacer que las autoridades gobiernen en función de realidades y no de percepciones.

La fachada del edificio representativo del poder se tapizó con carteles, la mayoría con dedicatorias y recriminaciones al alcalde Jiménez Salinas; otros se referían a sus aspiraciones políticas. La protesta fue un mentís a la autoridad municipal y a la cacareada percepción de «alta seguridad»: «En Saltillo me cuidan mis amigas #Saltillo no es seguro…», «Yo no muero a mi me matan. Justicia para todas», «(…) tu policía montada es un adorno», «Estado feminicida».

Una leyenda —tomada del 15-M español y adaptada por las feministas a su causa— enmarca a todas y anticipa un movimiento de mayor alcance, producto de la indignación contenida y de la arrogancia gubernamental: «Nos quitaron tanto que acabaron quitándonos el miedo». Se ha dicho de Saltillo que es una ciudad adormecida, pero algunas clases son más bien farisaicas. (Un empresario de 79 años acusa a su hijo de agresión y el influyente junior responde con una campaña infamante.) Las mujeres —jóvenes, sobre todo— plantan cara al poder y empuñan la antorcha de la libertad y la justicia. Es por Alondra, es por todas.

Gerardo Hernández G.

Alondra Elizabeth Gallegos García, madre de una niña de cuatro años, salió de su casa en la colonia La Herradura, el 21 de septiembre. Confiada, acudió a encontrarse con quien sería su asesino. José «N», de 21 años, le ofrecía empleo de limpieza en unas habitaciones en la colonia La Madrid. Tiempo atrás le había rentado uno de esos cuartos. Ahí se conocieron. Desocupada y con necesidades, aceptó el trabajo.

Como la joven no regresaba a casa, su padre la reportó como desaparecida el 23 de septiembre. La ficha fue divulgada por la Unidad de Búsqueda Inmediata de la Fiscalía General del Estado (FGE). Familiares y amigos difundieron su imagen en redes sociales y en cuestión de minutos se viralizó a escala nacional.

Sin avances en la investigación, la familia denunció en plataformas digitales la indolencia de las autoridades mientras buscaban a Alondra por cuenta propia. Desde el segundo día avisaron que podía estar en el domicilio donde finalmente fue encontrada. El pretexto para no actuar fue la falta de una orden de cateo.

Sobre el hallazgo del cuerpo corren dos versiones. Una, que la tarde del sábado 26, el presunto feminicida decidió entregarse y confesar dónde estaba el cadáver. Por su parte, el fiscal del Estado, Gerardo Márquez, refirió que fueron vecinos del lugar quienes llamaron al 911 para reportar que percibían olores fétidos, y de inmediato acudieron unidades policiacas a acordonar el área. Efectivamente ahí estaba.

De acuerdo con el funcionario, «al sumar este caso a los demás feminicidios ocurridos en Coahuila en lo que va del año, Alondra sería la número 20». José «N» fue retenido inicialmente por presunta posesión de drogas, mientras se realizaba la necropsia. El análisis arrojó que Alondra había sido asfixiada y acuchillada; posteriormente, atada de pies y manos y, en posición fetal, fue introducida en una bañera de metal, narró Márquez. Irónicamente, Alondra fue privada de la vida frente a un domicilio del que cuelga una manta con la leyenda «Para Seguir Seguros», lema de campaña del PRI para las elecciones de diputados locales del 18 de octubre, en medio de la pandemia de COVID-19.

La familia y los amigos de Alondra supieron de su muerte el sábado 26 por los medios de comunicación, y no por las autoridades, cuando se dirigían a una primera manifestación pacífica frente al Palacio de Gobierno para exigir su localización.

Mónica, prima de Alondra, recrimina frente a medios que transmitían por Facebook: «Nadie se comunicó con mi tío. Nadie nos dio un informe. Estábamos llegando aquí —a Plaza de Armas— cuando vimos que salió la nota. Le marqué a mi tío para ver si sabía algo. Dijo que no».

