Ayotzinapa: la «verdad histórica», trasfondo de un crimen de Estado

Con la detención de Jesús Murillo Karam, la 4T reconoce la responsabilidad del Gobierno y se encamina a hacer justicia por el caso Iguala, pero no pasará a la historia hasta que todos los cómplices purguen condena. Funcionarios, policías y militares, involucrados en desaparición forzada, torturas y fabricación de pruebas: CoVAJ

Allende: otra matanza impune, la justicia no llega

«Usar las palabras así nada más es un poco peligroso, un crimen de Estado es una cosa mucho mayor. Iguala no es el Estado mexicano. Ya me cansé», con esta frase, pronunciada el 7 de noviembre de 2014, el exprocurador Jesús Murillo Karam daba por cerrado el caso Ayotzinapa.

Visiblemente agotado, el entonces titular de la Procuraduría General de la República (PGR) insistía en defender lo que él llamó la «verdad histórica», en la cual los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 al 27 de septiembre de ese año, en Iguala, Guerrero, fueron incinerados en el basurero de Cocula y sus restos esparcidos en el río San Juan.

Sin embargo, el informe de la Comisión de la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa (CoVAJ), publicado el pasado 18 de agosto, no solo desmonta la versión oficial sino que involucra en los hechos a altos funcionarios, policías y militares.

El documento de la comisión encabezada por el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, revela la participación activa de agentes del Estado, así como los esfuerzos del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018) para montar una versión falsa, envuelta en torturas y falsificación de pruebas.

«Que si no se está incluyendo a Peña, que si no se está incluyendo al general Cienfuegos, que si no se está incluyendo al Ejército. ¡Espérense! (…) todos los que participaron van a ser juzgados».

Andrés López Obrador, presidente de México

Apoyado en investigaciones previas del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Internacional de Derechos Humanos (CIDH) y varios organismos de Naciones Unidas (NU), el informe presentando por Encinas desmiente desde los motivos del ataque hasta el nombre de quien dio la orden de ejecutarlos y el destino de los cuerpos.

Además, apunta a la participación directa del entonces coronel José Rodríguez Pérez, comandante del 27 Batallón de Infantería en Iguala, pues destaca que el día de los hechos «seis estudiantes permanecían vivos y estaban retenidos en “la Bodega vieja”», pero el 30 de septiembre “el Coronel” comenta que ellos se encargarían de limpiar todo y que ellos ya se habían encargado de los seis estudiantes que habían quedado vivos».

También asegura que en días posteriores a la desaparición «hubo una reunión con Abarca (alcalde de Iguala) y “los asesores de México” para que ellos pudieran limpiar (…) Van a borrar evidencia (…) los van a mover para que no los hallen (…) los licenciados y la gente de México ya tiene el circo armado».

La CoVAJ también ubica en el centro de la trama a Tomás Zerón de Lucio, entonces titular de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quien se encuentra exiliado en Israel a la espera de ser extraditado a México. «Era el que andaba mandando a limpiar», señala un testigo.

Al cierre de esta edición, Murillo Karam permanecía detenido por los delitos de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia. El 24 de agosto, cinco días después de su captura, un juez ratificó la prisión preventiva. Argumentó que si bien no existen pruebas directas que lo incriminen, la Fiscalía General de la República (FGR) ofreció datos de prueba razonables y suficientes para suponer que está relacionado con los ilícitos que se le imputan.

De la nueva información, derivaron 83 órdenes de aprehensión contra militares (20), policías municipales (33), estatales (11), personal judicial (5) e integrantes de Guerreros (14). Cuestionado sobre la responsabilidad de Peña Nieto y de su secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) pidió «esperar», pues hay órdenes de aprehensión que están en proceso. «Todos los que participaron van a ser juzgados», dijo (29.08.22).

El Gobierno de AMLO podría convertirse en el primero en hacer justicia por una masacre atribuida al Estado, pero el camino jurídico por recorrer es largo todavía. Si la FGR busca atajos, deja cabos sueltos o no cumple con la reparación del daño, el tiro podría salirle por la culata.

La «verdad» desmontada

Los puntos de la versión de Murillo desarmada por el informe de la CoVAJ son los siguientes:

1) Los estudiantes no iban a boicotear el informe de la esposa del alcalde de Iguala, José Luis Abarca, sino a la marcha del 2 de octubre en Ciudad de México. La testigo protegida «Karla» asegura que fue la encargada de tomar fotografías de los estudiantes, ya que Guerreros Unidos creía que entre ellos había miembros del grupo rival, Los Rojos.

2) La desaparición no fue un hecho «fortuito», pues todas las autoridades tuvieron conocimiento de la movilización de los estudiantes desde días antes de su salida.

3) La versión oficial señala que los 43 normalistas fueron conducidos a la comandancia municipal de Iguala, pero solo llegaron los del autobús 1564.

4) Solo los normalistas del autobús 1564 fueron puestos a disposición de las policías de Iguala y Cocula, quienes los entregaron a Guerreros Unidos en Lomas del Coyote. El resto fue conducido a Huitzuco y otros puntos.

