Caso Moreira-Aguayo: triunfa la libertad, pero la trampa vs. la prensa sigue puesta

Mientras no se elimine o modifique la figura de «daño moral», la comunidad periodística permanecerá amenazada por demandas e indemnizaciones. Las denuncias por complicidad entre autoridades y el crimen organizado en Coahuila: motivo verdadero de la querella legal

Bárbara Botello, la alcaldesa del PAN que perdió el pulso con el diario AM

La victoria del analista y académico Sergio Aguayo sobre el exgobernador de Coahuila y expresidente del PRI, Humberto Moreira, quien lo demandó por daño moral, es plausible, pues sienta un precedente positivo en favor de la libertad de expresión. Sin embargo, mientras los hombres del poder (político y económico) tengan las leyes de su lado para acusar a los periodistas y a la prensa por difundir información y análisis contrarios a sus intereses, la trampa seguirá puesta.

En palabras del propio Aguayo, promotor de los derechos humanos y de la democracia, quien colabora en varios medios de comunicación, «la prensa mexicana está bajo el asedio de políticos poderosos, criminales violentos y leyes que requieren ser reformadas y actualizadas para defender de manera simultánea el derecho a la libertad de expresión, al honor y a la información» (Comunicado, 17.03.22).

«Después de casi seis años, hoy la SCJN canceló mi condena a pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira por un supuesto daño moral. (…) La prensa sigue siendo el principal reducto, la principal trinchera y obstáculo para (…) los abusos de quienes tienen poder, sean políticos o sean criminales; por eso es que estamos pagando un costo tan alto como gremio, porque somos quienes estamos hablando claro cuando otros gremios optan por un discreto silencio».

Sergio Aguayo, académico de El Colegio de México

La figura jurídica de daño moral, tal como aparece en el artículo 1916 del Código Civil Federal, es una espada de Damocles que pende sobre la cabeza de los periodistas. «Si logramos quitar la figura del daño moral o regularlo, entonces estaríamos eliminando una de las causas de las amenazas. Habrá otras, por supuesto, y creo que la más extrema es el asesinato de periodistas que está sucediendo en el interior del país, fundamentalmente donde la denuncia es más directa y la animadversión del gobernante se personaliza», afirma el investigador (Reforma, 17.03.22).

«Condenamos enérgicamente la persecución judicial de la libertad de prensa en México a través de la presentación, admisión y desahogo de acciones judiciales contra periodistas, académicos y cualquier persona que haga uso de este derecho para buscar, recopilar, publicar y difundir información que nutra a la sociedad de información y opiniones en temas de trascendencia pública».

Artículo 19 y Propuesta Cívica

Aguayo propone impulsar cuanto antes la renovación de los poderes judiciales de los estados. Los tribunales toleran el acoso judicial a periodistas. Invocan supuestos daños al honor y se han convertido en un freno para la democracia. «México está lastrado por un sistema judicial esquizofrénico. Salvo excepciones, el federal es profesional y responsable, pero el de las entidades es muy deficiente», asegura.

Si bien el Poder Judicial Federal se ha fortalecido, «la prensa sigue siendo el principal reducto, la principal trinchera y obstáculo para los excesos de poder, los abusos de quienes tienen poder, sean políticos o sean criminales; por eso es que estamos pagando un costo tan alto como gremio, porque somos quienes estamos hablando claro cuando otros gremios optan por un discreto silencio».

El caso del autor de El Yugo Zeta: Norte de Coahuila, 2010-2011, junto con Jacobo Dayán, sirvió para desvelar la negligencia de organismos creados justamente para proteger a los periodistas, como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra de la Libertad de Expresión (FEADLE). «Son instituciones que no se interesaron en mi caso», apunta Aguayo.

Causa y consecuencia

Humberto Moreira demandó por daño moral a Sergio Aguayo por el artículo de opinión «Hay que esperar», publicado el 20 de enero de 2016, cinco días después de que el exlíder del PRI fuera detenido en España bajo cargos de asociación delictuosa, lavado de dinero, malversación y cohecho.

Moreira interpuso la demanda el 28 de junio en el Juzgado 15 de lo Civil del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Exigía ser indemnizado con 10 millones de pesos. La defensa de Aguayo depositó 450 mil pesos para evitar el embargo de su patrimonio y resistir una batalla legal que se extendió por más de un lustro.

El exmandatario alega que se atentó contra su honor, vida privada y su propia imagen, lesionando sus sentimientos, creencias, decoro y reputación. Aguayo asevera que la embestida legal se debió a un proyecto investigativo entonces en curso (El Yugo Zeta) donde se desvelaban conexiones entre el Gobierno de Coahuila y bandas criminales en las masacres de Allende y el penal de Piedras Negras.

«Sigo creyendo que la demanda de Humberto Moreira en mi contra fue motivada por las investigaciones que empecé a coordinar en 2016 desde El Colegio de México sobre las atrocidades cometidas por el crimen organizado en Coahuila y la complicidad que recibió de autoridades de los tres niveles. Afortunadamente, la demanda no frenó una investigación académica seria sobre la interacción entre crimen organizado, Estado y sociedad en Coahuila», asegura (Comunicado, 17.03.22).

