La polarización impide distinguir con claridad el papel del máximo tribunal constitucional, pero en países como México, Estados Unidos y otros con el mismo régimen, el presidente nombra a los ministros en razón de su ideología y filiación política. Aquí la mayoría de la Corte está formada por jueces nominados por Fox, Calderón y Peña Nieto
Laynez, el lagunero que dijo «no» al presidente
Si Juárez y don Porfirio no hubieran muerto…
El presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a alborotar el avispero con la propuesta para investigar actos de corrupción y violaciones a los derechos humanos del pasado, pero se echó la soga al cuello. Por seis votos a favor y cinco en contra, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aprobó el 1 de octubre la consulta popular para saber si el Gobierno debe emprender «un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas». Ocho de los 11 ministros que integran el máximo tribunal constitucional del país, cuyo relevo es escalonado, fueron nombrados por los presidentes Vicente Fox (1), Felipe Calderón (5), Peña Nieto (2) y tres por AMLO con la aprobación del Senado.
La SCJN modificó la pregunta original, propuesta por la Cámara de Senadores, que exentaba a AMLO, pero la intención de la Cuarta Transformación y de su base social es la misma: «investigar, y en su caso sancionar, la presunta comisión de delitos por parte de los expresidentes Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto antes, durante y después de sus respectivas gestiones». Las fotografías de los cinco se exhibieron en las plazas donde se recolectaron firmas de apoyo a la consulta.
En un país donde el ejecutivo de turno utiliza su poder para influir en las decisiones de los poderes Legislativo y Judicial, los cuales en teoría son autónomos e independientes; donde los presidentes son intocables mientras en otras naciones son defenestrados, están en prisión o se suicidan por haber violado la ley; donde la impunidad campea y la justicia —inaccesible para la mayoría— está al servicio de los poderosos; y donde los grupos de poder buscan imponer resoluciones judiciales a través de los medios de comunicación, declarar constitucional la materia de la consulta popular 1/2020 pone a México en un escenario inédito.
«(La decisión de la Corte) fue un avance importantísimo (…).
Presidente Andrés Manuel López Obrador
Nuestro pueblo es inteligente, sabio, que sabe tomar decisiones».
La pregunta de la Corte no satisfizo al presidente por «poco clara» (la primera era igual o más confusa), pero también porque, al suprimir nombres y plazos, los ministros —satanizados quienes votaron a favor y elevados al altar de la patria quienes lo hicieron en contra— abrieron la posibilidad de que la consulta de agosto de 2021 o una posterior lo incluya a él o a funcionarios de su administración por «decisiones políticas» nocivas para la población o violatorias de los derechos humanos, sin excluir casos de corrupción ni a las víctimas por el desabasto de medicamentos.
La iniciativa para enjuiciar a los expresidentes —Zedillo es quizá el único salvable, a pesar de Acteal y del Fobaproa— cuenta con un amplio respaldo ciudadano. Pero también ha provocado críticas enconadas, descalificaciones parciales y defensas apasionadas de la separación de poderes. Luis María Aguilar —uno de los ministros propuestos por el presidente Calderón— se refirió a la pregunta original como «un concierto de inconstitucionalidades». El presidente afrontó las reacciones a su manera: «Están muy enojados los intelectuales orgánicos, pero entonces ¿en qué quedamos, somos demócratas o no?, ¿la política es asunto de todos o nada más de los políticos, los expertos y los del llamado círculo rojo?, ¿no cuenta la opinión de los obreros, campesinos, y de la mayoría de los mexicanos? Yo creo que fue un gran avance».
El caso de Estados Unidos
Pensar en un poder judicial libre de ideologías e influencias políticas es una utopía, al menos en un buen número de los 73 países cuyo régimen es presidencialista. En Estados Unidos, una de las democracias más longevas del mundo, mas no por ello la mejor, hoy mismo se discute la pertinencia de cubrir —en el marco de una elección presidencial controversial— la vacante de la fallecida Ruth Bader Ginsburg en la Corte. Bill Clinton la nominó al principio de su mandato.
