AMLO, Riquelme y la pugna por el dinero del moreirazo confiscado en Estados Unidos

Mientras el gobernador hace juego de malabares para dejar las cuentas en orden, el presidente aumenta la presión para recuperar los fondos incautados al extesorero Javier Villarreal. «Ya llevan cuatro meses y no mandan nada», reprocha. Habla de 246 millones de dólares, pero en realidad podrían ser solo 25 mdd

«Agujero negro», la deuda devorará recursos hasta 2048

En la recta final de su administración, el gobernador Miguel Riquelme carga con el lastre de la deuda heredada de Humberto Moreira (2005-2011) y legalizada en los mandatos de Jorge Torres López (2011) y Rubén Moreira (2011-2017).

El pasado 5 de septiembre, Riquelme declaró que, a diferencia de otros Gobiernos, el suyo pagó la totalidad de los 3 mil 300 millones de pesos que representaban los créditos a corto plazo. «La gente de finanzas me notificó que terminamos de pagar los créditos de corto plazo (…) Esto es una obligación que se establece en Ley de Disciplina Financiera, pero hemos visto que todos los Gobiernos que han tenido transición han dejado deuda a corto plazo desde 2 mil hasta 10 mil, 12 mil millones», dijo (Reforma, 05.09.23)

«Nos dijeron que el dinero que habían confiscado a un funcionario de Finanzas del Gobierno de Coahuila (…) que nos iban a regresar ese dinero (…) Ya llevan cuatro meses y no mandan nada. (…) Estoy haciendo un atento recordatorio que estamos en la espera de esos recursos, que tienen que ir al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Sin embargo, volvió a reconocer que analiza dejar preparada una reestructuración de la deuda a largo plazo a su sucesor Manolo Jiménez, quien asumirá el cargo el próximo 1 de diciembre (Espacio 4, 723). La nueva refinanciación, aprobada por el Congreso en junio, autoriza al estado a disponer del 100% de las participaciones federales para el pago del pasivo, el cual se mantiene en 36 mil 269 millones de pesos, pese a que en el actual sexenio se le han destinado 18 mil millones de pesos, la mayoría por intereses.

De ahí que tanto Riquelme como Jiménez estén interesados en que los fondos confiscados por la justicia de Estados Unidos al extesorero Javier Villarreal regresen al estado y no a la Federación, como desea el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

«Los planes para enviar 26 millones (de dólares) a México representan una primicia histórica: Estados Unidos nunca ha devuelto las ganancias recuperadas de la corrupción a su vecino del sur. Ese dinero es una porción de decenas de millones de dólares que los fiscales federales con sede en Texas recuperaron durante una extensa investigación sobre funcionarios estatales y municipales de México».

Jason Busch, Texas Observer

«La recuperación de este patrimonio, que ha sido solicitado con anterioridad por el Gobierno de Coahuila, debe llevar un proceso con el cual estaríamos colaborando con las autoridades federales y, en caso de darse, son bienes que tendrían que regresar a Coahuila, porque el delito, si es que se cometió, se cometió en Coahuila», dijo Riquelme el 13 de abril.

Si bien el Gobierno federal asegura que los desvíos suman 246 millones de dólares (unos 4 mil 328 millones de pesos al cambio de hoy), ningún documento oficial estadounidense confirma que se retornará esa cifra. Según el periodista Jason Busch del Texas Observer, el Departamento de Estado calcula que los recursos «robados a las arcas de Coahuila» rondan esa cifra, pero lo confiscado llegaría apenas al 10%, unos 25 millones de dólares (438 millones de pesos). Esto es apenas poco más del 1% del total de la deuda actual de Coahuila.

«La recuperación de este patrimonio, que ha sido solicitado con anterioridad por el Gobierno de Coahuila, debe llevar un proceso con el cual estaríamos colaborando con las autoridades federales y, en caso de darse, son bienes que tendrían que regresar a Coahuila, porque el delito, si es que se cometió, se cometió en Coahuila».

Miguel Riquelme, gobernador de Coahuila

En abril pasado, AMLO no descartó la posibilidad de que el dinero vuelva al estado, pero bajo una «estricta vigilancia». «Lo que pasa es que hay que ver en qué se va a usar (el dinero) (…) porque sería el colmo que se lo volvieran a robar», advirtió.