5) Se indicaba que la desaparición la ordenó Gildardo López Astudillo, alias «el Gil», sicario de Guerreros Unidos, pero el nuevo informe señala a «A1» (presuntamente el exalcalde de Iguala).

6) No se ejecutó ni se incineró a los 43 estudiantes en el basurero de Cocula, sino que fueron enviados a distintos lugares: el río Balsas, el Pozo de Pueblo Viejo, La Mina, Taxco y Bodega Vieja, entre otros.

7) Las cenizas no fueron arrojadas, sino «sembradas» en el río San Juan. Los restos de al menos tres estudiantes se hallaron en varios sitios del ejido de Cocula.

8) Las fuerzas armadas sí participaron en los hechos, incluso tenían un informante entre los alumnos, quien también fue desaparecido sin que se activara el protocolo para su recuperación.

9) Los testimonios que avalan la versión oficial fueron obtenidos mediante torturas en interrogatorios llevados a cabo en lugares y fechas distintos a los mencionados.

10) No se trató de un asunto local, sino que participaron autoridades de los tres niveles de Gobierno.

Fiscales en el banquillo

Si bien Murillo es el primer procurador vinculado a proceso, hubo dos subprocuradores que pisaron la cárcel: Mario Ruiz Massieu (1994) y Pablo Chapa Bezanilla (1995-1996). El primero, en el Gobierno de Carlos Salinas de Gortari (1988-1994) para resolver el crimen político de su hermano José Francisco Ruiz Massieu, pero terminó como acusado por su supuesta complicidad con carteles del narcotráfico. Ruiz Massieu estuvo prófugo hasta 1995. Fue detenido al ingresar a Estados Unidos con 46 mil dólares no declarados. Permaneció en arresto domiciliario hasta 1999, cuando se «suicidó» en los días previos a su extradición a México.

Chapa fue designado por el presidente Ernesto Zedilllo (1994-2000) para continuar la investigación, y logró encarcelar a Raúl Salinas de Gortari, hermano del expresidente, por el asesinato de su excuñado José Francisco.

En 1996, Chapa Bezanilla huyó a España luego de develarse el montaje del hallazgo de restos humanos (al parecer de Manuel Muñoz Rocha) en un finca de Raúl Salinas. La supuesta investigación estaba encabezada por una vidente, Francisca Zetina, la Paca. Tras el escándalo, Zedillo destituyó al procurador Lozano Gracia. En 1997, Chapa Bezanilla fue extraditado a México y estuvo en prisión hasta diciembre de 2005, cuando salió exonerado por el delito de soborno a la Paca.

Murillo Karam ocupó la gubernatura de Hidalgo entre 1993 y 1998, cuando Francisco Labastida lo designó subsecretario de Gobernación. De 2006 a 2012 se desempeñó como senador y secretario general del PRI, bajo la presidencia de Beatriz Paredes. Antes de ser nombrado procurador general de la república, presidió la Cámara de Diputados. Fue el encargado de recibir la banda presidencial de manos de Felipe Calderón y de entregarla a Peña Nieto. El 4 de diciembre de 2012, pidió licencia para asumir la PGR.

El 27 de febrero de 2015, en medio de las presiones por la «verdad histórica», Peña Nieto lo sustituyó por Arely Gómez. «Yo quiero decirle a Jesús Murillo que estamos agradecidos por su dedicación y enorme responsabilidad», dijo Peña. Murillo fue designado titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), pero solo duró seis meses en el cargo y desapareció de la vida pública. Después se le acusó de comprar a precios inflados un helicóptero, un avión y el software espía Pegasus para la PGR, así como tráfico de influencias mediante el cual favoreció con contratos públicos a constructoras de hijos, sobrinos y otros familiares.

¿Refugio de torturadores?

Tomás Zerón de Lucio, quien en 2014 era director de la AIC, está acusado de falsificar pruebas y ordenar tortura de detenidos en el caso Ayotzinapa. En 2013, llegó a la PGR por designación directa de Jesús Murillo Karam, tras su paso por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) al mando de Genaro García Luna, y por la Procuraduría de Justicia del Estado de México (PGJEM), donde colaboró con Alfredo Castillo Cervantes.

Zerón fue destituido de la extinta Policía Preventiva de la SSP por falta de coordinación y estrategia en un enfrentamiento entre policías y grupos armados en Cananea, Sonora, en 2007, el cual provocó la muerte de cinco agentes y dos civiles. Más tarde coordinó la Agencia de Investigación y Análisis de la PGJEM, bajo las órdenes de Alfredo Castillo, quien reemplazó a Alberto Bazbaz por el escándalo de Paulette, la niña que desapareció el 22 de marzo del 2010 y días después fue encontrada muerta en su recámara. La PGJEM determinó que había sido «un accidente».

En mayo pasado, el medio financiero israelí Calcalist informó que Zerón de Lucio vivía con lujos en Tel Aviv, donde gozaba de la protección del empresario David Avital, socio mayoritario de la empresa MTRX Technologies, que vendió sistemas de espionaje a la PGR (La Jornada, 29.08.22).