La Corte Suprema de los Estados Unidos la componen nueve jueces. De los ocho en funciones, tres deben su nombramiento a George Bush; uno, a Bill Clinton; dos, a Barack Obama; y dos, a Donald Trump. La favorita del presidente para sustituir a Bader es la ultraconservadora Amy Coney Barret. Joe Biden, candidato del Partido Demócrata, presiona para que el Senado, controlado por los republicanos, difiera el relevo de Bader para el año próximo. En tal caso, correspondería a él y no a Trump designar al noveno juez del Tribunal Supremo de Justicia.
Sin embargo, Trump no le dejará el campo abierto a los demócratas por dos razones fundamentales: 1) hoy el Partido Republicano está en condiciones de elevar su mayoría en la Corte (6-3); y 2) ante la eventualidad de que el resultado de la elección del 3 de noviembre se decida en el Tribunal, como sucedió en 2000 en favor de George Bush, superado en votos populares por Al Gore, una Corte afín le permitiría conservar el poder otros cuatro años. Biden encabeza la intención de voto, pero Trump está decidido a enturbiar el proceso.
Los miembros de la Corte de Estados Unidos son nombrados de por vida y solo pueden ser destituidos mediante juicio político por el Congreso. Si en el Tribunal Supremo las ideologías y los intereses partidistas desempeñan un papel relevante, con mayor razón en la Cámara de Representantes y en el Senado. El presidente de turno empuja su agenda en el Congreso: liberal, como la de Obama, o conservadora, en el caso de Trump.
En México sucede lo mismo. Andrés Manuel López Obrador ha nombrado dos ministros para la Corte con el aval del Senado: Juan Luis González (diciembre de 2018) y Yasmín Esquivel Mossa (marzo de 2019). Sustituyeron a José Ramón Cossío y a Margarita Luna Ramos (nominados por Vicente Fox), quienes cumplieron el periodo constitucional de 15 años. La renuncia de Eduardo Medina Mora, funcionario en los gobiernos de Felipe Calderón y Peña Nieto, sin experiencia en la judicatura, le permitió a AMLO ganar otro asiento en el Tribunal con Margarita Ríos Fajart. Medina renunció en medio de un escándalo al ser acusado de lavado de dinero por la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda.
López Obrador tiene mayor margen de maniobra que Trump, cuyo partido es minoría en la Cámara de Representantes. Morena controla el Congreso y el Senado, y con el voto de sus aliados alcanza la mayoría calificada necesaria para reformar la Constitución. Hoy se acusa, no sin razón, que AMLO influye en la Corte y en el Congreso. Siempre ha sido así, pues el sistema presidencial lo permite. Para lograr una separación de poderes existen varias condición: respeto a la Constitución, que los legisladores representen auténticamente a sus electores y que los jueces se apeguen a las leyes por encima de ideologías y partidos. ¿Imposible? No. Costa Rica, Guatemala, Perú y no se diga Uruguay, nos dan el ejemplo.
Los supremos de la Corte
Ernesto Zedillo aprovechó su mayoría en el Congreso (300 diputados y 95 senadores del PRI) para reformar el Poder Judicial y disolver la Suprema Corte de Justicia de la Nación en 1995. Algunos círculos vieron la decisión como un «golpe de Estado», pero fue ampliamente respaldada dentro y fuera del país, pues erradicó vicios, privilegios y corrupción. La reforma redujo de 26 a 11 el número de ministros, limitó su periodo a 15 años (ante eran vitalicios) y otorgó al Senado la facultad de votar las propuestas del presidente.
Zedillo anticipó en su discurso inaugural la reforma constitucional como «primer paso para una profunda transformación de nuestro sistema judicial». El objeto era «lograr un Poder Judicial más independiente (…) fuerte y (…) capaz de cumplir con sus responsabilidades». Ante Carlos Salinas de Gortari, a quien se atribuyeron los asesinatos del cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo, del candidato presidencial del PRI Luis Donaldo Colosio y del secretario general de ese partido, José Francisco Ruiz Massieu, reprochó: «No podemos fincar nuestras expectativas en la certidumbre de la ley y vivir en la incertidumbre de su cumplimiento».
«Se acabaron los tiempos de los nombramientos políticos y las influencias del presidente sobre la Suprema Corte».
