La administración de Joe Biden blinda la frontera sur y aprieta las tuercas con nuevas medidas migratorias; anuncia expulsiones aceleradas. La Unión Estadounidense de Libertades Civiles presenta la primera demanda contra las restricciones de asilo
Tráfico inhumano: los coyotes se regodean
El Título 42 expiró el 11 de mayo y, aun antes de que se cumpliera su último segundo de existencia, una oleada de migrantes esperanzados por lo que consideraban (erróneamente) una flexibilización en la política migratoria de Estados Unidos, abordaron su frontera sur en busca de mejores condiciones de vida.
En aras de impedir que el caos diera al traste con los planes de la administración de Joe Biden para sacudirse de arriba una política impuesta por su antecesor, Donald Trump, y de la cual le ha costado desprenderse dada la presión del Partido Republicano, el Gobierno federal envió mil 500 soldados con la orden de apoyar a la patrulla fronteriza, aunque no ejecutarían funciones policiales.
«En ningún momento de la historia de Estados Unidos ha habido otro país (como México) que acepte un gran número de deportaciones desde Estados Unidos de personas que no sean nacionales de ese país».
Aaron Reichlin-Melnick,director de políticas en el AIC
Asimismo, anunció la aplicación de una serie de medidas que tienen por objetivo formal «mejorar la seguridad de la frontera, limitar la inmigración irregular y crear procesos adicionales seguros y ordenados para que las personas que huyen de crisis humanitarias puedan llegar legalmente a Estados Unidos».
Los centros de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos están rebasados, con alrededor de 50% más de migrantes que su capacidad declarada. La saturación de las instalaciones, que confirmó el Secretario de Seguridad Nacional estadounidense, Alejandro Mayorkas, es mayormente en Texas y Arizona.
La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP, por sus siglas en inglés) ha estado reteniendo hasta 28 mil indocumentados en sus instalaciones, cuando su capacidad real es de aproximadamente 19 mil. «No puedo sobrestimar la presión sobre nuestro personal y nuestras instalaciones», informó Mayorkas. «Pudimos ver instalaciones de la Patrulla Fronteriza muy concurridas».
Se calcula que en el norte de México permanecen más de 150 mil migrantes esperando en albergues y campamentos el momento de cruzar la frontera. Ante el riesgo de un aumento continuo y vertiginoso del número de migrantes, tres ciudades de Texas —Brownsville, Laredo y El Paso— se declararon en estado de emergencia y el gobernador de ese estado, Greg Abbott, anunció el despliegue de la unidad táctica fronteriza de la Guardia Nacional «para que ayude a interceptar y repeler a grandes grupos de migrantes que intenten entrar a Texas ilegalmente».
En territorio mexicano, elementos del Ejército, de la Guardia Nacional, de la Policía Estatal y del Instituto Nacional de Migración (INM) arrancaron desde un día antes de la fecha límite de validez del Título 42 un operativo de vigilancia en el Río Bravo para contener a los indocumentados. El Gobierno de Coahuila informó que entre 800 y mil 200 migrantes fueron detenidos en la frontera del estado con EE. UU. en las últimas semanas.
Otra vuelta de tuerca
Los departamentos de Seguridad Nacional y Justicia de Estados Unidos anunciaron el 10 de mayo la implementación de una regla final que tendrá un impacto significativo en la elegibilidad para solicitar asilo en el país.
Aunque la ley estadounidense establece que cualquier persona puede presentar una solicitud de asilo sin importar su forma de entrada al país, esta regla final establece nuevos requisitos que limitan la elegibilidad de los migrantes para acceder a esta opción, a menos que cumplan con dos condiciones específicas.
Primero, que los migrantes soliciten asilo en el primer país seguro al que lleguen durante su camino hacia Estados Unidos, como México. Esta disposición recuerda una prohibición de asilo previamente emitida por el expresidente Donald Trump, la cual fue posteriormente anulada por los tribunales.
Segundo, nadie será elegible para solicitar asilo si no han intentado utilizar las vías legales establecidas, como el programa de libertad condicional humanitaria, o si no han agendado una cita en un puerto de entrada a través de la aplicación CBP One.
Los nuevos requisitos tienen como objetivo limitar la cantidad de solicitudes de asilo y direccionar a los migrantes hacia otras naciones en su búsqueda de protección. Sin embargo, esto ha generado preocupación entre defensores de los derechos de los migrantes, quienes argumentan que dichas reglas obstaculizarán el acceso al país.
El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) asegura que ha «incrementado de manera drástica» el número de vuelos de deportación semanales y que prevé duplicarlos o triplicarlos en el caso de algunos países. Estos incluyen los vuelos a Cuba que habían sido suspendidos durante la pandemia.
El mensaje de la Casa Blanca es claro: «Las fronteras no están abiertas».
