Aprovechar para bien el presunto plagio de la ministra

De manera sorprendente, durante los últimos diez días del pasado mes de diciembre y a pesar de que en estas fechas todo el mundo anda ajetreado por los preparativos de las fiestas navideñas y de año nuevo, la opinión pública, sin embargo, siguió con mucha atención, con notorio interés, las incidencias relacionadas con el escándalo provocado por la tesis de licenciatura presuntamente plagiada por la ministra de la Suprema Corte Yasmín Esquivel, quien aspiraba a presidir este alto tribunal.

Suele ocurrir en estos casos que el escándalo, por lo general provocado por algún hecho de corrupción, llega a cierto punto y luego tiende a desaparecer de los medios y del radar de la opinión pública —a veces por simple inercia y en otras ocasiones porque se ponen en operación ingeniosos distractores— hasta quedar prácticamente en el olvido.

En el caso que nos ocupa su punto de máximo interés se presentó en la fecha de la elección de la nueva presidente de la Corte, que fue el lunes 2 de enero, y al ver que no quedó en el cargo la ministra presuntamente plagiaria sino la ministra Norma Piña, de perfil muy diferente, se dejó sentir una especie de alivio público, favorable al olvido del asunto.

Por fortuna ello no ha ocurrido, al menos no totalmente. Varios medios y algunos columnistas han seguido insistiendo en el tema, lo mismo que la UNAM, aunque no con la fuerza, vehemencia y el espacio que ocupó durante los últimos días del pasado mes de diciembre. Por ello se hace necesario no dejar que el caso desaparezca del ánimo de la opinión pública y quede finalmente arrumbado por ahí, como uno más del anecdotario de lo intrascendente. No, definitivamente no puede quedar éste como una ficha más en el amplio prontuario de la picaresca política.

Si se analiza bien, este caso es mucho más grave que la estafa maestra y el de la llamada «casa blanca». En modo alguno son comparables, porque se trata de cuestiones de naturaleza muy diferente. Un hecho de corrupción, como el último mencionado, el de la «casa blanca», cuantificado en cuatro millones de dólares, resulta mínimo si se compara con lo que significa que una de los once integrantes del máximo tribunal del país, y tribunal constitucional además, esté bajo permanente sospecha de ser una plagiaria, y plagiara precisamente de la tesis con que acreditó el cumplimiento del requisito que la hizo convertirse en profesional del Derecho. ¿Qué confianza se puede tener en una jueza así?

Peor aún. El presidente de la República, pasando incluso por encima del principio de presunción de inocencia, dio por hecho que la ministra en cuestión sí es plagiaria al señalar que el suyo fue «un error de juventud» y que «quien esté libre de pecado tire la primera piedra». Por favor, ¡no me defiendas compadre!

Pero el compadre lo que realmente quería, confesado por él mismo, era tener una aliada dócil y obediente presidiendo la Corte para que «apoye su proyecto político». No para que sea una ministra imparcial y justa, que vele por la correcta aplicación del derecho y la plena vigencia del orden constitucional, no, sino para que le sirva a su «proyecto político». ¿Habrá peor politiquería que ésta?

Además de que el asunto no se olvide hasta que el caso sea plenamente aclarado y resuelto desde el punto de vista ético y jurídico, bien vale la pena aprovechar que se suscitó este enojoso episodio para abrir una amplia discusión pública en torno a cómo mejorar el procedimiento previsto por la Constitución para la designación de los ministros de la Corte. Porque es claro que el vigente —como se verá en el siguiente par de artículos— adolece de fallas e incluye incentivos perversos, que dan como resultado situaciones como la que estamos viviendo.