El 16 de marzo pasado, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) determinó por unanimidad aprobar el proyecto de la ministra Margarita Ríos-Farjat para absolver a Aguayo y anular la condena, dictada por la Sexta Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de la Ciudad de México en octubre de 2019.

«Después de casi seis años, hoy la SCJN canceló mi condena a pagar 10 millones de pesos a Humberto Moreira por un supuesto daño moral. Estoy feliz porque no tendré que pagar, pero estoy más contento aún porque la SCJN falló en favor de la libertad de expresión y de la investigación periodística», publicó el académico en su cuenta de Twitter.

La importancia del fallo supera el monto de la indemnización. Es un espaldarazo a la libertad de expresión y un reconocimiento a la importancia de una prensa independiente. De haberse ratificado la sentencia, los periodistas trabajarían siempre bajo la amenaza de demandas civiles y de reparaciones. «Los ministros establecieron que una opinión, suficientemente documentada, está protegida y que no se puede exigir a los periodistas que sólo difundan hechos reflejados en sentencias judiciales inapelables», argumenta Aguayo.

Los límites de la crítica

Tanto la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) como la SCJN sostienen un esquema de «proyección pública» a partir del cual el umbral de protección de la honra y la dignidad humana es diferente según la calidad del sujeto sobre el cual se vierten las opiniones.

Para la SCJN «los límites de crítica son más amplios cuando ésta se refiere a personas que, por dedicarse a actividades públicas o por el rol que desempeñan en una sociedad democrática, están expuestas a un control más riguroso de sus actividades y manifestaciones que aquellos particulares sin proyección pública alguna, pues en un sistema inspirado en los valores democráticos, la sujeción a esa crítica es inseparable de todo cargo de relevancia pública» (www.scjn.gob.mx).

Periodistas y medios de comunicación podrán ser acreedores de sanciones civiles solo cuando se compruebe que existe información falsa en el caso de noticias. Para columnas o artículos de opinión solo se debe juzgar si existió «malicia efectiva» por parte del autor, ni siquiera es determinante analizar la falsedad o veracidad de los comentarios.

«La “malicia efectiva” es el criterio subjetivo de imputación que se ha adoptado en el derecho mexicano para atribuir responsabilidad en casos de conflicto entre la libertad de expresión y los derechos de la personalidad. […] En esta línea, las disposiciones sobre la “malicia efectiva” contempladas en la ley citada sólo se aplican en su literalidad a las intromisiones en el honor, por lo que la irrelevancia de la veracidad de la información en casos donde se alega la intromisión en la vida privada de una persona hace que la “malicia efectiva” como criterio subjetivo de imputación deba sufrir alguna modulación, que se traduce en dejar de considerar en todos los casos de posibles afectados (funcionarios públicos, personas con proyección pública y particulares) los elementos del estándar que presuponen la falta de veracidad» (ibidem).

Sobre esta base se sustenta el fallo en el pleito Moreira-Aguayo. «A juicio de esta Primera Sala, el discurso que en el caso dio pie a la acción de reparación por daño moral derivado del supuesto abuso de la libertad de expresión es un discurso preponderantemente de opinión que se fundamenta en una base fáctica que, sin llegar a someterse a un límite de veracidad tan rígido como el que se aplica a divulgaciones de información meramente noticiosa, supera satisfactoriamente el estándar de sustento fáctico suficiente».

Sin embargo, a pesar de todas estas consideraciones legales, en el artículo 1916 del Código Civil Federal se establece que hay daño moral cuando se vulnera o menoscaba ilegítimamente la libertad o la integridad física o psíquica de las personas. En este tenor se considera un hecho ilícito «el que comunique a una o más personas la imputación que se hace a otra persona física o moral, de un hecho cierto o falso, determinado o indeterminado, que pueda causarle deshonra, descrédito, perjuicio, o exponerlo al desprecio de alguien».

El artículo en cuestión no solo desatiende el esquema de proyección pública sostenido por la CIDH y la SCJN, sino que en su vaguedad ni siquiera distingue la verosimilitud de la falsedad de los hechos sobre los que se fundamenta la imputación. La imprecisión se hace más notoria cuando en el mismo saco de «daño moral» incluye los términos deshonra, descrédito, perjuicio y desprecio de «alguien». A partir de un criterio tan amplio, prácticamente cualquier opinión ejercida sobre un tercero se convierte en potencial causa de demanda. La trampa contra los comunicadores, entonces, permanece intacta.

El pleito continúa

La SCJN no emitía aún su veredicto, cuando el 17 de febrero Sergio Aguayo era notificado de una segunda demanda promovida por Humberto Moreira. Esta vez, el exgobernador de Coahuila argumenta un supuesto daño a su honra y prestigio por la publicación, en 2020, del libro “Reconquistando” la Laguna. Los zetas, el estado y la sociedad organizada, 2007-2014, donde se describe la violencia que azotó no solo a la Comarca Lagunera sino a todo Coahuila durante las administraciones de los hermanos Moreira y el interinato de Jorge Torres López.