No obstante, el pasado 1 de septiembre, AMLO insistió en que el dinero iría al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado. «Se acuerdan que nos dijeron que el dinero que habían confiscado a un funcionario de Finanzas del Gobierno de Coahuila (…) que nos iban a regresar ese dinero (…) Pues estamos esperando (…), ya llevan cuatro meses y no mandan nada. (…) Estoy haciendo un atento recordatorio que estamos en la espera de esos recursos, que tienen que ir al Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado», declaró en conferencia de prensa.

El «atento recordatorio» vino acompañado de un reproche a las autoridades estadounidenses, las cuales, dijo, son «muy eficientes» para gastar en armas y apoyar a Ucrania, pero no para enfrentar la crisis migratoria. «Necesitamos atender las causas, no es estar conteniendo sólo de que no pasen al norte (los inmigrantes) (…) se requiere que se atiendan las causas», señaló.

Las arcas saqueadas

El dinero en disputa tiene que ver con el caso que en Estados Unidos se conoció como «Conexión Coahuila» y que en México se le llama simple y llanamente «moreirazo», en referencia a que el Gobierno de Humberto Moreira trató de ocultar que había disparado la deuda que recibió en 2005 del Gobierno de Enrique Martínez, de prácticamente cero (unos 300 millones de pesos) a casi 35 mil millones de pesos.

El escándalo se destapó a poco antes de celebrarse las elecciones a gobernador de julio de 2011 y aunque no evitó el triunfo del priista Rubén Moreira, a la postre le costaría la libertad a Jorge Torres, quien sucedió a Humberto cuando dejó el cargo.

Moreira, quien tuvo que renunciar a la presidencia del PRI nueve meses después de haberla asumido, fue detenido en España en 2016, acusado de lavado de dinero, pero fue liberado una semana después por el juez Santiago Pedraz —amigo del exjuez Baltazar Garzón, quien habría intervenido a favor de Moreira tras haber recibido de su entorno un millón de euros— (Forbes, 17.06.23).

Por su parte, Torres López fue detenido en Puerto Vallarta en 2019 y extraditado a Estados Unidos, donde se declaró culpable de lavado de dinero. En septiembre de 2021, tres meses después de haber sido condenado a 36 meses de prisión por los delitos de conspiración y lavado de dinero, recuperó la libertad.

«Torres López admitió que durante parte de su mandato realizó transacciones financieras en Estados Unidos para ocultar los sobornos que recibió a cambio de contratos de construcción de carreteras para el estado de Coahuila. Como parte de su declaración de culpabilidad, acordó perder una propiedad en los Estados Unidos asociada con los pagos», señalan los documentos de la Corte Federal del Distrito Sur de Texas.

En una nota titulada «¿Quién se queda con el dinero robado a México?», el periodista Jason Busch, exreportero del periódico San Antonio Express News —que dio puntual seguimiento al caso—, aborda los planes del Departamento de Justicia para devolver el dinero «robado» del estado de Coahuila.

«Más de una década después de que los investigadores federales comenzaran a incautar propiedades y cuentas bancarias en Texas, propiedad de exfuncionarios mexicanos que habían saqueado las arcas públicas, el Departamento de Justicia (DOJ) dice que va a devolver parte de ese dinero al país donde fue robado.

»(…) Los planes para enviar $26 millones (de dólares) a México representan una primicia histórica: Estados Unidos nunca ha devuelto las ganancias recuperadas de la corrupción a su vecino del sur. Ese dinero es una porción de decenas de millones de dólares que los fiscales federales con sede en Texas recuperaron durante una extensa investigación sobre funcionarios estatales y municipales de México (Texas Observer, 26.05.23).

Las tajadas del pastel

Las investigaciones federales realizadas entre 2012 y 2018 en EE. UU. apuntaron a desmantelar las redes de compañías que funcionarios gubernamentales y empresarios de cuatro estados mexicanos montaron para lavar en Texas el dinero «robado» a fondos públicos en México. La compra de condominios, gasolineras, centros comerciales, propiedades, bodegas y hasta de medios de comunicación fue una parte clave de la trama.

