La alternancia en el poder modificó los equilibrios políticos en los estados, en la mayoría de los casos para mal, pues introdujo al país en un proceso de mayor violencia, endeudamiento y corrupción. Antes el presidente de turno designaba a los gobernadores, de suerte que había poco espacio para los cacicazgos transexenales. A partir de 2000, los ejecutivos locales empezaron a nombrar candidatos para sucederles y asegurarse un retiro dorado, sin conflictos ni investigaciones. Esa situación les permitió disfrutar de fortunas fabricadas durante el ejercicio de sus funciones.
No todos gobernadores obtuvieron impunidad, pues en algunos estados la ciudadanía reaccionó y votó por candidatos de oposición. La alternancia permitió poner entre rejas a pillos como Javier Duarte, Guillermo Padrés, Andrés Granier, Roberto Borge, Roberto Sandoval y César Duarte. En cambio, Coahuila consintió la primera y única sucesión, por de pronto, entre hermanos (Humberto y Rubén Moreira) sin que nadie protestara. El docenio resultó fatal para el estado, no solo por la megadeuda, sino también por el envilecimiento de la política y de las instituciones. En Puebla, Rafael Moreno impuso, después de un minigobierno títere de 20 meses, a su esposa Érika Alonso, con quien fallecería un poco más en un accidente aéreo.
Bajo la presidencia imperial, los gobernadores tampoco estaban seguros en sus cargos. Un conflicto, un escándalo, un desplante a la federación los colocaba en la picota. Muchos fueron sustituidos después de campañas en medios de comunicación de Ciudad de México y en la prensa local dirigidas desde Los Pinos. Así cayeron Carlos Biebrich en Sonora, Óscar Flores Tapia en Coahuila, Mario Ramón Beteta en Estado de México y Guillermo Cosío en Jalisco, entre tantos otros. El periodo de mayor impunidad coincide con los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Peña Nieto, cuya debilidad aprovecharon los ejecutivos estatales para aumentar su poder.
La violencia y la venalidad se dispararon en los sexenios de Calderón y Peña Nieto y en el de Andrés Manuel López Obrador no han podido contenerse a pesar de que Morena gobierna la mayoría de los estados (22). Sin embargo, una combinación de inercias, incompetencia y corrupción ha impedido someter al crimen organizado. El financiamiento de esos grupos a candidatos de todos los partidos les dio poder y dominio territorial, razón por la cual los carteles de la droga siguen posesionados de regiones y carreteras. Zacatecas (Morena), Estado de México (PRI), Guanajuato (PAN), Jalisco (Movimiento Ciudadano) y San Luis Potosí (Verde Ecologista) figuran ahora entre los más inseguros y peligrosos, como antes los fueron Coahuila y no han dejado de serlo Guerrero, Durango y Tamaulipas.
En los estados prevalece el modelo presidencialista a escala. La mayoría de los gobernadores controla los poderes legislativo y judicial, así como los organismos constitucionales autónomos. Tal situación brinda ventajas a los poderes fácticos proclives a este tipo de gobiernos, pues garantizan mejor sus intereses. El problema surge cuando imponen condiciones y agendas al Gobierno e incluso candidatos. López Obrador no ha recurrido a los mecanismos de presión del viejo presidencialismo, pero ha retomado las riendas del Estado para acotar a los gobernadores. Todavía no ha logrado vencer las resistencias para disminuir la violencia y la impunidad en los estados.
El valor del voto femenino
Otro de los efectos de la alternancia en el poder es que los estados empezaron a ser gobernados por jóvenes sin la trayectoria, experiencia y la fuerza de voluntad de sus predecesores. No en pocos casos fueron causa de ruina, pues tales condiciones las suplieron con codicia y la ambición de escalar al siguiente peldaño. El mérito principal de Enrique Peña Nieto para gobernar el Estado de México fue su parentesco con Arturo Montiel, su tío. Peña, como Humberto Moreira en Coahuila, no pasó por la Cámara de Diputados, el Senado o alguna secretaría de Estado. Cinco años les bastaron para ocupar las gubernaturas de sus respectivas entidades después de haber sido diputado local y secretario de Finanzas, el primero; y titular de Educación y alcalde, el segundo, con más sombras que luces.
Es un lugar común advertir que la «nueva generación» de gobernadores exaltada por Peña Nieto resultó ser también una de las más cínicas y deshonestas. «La foto maldita del “nuevo PRI”». Así se conoce la fotografía de Peña, ya como presidente, con gobernadores de todos los partidos (la mayoría del PRI) tomada en Palacio Nacional. Siete de ellos fueron encarcelados, según el caso, por delitos de lavado de dinero, peculado, desfalco, asociación delictiva y enriquecimiento ilícito. Uno más fue asesinado en un bar de Puerto Vallarta.
El ascenso meteórico acorta las carreras políticas y deja en el limbo a quienes, después de haber ejercido el poder discrecionalmente, disponen ahora de fortunas para influir en decisiones políticas y estar fuera de alcance de la ley. Los estados se encuentran en un proceso de reacomodo. El PRI, la otrora fuerza dominante, gobierna hoy solo dos entidades (Coahuila y Estado de México), Movimiento Ciudadano otras tantas y el PAN cinco. Un dato relevante es que nueve estados son gobernados por mujeres (siete de Morena y dos de Acción Nacional), lo cual podría ser el inicio de un cambio sustantivo en la conducción política y en los resultados de la gestión gubernamental.
También por primera vez la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Instituto Nacional Electoral son presididos por mujeres y dentro de poco el país mismo podría ser encabezado por una representante de ese género. México es uno de los seis países donde las mujeres ocupan un 50% o más en las Cámaras de Diputados o en parlamentos unicamerales, advierte un documento de Naciones Unidas. «Las mujeres demuestran liderazgo político al trabajar por encima de las divisiones partidarias… —incluso en los escenarios políticos más agresivos— y al defender asuntos de igualdad de género como la eliminación de la violencia de género, licencias parentales y cuidado infantil, pensiones, leyes de igualdad de género y reforma electoral», observa la organización.
El voto femenino en México supera al de los hombres (49.4 millones frente a 45.6). La mujer ha aumentado su participación en los últimos años, tanto en defensa de sus derechos políticos como de la democracia. No es casual que, en Estado de México, una de las entidades más machistas y donde la violencia de género es mayor, la gubernatura se la disputen dos mujeres (Delfina Gómez, de Morena, y Alejandra del Moral, del PRI). En Coahuila todos los aspirantes al Gobierno son varones, lo cual, en vez de desalentar la concurrencia de las féminas a las urnas, la debe incentivar por los múltiples pendientes y agravios acumulados contra ellas, su dignidad y sus familias.
