Caso Infonavit: justicia a medias; caen magnates, faltan funcionarios

El Gobierno anuncia que invertirá 2 mil mdp recuperados por el caso TELRA en el desarrollo de viviendas en zonas marginadas. La 4T persigue a empresarios inmobiliarios, pero los juicios de despojos ilegales y otros desfalcos cometidos en las administraciones de Murat y Penchyna siguen sin castigo

En Coahuila devuelven migajas; nadie va preso

El Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) fue otro de los organismos saqueados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

En 2018, la Fiscalía del Estado de Nayarit informaba sobre un fraude de 2 mil 257 millones de pesos a través de un mecanismo para despojar de sus viviendas a más de 60 mil derechohabientes con adeudos, el cual fue ejecutado en las administraciones de Alejandro Murat (2012-2015) y David Penchyna (2016-2018).

El esquema involucró a jueces, magistrados, notarios y funcionarios que simularon procesos judiciales de despojo en los estados de Chihuahua, Coahuila, Jalisco, Nayarit, Sinaloa, Sonora, Tamaulipas y Zacatecas. Las viviendas recuperadas por el Infonavit se vendían a menor precio a empresas inmobiliarias (Espacio 4, 610).

Según cálculos del abogado chihuahuense Mario Alberto Sánchez Zúñiga los despojos habrían sumado 300 mil en todo el país, con valor total 70 mil millones de pesos (Espacio 4, 605)

Y aunque algunos afectados han recuperado sus viviendas, tan solo hay dos detenidos por el caso, ambos en Nayarit: el expresidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Pedro Antonio Enríquez Soto, y el exmagistrado Jorge Ramón Marmolejo Coronado, acusados de falsificación de documentos, fraude, tráfico de influencias, asociación delictuosa, ejercicio indebido de funciones, abuso de autoridad, cohecho, peculado y otros delitos contra la administración de la justicia.

Los otro cuatro imputados en Nayarit enfrentan el proceso en libertad y han acordado hacer pagos de entre 500 mil y 2 millones de pesos para reparar el daño al erario. En Coahuila, fueron suspendidos seis jueces y 12 secretarios de juzgado, pero ninguno pisó la cárcel.

En 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, destaparon otro fraude al Infonavit al «presumir» un cheque de 2 mil millones de pesos recuperados a través de un supuesto acuerdo con la empresa TELRA. En 2017, la firma de la familia Zaga Tawil había recibido una indemnización de 5 mil 88 millones de pesos por parte del Infonavit por la rescisión de un contrato de colaboración para la movilidad de viviendas abandonadas. Parte de ese dinero fue a parar cuentas bancarias en Estados Unidos, Suiza y Reino Unido.

Si bien los hermanos Rafael y Teófilo Zaga Tawil acusaron entonces que el cheque obtenido por la FGR no fue parte de un acuerdo sino de una extorsión a los hermanos André y Max ElMann, principales accionistas de la empresa de bienes raíces Fibra Uno —también vinculada al fraude—, el Gobierno asegura que el dinero ya pasó el dinero del Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado al Infonavit y se invertirá en el desarrollo de comunidades marginadas en el sur del país.

Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono se encuentran prófugos de la justicia, mientras que Teófilo Zaga lleva más de un año detenido. Por el mismo caso también están en prisión dos exfuncionarios del Infonavit: el exsecretario general jurídico Omar Cedillo Villavicencio y el excoordinador jurídico Alejandro Cerda Erdmann.

El director general del Infonavit, Carlos Martínez Velázquez, informó que los fondos recuperados impulsarán el programa «Mejora Directa», que tiene como objetivo apoyar a los derechohabientes sin relación laboral vigente, a quienes se le entregarán 62 mil créditos revolventes con tasa cero de intereses.

La iniciativa es parte de la política de la 4T para impulsar créditos blandos y ayudar a los trabajadores a comprar terrenos y construir casas. Según Martínez, al menos 2.9 millones de acreditados han sido apoyados con la reestructura para conservar y pagar su vivienda. Además, se han suspendidos los desalojos y las subastas de casas para reventa, ambos relacionados con los fraudes.

No solo eso. Para atajar las críticas de que el aumento del salario mínimo dispararía los pagos mensuales de las hipotecas, el Gobierno de AMLO incluyó en su «plan antiinflacionario» al Infonavit, por lo que las tasas se mantendrán estables (en un rango de 1.91% a 10.45% según el salario) en lo que resta del sexenio. El presidente también respaldó el llamado de Mario Macías, Director Sectorial de los Trabajadores (DST) del Infonavit, a construir casas más amplias para los trabajadores, con una medida estándar de al menos 50 metros cuadrados.

