Existen antecedentes en los archivos de la Auditoría Superior del Estado que dan cuenta de las revisiones practicadas a algunas presidencias municipales de Coahuila, y que en unos casos desvelaron anomalías sin comprobar la sustracción de cantidades de dinero por actos de corrupción, y que por su nula atención se quedaron en el limbo, mientras las autoridades de esas alcaldías, ahora disfrutan de los beneficios del lavado de lo robado, y que al no proceder en su contra cayeron en la definición que describe Plutarco, el filósofo griego, cuando dice «Hacerle el favor a un ingrato es como perfumar un muerto».
Hace unos días se publicitó que el anterior alcalde panista de Torreón, Jorge Zermeño, dejó números rojos en su contabilidad sin que las dependencias, revisora y ejecutora, al menos hasta esta fecha, hayan procedido contra él, quien es militante del partido opositor al del gobernador.
Claro que se deben dar los pasos que lleven al esclarecimiento de las revisiones y actuar en consecuencia, pero la pregunta es, ¿por qué hasta la salida de la administración del alcalde panista se dio a conocer que sus números no cuadran? Y de las auditorías practicadas desde años pasados a administraciones priistas y que resultaron con cuentas deficitarias, ¿por qué no prosperaron todas, salvo una que otra?
Al actual gobernador le queda poco menos del 30% de su administración, mientras el 73% ya se extinguió. Su cargo terminará en unos 600 días, lapso para empezar los trabajos para dejar limpia la casa; es decir, haber cumplido con lo relacionado con toda la estructura gubernamental en concurrencia con los otros poderes, sobre todo con uno de ellos en que los encargos legislativos intervienen tintes políticos en cuya dirección, salpicada de recomendaciones, la comanda un incondicional que ha resultado ser un buen receptor de las normas que le envía el ejecutivo, y de cuyo poder depende precisamente la Auditoría Superior de donde han salido los dictámenes en los que entes revisados han concluido sus encomiendas con un sinfín de insuficiencias en materia económica, pero quedan en agua de borrajas.
Cualquier dependencia que presenta resultados derivados del cumplimiento de su labor y reflejan ilegalidades sin ser reprendidos de acuerdo con la regla establecida, los encargados de imponer la pena cometen omisión normativa, por lo que de la misma forma son sancionables.
En este sexenio, el auditor superior Armando Plata, que ha declarado a prensa que los resultados de las auditorías practicadas a algunas presidencias municipales fueron turnados a las dependencias correspondientes para que derive la resolución a que haya lugar, pero que no ha sido así, la ciudadanía se ha quedado en una pausa que solo el tiempo, el tiempo del gobernador, concretará.
Estas anomalías no deben quedar en rezago, pues influirían en el ánimo ciudadano y demerita la actuación de un Gobierno que transitó en un ambiente que se abrió paso entre lo nebuloso, cuya fama fue producto de un régimen caprichoso que fraguó una sucesión con perfil de imposición.
En fin todos esos asegunes, los referentes a las desviaciones de las alcaldías donde delinquieron manos sucias deben ser castigados de acuerdos con las disposiciones legales, de lo contrario el trabajo que desarrolla la Auditoría Superior del Estado quedará sin valor, pues los profesionales que laboran en esa dependencia se desaniman, además de que al conocer los números de las entidades municipales están en riesgo de que sean utilizados soltándolos al aire y produciendo una visión de que el Gobierno del estado es tapadera de delincuentes.
Se lo digo en serio.
