Mineros de Coahuila, enterrados bajo la corrupción y la impunidad

Las pésimas medidas de seguridad y la falta de inspecciones derivaron en la tragedia de la mina El Pinabete, en Sabinas, donde 10 trabajadores quedaron sepultados. Cristian Solís Arriaga, presunto propietario de los pozos, el chivo expiatorio

Políticos en el ojo del huracán

El derrumbe en la mina propiedad de la Compañía Minera El Pinabete S.A. de C.V., en el municipio de Sabinas, el 3 de agosto, con el costo de 10 obreros atrapados, viene a sumarse a una extensa lista de desastres del mismo tipo en el estado de Coahuila. El peor de ellos sucedió en Pasta de Conchos, en 2006, donde perdieron la vida 65 trabajadores, de los cuales apenas dos cuerpos pudieron ser extraídos. La Región Carbonífera (que abarca Sabinas, Nueva Rosita, Palaú y Barroterán) cuenta con un historial nefasto para los trabajadores que, día a día, arriesgan sus vidas en el subsuelo, sin el equipamiento necesario ni las medidas de seguridad mínimas para desarrollar una labor que, por su propia naturaleza, ya resulta arriesgada. Sin embargo, representa un negocio muy lucrativo para las empresas mineras que ven llenarse sus arcas a costa de las vidas humanas.

En el caso de la mina de Sabinas no existían planos del lugar y tampoco había un registro o documentación sobre cómo responder ante una emergencia. Al inundarse el pozo, los trabajadores atrapados no contaban con un plan de contingencia que les sirviera de guía para reaccionar con celeridad y les garantizara mayores oportunidades de supervivencia.

«No se hace justicia por todos los mineros que han fallecido en estas condiciones tan precarias. No es nuevo; en todas las muertes del carbón, jamás se ha llevado a un responsable a la cárcel».

Juana Arzola, viuda de minero fallecido en Pasta de Conchos

Más de dos semanas después de ocurrido el desastre se desvanecen las posibilidades de encontrar algún minero con vida y, por desgracia, el 14 de agosto las labores de rescate se complicaron a causa del incremento de los niveles de agua en los pozos dos, tres y cuatro de la mina, hasta alcanzar 10.44 metros, según informes de Protección Civil. A pesar de ello, se planea ejecutar nuevas maniobras para dar con los obreros.

«Que a los familiares les quede claro que no los vamos a abandonar, ni a ellos ni a los mineros atrapados. Compartimos la angustia que ellos sufren, y sepan que no estamos escatimando ningún recurso para lograr el propósito», afirmó la coordinadora Nacional de Protección Civil de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Laura Velázquez (Expansión Política, 14.08.22).

AMLO presente

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha estado pendiente de la situación en la mina colapsada. La tarde del 7 de agosto se presentó en el lugar para supervisar personalmente las labores de rescate y conversar con los familiares de los trabajadores que permanecen atrapados.

Dentro del terreno donde están los cuatro pozos que conforman la mina, el líder de Morena interactuó con los cuerpos de rescate, militares, elementos de la Guardia Nacional, técnicos especializados y voluntarios.

«De manera muy extraña, (…) una vez que sucedió el accidente fueron a inscribir a los trabajadores al seguro social. (…) Si es cierto, es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores (…) y no a los concesionarios de la mina»

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

El presidente dejó en claro que, primero, había que concentrarse en las labores de extracción de los hombres. Luego, se analizarían causas del siniestro, presuntos responsables y medidas a tomar.

Durante su recorrido, el Ejecutivo exhortó a los presentes a redoblar los esfuerzos para encontrar a los 10 sepultados. «Tenemos que seguir trabajando para rescatar a los mineros, tenemos que hacer todo lo que estamos haciendo y más (…). Yo deseo que sea lo más pronto posible», dijo.

La Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) indicó que los tres órdenes de Gobierno continúan trabajando coordinadamente en el rescate, pero también para atender a los familiares de los mineros quienes desde que ocurrió el accidente han esperado a las afueras de la mina en espera de información.

