Coalición Magisterial retoma plantón; reclama 1,300 mdp «desaparecidos»

Los frutos de una lucha de 10 años contra los abusos del moreirato y en demanda de justicia son mínimos. Mientras los trabajadores de la educación viven en constante zozobra y reciben servicios médicos insuficientes y de mala calidad, la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción mira para otro lado

Vera: las causas se ganan con solidaridad

Una atención médica cada vez más deficiente y el desabasto de medicamentos en farmacias de las clínicas del magisterio, así como la zozobra por el posible impago de pensiones a jubilados, son la punta del iceberg de una problemática que afecta principalmente a trabajadores en retiro —pero también en activo— del gremio magisterial coahuilense. A eso se suma la urgencia en otros puntos: fincar responsabilidades sobre el desfalco financiero a sus instituciones de seguridad social, aplicar auditorías externas y transparentar el manejo del dinero que, por 36 años o más, cada uno aportó de su salario.

Agrupados en la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública, profesores de las universidades Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN), Autónoma de Coahuila (UAdeC) y de la Sección 38 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) iniciaron un plantón permanente el 3 de mayo frente a Palacio de Gobierno. Su objetivo consiste en frenar el «saqueo constante» de los fondos creados para garantizarles una vida digna, sobre todo a quienes están en retiro.

«Las denuncias involucran un quebranto superior a los mil 300 millones de pesos. La solución para impedir la ruina del sistema de pensiones (…) está en recuperar esos recursos y sumar el pago de otros adeudos».

Gustavo García Torres, vocero de la Coalición Magisterial

Es una lucha de 10 años que aún no concluye, dice Gustavo García Torres, vocero de la Coalición. «Ya hemos visto que aumentar la presión sí rinde frutos. Tras dos fallos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), uno en julio de 2017 y otro en mayo de 2020, conseguimos impugnar el cobro de servicios médicos subrogados y los convenios de pagos con intereses. Esos fueron logros significativos», comenta.

Sin embargo, las demandas de servicio médico digno, personal certificado, hospitalización eficiente y abastecimiento puntual de medicamentos, no solo siguen pendientes, sino que los problemas se han extendido al Fondo de Vivienda, el Seguro del Maestro y la Dirección de Pensiones de los Trabajadores de la Educación (Dipetre), que ya en dos ocasiones ha retrasado el pago a los pensionados de la Narro y la UAdeC.

«Tampoco ignoramos —dijo García Torres— que debemos vigilar los fondos de ahorro y cuentas individuales de los trabajadores activos, pues el manejo opaco de recursos incluye tomas de dinero para poder pagar a los pensionados y jubilados. Al final, es claro que la raíz de todo son los desfalcos y la crisis por adeudos multimillonarios a los fondos de nuestras instituciones por parte del Gobierno del estado, la UAdeC, UAAAN y sindicato de la 38», puntualiza.

Plantón permanente

La Coalición mantendrá el plantón como hicieron durante 70 días, entre abril y junio de 2016, en Saltillo y la Plaza Mayor de Torreón. «Ahora estaremos aquí hasta que el gobernador Miguel Riquelme se abra al diálogo y asuma su responsabilidad como garante de la seguridad social de los trabajadores de la educación», advierte García Torres. Su idea es entregar a Riquelme un oficio que describe los temas que requieren su atención.

«Un grupo de bribones que dirigen la Sección 38 del SNTE se estaban aprovechando de lo que aportamos (…) con la venia del Gobierno desde que estaban los Moreira».

Salvador Ponce Ortiz, pensionado de la UAdeC

La protesta la apoyan trabajadores y representantes de todas las regiones del estado, tanto de los sindicatos de académicos de la UAdeC, la Narro y de la Normal Superior, como de las asociaciones de pensionados y jubilados de los tres niveles educativos —primaria, secundaria, superior— y maestros en activo.

García Torres señala que «debido a que las instituciones de seguridad social son organismos públicos descentralizados a cargo del Gobierno del estado, la ley de responsabilidades de los organismos paraestatales recae en el gobernador. Los artículos 42 y 43 así lo señalan, por lo cual no es correcto que “se lave las manos” y nos mande a buscar respuestas a nosotros mismos. Su simulación, engaños y evasivas pueden constituir un crimen de lesa humanidad, pues condena a nuestros compañeros adultos mayores a una muerte lenta por padecimientos crónicos mal atendidos. Por eso exigimos la instalación inmediata de una mesa técnica Gobierno-Coalición para dar seguimiento puntual a cada tema».

«¡¿A quién protegen?!»