Murat se lava las manos

El esquema que se utilizó para despojar de sus viviendas a derechohabientes, entre 2013 y 2018, no podría haberse ejecutado sin la complicidad de los más altos funcionarios del Infonavit. Sin embargo, ni el hoy gobernador oaxaqueño Alejandro Murat ni el exsenador y exdiputado federal David Penchyna, ambos cercanos Peña Nieto, fueron llamados a rendir cuentas ante la justicia.

Además de los despojos ilegales, durante la administración de Murat se detectaron otras irregularidades graves, como la utilización del programa Empleavit para que dos altos directivos traspasaran sus deudas personales al instituto y obtuvieran préstamos millonarios a una tasa preferencial.

En el caso de los despojos, solo hubo detenidos en Nayarit, y en el del Empleavit, ningún funcionario fue suspendido.

En un artículo titulado «Queda impune colusión de jueces y funcionarios que despojó de vivienda a 60 mil familias», la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (22.02.22) acusa que solo dos funcionarios de una veintena de involucrados están en prisión por el caso.

También revela que pese a que el Infonavit ha pagado más de 26 millones de pesos a un despacho jurídico para llevar el proceso de los llamados «juicios masivos», existe la posibilidad de que no se recupere el dinero, pues el instituto no lo había denunciado en primera instancia como daño patrimonial.

Y si bien la indemnización de 5 mil 88 millones a TELRA fue pagada durante la administración de Penchyna, el contrato con la firma de los Zaga Tawil para administrar marcas del Infonavit y rehabilitar inmuebles abandonados fue otorgado en 2015, cuando Murat era director del organismo.

«Yo ya no era director (cuando se pagó la indemnización). Y también dejar de manera muy clara que los contratos no tenían ningún tipo de sanción. Así que el resto ya tendrá cada quien que responder. El que hizo el pago, el que realizó las autorizaciones fue en otra administración ajena a la mía», atajó Murat (El Universal, 11.02.20).

Penchyna, hasta el cuello

Si bien en su momento Penchyna justificó que la cancelación del contrato con TELRA ahorraba 10 mil millones de pesos al erario público, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) demostró que TELRA no había invertido ni un centavo para realizar las operaciones que se le habían adjudicado.

La firma no solo niega lo anterior, sino que ha montando un sitio web (casotelra.com) donde denuncia que su caso es «muestra de cómo la justicia se puede torcer para fabricar culpables y condenar inocentes» y ofrece «información y documentos que evidencian la extorsión judicial de la que está siendo objeto la familia Zaga Tawil».

En el mismo sentido, el pasado 1 de mayo, Teófilo Zaga Tawil, preso en el penal del Altiplano por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero, pidió a la FGR interrogar a Penchyna y Murat.

«Es verdaderamente alarmante que, en cinco años, esa Autoridad Ministerial de la Federación haya sido omisa en recabar las entrevistas de las personas mencionadas, cuando claramente se desprende que estuvieron directamente involucradas en los hechos materia de la presente investigación ministerial, son más de 80 personas y no se ha entrevistado a ninguna», señala un escrito firmado por José Merino, abogado de la familia.

Las personas que el empresario solicita entrevistar participaron en las sesiones del Consejo de Administración del Infonavit en las que se aprobó el contrato de TELRA y su cancelación anticipada. Entre ellas destacan la exdirectora de Sedesol, Rosario Robles (en prisión por el caso de «La Estafa Maestra»); la extitular de la PGR, Arely Gómez (hoy contralora del Poder Judicial de la Federación); Alfonso Navarrete Prida y Manuel Cadena Morales, exsecretario y exsubsecretario de Gobernación; Rafael Pacchiano Alamán, exsubsecretario de la Semarnat, y Juan Carlos Lastiri Quirós, exsubsecretario de la Sedesol.

También se menciona al senador priista Carlos Humberto Aceves del Olmo (actual secretario general de la Confederación de Trabajadores de México), a Gustavo de Hoyos Walther, expresidente de la Coparmex y Juan Pablo Castañón Castañón, expresidente del Consejo Coordinador Empresarial.

Penchyna también fue acusado por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, detenido en el Reclusorio Norte por el caso Odebrecht, de haber sido el enlace para el pago de sobornos a legisladores panistas para que aprobaran la reforma energética de Peña Nieto (2013-2014). «No soborné ni fui sobornado por nadie. Emilio Lozoya Austin está mintiendo para salvarse de la cárcel», atajó Penchyna (Infobae 20.08.22)

Cabe recordar que al enterarse de que Penchyna cobraba 700 mil pesos como director del Infonavit, AMLO calificó al Gobierno de Peña como «faraónico». «Era mucho el robo, era mucho el saqueo, la corrupción, y mucho también el derroche. Era un Gobierno faraónico, de lujos, de gasto superfluo, improductivo», dijo en conferencia (20.01.19)

Zaga-ElMann: fraudes y evasión

El pasado 7 de agosto, un juez federal ratificó las órdenes de aprehensión en contra de Rafael Zaga Tawil y su hijo Elías Zaga Hanono por el caso Infonavit. Elías y su hermano Alberto, ambos menores de 25 años, son acusados de ayudar a su padre a seguir operando recursos financieros ilícitos mediante la creación de empresas fantasma que realizan transferencias a Alemania, Estados Unidos, Italia, Suiza y Taiwán (Central Política 25.07.22).