Título 42, ley a modo
El polémico Título 42 fue una orden de salud pública que permitía la expulsión inmediata de migrantes en las fronteras terrestres de EE. UU. Se emitió el 20 de marzo de 2020, durante la administración de Donald Trump, por los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC, por sus siglas en inglés) bajo el supuesto de que se trataba de una medida necesaria para salvaguardar la salud pública cuando el país enfrentaba un número récord de no ciudadanos, incluyendo familias, en la frontera, lo que provocaba que las instalaciones fronterizas superaran su capacidad operativa normal. Esta situación afectaba la capacidad de aplicar medidas de control de la COVID-19, como el distanciamiento físico.
David Shahoulian, funcionario del DHS, alegó entonces que dicho organismo «simplemente no puede procesar a todas las familias no ciudadanas de manera segura en las circunstancias actuales, y especialmente en el caso de una afluencia a gran escala». Estas condiciones llevaron a los CDC a respaldar la medida de expulsión selectiva como una forma de hacer frente a los desafíos sanitarios y operativos que se presentaban en la frontera.
Bajo el Título 42, la CBP prohibió la entrada de ciertas personas que se consideraban «potencialmente un riesgo para la salud», ya sea debido a restricciones de viaje previamente anunciadas o por ingresar ilegalmente al país para evitar los controles médicos. La medida permitió a las autoridades fronterizas expulsar rápidamente a los migrantes que ingresaban a través de Canadá y México, aunque los menores no acompañados estuvieron exentos de su aplicación.
Los defensores de los derechos de los inmigrantes expresaron inmediatamente su desacuerdo, argumentando que los funcionarios utilizaban la salud pública como excusa para restringir la entrada de inmigrantes al país en la mayor medida posible. Expertos en salud pública criticaron la política y afirmaron que no estaba justificada. Human Rights First, organización internacional de derechos humanos, identificó más de 10 mil casos de secuestro, tortura, violación y otros ataques violentos contra personas bloqueadas o expulsadas a México bajo el amparo del Título 42.
De acuerdo con datos proporcionados por la CBP, las autoridades estadounidenses utilizaron más de 2.8 millones de veces el Título 42 para expulsar personas en la frontera. Esta política, además, llevó a la suspensión del sistema de asilo en Estados Unidos, impidiendo que los migrantes que alegan estar huyendo de la persecución puedan presentar sus casos, algo que tanto las leyes nacionales como internacionales indican que deberían tener la oportunidad de hacer.
México ayuda al vecino
El Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que aceptará hasta mil personas originarias de Venezuela, Haití, Cuba y Nicaragua que sean expulsadas de EE. UU. bajo la figura de «deportaciones» y «retornos voluntarios». Se trata de un hecho inédito en la relación de las naciones vecinas y que representa para la Casa Blanca una válvula de escape a la presión en la frontera.
«Llegamos a un acuerdo que es muy importante, México acordó aceptar a mil personas por día que cruzan y no tienen un estatus legal en Estados Unidos de cuatro países», comentó el secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken.
«México no coincide con el Título 42 ni con el 8, ni con el tercer país seguro, nuestra posición es en sentido contrario, pero respetamos su ámbito jurisdiccional, eso le corresponde a Estados Unidos».
Marcelo Ebrard, secretario de Relaciones Exteriores
El arreglo tuvo lugar el 2 de mayo, en Palacio Nacional, entre la consejera de Seguridad Interna del presidente Joe Biden, Liz Sherwood-Randall, y el líder de la 4T. «El status quo sobre el terreno (en la frontera) no cambiará mucho, pero desde una perspectiva legal esto es un cambio sísmico. (…) En ningún momento de la historia de Estados Unidos ha habido otro país que acepte un gran número de deportaciones desde Estados Unidos de personas que no sean nacionales de ese país», consideró Aaron Reichlin-Melnick, director de políticas en el American Immigration Council (AIC).
Por su parte, el canciller Marcelo Ebrard aseguró que México no recibirá más de mil migrantes por día porque el país no cuenta con la capacidad para aceptar una cifra superior. «México les ha hecho saber que no podrían en ningún caso recibir a más de mil personas al día, no podríamos, no tendríamos la capacidad, ni lo aceptaríamos», subrayó.
Recordó que esa misma medida ha estado vigente desde marzo de 2020 y advirtió que México ha expresado siempre su interés en promover una migración organizada, buscando facilitar que las personas puedan acceder a empleos en Estados Unidos de manera legal y regulada.
«México no coincide con el Título 42 ni con el 8, ni con el tercer país seguro, nuestra posición es en sentido contrario, pero respetamos su ámbito jurisdiccional, eso le corresponde a Estados Unidos», remarcó.
¿Qué cambia con el Título 8?