En este sentido, el pasado 27 de agosto, el titular de Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, informó que una de las prioridades del Gobierno es la extradición de Zerón, señalado por haber «sembrado» el cuerpo de Alexander Mora, uno de los estudiantes desaparecidos, en el río San Juan.

«Hemos recibido por parte de Israel y su fiscalía mucha atención a este tema. Nos han estado apoyando. Este año, hicimos extradición de un israelí buscado en su país por actos delictivos; o sea, no fue obstáculo, y México no argumentó que faltase un tratado para auxiliar a las autoridades de Israel», dijo Ebrard.

El presidente López Obrador ha pedido la entrega de Zerón. «Le envié una carta (…) al primer ministro. (…) Israel no puede ser refugio de torturadores, con todo respeto, ningún país, pero Israel menos», dijo AMLO (08.10.21). E4

Cronología de casos que involucran al Estado

Año	Lugar	Víctimas	Conflicto
1906	Cananea, Sonora	23	Represión a obreros
1960	Chilpancingo, Guerrero	20	Represión a estudiantes
1968	Ciudad de México	De 20 a 200	Represión a estudiantes
1971	Ciudad de México	120	Represión a estudiantes
1995	Aguas Blancas, Guerrero	17	Represión a campesinos
1997	Acteal, Chiapas	45	Represión al movimiento zapatista
2011	Allende, Coahuila	De 28 a 300	Venganza de los Zetas y omisión de las autoridades
2014	Tlataya, Estado de México	22	Militares ejecutan a civiles
2014	Iguala, Guerrero	43	Caso Ayotzinapa

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Allende: otra matanza impune, la justicia no llega

A 11 años de la masacre de Allende y a tres de que la entonces secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y el gobernador Miguel Riquelme se disculparan con las familias de las víctimas —para acatar una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH)—, no ha habido ni justicia ni reparación del daño.

De hecho, ni siquiera hay un número claro de los muertos que dejaron los ataques del 18 al 20 de marzo de 2011 en Allende, Nava y Piedras Negras, pues mientras la cifra oficial es de 28, asociaciones civiles calculan 300. Un recuento de ProPublica identifica 60.

Pero lo que sí se sabe es que al igual que sucedió en Iguala, en Allende hubo participación de las autoridades. Por esta razón, en 2017 el caso fue llevado a la Corte Penal Internacional (CPI) por Raúl Vera López, entonces obispo de Saltillo, y Ariana García Bosque, representante legal de Familias Unidas en la Búsqueda y Localización de Personas Desaparecidas (FAMUN).

La denuncia, apoyada en una investigación y análisis jurídico de la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), solicita abrir un examen preliminar sobre los crímenes cometidos en Coahuila, entre 2009 a 2016. Entre ellos, la masacre de Allende y la operación criminal en el penal de Piedras Negras, donde «al menos 150 personas habrían sido asesinadas».

Si el caso Ayotzinapa es calificado como crimen de Estado por la participación de autoridades de los tres niveles de Gobierno en la desaparición de 43 normalistas, el de Allende tiene características similares. El entonces alcalde Sergio Alfonso Lozano, quien ordenó a la policía no actuar ante la avalancha de denuncias, fue detenido en 2016 acusado de secuestro agravado y omisión de sus funciones. Un año después se le liberó por falta de pruebas.

La construcción de la «verdad histórica» en torno al caso Ayotzinapa también tiene su paralelismo en Allende, pues el hecho de que los medios no hayan informado sobre la masacre hasta años después habla de un cerco informativo tendido por las autoridades.

El 23 de marzo de 2011, Vanguardia publicó una nota titulada «Dejan rumores vacíos salones de Allende» en referencia a la declaración de Santos Vázquez Estrada, delegado de la Fiscalía General de Coahuila, quien alegó que había un «rumor» causando «psicosis». El 25 de marzo, Zócalo daba a conocer los «avances» de un proyecto para prevenir la violencia en las escuelas. El gobernador era Jorge Torres, sustituto de Humberto Moreira, quien días antes había asumido la dirigencia nacional del PRI.

Además de la disculpa pública, la recomendación de la CNDH de 2018 exhorta al Estado a realizar la reparación de daños. En 2019, el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, firmó con familiares de las víctimas el «Acuerdo para sentar las bases para la cuantificación del monto de la reparación integral del daño en la recomendación 10VG/2018». No ha habido avances, asegura Silvia Garza Villarreal, familiar de una de las víctimas. El Gobierno argumenta que «sólo en quince casos se practicaron estudios para la valoración de afectaciones» (Proceso, 25.03.22)

Garza destaca que en febrero pasado hubo una reunión en Saltillo, en la que la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, y el gobernador Miguel Riquelme abordaron el tema. «Yuriria dice que los recursos que salieran para repararnos el daño serían descontados del presupuesto que la federación le da al estado, y eso no le gustó a Riquelme», señala. También apunta a la responsabilidad del actual secretario de Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, quien en 2011 estaba a cargo del cuartel militar en Piedras Negras, a unos 40 minutos de Allende. E4