Con ese grito, la Coalición magisterial demanda que se proceda contra los responsables del saqueo de recursos en la Sección 38 del SNTE, asunto que involucra a Carlos Ariel Moreira Valdés, hermano de los exgobernadores Humberto y Rubén.

Con base en revisiones de las cuentas públicas de entes magisteriales vinculados a la Sección 38 del SNTE, comprendidas entre 2012 y 2016, la Auditoría Superior del Estado (ASEC) presentó 16 denuncias penales ante la Fiscalía Especializada en Delitos por Hechos de Corrupción. No obstante, el organismo, encabezado por el moreirista Homero Flores Mier no responde y la ASEC se deslindó de los tiempos en los que se lleva a cabo la investigación respectiva.

«Estoy aquí con orgullo como docente, como parte del magisterio y considero una injusticia lo que hacen con nosotros».

Laura Luévanos, docente

García Torres señala que las denuncias involucran un quebranto superior a los mil 300 millones de pesos. La solución para impedir la ruina del sistema de pensiones del Magisterio está en recuperar esos recursos y sumar el pago de otros adeudos del Gobierno del estado y las universidades Autónoma de Coahuila y Agraria Antonio Narro con la Dipetre y el servicio médico. El faltante global ronda los 3 mil millones de pesos.

La Coalición magisterial ignora si hay investigaciones en curso, pues no existen informes. El silencio despierta sospechas, pues mientras contra dirigentes de la Sección 5 del SNTE se procedió de inmediato, los de la 38 reciben protección. Acaso porque uno de los acusados es Carlos Moreira, coordinador colegiado del SNTE.

«El gobernador y los fiscales —afirma García Torres—, apoyados en artilugios legaloides que aluden a la secrecía de las investigaciones, no dan absolutamente ninguna información, y tenemos la fundada sospecha de que no hay tal. ¿Acaso protegen a alguien en especial? ¡Exigimos respuestas!».

Por otro lado, considera que manejar el concepto de quiebra en la Dipetre es inaceptable al tratarse de una entidad pública obligada, por ley, a respetar y proteger un derecho social.

García Torres también rechaza la propuesta del auditor superior del estado, Armando Plata Sandoval, respecto a una nueva reforma a la Ley de Pensiones de los Trabajadores al Servicio de la Educación.

«Es cierto que hay una crisis mundial en los sistemas de pensiones y jubilaciones, pero en Coahuila ya se han realizado varias modificaciones legales, y en mayor medida con cargo al trabajador», enfatiza.

Mencionó que fue en 2016 cuando se les obligó a permanecer siete años más en servicio —los hombres deben trabajar por 36 años 9 meses; las mujeres dos años menos que ellos—. Además, se aplicó un aumento gradual hasta duplicar sus aportaciones de 6.5 a 13 por ciento, puntualizó.

Problema de todos

Laura Luévanos es una joven docente originaria de Nueva Rosita, pero avecindada en Saltillo «desde hace muchos años». Sobre la protesta frente al Palacio de Gobierno pide mayor participación, no solo de jubilados, sino de trabajadores vigentes. «Todos somos usuarios del servicio médico en las clínicas magisteriales y la calidad es igual de mala, sin distingos».

No se trata de un derecho gratuito, pues «cada quincena nos aplican descuentos aunque pasemos años sin requerir el servicio. Además, el retraso en los pagos no solo es un riesgo en pensiones, también lo es en nuestros salarios, porque antes nos pagaban con uno o dos días de anticipación y ahora lo hacen hasta el último día y por la tarde».

Luévanos señala que incluso cuando solicitan el estado de cuenta para llevar control de lo que se les rebaja, se les niega. «Yo he ido varios años para que me den ese documento. Primero, para solicitarlo piden que se haga por escrito, y ni haciéndolo así nos lo entregan; ya son cinco años en los que, al menos yo, no he recibido respuesta. Así que sigamos en la lucha. Yo estoy con ustedes. Aunque soy de escuela básica, la verdad, a mí no me da pena unirme. Estoy aquí con orgullo como docente, como parte del magisterio y considero una injusticia lo que hacen con nosotros».

Se dice extrañada por la escasa participación de los maestros en activo. «Tal vez estén trabajando o tal vez están asustados. Son muchas las razones posibles, pero si yo soy ese 0.001% que participa, pues gracias por recibirme, porque sé que ustedes estarán aquí para apoyarnos y compartirnos su experiencia de lucha cuando nos resulte necesaria. Sé que es ya una década de lucha porque los he apoyado y lo seguiré haciendo».