Una investigación de Proceso (20.11.21) señala que el portafolio de compañías de Rafael incluye una sociedad con el magnate inmobiliario André ElMann Arazi, jefe ejecutivo de Fibra Uno (FUNO), el fideicomiso de inversión y bienes raíces más grande de México. FUNO fue fundado por André ElMann junto con sus hermanos Moisés y Max en 2011 y opera más de 500 inmuebles en el país.

Ese mismo año, André ElMann se incorporó a TELRA Investments, fundada por Rafael y Teófilo Zaga en 2008. Los Zaga y ElMann pertenecen además a E-Group, un consorcio que conforman Fibra Uno, la constructora Parks y la empresa de energías limpias The Technowise Group.

De ahí que la FGR incluyera a ambas familias en la investigación por el fraude al Infonavit, pues si bien los contratos se firmaron con TELRA, en la que solo figuran como accionistas los Zaga, la institución alegó que el hecho de que integraran E-Group les había dado respaldo para cumplir lo acordado.

«En 2020, la FGR congeló cuentas de ambas familias y eso derivó en que, tras la entrega de un cheque de 2 mil millones de pesos de los ElMann para apegarse a un criterio de oportunidad y salir de la investigación, se acusara a los Zaga de delincuencia organizada, lavado de dinero y fraude fiscal», señala Proceso.

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) también tiene en la mira a los Zaga-Tawil, pues en 2017 no logró identificar ni avalar más de 2 mil millones de pesos que Rafael Zaga rindió en su declaración. En 2018 ocurrió lo mismo con otros 710 millones 499 mil 999 pesos. E4


En Coahuila devuelven migajas; nadie va preso

En entrevista con Espacio 4 (Edición 505), el abogado chihuahuense Mario Alberto Sánchez Zúñiga estimó en más de 300 mil los despojos realizados de manera ilegal en todo el país, de 2013 a 2018. De éstos, unos 100 mil se habrían realizado en tribunales de Coahuila a través de 668 juicios amañados.

El caso era una prueba de fuego para la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción de Coahuila, al mando de Jesús Flores Mier.

“Tenemos el reporte de más de 14 funcionarios del Poder Judicial (de Coahuila), algunos están suspendidos, otros fueron reinstalados a través del juicio de amparo, sin embargo, es una cadena de corrupción muy grande a nivel nacional (…) yo no me atrevería todavía decir si hay tantos o cuáles, porque no son todos los que están ni están todos los que son”, dijo entonces el fiscal Anticorrupción (Vanguardia, 06.03.19).

Sin embargo, tan solo 6 jueces y 12 secretarios de juzgado fueron separados de sus cargos, a quienes les fue retenido el 70% de sus sueldos y prestaciones durante los últimos tres años. En total, la reparación del daño suma apenas 6 millones de pesos (Vanguardia, 13.07.22). De acuerdo con el sitio Denuncia Coahuila (16.01.19), uno de los jueces suspendidos señala como autor intelectual del fraude al exmagistrado Jesús Sotomayor Garza, quien «instruyó para atender y recibir las miles de demandas en contra de los acreditados del Infonavit».

El fraude fue detectado en la gestión de Miriam Cárdenas al frente del Poder Judicial de Coahuila. Pese a que Cárdenas declaró que «No me iré son resolver el caso», el actual presidente de la Judicatura, Miguel Mery asegura que el expediente está congelado porque el Infonavit no ha continuado el proceso.

«Con el tema de reparación del daño, los juicios están en los juzgados de Saltillo, Torreón, y Sabinas. Estamos en estrecha comunicación con el Infonavit para saber si van a continuar o no estos juicios, pero no hemos dado un solo paso que el Infonavit no autorice», dijo.

«Prácticamente todos fueron separados del cargo de manera definitiva (…) pero repararon el daño con el sueldo y prestaciones que se les retuvo durante el tiempo que estuvieron suspendidos», agregó.

Sin embargo, asegura que ninguno de los expedientes de los jueces y secretarios, «que yo recibí en esta situación, ha tenido un avance o un movimiento, salvo que el Infonavit así lo haya promovido». Y recordó que aunque todos estuvieron vinculados a proceso, ni la Fiscalía Anticorrupción ni el Infonavit no han promovido nuevas acciones penales. E4

Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.

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