Tras el fin del Título 42, las normas y regulaciones establecidas en el Título 8 del Código de Estados Unidos volverán a ser las principales directrices en materia migratoria. Según esta legislación, los migrantes que llegan a la frontera entre Estados Unidos y México pueden ser detenidos e interrogados para evaluar su admisibilidad al país. Aquellos que expresen temor legítimo de regresar a su nación de origen son remitidos a una entrevista de miedo creíble.
Si pasan dicha entrevista son incluidos en una lista para presentar solicitudes de asilo en el país y ser liberados en territorio estadounidense. Aquellos que no expresen temor de regresar o no aprueben la entrevista son deportados a sus países de origen y enfrentan una prohibición de reingreso de cinco años. Quienes sean sorprendidos intentando ingresar varias veces como indocumentados enfrentarán cargos penales y ya no serán elegibles para solicitar asilo en el futuro.
Los procedimientos de deportación estándar son llevados ante un juez de inmigración de la Oficina Ejecutiva de Revisión de Inmigración del Departamento de Justicia y pueden prolongarse de cuatro a cinco años antes de que se tome una decisión. Durante este proceso, los aspirantes a quedarse en territorio estadounidense tienen la oportunidad de aplicar solicitudes de asilo. Alternativamente, los migrantes también pueden ser sometidos a una deportación acelerada que, a diferencia de la estándar, suele llevarse a cabo en cuestión de días o semanas.
En respuesta, la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU) presentó una demanda en un tribunal federal de California con el objetivo de frenar la política que restringe el asilo a aquellos migrantes que transiten por un tercer país.
Además, un juez de Florida bloqueó que el Gobierno de Biden ponga en libertad condicional a los indocumentados en custodia de la Patrulla Fronteriza sin avisos judiciales, lo que sacude parte del plan del presidente para evitar el hacinamiento de instalaciones. E4
En tres décadas EE. UU. duplica la recepción de inmigrantes por año
| Año | Total |
|---|---|
| 2020 | 50.632.836 |
| 2015 | 48.178.877 |
| 2010 | 44.183.643 |
| 2005 | 39.258.293 |
| 2000 | 34.814.053 |
| 1995 | 28.451.053 |
| 1990 | 23.251.026 |
En 2020 el mayor número de migrantes se acogió en:
| País | Total |
|---|---|
| Estados Unidos | 50.632.836 |
| Alemania | 15.762.457 |
| Arabia Saudita | 13.454.842 |
| Rusia | 11.636.911 |
| Reino Unido | 9.359.587 |
Tráfico inhumano: los coyotes se regodean
Más secuestros, desapariciones y reclutamiento para trabajos forzados, prevén a corto plazo
Para Ana Enamorado, fundadora de la Red Regional de Familias Migrantes, el cese del Título 42 y las nuevas medidas restrictivas para solicitar asilo en Estados Unidos traerá como consecuencia un mayor número de víctimas a manos de los traficantes de personas.
«Hay un riesgo de que las desapariciones de personas migrantes aumenten», explica. «Para los coyotes va a ser un negociazo. Les van a aumentar la cuota (a los migrantes que no califiquen para asilo), se van a aprovechar de ellos, va a haber más secuestros, desapariciones, reclutamiento para trabajos forzados».
Los indocumentados que son regresados a México desde Estados Unidos están expuestos a grupos delictivos y funcionarios corruptos. Así lo hace notar Human Rights First en su informe «Mancha de derechos humanos, farsa de salud pública», publicado el 15 de diciembre de 2022, donde acusa que funcionarios mexicanos se han confabulado con organizaciones criminales para extorsionar a los migrantes.
«Los abusos por parte de los propios funcionarios estatales son sistémicos», aseveró Julia Neusner, abogada coautora del informe. «Escuchamos cientos y cientos de historias de personas que sufren daños directamente a manos de estos funcionarios estatales, incluidos secuestros, violaciones, agresiones sexuales, robos, extorsiones».
«Hay un riesgo de que las desapariciones de personas migrantes aumenten. (…) Para los coyotes va a ser un negociazo. Les van a aumentar la cuota (a los migrantes que no califiquen para asilo), se van a aprovechar de ellos, va a haber más secuestros, desapariciones, reclutamiento para trabajos forzados».
Ana Enamorado, fundadora de la Red Regional de Familias Migrantes
Es práctica común que las organizaciones criminales les impongan tarifas a los migrantes para viajar por México y luego los secuestran o los obligan a integrarse a sus bandas.
Para colmo, México anunció el cierre de 33 estancias temporales de migrantes luego que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) revelara el trato inhumano que sufrían sus ocupantes. Vale recordar que el 27 de marzo, en Ciudad Juárez, 40 migrantes murieron al permanecer encerrados durante un incendio.
Con menos estancias en México, más indocumentados quedarán expuestos en las calles. Esta situación crea un entorno propicio para quienes se dedican al tráfico de personas que aprovecharán la oportunidad para robarles, extorsionarles o cobrarles sumas exorbitantes por servicios de coyotaje. E4
Edgar London
La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.