Igual que Luévanos, manifestantes provenientes de Monclova señalan que el problema en el servicio de las clínicas del magisterio afecta a todo el estado, no solo a Saltillo y Torreón. También lo padecen en Rosita, Piedras Negras, Allende y Acuña. El servicio de análisis clínicos dejó de prestarse y el déficit de medicamentos para controlar la presión y la glucosa es persistente.

De momento, consideran un gran beneficio que «por las políticas del Gobierno federal» ya estén vacunados contra la COVID-19 el 100% de los profesores de las regiones Centro y Norte, pues les permite afrontar la pandemia y la lucha magisterial.

Para Salvador Ponce Ortiz, pensionado de la UAdeC, «desde que inició esta lucha en 2011 el propósito fundamental era conseguir una mejor atención médica y seguridad en las pensiones, pero con el tiempo se advirtió que un grupo de bribones que dirigen la Sección 38 del SNTE se estaban aprovechando de lo que aportamos, y todo con la venia del Gobierno desde que estaban los Moreira en sus administraciones irresponsables.

»Ante las denuncias, el propio Riquelme parece sordo; incluso el Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) parece de parapeto. En estos días todos andan en campaña. Deberíamos exigir que pase aquí lo sucedido en Tamaulipas, donde el gobernador perdió el fuero, plantear juicio político a Riquelme por incumplir con sus obligaciones», acota Ponce. E4

Petitorio

Los trabajadores al servicio de la educación demandan:

  • Instalar una mesa técnica Gobierno-Coalición.
  • Brindar atención médica integral y de calidad.
  • Pagar el adeudo millonario del Gobierno y las universidades a la Dipetre y al servicio de salud.
  • Auditar los fondos de Vivienda y de Ahorro, así como los talleres gráficos, salones y centros recreativos.
  • Saldar los seguros y retiros a pensionados.
  • Resolver las denuncias penales por delitos contra las instituciones magisteriales.
  • Restituir del daño.

Vera: las causas se ganan con solidaridad

Las causas laborales son parte de su pastoral diocesana, y así como en años anteriores dedicó misas en Catedral al movimiento magisterial, Raúl Vera, ya como obispo emérito, acudió a la protesta de la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública.

«No hay otra manera de entender lo que significa el quehacer político. Debieran trabajar en procurarla dignidad, la justicia y los derechos de todos, no solo de los suyos».

Raúl Vera López, obispo emérito de Saltillo

«Lo único que puedo hacer es agradecerles mucho este gran ejemplo de lucha y de perseverancia, porque solo así, con la participación de todos, podemos tener el México y el mundo que queremos. Es así como se ganan las causas, con solidaridad entre nosotros mismos. Esa es la única solución que aún tenemos, por eso en la más reciente encíclica que el papa Francisco nos dio —y hay que saber que las encíclicas no se dirigen exclusivamente a los católicos, sino al mundo entero—, llamada Fratelli tutti (Hermanos todos), nos invita a la fraternidad universal y a la amistad social, a que nadie quede fuera de nuestras perspectivas.

»Todas las personas en la Tierra deben tener asegurados sus derechos para disfrutar de una vida digna y, desde esa perspectiva, es importantísima la lucha que ustedes sostienen, porque su fruto podrá disfrutarlo toda la sociedad, no solamente ustedes.

»Les doy gracias porque veo en ustedes un ejemplo de comunión, de fraternidad y solidaridad que nos cubre a todos. Esa es la importancia que alcanzan las manifestaciones públicas: que despiertan nuestra conciencia.

»No debe decaer nuestro ánimo ni nuestra esperanza. Ustedes están luchando por valores que les corresponden, que son reales y totalmente suyos. Siempre será lamentable que haya una parte de nuestra sociedad en puestos públicos o ejerciendo en la política que actúa en desapego del bien común, cuando hacerlo es su obligación, porque es a ellos a quienes les toca velar por la justicia y el derecho.

»Para quien está en un puesto público, esa es su obligación principal: garantizar la justicia y los derechos de toda la sociedad, y debieran hacer todo lo necesario para que eso se haga realidad. No hay otra manera de entender lo que significa el quehacer político. Debieran trabajar en procurar la dignidad, la justicia y los derechos de todos, no solo de los suyos.

»Por eso no debe ser, de ninguna manera, extraña para nadie cualquier lucha que se emprenda por un bien social, y yo siempre agradeceré que me inviten y compartan su esperanza por lograr, para todos, una mejor calidad de vida.». E4

Es ingeniero egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo con especialización en el área de Economía. Ha ejercido el periodismo en Saltillo. Trabajó en El Diario de Coahuila; se desempeñó como editor, diseñador, fotógrafo, redactor de editoriales y artículos de economía, industria automotriz, cultura e historia de Saltillo en el periódico Vanguardia.