Ernesto Zedillo Ponce de León (1995)
El presidente ofreció asimismo «una y genuina reforma a las instituciones encargadas de la procuración de justicia para hacer frente a la extendida criminalidad, la frecuente violación a garantías individuales y derechos humanos y la grave inseguridad pública». En esas instancias, dijo, «es donde la incompetencia, la corrupción y la ruptura institucional son más frecuentes y de mayor daño para la seguridad de las personas». Un diagnóstico certero después de un gobierno venal y autoritario.
Desaparecer la Corte le permitió a Zedillo deshacerse de nueve ministros nombrados por Salinas de Gortari para cuidarse las espaldas. En ese grupo figuraban Miguel Montes, más tarde designado por Salinas fiscal especial del caso Colosio (la primera hipótesis de Montes fue la de «una acción concertada»), y Diego Valadés, procurador general de la República cuando al candidato del PRI le dispararon en Tijuana después de un mitin. Uno de los jueces jubilados por la reforma fue el coahuilense Atanasio González, designado por el presidente Echeverría.
La SCJN zedillista la integraron: José Aguinaco, Sergio Salvador Aguirre, Guillermo Ortiz, Olga Sánchez Cordero (actual secretaria de Gobernación), Juan Silva (de la Corte de Miguel de la Madrid), Humberto Román, José Gaudiño, Genaro David Góngora (opositor del desafuero de Andrés Manuel López Obrador como jefe de Gobierno de Ciudad de México, promovido por Vicente Fox), Juan Díaz, Juventino Castro y Mariano Azuela.
En el ensayo «La reforma al Poder Judicial de 1994, ¿un golpe de Estado?», publicado en 2012, Guillermo Ruiz Morales (El Colegio de México) y Alberto Rocha Arrieta (UNAM), advierten: «El asalto cometido en contra de la Corte no fue más que el inicio de una serie de medidas que buscaban darle al presidente una influencia transexenal». Mencionan los casos de Silva Meza, Ortiz Mayagoitia, Sánchez Cordero y Aguirre Anguiano, quienes en ese tiempo formaban parte del Tribunal.
En sus memorias Los supremos de la Corte (Porrúa, 2019) Góngora Pimentel narra como Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox y Felipe Calderón buscaron favores de la SCJN. Cuando Góngora presidía la Corte, Salinas le pidió ayuda «para cierto asunto que le molestaba» (Zedillo había puesto entre rejas a su hermano Raúl por enriquecimiento ilícito y el asesinato de Ruiz Massieu). «¡Claro, yo era el más adecuado! Pero, lo más educado que pude, ¡le dije que no lo haría! Después, en los desayunos que tenía con los señores ministros, les conté aquel incidente. Pude notar que un ministro prestó mucha atención a mis palabras. Después supe que ese ministro ofreció sus servicios al presidente Salinas para solucionar su problema» (Proceso, 15.06.19). E4
| Título | Ministro | Voto | Propuesto por | Fecha de elección |
|---|---|---|---|---|
| Ministro Presidente | Arturo Zaldívar Lelo de Larrea | SÍ | Felipe Calderón Hinojosa | 1 de diciembre de 2009 |
| Ministro | Javier Laynez Potisek | NO | Enrique Peña Nieto | 10 de diciembre de 2015 |
| Ministro | José Fernando Franco González-Salas | NO | Vicente Fox Quesada | 12 de diciembre de 2006 |
| Ministro | Jorge Mario Pardo Rebolledo | NO | Felipe Calderón Hinojosa | 10 de febrero de 2011 |
| Ministro | Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena | SÍ | Felipe Calderón Hinojosa | 3 de diciembre de 2012 |
| Ministro | Luis María Aguilar Morales | NO | Felipe Calderón Hinojosa | 1 de diciembre de 2009 |
| Ministro | Alberto Gelacio Pérez Dayán | SÍ | Felipe Calderón Hinojosa | 3 de diciembre de 2012 |
| Ministro | Norma Lucía Piña Hernández | NO | Enrique Peña Nieto | 10 de diciembre de 2015 |
| Ministro | Juan Luis González Alcántara Carrancá | SÍ | Andrés Manuel López Obrador | 20 de diciembre de 2018 |
| Ministro | Yasmín Esquivel Mossa | SÍ | Andrés Manuel López Obrador | 12 de marzo de 2019 |
| Ministro | Ana Margarita Ríos Farjat | SÍ | Andrés Manuel López Obrador | 5 de diciembre de 2019 |
Laynez, el lagunero que dijo «no» al presidente
El ahora magistrado también denunció la megadeuda ilegal del moreirato cuando fungía como procurador fiscal de la federación
