El pasado 26 de septiembre se cumplieron 8 años de la tragedia de Ayotzinapa en la que murieron 43 normalistas que viajaban en camiones para participar en una protesta contra autoridades de gobierno y en el aniversario de nuevo, se registraron manifestaciones, enfrentamientos y sobre todo la queja de que no se hizo justicia a los jóvenes y sus familias.
Unas semanas antes de este nuevo aniversario, el Gobierno federal presentó un nuevo dictamen de la tragedia que concluyó con la encarcelación del exfiscal general Jesús Murillo Karam, la emisión de 83 órdenes de aprehensión de las cuales 21 (contra militares) fueron canceladas por la propia Fiscalía General de la República (FGR).
El informe federal no solo generó reacciones de rechazo y descalificación de las familias de los jóvenes, sino también de normalistas que siguen exigiendo justicia y protestaron, además las nuevas conclusiones, provocaron encono y división en la élite gubernamental y militar porque convirtieron a la milicia en un nuevo blanco de reclamo y ataque político y social.
La reacción política fue mediata en medio de una iniciativa de militarizar a la Guardia Nacional, proyecto fallido también como en el sexenio pasado, de combatir al crimen organizado y la inseguridad, ya que fue motivo suficiente de enojo y rechazo de la cúpula castrense mexicana que en este gobierno federal aumentó radicalmente su poder.
El efecto negativo en la cúpula política-gubernamental y militar fue letal hasta el extremo de que el fiscal especial de la FGR, presentó su renuncia porque presuntamente fue él quien emitió las ordenes de aprehensión contra los militares y el movimiento de cese tuvo que ser explicado por el titular del poder ejecutivo y no por el titular de la FGR.
Los ataques y reclamos a Alejandro Encinas (encargado presidencial) de la investigación y sus resultados, son intensos y de alta presión para la presidencia que no sería raro que también él presentará su renuncia y que mostrará una nueva fractura dentro del círculo cercano al presidente de México.
Como en el sexenio anterior, el manejo político, mediático y sobre todo legal de la tragedia, exhiben en la actual administración federal también, que no hay capacidad para enfrentar un hecho que, aunque se judicializó y hay detenidos por la muerte de los estudiantes, no es suficiente para establecer, ya no una verdad histórica, sino un precedente legal para contener las protestas que se presentarán año tras año y sexenio por sexenio.
La tragedia de Ayotzinapa es parecida a la de Tlatelolco, no en dimensiones o impacto, pero sí en consecuencias y manejo político pues fueron tragedias que se politizaron con resultados de investigaciones y sanciones poco convincentes y con pésimos manejos públicos de la verdad y la responsabilidad de matanzas que no debieron ser.
En el caso de Tlatelolco, el fantasma político persiguió a los presidentes priistas al menos por tres sexenios federales más, porque la percepción ciudadana fue de impunidad y corrupción.
El caso Ayotzinapa es el Tlatelolco contemporáneo del viejo PRI y ahora de Morena, pero seguramente lo será de cualquier titular del poder ejecutivo federal de otros partidos, sobre todo si cae en la dulce tentación de prometer justicia y venganza.
Ayotzinapa no se olvidará y se va a mantener por muchos años más como la bandera política y social de protesta y oposición a cualquier gobierno y régimen político-militar en el futuro.