Los días previos también fueron un infierno. Personas anónimas ofrecían informes a cambio de dinero. «Por teléfono nos decían: “hablamos desde la cárcel. Está en el Hospital General”. Recibimos un chingo de llamadas. Mi primo andaba consiguiendo mil pesos, le dijeron que estaba en Monterrey, que la estaban prostituyendo, dijeron que le habían pintado el pelo», describió Mónica.

En la misa dominical del 27 de septiembre, el obispo Raúl Vera se refirió al caso y pidió por la víctima. Los familiares de la joven —dijo— demandaban su localización inmediata. «Esa es también nuestra petición por todos los desaparecidos. En este momento el pueblo de Saltillo está indignado por esta niña, Alondra, a quien encontraron una semana después, ya muerta y con signos de haber sido violentada». Vera López deploró: «desgraciadamente, la búsqueda de desaparecidos no es atendida de inmediato por las autoridades, y por eso la sociedad se acostumbra a la impunidad».

Justicia, caiga quien caiga

Al clamor «¡Que arda Coahuila, tierra feminicida!», familiares de Alondra, colectivos feministas y otros indignados se concentraron el domingo 27 en la Plaza de Armas. «Exigimos que no le den —a José “N”— beneficios por haberse entregado», era la demanda de Mónica. Anunció la creación del «Colectivo Alondra Gallegos» y sus primeras demandas.

«Demandamos la destitución del Fiscal General del Estado de Coahuila, Gerardo Márquez Guevara, por su pésimo ejercicio de investigación y búsqueda, por su lenta acción y las trabas puestas a la familia.

«Yo no muero a mí me matan. Justicia para todas».

»Hacemos responsables a quienes llevaron la investigación, a Beatriz Vázquez, directora de Homicidios Violentos y a Agustín Mercado, comandante, porque la familia les avisó que había testigos, vecinos que informaron que la vieron ese día ahí, y uno más quien la vio entrar al domicilio. Pero hicieron caso omiso. No catearon la casa desde el martes, cuando tal vez aún vivía.

»También pedimos la renuncia del gobernador del Estado de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, quien en ningún momento se preocupó y en todo su mandato no ha hecho nada por la seguridad de nuestras niñas, hermanas, madres y amigas, y por ser omiso a todas las protestas e injusticias padecidas. ¿Cómo puede ser posible que sigan esperando 48 horas para comenzar una búsqueda? ¿Cómo tienen el descaro de pedirnos paciencia y no entrometernos en las investigaciones?».

En febrero pasado, el ayuntamiento demandó a la activista Jackie Campbell por un mural de Daniela Pérez, en la fachada de su domicilio, contra los feminicidios (Espacio 4, 635). En pancartas, las feministas también exigieron la renuncia del alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez. Además, las asistentes tiñeron de rojo el agua de la Fuente de las Ninfas y realizaron pintas sobre las paredes del Palacio de Gobierno… «por Alondra y por todas las demás».

Intimidación y audiencia

De acuerdo con mensajes de WhatsApp que circularon entre colectivos feministas, el grupo que permaneció frente al Palacio de Gobierno reportó que mientras preparaban una velada por Alondra, patrullas de la Policía Civil de Coahuila, Fuerzas Especiales, de Acción y Reacción y de la Agencia de Investigación Criminal rodearon la plaza.

En la calle de Zaragoza, en la esquina norte de Plaza de Armas, se estacionaron cinco camionetas de diferentes cuerpos de seguridad. Una de Fuerzas Especiales y cuatro de Policía de Acción y Reacción. De las últimas bajaron elementos para dirigirse a la sede del poder Ejecutivo. Algunos se acercaron a las manifestantes.

En la esquina que hace el callejón Santos Rojo con la calle de Hidalgo se estacionó una camioneta de la Agencia de Investigación Criminal. Tres elementos con armas largas descendieron. Pasadas las 19:30, otra unidad de Acción y Reacción se detuvo en la calle de Juárez. Dos agentes caminaron hacia la puerta de Palacio. La camioneta se estacionó en la acera de la Plaza de Armas, a la altura de lo que fuera la entrada al Icocult. Los policías cubrían sus rostros con capuchas y la mayoría de los vehículos estaban sin placas. Por calles aledañas también se apreciaron patrullas municipales. Las manifestantes optaron por retirarse.

