Uno de los compromisos incumplidos hasta el día de hoy por AMLO primero como candidato, y después como presidente de la república, fue resolver la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos, de Ayotzinapa, Guerrero; desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014, en Iguala, Guerrero.
A casi 10 años de tan lamentable hecho, que ha marcado por su indolencia e ineficacia a los organismos y dependencias federales competentes encargadas de atender y resolverlo ante la falta de resultados para conocer la verdad sobre lo acontecido aquella trágica noche y madrugada del 27 de septiembre del mencionado año, tanto al régimen de Enrique Peña Nieto, como al actual de Andrés Manuel López Obrador, dicha desaparición sigue siendo uno de los capítulos represivos de más alto impacto en los últimos años contra los estudiantes normalistas rurales, como en su tiempo lo fue la masacre del 2 de octubre de 1968 bajo el régimen de Gustavo Díaz Ordaz, y el tristemente «halconazo» del 10 de junio de 1971, de Luis Echeverría Álvarez.
A 9 años y medio de las exigencias y persistente lucha llevada a cabo por los padres y familiares de los estudiantes desaparecidos ante todas las instancias federales, incluida la misma presidencia de la república, no sólo para que se investigue, sino principalmente para que se castigue a los responsables, a escasos siete meses para que concluya el actual régimen, tales hechos siguen siendo una espina clavada no solo en la conciencia nacional, sino también un hito en la historia de las represiones contra los estudiantes de la escuelas normales rurales, representadas en este caso por Ayotzinapa, alma mater de renombrados luchadores sociales de prestigio, como lo son: Genaro Vázquez y Lucio Cabañas Barrientos entre otros.
Después de nueve años y seis meses de acaecidos tales hechos siguen sin aclararse, y mucho menos castigarse a sus verdaderos responsables, por lo que es comprensible que los padres y familiares de los 43 desaparecidos cuestionen la falta de resultados de cumplir con esa deuda histórica adquirida por el propio AMLO, quien ya en su carácter de presidente, en su discurso inaugural del 1 de noviembre de 2018, en sus 100 compromisos de Gobierno al referirse a los 43 estudiantes normalistas desaparecidos, afirmó: «Se investigará a fondo la desaparición de los jóvenes de Ayotzinapa; se conocerá la verdad y se castigará a los responsables», promesa que como se ve sigue sin cumplirse hasta el día de hoy.
Ante tal situación en la que la instancia federal competente como lo es en este caso la Fiscalía General de la República ha resultado ineficaz para conocer la verdad real de los hechos —y no la histórica de Jesús Murillo Karam que resultó todo un fiasco—, es lógico y entendible que los padres y familiares de los desaparecidos, ante la falta de resultados e impunidad prevaleciente, hayan llegado al extremo el 6 de marzo de vandalizar y destruir la Puerta Mariana de Palacio Nacional, en su intento frustrado de ser escuchados en sus reclamos por el mismo presidente, que en ese momento transmitía su tradicional «mañanera»; y quien, ante la repercusión y trascendencia mediática de los acontecimientos, al día siguiente solo se concretó a comprometer «que recibiría a la comisión en 15 o 20 días».
En ese entorno, y cuando la opinión pública se dividía en justificar o reprobar tales hechos, el mismo día 7, como cereza del pastel, la Policía Estatal del Estado de Guerrero tiñó de sangre de nueva cuenta los muros mancillados de la Normal Rural de Ayotzinapa, al privar de manera dolosa y artera de un balazo en la cabeza, la vida del alumno Yanqui Kothan Gómez Peralta, de tan solo 23 años de edad.
A tal hecho de por sí injustificado, y por ende condenable, se le añadió el agravante de que los elementos policiacos estatales responsables alteraron dolosamente la verdad de cómo sucedieron las cosas, al pretender justificar su artero homicidio con el pretexto de que el estudiante victimado los había agredido sin ser esto cierto, pues las evidencias y datos de prueba de la carpeta de investigación demostraron que el arma supuestamente utilizada por el estudiante victimado «le fue sembrada»; y contrario a lo afirmado por sus homicidas, el parte médico reveló que el estudiante de tan solo 23 años de edad no estaba alcoholizado ni drogado al momento del ataque.
Con este nuevo y artero hecho de sangre, se comprueba una vez más la política criminal del Gobierno del Estado de Guerrero contra los estudiantes de la ya heroica Normal Rural de Ayotzinapa. Tal acción, además de reprochable, exige como en el caso de los 43 desaparecidos, que en este nuevo crimen que viste de luto a la comunidad normalista rural del país, las autoridades dejen de lado la impunidad con la que siempre han actuado y castiguen a los responsables, para poder restaurar así, no solo las deficiencias de un sistema de justicia en entredicho, sino también el estado de derecho que salvaguarda la Constitución General de la República; y salvar así la poca credibilidad que le queda a un régimen como es el presidido por AMLO, que ha siete meses de concluir su mandato parece estar encaminado, —pese a sus múltiples defensores—, a enfrentar para su desgracia, el juicio más severo de la historia.
