Cartel reta al Gobierno y amenaza a la prensa

La delincuencia organizada trata de imponer censura a los medios de comunicación. El Estado, incapaz de garantizar la libertad de expresión. Artículo 19 registra 141 periodistas asesinados en México entre 2000 y 2021

Las amenazas del cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) contra la periodista Azucena Uresti, Milenio, Televisa y El Universal evidencian la vulnerabilidad del gremio y la necesidad de que el Gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador adopte medidas contundentes para proteger a las víctimas potenciales y a las empresas dedicadas a la comunicación, las cuales son objeto de intimidaciones, extorsiones y ataques, no solo del crimen organizado, sino también de políticos y miembros de las fuerzas de seguridad de los distintos niveles.

El video empezó a circular por internet la mañana del 9 de agosto y causó indignación entre la sociedad por su altanería y descaro. El mensaje en el nombre del líder del CJNG —las autoridades no descartan que la voz sea la del propio capo— advierte no estar «contra de la libertad de expresión», pero de inmediato impone censura: dejen de «tirarle» al cartel. La amenaza contra la conductora de espacios informativos en Milenio Televisión, Multimedios y Radio Fórmula, Azucena Uresti, es directa: «Te lo aseguro que donde sea que estés, doy contigo y te haré que te comas tus palabras, aunque me acusen de feminicidio, porque no me conocen a mí, Rubén Oseguera Cervantes, yo no soy cobra cuotas ni extorsiono».

«Más allá del anuncio oficial del Gobierno de que tomará medidas para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados, es urgente que se dote al sistema de protección de los recursos económicos y profesionales para que pueda operar con eficiencia».

Sociedad Interamericana de Prensa

El texto se leyó entre personas con el rostro cubierto, equipadas ostentosamente con armas de alto calibre. Un desafío del crimen organizado al Gobierno.

El presidente Andrés Manuel López Obrador condenó los hechos y ordenó al subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, brindar protección a la periodista. Advirtió que el Gobierno federal ya no encubre la delincuencia organizada ni de cuello blanco como ocurría en el pasado.

«Quiero expresar mi solidaridad con la periodista Azucena Uresti por la amenaza que recibió de una de las organizaciones de la delincuencia. Quiero decirle que cuenta con nosotros. Desde que me enteré, di la instrucción para que se le atendiera, ya se estableció comunicación con ella, el subsecretario Alejandro Encinas la atendió y ya se estableció un mecanismo de protección», señaló en su conferencia matutina del 10 de agosto.

La Secretaría de Gobierno de Ciudad de México, por su parte, informó que la Dirección General del Mecanismo de Protección Integral de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas CDMX se mantiene en coordinación con la Dirección General del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas Federal con el objetivo de implementar las acciones necesarias para la atención del caso «en calidad de urgentes».

La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se sumó a la preocupación por las amenazas del CJNG contra Uresti y tres medios de comunicación e instó a garantizar la libertad de expresión en México.

«Más allá del anuncio oficial del Gobierno de que tomará medidas para proteger a periodistas y medios de comunicación amenazados, es urgente que se dote al sistema de protección de los recursos económicos y profesionales para que pueda operar con eficiencia», señalaron los presidentes de la SIP, Jorge Canahuati, y de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Carlos Jornet (El Universal, 10.08.21).

Agenda sin cambios

Uresti declaró que desarrolla su trabajo con normalidad. Y a modo de réplica al CJNG, que la acusa de ser parcial en la cubertura sobre la violencia en Michoacán al otorgarle un trato preferencial a los grupos de autodefensa, aseguró que tanto ella como su equipo buscan darle siempre equilibrio a la información y comprobar las noticias.

«Así seguiremos, sin sesgos, sin datos, con hechos precisos, seguiremos haciendo nuestro trabajo como hasta ahora», dijo. Además, aprovechó su espacio en Grupo Fórmula para agradecer el respaldo de otros periodistas, radioescuchas y autoridades. «(Quiero) agradecer a compañeros, amigos, colegas y a ustedes (oyentes) por su solidaridad, cariño y apoyo. Gracias también a autoridades por su inmediata respuesta» (El Universal, 09.09.21).

Su posición de imparcialidad la dejó bien clara. Aún se compartía en los medios de comunicación su agradecimiento hacia las autoridades, cuando, al día siguiente, arremetió contra el monitoreo que llevó a cabo el presidente Obrador en su sección «¿Quién es quién?» de las mañaneras.

«El monitoreo es pésimo pues mencionan dos veces mi espacio. Pero me desconcierta que, a pesar de todo lo que sucede, ni el presidente ni su equipo, reconsideren dejar de exponer a quienes han mostrado alguna vez desacuerdo con algunas decisiones del Gobierno. Es muy decepcionante», publicó en su cuenta de Twitter, el 11 de agosto.

Estrategia fallida

La política de «abrazos, no balazos» defendida por el presidente Obrador, cuenta con menos adeptos a medida que la violencia repunta y los carteles de la droga extienden su dominio en el país. Buscar alternativas pacíficas para evitar la confrontación directa y limitar los márgenes de maniobra de las policías, la Marina y el Ejército, ha generado hasta el momento más polémica que soluciones.

La Guardia Nacional —garante de la seguridad en México— dista mucho de cubrir las expectativas con que fue creada en marzo de 2019. Sus labores más evidentes son de apoyo en zonas de desastres y de control migratorio en la frontera sur. En cuanto a la estrategia para el combate a la delincuencia organizada, los resultados son pobres todavía.

La periodista Ana María Salazar acusa: la «estrategia no se ve y obviamente no se puede ver reflejada en una frase como “Abrazos, no balazos”. Porque si esa es su estrategia para poder convencer a estas organizaciones criminales que tienen que desistir de sus actividades delictivas y de la violencia particularmente en contra de la población, yo diría que (el lema) para mí representa una invitación o a negociar o que el Estado está dispuesto a someterse ante las demandas de estas organizaciones» (El Financiero, 22.07.21).

El CJNG, junto con otros carteles, campea en el territorio nacional y su expansión es incesante. La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés) registra su presencia en 23 de las 32 entidades federales y en los 10 municipios más violentos de México.

El fenómeno es resultado de la impunidad y de la incapacidad de los tres niveles de Gobiernos para contenerlo. La amenaza contra Azucena Uresti y medios de comunicación refleja el poderío y el desprecio de los carteles hacia las leyes y el gremio periodístico.

La actitud contrasta ostensiblemente con la indefensión de los periodistas. Artículo 19 tiene documentados 141 asesinatos (130 hombres y 11 mujeres), cometidos entre 2000 y 2021, la mayoría impunes. El mecanismo de protección desplegado por el Gobierno puede mantener a salvo a Uresti, pero ¿y el resto del gremio? E4