El lunes 28, a las 8:00 horas, la Fiscalía General del Estado presentó formalmente a José «N» como presunto feminicida de Alondra en el Centro de Reinserción Social (Cereso) varonil de Saltillo. «Se le fincarán varios delitos», dijo el fiscal Gerardo Márquez en conferencia de prensa frente al penal.

«Derivado de las investigaciones, se establece que el 21 de septiembre, aproximadamente entre las 18:30 y 22 horas, José “N” se encontraba en el domicilio ubicado sobre la calle Federico García Lorca No. 1280 de la colonia La Madrid, al sur de Saltillo, donde privó de la vida a Alondra Elizabeth. Tan solo por los delitos de feminicidio y ocultamiento de cadáver se le puede sentenciar a 80 años de cárcel», declaró.

Mientras tanto, en Twitter, durante el ingreso de José al Cereso, el gobernador Miguel Riquelme publicó la noticia de la aprehensión y expresó su solidaridad a la familia de la víctima. Las manifestantes replicaron que el homicida se entregó, no fue detenido por la policía. El caso lo lleva la jueza Griselda Elizalde Castellanos.

Agentes del Ministerio Público informaron sobre la necropsia: Alondra presentaba múltiples lesiones producidas por arma blanca en el cráneo, cuello y mandíbula; casi había sido decapitada. Murió asfixiada por estrangulamiento. Tenía las manos atadas con un alambre y colocada en un contenedor.

En la audiencia participó el padre de Alondra, Mauricio «N» en calidad de víctima indirecta. La madre, Adriana «N», rompió en llanto por tanta sevicia. La defensa de José «N» solicitó protección para los padres del acusado. «Han recibido amenazas a través de redes sociales por parte de familiares de Alondra y colectivos». La jueza la concedió.

El padre del detenido, también de nombre José «N», declaró haber colaborado con la Fiscalía. «Para cuando llegaron los agentes a solicitar el paso al domicilio, ya habíamos hablado con un abogado. Yo les permití entrar», expresó.

El indiciado prefirió hacer uso de su derecho a permanecer en silencio. Se mantendrá en prisión preventiva oficiosa. Fue vinculado a proceso el 30 de septiembre por feminicidio. E4

Alba, el protocolo que todos ignoran

El caso de Alondra es semejante al de Gabriela, otra víctima de feminicidio, dice Juan Enrique Martínez Requenes, abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Juan de Larios. «Resulta preocupante observar muchos paralelismos entre ambos casos. Hace un año, en la colonia Valencia, de Saltillo, desapareció Gabriela, joven de edad similar a la de Alondra.

»Los familiares acudieron a las autoridades a pedir que se investigara el domicilio del sujeto, pero el Ministerio Público no atendió la petición. En el caso de Gabriela tardamos 15 días en encontrar su cuerpo en el lugar en el que la familia presentía que podría estar.

»En ambos casos se aplicaron criterios que van en contra de la debida diligencia y en desatención al Protocolo Alba, que es específico para la búsqueda de mujeres y niñas. Demanda actuar de inmediato, sin supuestos plazos perentorios de por medio, y ofrece una “guía paso a paso” de lo que se debe hacer, incluso establece cómo debe comportarse la autoridad al atender a los familiares de las probables víctimas.

»Aquí, ni los propios agentes del Ministerio Público lo conocen. Eso es sumamente preocupante porque varias oficinas de la Fiscalía aseguraban que ya dominaban esa herramienta. Los hechos los contradicen. Incluso algo que parece tan simple, como tramitar la orden de cateo a un domicilio, se les complica. Además, es cuestionable la falta de coordinación con la Comisión local de Búsqueda de Desaparecidos», apunta Martínez.

La falta de capacitación se constituye en violencia institucional. Martínez considera inaceptable recibir como primeras respuestas: «A lo mejor al rato regresa. Venga después. Debemos esperar 72 horas. Tal vez anda con el novio».

Eso ya debería estar superado, «porque en las crisis de desapariciones las primeras horas son cruciales, sobre todo cuando se tiene la esperanza de que la persona a la que se busca aún esté con vida». E4

Periodista