Después de que se registró el ataque de un estudiante de segundo de secundaria contra una profesora de una escuela del municipio de Ramos Arizpe, en el sureste de Coahuila, y que las imágenes de una cámara de seguridad exhibieron el hecho, la opinión pública se dividió sobre la reacción del menor, los orígenes de su actuación y las consecuencias sociales del acontecimiento para la comunidad docente y la sociedad civil en general.
El hecho adquirió relevancia mayor por las imágenes que muestran a un jovencito, que, en apariencia, actuó con premeditación, alevosía y ventaja en un ataque directo y sin contemplaciones para dañar a una mujer que se encontraba en evidente desventaja y por la espalda.
Las imágenes atenúan para que la percepción ciudadana descalificara el ataque y permeara la idea de que se vulneró la seguridad y respeto que en otros tiempos significaba la investidura de la docencia.
Llama la atención «poderosamente» que casi de inmediato surgieron versiones entre estudiantes y los padres de familia de la secundaria, que la profesora supuestamente ejercía acciones discriminatorias, así como de maltrato a otros educandos, incluido el agresor.
Se ventiló, entre varias quejas, que la docente constantemente descalificaba la personalidad del jovencito por su origen veracruzano, su color de piel y su precaria situación económica.
Los señalamientos adquirieron relevancia ya que la decisión del juez, encargado del caso, estableció la vinculación al delito por lesiones leves atenuadas bajo emoción violenta; falta menor que le permitirá llevar el proceso durante los próximos dos meses en libertad con restricciones de acceso a la víctima y de no portar ningún tipo de artefacto que pueda significar un arma de agresión.
Incluso la posibilidad de que el menor sea ingresado a un centro juvenil de rehabilitación se desvanece pues el delito señalado podría ser considerado como no grave.
La Fiscalía General integró la carpeta de investigación por el delito de tentativa de feminicidio y estableció con ello que las intenciones del ataque con un arma punzocortante tenían como objetivo lastimar seriamente o privar de la existencia a la víctima.
Entre la opinión pública los comentarios se dividen y explican el comportamiento y las acciones del menor como resultado del presunto hostigamiento, discriminación y maltrato del que era víctima.
La otra parte cuestiona que aún y cuando existiera un comportamiento como del que se acusa a la docente, no hay una justificación para el ataque y el comportamiento del menor que demostró problemas personales, psicológicos e incluso mentales que ponen en riesgo su integridad y la de los que lo rodean.
El caso se mantendrá presente por un tiempo en la memoria de los ciudadanos, de los propios estudiantes, padres de familia y docentes que mantienen sus propios juicios, resentimientos e incluso temores sobre la posibilidad de que una situación como ésta se pueda repetir en el futuro con consecuencias más graves.
La profesora se recupera satisfactoriamente de las lesiones provocadas con una navaja y las autoridades educativas deberán esclarecer las acusaciones de estudiantes y padres de familia, mientras que la jurisprudencia definirá las acciones que se aplicará al estudiante agresor y su familia para que no se repita una situación similar, se insiste, con consecuencias más graves.