«Más de 200 servidores públicos trabajan por turnos para cubrir las 24 horas del día con atención médica, psicológica, alimentaria, de servicios, acompañamiento y apoyo para solventar las necesidades básicas, de información y coordinando acciones para lograr el mayor bienestar posible de las familias de los mineros atrapados», dijo la dependencia en un comunicado (El Comentario, 08.08.22).

Van por responsables

La Fiscalía de Coahuila y la Fiscalía General de la República (FGR) iniciaron sendas indagaciones para dar con los responsables del siniestro. Por tal motivo solicitaron información sobre los propietarios, el registro y la concesión de la mina, así como de las condiciones de trabajo.

La FGR ya presentó una solicitud de audiencia judicial ante el Centro de Justicia Penal Federal en Coahuila, para imputar a Cristian Solís Arriaga, quien presuntamente es el dueño de la mina, pero del que se desconoce su situación financiera o sus vínculos con el negocio, lo que hace sospechar un rol de prestanombres.

A Solís Arriaga se le acusa por su probable participación en la explotación ilícita del subsuelo a través de la mina conocida como El Pinabete; incumplimiento de las obligaciones que la ley establece a quienes realizan este tipo de actividades y por ser responsable de la dirección y administración del lugar.

También se dio a conocer que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) revisó y dictaminó como segura a la empresa Compañía Minera El Pinabete, S.A. de C.V., dueña de la mina que colapsó. A esa compañía le pagó 75 millones de pesos en contratos adjudicados de manera directa, para comprar carbón desde 2020 hasta 2024.

Para obtener los contratos, dicha empresa debió presentar 12 documentos oficiales sobre su constitución legal. Sin embargo, para comprobar la seguridad en las instalaciones de acuerdo con las normas vigentes, el cumplimiento de obligaciones de pago ante el SAT y la inscripción de trabajadores al IMSS y el Infonavit, la CFE solo solicitó una carta «bajo protesta de decir la verdad».

Corrupción al garete

«No se hace justicia por todos los mineros que han fallecido en estas condiciones tan precarias. No es nuevo; en todas las muertes del carbón, jamás se ha llevado a un responsable a la cárcel» (Proceso, 13.08.22). Las palabras son de Juana Arzola, viuda de uno de los mineros que perdieron la vida en Pasta de Conchos. Ella, como todos los relacionados con el trabajo de minería en la zona carbonífera de Coahuila, está consciente del alto grado de corrupción que impera en la región, donde las autoridades y el crimen organizado están coludidos con las empresas que explotan el subsuelo.

«Aquí en Sabinas (…) no solo no se inspeccionó, como hace un año se dijo, la Secretaría del Trabajo modificó el reglamento y ahora la mayor parte de las inspecciones las van a hacer solo si hay denuncia, por eso ahora salieron a decir no pues no la habíamos inspeccionado porque no había denuncia».

Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos

La organización Familia Pasta de Conchos expuso que entre las medidas urgentes que se deben adoptar para evitar corruptelas está la cancelación de los títulos de concesiones mineras sobrepuestas a minados viejos; romper el pacto de impunidad con los empresarios del carbón; invertir en infraestructura e incentivar a las empresas manufactureras de la región para que la minería no sea la única opción laboral; contratar con condiciones en las que se tenga el equipo adecuado y garantizar las inspecciones necesarias en los lugares de trabajo. Además, que la CFE valore que «el carbón de Coahuila solo representa el 3% de la matriz energética a cambio de un inmenso sufrimiento familiar y ambiental».

En cuanto a las inspecciones, la mina colapsada no había recibido ninguna. «Aquí en Sabinas está la prueba, no solo no se inspeccionó como hace un año se dijo, la Secretaría del Trabajo modificó el reglamento y ahora la mayor parte de las inspecciones las van a hacer solo si hay denuncia, por eso ahora salieron a decir no pues no la habíamos inspeccionado porque no había denuncia», afirmó la activista Cristina Auerbach, defensora de derechos humanos de la organización Familia Pasta de Conchos (Proceso, 15.08.22).

Los visos de procesos amañados llegaron incluso el presidente López Obrador, quien denunció que los trabajadores de la mina siniestrada fueron inscritos al Seguro Social luego de que ocurriera el derrumbe.

