El PRI resolvió las tres últimas sucesiones del gobernador sin sobresaltos, pero en las elecciones de 2017 la maquinaria ganó apuradamente. La ciudadanía castigó en la urnas el moreirato. Miguel Riquelme entendió el mensaje y se dedicó a tender puentes con la sociedad, las oposiciones, las Iglesias, las élites, siempre ventajistas, e incluso con quienes le disputaron la gubernatura. El cambio de imagen y de discurso, aconsejado por sus consultores, dio resultado y logró disociarse de sus predecesores, cuyo estilo pendenciero y arrogante, así como los escándalos del docenio, casi le hicieron perder con el panista Guillermo Anaya, quien ha vuelto a la operación electoral todavía entre bastidores.
Sin embargo, la sucesión de 2023 se adelantó un año. Hoy dos priistas compiten por la nominación y recorren el estado con ese afán, uno como secretario de Desarrollo Social y otro en su carácter de diputado federal. Ambos fueron alcaldes de Saltillo. El abuelo del primero también ocupó la presidencia municipal; el del segundo intentó, pero el gobernador le cerró la puerta y se postuló por el PARM. La conseja dice que ganó… pero no llegó. El 16 de mayo de 2019, el actual gobernador inauguró la ampliación del periférico bautizado con su nombre, en compañía de su nieto, quien, por lo visto, seguirá sus pasos.
La ventaja de la competencia entre nietos —los dos son empresarios— la tiene el secretario, por su cercanía con el jefe político del estado y con el poder económico. El 14 de febrero se reunió con la Unión de Organismos Empresariales Coahuila Sureste. La estructura electoral y mediática opera a su favor desde hace meses. El diputado nada a contracorriente y su comunicación con los electores es a través de las redes sociales. En un video reciente informa sobre su exitosa gira por las regiones centro, carbonífera y norte donde se reunió con profesores, asociaciones y líderes sociales.
La denuncia del diputado, en el mismo video, de que sus simpatizantes —y él mismo— han sido amenazados y amedrentados por la cúpula es grave y por tanto amerita ser investigada. Si la sucesión tiene visos de tormenta, llevarla a esos terrenos incita a la violencia. La estrategia política y el manejo de medios le ha permitido al Gobierno mantenerse alejado del escándalo y enviar señales de eficacia, los cuales se reflejan en las encuestas. Ya no se viven los tiempos de las masacres ni el acoso permanente contra activistas de derechos humanos y otros críticos del poder, mas no por ello Coahuila está exento de actos que lo desestabilicen. A nadie conviene.
El año pasado ocurrieron mil 066 atentados contra políticos, los cuales derivaron en 102 asesinatos (36 de las víctimas eran aspirantes y candidatos a distintos cargos), de acuerdo con la consultora Etellekt (Animal Político, 22.06.21). En 2018, el exalcalde de Piedras Negras, Fernando Purón, postulado por la coalición PRI-Partido Verde-Nueva Alianza para diputado federal por el Distrito I, falleció tras recibir un disparo en la cabeza al salir de un debate. Las aspiraciones de quienes hoy compiten por la candidatura al Gobierno son legítimas, pero la falta de equidad en la contienda, que teóricamente debería iniciar a finales de año, así como la presión sobre uno de ellos enardecen el clima político y generan un conflicto que el PRI debe resolver con base en sus estatutos y en el Código Electoral.