Javier Laynez Potisek es uno de los coahuilenses agraviados por la megadeuda de 36 mil millones adquirida en el gobierno de Humberto Moreira, la cual, a casi una década de haber sido destapada por la Secretaría de Hacienda, permanece impune. Ministro de la Corte desde el 10 de diciembre de 2015, a propuesta del presidente Enrique Peña Nieto, el lagunero presentó cinco denuncias ante la PGR relacionadas con el moreirazo. Entre las evidencias se recabaron «documentos falsos, números de créditos que no existen o que corresponden a otra materia o tenemos casos donde el contrato de crédito con un banco es totalmente distinto al contrato cuya copia nos entregaron en Hacienda», declaró a Carlos Loret de Mola en una entrevista telefónica cuando era procurador fiscal de la Federación (El Universal, 02.11.11).
«Las primeras tres denuncias presentadas ante la PGR por la Procuraduría Fiscal de la Federación datan del 25 de agosto —de 2011, cuando Moreira ya ocupaba la presidencia del PRI por voluntad de Peña Nieto, énfasis del reportero—, por igual número de créditos irregulares que suman 3 mil 100 millones de pesos; ayer se formularon dos querellas más 2 mil 200 millones de pesos, en los que funcionarios falsificaron documentos oficiales para la contratación de deuda pública en dicha entidad, garantizando como pago participaciones federales, lo que es ilegal», dice la nota.
El gobierno de Moreira «gestionó los créditos con instituciones bancarias distintas —Santander y El Bajío—, igual con documentos falsos federales y locales. Hacienda detectó las anomalías ya que uno de los acreedores, el Banco del Bajío, acudió a la Tesorería de la Federación para exhibir el crédito otorgado por el gobierno de Coahuila por mil millones de pesos, garantizado con participaciones federales, cuando no había un expediente oficial en trámite».
«Yo no tengo duda de lo que significa la participación de la sociedad y creo que eso no está a discusión, hay muchas formas de consultar a los ciudadanos».
Javier Laynez Potisek, ministro de la Corte
Laynez, quien inició su carrera en 1983 como abogado hacendario del Tribunal Fiscal de la Federación, ha colaborado con los seis últimos presidentes. Felipe Calderón lo nombró procurador fiscal, y Peña lo nominó para la Corte para ocupar el lugar de Juan Silva Meza. Su hoja de servicios parece impecable. Es el tercer ministro de origen coahuilense después de Raúl Castellanos y Atanasio González, quien, después de que el presidente Zedillo disolvió la Corte en 1995, renunció al PRI para postularse para gobernador por Unidad Democrática de Coahuila.
Junto con Luis María Aguilar y Norma Lucía Piña —propuestos por Calderón y Peña para la Suprema Corta de Justicia—, Laynez votó en contra de la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes por inconstitucional. «Yo no tengo duda de lo que significa la participación de la sociedad y creo que eso no está a discusión, hay muchas formas de consultar a los ciudadanos», declaró el juez originario de Torreón.
El moreirazo no ha prescrito. En Coahuila existen denuncias penales por el desvío de más de cuatro mil millones de pesos y por la distracción de 475 millones de pesos a empresas fantasma en el gobierno de Rubén Moreira, presentadas por la Auditoría Superior del Estado. Con tantos peces gordos a la vista, la Fiscalía General del Estado se conforma con el alcalde de Ramos Arizpe, Ramón Oceguera cuyo mayor pecado, según parece, no consistió en utilizar recursos del erario para fines personales, sino buscar nuevos derroteros políticos. E4
Si Juárez y don Porfirio no hubieran muerto…
El benemérito «tuvo la audacia de pedirle al pueblo que votara directamente por ella a través de un plebiscito inconstitucional»
Aunque en talla de estadista y en adicción al poder compiten, la historia oficial otorgó a Benito Juárez el título de héroe y a Porfirio Díaz, el de villano. Por circunstancias políticas y económicas, el país registró mayor progreso con el militar que con el abogado. Ambos se opusieron a la reelección y los dos la practicaron. Juárez murió en Palacio Nacional y Díaz en el exilio. El benemérito fue presidente de la Suprema Corte de Justicia antes de ocupar durante 14 años la silla del águila. Díaz abandonó el poder después de 31 años de ejercerlo, forzado por la revolución del coahuilense Francisco I. Madero, quien aparece al lado de Juárez en el logotipo de la Cuarta Transformación.
