Delincuentes de cuello blanco encabezan la lista de clientes de la empresa española. Artículo 19 acusa censura bajo la excusa del llamado «derecho al olvido»
El derecho al olvido, nota pendiente en México
«Empresa líder que garantiza que la información sea eliminada», así se presenta Eliminalia en su sitio web oficial. Su diseño visual —fondo negro, candado como icono, la frase «Llamada totalmente confidencial» junto a la imagen de un teléfono— envía un mensaje claro al visitante: la discreción es importante. Como en los bancos. Como en las bandas del crimen organizado.
Aseguran sus integrantes que «nos dedicamos a “borrar” la parte que no te interese de tu pasado» cuando en realidad debería decir que se dedican a eliminar la parte que al cliente no le conviene que se sepa de su pasado. No es de extrañar entonces que las solicitudes de contratación de sus servicios provengan principalmente de políticos corruptos, empresarios ladrones, integrantes de grupos criminales, abusadores sexuales, estafadores y cuanto sátrapa cuente con la capacidad financiera para pagar por la desaparición de sus tropelías en la red de redes.
Entre los nombres que se vinculan a Eliminalia destaca el del exgobernador de Coahuila, Humberto Moreira Valdés, quien presuntamente utilizó la empresa Unipolares y Espectaculares del Norte, de la que es accionista principal, para pagar 65 mil dólares a cambio de que eliminaran de Internet notas negativas sobre su vida; también aparece el exgobernador de Veracruz, Javier Duarte —quien actualmente cumple una condena de nueve años por asociación delictiva y lavado de dinero— que desembolsó 32 mil dólares para borrar videos y notas que daban crédito de su vida plagada de lujos. Asimismo, se incluye en la lista a Pedro Miguel Haces Barba, exsenador y líder sindical, que militó por el PRI y hoy lo hace por Morena. El funcionario pagó a Eliminalia para desaparecer de la red los titulares que lo relacionaban con robos y posturas misóginas.
Eliminalia, cuya sede radica en España, asegura tener contratos con 5 mil 770 clientes privados y 3 mil 540 empresas, entre ambos grupos más de 100 son mexicanos. Según reporta Forbidden Stories, organización de periodistas sin fines de lucros, los costos por servicio oscilan entre los 500 y los 427 mil dólares, en dependencia de la información a neutralizar y su complejidad.
Tecnología y acoso
Para alcanzar su objetivo Eliminalia cuenta con una poderosa batería de armas digitales dispersas en una telaraña de, al menos, 600 webs. Con ellas pueden manipular algoritmos de buscadores de Internet mediante blacklinking, un método que consiste en inundar foros con mensajes que contienen vínculos hacia sitios falsos. También emplean fake news y granjas de bots, todo protegido por cláusulas de confidencialidad y amparado por boquetes legales en normativas internacionales que hoy resultan arcaicas.
Pero no todo es tecnología. Eliminalia también echa mano de la presión directa contra usuarios. Una de sus víctimas fue Daniel Sánchez, periodista de Página 66, un pequeño medio de noticias, a quien en 2018 demandaron por infracción de derechos de autor una vez que duplicaron en un sitio apócrifo —con fecha anterior a la publicación original— el artículo que se pretendía desaparecer.
No se trata de un hecho aislado. Entre 2015 y 2021 los trabajos de cientos de periodistas y blogueros fueron borrados, modificados u ocultados en Internet por Eliminalia, según pudo averiguar Forbidden Stories.
La empresa —que en 2021 declaró ganancias por 791 mil 110 euros— dice defender el derecho al olvido, un concepto relacionado con la protección de datos personales y el Habeas Data, que es el derecho que tiene toda persona para rectificar información que se relacione con su persona y se almacene en centrales de datos.
Artículo 19 ha expuesto casos en los que Eliminalia activó sus servicios abusando de forma fraudulenta de legislaciones como el GDPR (Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea) y el DMCA (Digital Millenium Copyright Act). E4
El derecho al olvido, nota pendiente en México
El derecho al olvido no es un concepto nuevo. En materia penal existe, por ejemplo, la cancelación de antecedentes, la prescripción del delito y el indulto. La novedad radica en su aplicación a la información electrónica y a las comunicaciones en Internet a partir de la posibilidad de retirar información personal publicada en la red, cuando el titular de esos datos personales lo estime pertinente.
En el universo digital, este derecho se estableció por primera vez en mayo de 2014, en la Unión Europea, como resultado de una resolución del Tribunal de Justicia de la Unión Europea en contra de Google.
Dicho tribunal consideró que la legislación europea de protección de datos otorga a las personas físicas el derecho a solicitar a los buscadores que retiren determinados resultados relacionadas con el nombre de una persona siempre y cuando:
La información en cuestión sea «inexacta, inadecuada, irrelevante o excesiva».
No exista un interés público en que dicha información siga apareciendo en los resultados de búsqueda.
En México, sin embargo, el derecho al olvido aún se encuentra en discusión tanto en foros organizados por el Senado, como en el Instituto Nacional de Acceso a la Información (INAI), universidades y organizaciones en defensa de la libertad de expresión. El tema no apunta a ser resuelto pronto cuando ni siquiera se han establecido sus alcances y limitaciones para eliminar ambigüedades. E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.