«Los casos ilustran los esfuerzos para disuadir a los cleptócratas mexicanos de lavar dinero en Estados Unidos y exponer deficiencias en las regulaciones bancarias e inmobiliarias. El Departamento de Justicia finalmente abandonó los procesos, desestimando acusaciones y resolviendo discretamente demandas civiles, pero no antes de recuperar decenas de millones de dólares a través de la confiscación», escribe.

En este sentido, reconoce que aunque el objetivo del Gobierno «es hacer de Estados Unidos un lugar menos atractivo para que funcionarios extranjeros corruptos laven dinero», los planes de devolución plantean dudas de a quién deberían entregarse esos recursos y cómo deberían utilizarse.

«En 2017, el Gobierno de México solicitó al entonces procurador general Jeff Sessions la devolución de $2.28 millones que el Gobierno de los EE. UU. había incautado de una cuenta bancaria en Las Bermudas perteneciente al extesorero del estado de Coahuila Héctor Javier Villarreal Hernández.

«Villarreal fue finalmente acusado en México de falsificar registros gubernamentales para sacar casi 250 millones de dólares en préstamos a nombre del estado y, en Estados Unidos, de lavar decenas de millones de dólares a través de bienes raíces y cuentas bancarias de Texas. El Gobierno federal de México es el responsable final de pagar la deuda que Villarreal acumuló de manera fraudulenta, escribió Raúl Cervantes Andrade, fiscal general de México en el momento de la petición de 2017. En abril de este año, el Departamento de Justicia dijo que devolverá $26 millones del dinero que ha recuperado», señala.

En este línea, recuerda que el Departamento de Justicia dice que el Gobierno federal de México se comprometió a gastar el dinero en un programa de educación sobre el fentanilo, pero funcionarios de Coahuila han pedido que se les devuelva.

«El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, ha dicho que si envía el dinero a Coahuila, se lo volverán a robar. La corrupción y la impunidad siguen siendo problemas a nivel federal también en México. López Obrador ha enfrentado acusaciones de corrupción y sus fuerzas de seguridad han perpetrado abusos contra los derechos humanos y se han dedicado al espionaje doméstico», escribe.

Para ejemplificar hasta dónde llega la corrupción en México, el periodista señala que Villarreal, quien se declaró culpable de delitos financieros en 2014 en San Antonio, pero aún no ha sido sentenciado (la audiencia se ha pospuesto más de 20 veces; la última, hasta el próximo 25 de octubre), testificó a principios de este año en el juicio en Nueva York contra Genaro García Luna, exjefe de Seguridad Pública de México.

«Y aunque existe una demanda civil separada contra García Luna, quien fue encontrado culpable de aceptar sobornos de narcotraficantes, y está acusado en una demanda civil separada, presentada por el Gobierno federal de México en Miami, de inflar contratos a cambio de sobornos. México tampoco ha presentado cargos contra otros exfuncionarios de Coahuila. Villarreal todavía es buscado en México, pero los fiscales allí no han acusado a las docenas de exfuncionarios y contratistas estatales que él testificó que estaban involucrados en un esquema complejo que involucraba contratos inflados y falsificados. Los préstamos fraudulentos, que son el foco de la investigación de México, fueron parte de una conspiración mucho mayor para defraudar al estado y controlar el proceso político en Coahuila, dijo Villarreal ante un juez federal de Corpus Christi en 2021», indica.

¿Cuándo volverán los recursos?

Pese a la urgencia y las presiones de AMLO, a quien le encantaría sentar precedente en el reclamo de fondos confiscados en Estados Unidos —y de paso anotarse un punto antes de dejar la presidencia el año próximo—, uno de los pocos casos en los que el Departamento de Justicia devolvió fondos incautados es el de Guinea Ecuatorial.

En 2014, EE. UU. llegó a un acuerdo con el hijo del presidente de ese país para entregar más de 30 millones de dólares en activos estadounidenses que, según los fiscales, se obtuvieron con ganancias de corrupción.

«El presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo ha gobernado desde 1979, y los funcionarios estadounidenses se dieron cuenta de que una vez que se vendieran la mansión de su hijo en Malibú, el auto deportivo Ferrari y los objetos de memorabilia de Michael Jackson, el dinero podría terminar en manos de la misma familia despótica que ha saqueado la nación centroafricana durante décadas. El hijo de Obiang, que compró todos esos activos, es ahora el vicepresidente del país», advierte Busch.