«De manera muy extraña, según el informe que me presentaron, una vez que sucedió el accidente fueron a inscribir a los trabajadores al seguro social. Seguramente, si es cierto, es un plan con maña para castigar al que aparece inscribiendo a los trabajadores en el Seguro, y no a los concesionarios de la mina», apuntó el mandatario federal en su conferencia matutina del 12 de agosto.

El Ejecutivo agregó que, si bien esta mina contaba con concesión, era explotada de manera clandestina sin dar aviso a autoridades y por ello no había revisiones en el lugar. «En el caso de esta mina, los trabajadores no están sindicalizados porque no permiten que el trabajador se proteja con un sindicato, son muchos intereses los que están de por medio. Nosotros vamos a actuar, le hemos estado pidiendo a la Fiscalía que actúe con rigor, que no haya impunidad, pero lo que más nos importa es el rescate», afirmó.

Primeras repercusiones

Luego del colapso de la mina en Sabinas, la Secretaría de Economía (SE) suspendió provisionalmente las obras en 10 concesiones mineras hasta que los dueños acrediten el cumplimiento de las medidas dictadas por la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS).

Esta instancia informó a la Dirección General de Minas de la Secretaría de Economía sobre la existencia de un oficio del 9 de diciembre de 2021 donde se solicita el cese temporal de los trabajos en 10 minas —no se incluía El Pinabete—. «El entonces director general de Minas no procedió con la suspensión provisional al argumentar que la información de la STPS sobre las 10 concesiones no coincidía con los datos registrales en poder de la Dirección General de Minas», indica el comunicado (El Financiero, 13.08.22).

A causa de estas irregularidades, se dio aviso al Órgano Interno de Control en la Secretaría de Economía para que se investiguen y apliquen las medidas correspondientes.

Actualmente, tan solo en la Región Carbonífera de Coahuila, existen al menos 12 explotaciones mineras que presuntamente tiene irregularidades en sus concesiones, informó la STPS, misma que advierte no estar facultada para otorgar ni retirar concesiones pues eso le compete a la SE.

De la misma forma, existen siete denuncias interpuestas ante la FGR o la Fiscalía General del Estado (FGE) de Coahuila contra minas por incumplimiento de la restricción de acceso a la explotación minera, agregó la dependencia.

Es de esperar que las repercusiones por el desastre en la mina de Sabinas sobrepase el sector laboral y de negocios. La sociedad confía en que, más temprano que tarde, haga escala en el ámbito político, donde algunos buscarán que rueden las cabezas mientras otros intentarán atraer agua para su molino. Especialmente en Coahuila, donde las elecciones para la gubernatura están al doblar de la esquina. E4

Llueve sobre mojado

Accidentes mineros en Coahuila

• Pasta de Conchos (19 de febrero de 2006). Acumulación de gases provocó una explosión de varios túneles de una mina de carbón en el municipio de San Juan de Sabinas, conocido como Nueva Rosita. Un grupo de 65 mineros quedó atrapado y 63 cuerpos siguen sin ser recuperados.
• Barroterán (18 de octubre de 2017). Dos trabajadores perdieron la vida luego de un derrumbe en una mina de Barroterán, municipio de Múzquiz. El lugar pertenece a Grupo Acerero del Norte. El accidente ocurrió por falta de medidas de seguridad.
• Múzquiz (4 de junio de 2021). Siete mineros quedaron atrapados al interior de un pozo en Múzquiz. Se trataba de una mina de carbón. El 9 de junio las autoridades extrajeron el séptimo cuerpo, con lo que se dio por concluidas las labores de rescate.
• Ocampo (19 de julio de 2021). Se registró el derrumbe de una mina de plomo y zinc, con saldo de dos muertos y un lesionado. Según la Secretaría del Trabajo del estado, el accidente ocurrió en la mina La Pasión, cuando se registró un desprendimiento de rocas.
• Sabinas (3 de agosto de 2022). Se inundó un pozo en la mina de carbón Las Conchas. Diez trabajadores quedaron atrapados en el lugar.

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Políticos en el ojo del huracán

Tres nombres en esferas de alto rango se han mencionado en reiteradas ocasiones desde el derrumbe de la mina en Sabinas, por estar, de un modo u otro, conectados con el desastre: Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad; Armando Guadiana, senador de Morena, y Miguel Ángel Riquelme, gobernador de Coahuila.

En su columna «Otra vez, blindaje para Bartlett» (El Financiero, 10.08.22), Raymundo Riva Palacios advierte que el papel del titular de la Comisión Federal de Electricidad, Manuel Bartlett, en la región carbonífera de Coahuila ha sido fundamental para ir quitando apoyos y recursos al PRI, trasladándolos a Morena, lo cual —virtualmente— lo protege de su vínculo con la mina que colapsó en Sabinas. «La investigación que lleva a cabo la Fiscalía General de la República para deslindar responsabilidades va a toparse rápidamente con Bartlett, porque buena parte de lo que está sucediendo en esa Región Carbonífera tiene que ver con él. Pero hay certeza de que está blindado, no sólo por su relación de más de 40 años con el fiscal Alejandro Gertz Manero, sino por lo que ha hecho Bartlett desde el inicio del Gobierno para apresurar el traslado del control político del PRI en la región carbonífera, a Morena».

Para lograr este propósito Bartlett modificó el valor de carbón, entregando más a los pequeños propietarios y menos a los grandes productores. La estrategia generó de inmediato coyotaje. Explica el periodista: «Bartlett había dicho que Prodemi desaparecería porque era corrupta, pero lo que provocó fue una corrupción generalizada. Los pequeños productores terminaron revendiendo el carbón a los grandes productores a pie de pozo, quienes, a su vez, se lo revendían a la CFE a mayor costo».

Con todo y ello, la posición de Bartlett parece más cómoda que la del senador Guadiana, quien tuvo que apresurarse en publicar una carta donde se deslinda de la mina siniestrada cuando muchos lo señalaron como su propietario. Y no, no lo es. Pero sí es dueño de otras muchas minas en la región. «Guadiana ha sido financiero importante de campañas de Morena, por lo cual durante un largo tiempo ha tenido un trato respetuoso y agradecido de López Obrador, a quien ha permitido que le condonen adeudos fiscales por más de 2 mil y medio millones de pesos en empresas donde aparece como accionista o representante legal», destaca Riva Palacios en su columna.

A pesar de este trato preferencial, en su visita al lugar del accidente, el presidente López Obrador prefirió mantener distancia y apenas saludó brevemente al senador, antes de despacharlo para ocuparse del asunto de su visita. Es de imaginar que el líder de Morena opte por mantener alejado a Guadiana, al menos hasta que se finquen las responsabilidades pertinentes.

Por su parte, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme, ya debe tener sus barbas en remojo. «Todos los caminos de los probables responsables del siniestro —por las pésimas condiciones laborales y la falta de supervisión gubernamental— conectan con el gobernador y lo colocan en una situación incómoda que estará pronto a salir a la opinión pública», destaca Rivas Palacio.

Aunque la postura del priista parece bastante tranquila. Hasta el momento no ha fincado ninguna responsabilidad en el Gobierno federal y mantiene silencio absoluto sobre el entramado de concesiones que se han otorgado a las compañías mineras y la forma en que éstas operan en el estado sin rendir cuentas a nadie. Su preocupación se ha centrado en las labores de rescate de los mineros atrapados.

Quizás ni tanto. Los coahuilenses no pasaron por alto que el pasado 5 de agosto, apenas dos días después del colapso, Miguel Riquelme dejó la zona de la tragedia minera en Sabinas para dar el banderazo de la carrera Coahuila 1000 Desert Rally 2022.

«Las familias de mineros están a la espera de terribles noticias. Durante este día no han tenido informes de cómo va el rescate en pozo de carbón, pero Miguel Riquelme se toma el día y disfruta, junto con Manolo Jiménez, de #Coahuila1000», tuiteó una usuaria y, al instante, le siguieron otros comentarios mostrando indignación. E4