La noticia indignó al gremio periodístico. «Condenamos enérgicamente la persecución judicial de la libertad de prensa en México a través de la presentación, admisión y desahogo de acciones judiciales contra periodistas, académicos y cualquier persona que haga uso de este derecho para buscar, recopilar, publicar y difundir información que nutra a la sociedad de información y opiniones en temas de trascendencia pública», expresaron Artículo 19 y Propuesta Cívica en un comunicado conjunto.

Las organizaciones coinciden en el propósito de censura e intimidación que se agazapa en el actuar del exgobernador coahuilense para que no salgan a la luz las graves violaciones de derechos humanos cometidas durante su sexenio.

«Consideramos que la reiterada presentación de demandas contra el periodista y académico Sergio Aguayo por parte de Humberto Moreira es una muestra evidente de demanda SLAPP (strategic lawsuit against public participation) selectiva, cuyo objetivo es castigar la crítica e investigación relacionadas a la situación de graves violaciones de derechos humanos ocurrida en el estado de Coahuila durante su período como gobernador», explica el comunicado.

Jueces de la CIDH destacaron la necesidad de que los Estados implementen medidas anti-SLAPP para prevenir y desarticular el uso de recursos legales contra el ejercicio de la libertad de expresión. E4


Bárbara Botello, la alcaldesa del PAN que perdió el pulso con el diario AM

La demanda de Humberto Moreira contra Sergio Aguayo dista mucho de ser la única que presenta un político contra un periodista o medio de comunicación. En octubre de 2020, Bárbara Botello Santibáñez, exalcaldesa priista de León, Guanajuato, interpuso una demanda civil por supuesto daño moral contra la empresa Editorial Martinica S.A de C.V. a la que pertenece el periódico AM, y exigió una reparación de 300 millones de pesos. Según la exfuncionaria, las notas y reportajes periodísticos publicados por el medio sobre los actos de corrupción detectados durante su Gobierno —incluyó también los comentarios emitidos por los lectores en redes sociales— minaron su prestigio y afectaron su salud.

Botello fue presidenta municipal de 2012 a 1015 y su administración estuvo plagada de señalamientos por irregularidades en el uso de los recursos públicos. Se le acusa de duplicar el costo en las obras con el ardid de declarar desiertos los concursos para luego adjudicarlos a placer; de generar facturas de servicios que nunca se prestaron; de comprar terrenos a precios fuera de mercado; de dar de alta a su peinadora en la nómina municipal, con un sueldo de siete mil 250 pesos mensuales en dos dependencias distintas, sin trabajar en ninguna; y de cargarle al erario al menos diez servicios de masajes y rituales de relajación en la master suite del hotel Hacienda Sepúlveda, donde gustaba alojarse.

«En los últimos cinco años los profesionales del periodismo y la comunicación han sido muy hostigados por cuestiones de su propio trabajo; a veces con violencia laboral, vetos o expulsiones, cierre de medios, amenazas, demandas —antes penales y ahora civiles— y lo peor: la agresión física infiriendo lesiones o hasta el homicidio».

Paulino Lorea, abogado de AM

Los reportajes de AM y otros medios de comunicación derivaron en 25 denuncias penales y revisiones de la Auditoría Superior del Estado, la Auditoría Superior de la Federación, la Contraloría Municipal de León y la Secretaría de la Función Pública.

La exalcaldesa contrató para su defensa un equipo de 13 abogados, pero en su demanda, compuesta por 244 elementos acusatorios, nunca hizo alusión a los hechos por los que en ese momento se encontraba sujeta a proceso penal ni a las investigaciones abiertas a su nombre en la Fiscalía Anticorrupción del Estado de Guanajuato.

El abogado defensor de AM, Paulino Lorea, expuso algunos de los riesgos a que se enfrentan los periodistas por ejercer su trabajo. «En los últimos cinco años los profesionales del periodismo y la comunicación han sido muy hostigados por cuestiones de su propio trabajo; a veces con violencia laboral, vetos o expulsiones, cierre de medios, amenazas, demandas —antes penales y ahora civiles— y lo peor: la agresión física infiriendo lesiones o hasta el homicidio», afirmó.

El 30 de mayo de 2019, Botello fue arrestada y presentada ante la juez tercero de lo penal de León, Cristina Rábago Morales, y recluida en un Centro de Reinserción Social. Apenas dos días después, tras pagar una multa, quedó libre.

No obstante, en noviembre del año siguiente, el Juzgado Tercero Penal de Partido confirmó el auto de formal prisión por el delito de peculado de 1 millón 577 mil pesos, aunque refrendó que podía seguir el proceso en libertad.

Según la Fiscalía, Botello y otros funcionarios crearon, desarrollaron y ejecutaron contratos ficticios con las empresas Participación en Proyectos, Advise Experts Trilogy y Asesoría Especializada Especta Aeesa.

Botello acusó al Gobierno del estado y al Partido Acción Nacional (PAN) de perseguirla permanentemente. El 22 de noviembre de 2021, el Tribunal de Justicia Administrativa inhabilitó por un año a la exalcaldesa para ocupar cargos públicos. A pesar de la gravedad de las imputaciones, la sanción fue solo administrativa. E4

La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.

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