En el estudio Democracia directa: referéndum, plebiscito e iniciativa popular del Centro de Documentación y Análisis de la Cámara de Diputados (LX Legislatura) se lee:
«En México, un hecho sucedido en el mandato del Presidente Benito Juárez, dentro de su periodo de gobierno (1858-1867), es el que tiene como antecedente claro de la intención del gobernante en turno por realizar una consulta al pueblo con intención de que el resultado de ésta, fuese obedecido y posteriormente convertido en legislación Constitucional. El inconveniente (…), tal como lo marcan los historiadores y la Constitución de ese entonces, es que dicha figura no se encontraba prevista en la Carta Magna».
Las autoras Claudia Gamboa, investigadora parlamentaria, y María de la Luz García (auxiliar), señalan, con respecto al difícil arte de gobernar: «Diez años tenía de vida la Constitución de 1857 —por la que Juárez había peleado— y todavía no entraba en vigor a plenitud, debido a que durante esos diez años el presidente —Benito Juárez— había gobernado siempre con base en facultades extraordinarias, que le fueron concedidas primero con motivo de la Guerra de Reforma, y después por la guerra contra la intervención y contra el imperio. Pero establecida la paz, era tiempo de iniciar por vez primera el orden constitucional por el que tanta sangre se había derramado.
»El presidente Juárez (…) se encontró con la casi imposible misión de gobernar con una Constitución diseñada para controlar y acotar al poder ejecutivo. Seguramente Juárez recordó que una decena de años atrás el presidente Comonfort le dijo: “con la Constitución no se puede gobernar, pues cualquier jefe de oficina tiene más facultades que el presidente de la república”, lo cual fue uno de los motivos para que Comonfort se diera a sí mismo un golpe de Estado. Juárez amaba más que nada en la vida la presidencia de la república, y no estaba dispuesto a perderla ni disminuirla, por lo cual se planteó a sí mismo la obligación de permanecer en la presidencia, primero, y después reformar la Constitución. Lo primero lo logró con facilidad, pues era tal su popularidad que, en septiembre de 1867, al celebrarse las elecciones, Juárez resultó elegido por amplia mayoría sobre los dos contendientes que se atrevieron a disputarle el puesto: Sebastián Lerdo de Tejada y el general Porfirio Díaz».
Juárez pretendía dividir el poder legislativo en dos cámaras (diputados y senadores), por considerar que una sola lo obstaculizaba, y vetar las disposiciones del Congreso «como medida precautoria para evitar leyes disparatadas o injustas». Gamboa y García atribuyen el fracaso a un error de procedimiento: «en vez de proponer la reforma en los términos que la propia Constitución señalaba, Juárez tuvo la audacia de pedirle al pueblo que votara directamente por ella a través de un plebiscito inconstitucional (…).
»La moción fue detenida y el presidente tuvo que soportar los calificativos de tirano y déspota que le prodigaron sus adversarios. (…) A partir de 1867 Juárez estableció y defendió una libertad absoluta para expresar ideas y para publicarlas, llegándose el caso de que la prensa lo ridiculizara todos los días sin que nadie impidiera el libre ejercicio de la disidencia. Él lo había afirmado antes: “Que el pueblo y el gobierno respeten los derechos de todos. Entre los individuos, como entre las naciones, el respeto al derecho ajeno es la paz”».
El presidente López Obrador conoce la historia de México y admira a Benito Juárez, pero, por mucho que lo intente, no puede repetirla. E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.