Después de siete años de negociaciones, Estados Unidos y Guinea Ecuatorial acordaron enviar casi 20 millones de dólares a las Naciones Unidas para un programa de vacunas contra la COVID-19 y más de 6 millones de dólares a una organización benéfica en Maryland. Las negociaciones entre México y el país vecino llevan seis años. Ya es hora. E4

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«Agujero negro», la deuda devorará recursos hasta 2048

Es uno de los pasivos más altos, con mayores intereses y vencimientos más largos del país

Puede que el Gobierno de Miguel Riquelme no deje pasivos a corto plazo, pero los de largo se extenderán hasta 2048. Así lo estipula la refinanciación de la deuda aprobada en diciembre del año pasado por el Congreso del estado —a iniciativa del Ejecutivo—, pero enmendada en junio para satisfacer a los bancos, que exigían aclarar los montos a financiar, los plazos de pago y el tipo de recursos que se destinarán a ese propósito.

El decreto modificado deja claro que se trata de reestructurar el total de los 36 mil 269 millones de pesos del pasivo, hasta por un plazo no mayor a 25 años (2048) y para lo cual se destinará el 100% de las participaciones federales (Ramo 28), que en el Proyecto de Presupuesto de Egresos Federación de 2023 alcanza los 29 mil 502.9 millones de pesos.

Si bien expertos como el académico Alejandro Dávila señalan que la posible devolución de los 4 mil 800 millones de pesos confiscados a Javier Villarreal en EE. UU. crea una coyuntura favorable para: 1) recuperar la capacidad de inversión, 2) replantear los términos de pago y 3) exigir a los acreedores una reducción de los pasivos por su complicidad en el fraude endosado a los coahuilenses (Espacio 4, 723), si el monto regresado es de apenas 26 millones de dólares (438 millones de pesos), el asunto no será más que una grotesca anécdota política.

Según el sitio web Verificado (19.05.23), la cifra del decomiso a Javier Villarreal, mencionada por López Obrador (246 millones de dólares) es «falsa».

«El 12 de abril de 2023, el presidente presentó una imagen con el título Sección de Blanqueo de Capitales y Recuperación de Activos de EE. UU., donde se afirmaba que el Departamento de Justicia de dicho país aceptaba la solicitud de recuperación de 246 millones 134 mil 284.08 dólares. A un lado de la información presentada, se anexa la carta dirigida al fiscal general de la República, Alejandro Gertz por parte del Departamento de Justicia, pero no se menciona que sea la suma que el Gobierno mexicano vaya a recibir», señala.

«El monto mencionado por el presidente es una confusión, pues la cifra se refiere al total de desvío de recursos, no a lo decomisado. Hasta la fecha, el Departamento de Justicia de Estados Unidos ni otro departamento oficial han publicado algún documento o carta pública donde refieran que regresarán los 246 millones de dólares», agrega.

Entre dimes y diretes, lo cierto es que a día de hoy cada coahuilense debe 11 mil 973 pesos, el monto más elevado del país después de Quintana Roo, Chihuahua y Nuevo León.

No solo eso, al cierre de 2022, Coahuila era el tercer estado con el nivel más alto de tasa de interés promedio, con 11.6%, después de Durango con 12.2% y Zacatecas con 11.7%. La más baja en 2022 fue la de la CDMX con 8.6%. El promedio de todos los estados es de 10.5% (Expansión, 23.05.23).

Incluso el plazo de vencimiento promedio de la deuda de Coahuila es el más alto de las 32 entidades: 20.8 años. El promedio nacional es 12.4 años y el menor es de 3.1 años (Querétaro). Coahuila, tierra bendita. E4

Deuda como % del PIB estatal

• Campeche           0.4
• Promedio             2.6
• Coahuila              4.4
• Nuevo León        4.9
• Chiapas 5.5
• Chihuahua           5.8
• Quintana Roo      6.6

Monto de la deuda en pesos por habitante, cierre 2022

• Querétaro            18,8
• Promedio             4,958
• CDMX  11,009
• Coahuila              11,974
• Quintana Roo      13,048
• Chihuahua           13,146
• Nuevo León        17,112

Fuente: Expansión. Con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP)