Congreso: votaciones desairadas de un poder devaluado por servil

El clan alteró el calendario electoral para hacerse con el control de los diputados, ocultar y legalizar la deuda y bloquear las investigaciones. Pese al abstencionismo, los comicios del 18 de octubre derivarán en una legislatura sin una mayoría clara. Las diputaciones se dividirán entre PRI, PAN, Morena y UDC

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Las llaman «huérfanas» por despreciadas. Son las elecciones de diputados. Nadie las acompaña, excepto el abstencionismo, algunas sombras ominosas y una autoridad comicial deslegitimada. Las votaciones de alcaldes y gobernadores, en cambio, generan expectativa, despiertan ambiciones, empujan pactos —algunos visibles, otros clandestinos, pero casi siempre dañosos para el estado—, pues implican presupuesto y estructuras político-administrativas. El poder permite repartir dinero, contratos entre amigos y empresas fantasma, puestos públicos, prebendas y protección, incluso a carteles.

Los responsables directos del desprecio ciudadano hacia el poder legislativo son los diputados por abdicar de su función de contrapeso para ponerse al servicio del gobernador de turno, de sus partidos y de intereses personales en vez de desempeñarse como representantes populares. En sentido amplio, el aforismo del dictador Antonio López de Santa Anna según el cual «mientras tengamos Congreso no habrá progreso», en Coahuila se cumple a pie juntillas. Las cuatro legislaturas de los Moreira, integradas por acólitos, juniors, empresarios y dueños de medios de comunicación, sobresalen por abyectas: legalizaron una deuda espuria, avalaron reformas autoritarias, hicieron la vista gorda frente a asesinatos masivos y desapariciones forzadas y boicotearon todo intento por investigar tanto el desvío de recursos como casos flagrantes de enriquecimiento.

El veredicto ciudadano por 12 años de corrupción, nepotismo y desgobierno se dictó en las urnas el 4 de junio de 2017. La votación del PRI cayó 33% con respecto a 2011. Miguel Riquelme ganó la gubernatura por un margen de 2.5%, pero perdió municipios importantes —excepto Saltillo, por una alianza político-empresarial— y el control del Congreso. La tendencia se mantuvo en 2018, cuando su partido fue desplazado de las alcaldías de Piedras Negras, Matamoros y Francisco I. Madero donde jamás había habido alternancia. También perdió las elecciones de senadores y cinco de siete diputaciones federales.

Las oposiciones desaprovecharon su condición de mayoría en la actual legislatura —el PAN, UDC, Morena, PRD y dos independientes suman 15 diputados contra 10 del PRI— al ser cooptadas como las precedentes. Otras tuvieron un papel menos mediocre. Es el caso de la 58, con menor presencia opositora, pero con más agallas. Humberto Moreira dejó de acudir al Congreso después de ser interpelado por la bancada del PAN. A partir de entonces canceló los informes de gobierno y los sustituyó por «informes de resultados» ante públicos. Actos grotescos de ilusionismo y culto a su persona para encubrir la deuda por más de 40 mil millones de pesos con bancos y proveedores.

Es la segunda vez —en 90 años— que un gobernador carece de mayoría en el Congreso. La primera data de 1996, en las elecciones intermedias de Rogelio Montemayor, cuando el PRI perdió más del 50% de los distritos y las alcaldías de Saltillo, Torreón, Monclova y Ramos Arizpe. Para salir del brete, el gobierno compró diputados; otros eran satélites del PRI. Patricia Vargas, expresidenta de Participación Ciudadana 29, recapitula: «Por décadas (…) esperamos contar con un congreso más plural, que representara un verdadero contrapeso y balance al poder del ejecutivo estatal. Esta última legislatura prometía serlo, pero la avaricia y las luchas de poder fueron más importantes de librar para los diputados que las necesidades de los habitantes del estado. Y la próxima legislatura no parece representar un gran avance» («¿Merecemos a esos candidatos?», Espacio 4, 649).

¿El estado más priista?

Coahuila suele presentarse como «el estado más priista de México», cual si fuese timbre de orgullo y no motivo de ignominia. Es el PRI de los Moreira, responsables de la quiebra financiera y del envilecimiento político e institucional de la patria de Ramos Arizpe, Madero y Carranza. La entidad «más priista», junto con Hidalgo, alineada al Grupo Atlacomulco y al presidente más inepto, corrupto y manipulable por el moreirato. El PRI superado por el PAN y Morena en las dos últimas elecciones. El PRI contra el cual, dos días después de las votaciones de 2017, decenas de miles de coahuilenses se manifestaron por las calles de Saltillo y frente al Palacio de Gobierno para demandar democracia y expresar su rabia: «¡Fraude electoral!», «¡Fuera los Moreira!».

El clamor no se olvida. Resuena en la conciencia de legiones, pero los Moreira no se han ido. Están en el gabinete, en el Congreso, en el Tribunal Superior de Justicia, en el Sistema Estatal Anticorrupción, en el sindicato magisterial, en columnas políticas y de opinión, en la dirección de periódicos, estaciones de radio y canales de televisión. Y para más inri, el 18 de octubre volverán a estarlo en las boletas para diputados bajo el nombre de Alvarito. El benjamín del clan compite por el distrito más cómodo para el PRI. Pase automático para contentar a los hermanos. A menos que Sergio Hernández y Ana Isabel Hernández, candidatos del PAN y de Morena, saquen el pecho y los ciudadanos voten.

Cuando la suerte les cambia, algunos políticos de medio pelo emulan aficiones que antes abominaban por no estar fuera a su alcance. Unos se inclinan por el golf. Alvarito prefirió el tiro con arco y tuvo de instructor al director del Deporte. Si Coahuila paga sin chistar cuatro mil millones de pesos anuales de intereses por la deuda, por qué fijarse en cacahuates. Cuando Humberto Moreira era gobernador recordó una anécdota en la inauguración del Instituto Tecnológico Don Bosco: el dinero que su madre le entregó para llevar a Alvarito al peluquero, lo gastó en helados. El dinero de la deuda debe sufragar compras mayores.

Alvarito encabeza el bloque moreirista de la próxima legislatura. En la lista de candidatos figuran alcaldes, funcionarios y diputados de Humberto y Rubén, algunos de los cuales encubrieron la deuda ilegal, la aprobaron y han obstruido su investigación. La misma gata, pero sin revolcar. ¿No tiene el PRI nuevos cuadros? ¿Pesa más el compromiso con el clan que la necesidad de reconciliar unas siglas decadentes con la ciudadanía? Existe un incentivo para acudir a las urnas en los 16 distritos: convertir en votos las protestas poselectorales de 2017 y el enfado social contra el moreirato. El Congreso sí importa, por más que los diputados lo denigren.

El poder legislativo ha sido dominado históricamente por el PRI con la complicidad de las autoridades electorales y de las oposiciones. Pero los Moreira lo pusieron al servicio de sus intereses para tapar deudas, empresas fachada y otras cloacas. Además de comprar votos, sobornaron a diputados de todos los partidos, acosaron a los críticos, rentaron siglas y torcieron leyes para tener mayorías calificadas que les permitieran cometer cualquier tipo de atropello, vulnerar instituciones públicas y sociales como la familia y prohibir, en un ataque de ira, las corridas de toros.

IEC: peón del moreirato

Las elecciones de diputados en Coahuila no siempre fueron «huérfanas». Cada seis años iban junto con las de gobernador y alcaldes; y cada tres, con las de ayuntamientos. Sin embargo, para evitar riesgos a la hora de revisar las cuentas públicas, neutralizar a los partidos de oposición, bloquear investigaciones e imponer una agenda continuista, Humberto y Rubén Moreira necesitaban monopolizar el Congreso. Con ese propósito alteraron el calendario electoral mediante la ampliación de los periodos de presidentes municipales a cuatro años.

Uno de los primeros movimientos del tándem para perpetuarse en el poder consistió en infiltrar los organismos comiciales. El encargado de esa tarea fue el mayor de los hermanos, burócrata gris en sus inicios y megalómano en la etapa final de su carrera, además de anodino. Cuando Humberto asumió la gubernatura en 2005, Rubén ya era el mandamás del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana [IEPC hoy Instituto Electoral de Coahuila (IEC)]. Desde el comité estatal del PRI, mangoneó al Congreso para imponer consejeros y presidentes. La servidumbre del extitular del IEPC, Homero Ramos Gloria, al proyecto transexenal la premió con la Secretaría de Gobierno. Con ese movimiento, Rubén eliminó a Óscar Pimentel —su antiguo jefe en la alcaldía de Saltillo— de la sucesión estatal reservada para él. Con la misma rudeza impuso heredero.

Moreira cedió la presidencia del Instituto Electoral a Leopoldo Lara Escalante, y para cerrar la pinza impuso a Valeriano Valdés en la jefatura del Tribunal Electoral del Estado (TEE), siempre con el aval del Congreso. Para liberar a los organismos electorales de la férula de los gobernadores, las oposiciones representadas en la Cámara de Diputados lograron una reforma en 2014, pero resultó inútil. La facultad de nombrar consejeros pasó al Instituto Nacional Electoral (INE), pero Rubén Moreira y su muñidor en el PRI, David Aguillón, mantuvieron el control del IEC.

Con una presidenta inexperta y sin autoridad como Gabriela de León y el consejero Alejandro González —a quien el Senado vetaría para el TEE por su adicción al PRI— en funciones de caballo de Troya, los Moreira pudieron manipular las elecciones. El IEC perdió legitimidad en los comicios de 2017. El triunfo de Miguel Riquelme estuvo en vilo, pero finalmente el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación lo ratificó. El presidente López Obrador y la mayoría de Morena en el Congreso pugnan por desaparecer los organismos públicos locales, según se denomina a los equivalentes del INE en cada estado, debido a su inutilidad y alto costo.

El ejecutivo y las bancadas de Morena y sus aliados también pugnan por reducir el financiamiento público a los partidos en un 50%. Este año, a pesar de no haber elecciones federales, recibirán 5,239 millones de pesos. Mientras se decide el futuro financiero de la partitocracia y de los 38 institutos locales, AMLO se ha declarado custodio de las elecciones. «Vamos a estar pendientes para que no haya fraude electoral, me voy a convertir en guardián para que se respete la libertad de los ciudadanos para elegir libremente a sus autoridades», dijo el 22 de junio en rueda de prensa. La intención es obvia: atarle la mano a los gobernadores.

Coahuila e Hidalgo son los estados más expuestos a la mirada presidencial y del fiscal en Delitos Electorales, José Agustín Ortiz Pinchetti, pues son los únicos que acudirán a las urnas este año (18 de octubre). El primero elegirá 25 diputados (16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional) y el segundo, 84 ayuntamientos. El calendario de 2021 cubre todo el territorio: los 300 distritos federales, 15 gubernaturas, 20 legislaturas locales y 1,926 alcaldías. E4

Coahuila, paraíso de partidos; el IEC revive siglas fantasma

Árbitro electoral. Deslegitimado y sin autoridad

Coahuila supera en partidos al Estado de México cuya lista nominal de electores es casi cinco veces y media superior (11.9 millones contra 2.2). La entidad más poblada del país no tiene partidos locales, pero la nuestra —número 16 en habitantes a escala nacional— registra cuatro, la mayoría reciclados luego de perder su registro en 2017 por no haber alcanzado el mínimo de votos. Las 11 siglas partidistas con representación en el estado recibirán 168.2 millones de pesos este año, equivalentes al 43% del presupuesto del Instituto Electoral de Coahuila (IEC).

El único partido local con vida propia es Unión Democrática de Coahuila (UDC), fundado por el exlíder sindical Evaristo Pérez Arreola. En las elecciones legislativas de 2017 ganó tres distritos; y un año después, las alcaldías de Acuña, Allende y Sabinas; y en coalición con el PAN, las de Abasolo y Sacramento. El resto de los membretes son satélites: Unidos (antes Partido Joven), de la Revolución Coahuilense (conserva el mismo nombre), y Emiliano Zapata, la Tierra y su Producto (en el pasado, de la Revolución Coahuilense), cuyos líderes son Rubén Humberto Moreira —el nombre lo dice todo—, Abundio Ramírez y José Luis López.

Como una refutación de que en Coahuila existe nepotismo —su tío Álvaro es candidato del PRI por el distrito 16—, Rubén Humberto Moreira no figura en las listas de Unidos para el Congreso. O acaso se abstuvo para evitarse la vergüenza de su padre, quien, en las elecciones de 2017, no obtuvo votos suficientes para ser diputado por el Partido Joven. En cambio, Ramírez y López se incluyeron por partida doble. El primero es candidato por el distrito 7 y el segundo, por el 16; ambos aparecen en el segundo lugar en las fórmulas de representación proporcional, pero ninguno será legislador e incluso corren el riesgo de volver a perder el registro.

En 2017, Unidos, Zapata (bajo otras siglas) y el de la Revolución Coahuilense formaron con el PRI y otros tres partidos la coalición Por un Coahuila Seguro para postular a Miguel Riquelme. El lagunero estuvo a punto de perder la gubernatura; quizá no tanto por él, sino por los Moreira. Fue la primera elección en la que, proporcionalmente, el PRI obtuvo menos votos en 91 años de historia: 38.9%, apenas dos puntos y medio por encima del PAN. Los opositores Guillermo Anaya, Armando Guadiana y Javier Guerrero captaron en conjunto el 56.6% de la votación.

Históricamente, la competencia en Coahuila había sido entre el PRI y el PAN, tanto en procesos locales como federales. Morena estuvo muy por debajo de Acción Nacional en 2017, pero en las elecciones del año siguiente rompió el bipartidismo: ganó la presidencia con López Obrador, las dos senadurías de mayoría relativa y tres diputaciones (de siete) bajo el mismo principio. En 2018 obtuvo sus cuatro primeras alcaldías: Piedras Negras, Matamoros, Francisco I. Madero (donde no se conocía la alternancia) y Parras.

Si en las listas de Morena para diputados se buscan figuras, quizá no se encuentren —si acaso, alguna lacra asociada al exgobernador Humberto Moreira—, pero tampoco juniors, embajadores de aspirantes prematuros al gobierno del estado o secuaces del moreirato que legalizaron la megadeuda por 36 mil millones de pesos. La fuerza de Morena le viene del presidente López Obrador. El 18 de octubre se verá si ese activo, sumado a los programas sociales, le sirve para ganar otro congreso o, al menos, aumentar su presencia. E4

Riesgo por el virus y la quimera del carro lleno

Abstencionismo. Coronavirus, otro disuasorio del voto

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) volvió a salvar al PRI. La primera vez fue hace tres años, cuando validó el triunfo de Miguel Riquelme impugnado por el PAN; y la segunda, el 14 de agosto pasado al confirmar el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) para celebrar elecciones de diputados en Coahuila y de alcaldes en Hidalgo, el 18 de octubre, las cuales se habían pospuesto a causa de la pandemia. El PAN y Morena presionaron para empatar los procesos con los de 2021 bajo el argumento de no exponer a los votantes a contagios.

Diferir las elecciones no implicaba mayor problema. En el caso de Coahuila, la solución era ampliar por seis meses el periodo de la actual legislatura; y en Hidalgo, crear concejos municipales mientras se nombran los nuevos ayuntamientos. El PRI insistió desde el principio en celebrar las votaciones este año con apego a las medidas de prevención pertinentes. Llevarlas hasta el 6 de junio próximo, cuando se elegirán alcaldes y diputados federales, además de 15 gubernaturas y 20 congresos locales, implicaba riesgos por una votación en cascada por los candidatos de Morena, como sucedió en 2018.

El partido del presidente, sin embargo, no es imbatible. Dos gobernadores de la Alianza Federalista, escisión de la Conago, lo vencieron el año pasado. En Tamaulipas, el panista Francisco Javier García casi hizo carro completo: ganó 21 distritos electorales y Morena uno. El PRI desapareció. En Durango, José Rosas Aispuro, también del PAN, frenó la ola morenista al obtener 18 ayuntamientos, entre ellos el de la capital; el PRI se hizo con 16. Morena venció en Gómez Palacio, segundo municipio en importancia del estado, donde jamás había habido alternancia, y Otáez. A los panistas les ayudó ser los primeros gobernadores no priistas.

En un despliegue de optimismo, el líder del comité estatal del PRI, Rodrigo Fuentes, ha cantado carro completo por anticipado. Ese ánimo no lo comparten ni los priistas más entusiastas. Sobre todo, por la repetición de candidatos vinculados con los Moreira. Son los casos de Jesús María Montemayor (distrito 3), Jorge Abdala (4) —acusado de desviar recursos a inversiones personales cuando fue alcalde de San Pedro—, María Guadalupe Oyervides (5), Raúl Onofre Contreras (7), Eduardo Olmos (9), Shamir Fernández (10), Martha Loera (15) y el mismísimo Álvaro Moreira (16).

Ningún partido tiene mayoría en la actual legislatura, compuesta por 25 diputados. El PRI ocupa 10 escaños, el PAN 9, UDC y Morena empezaron con tres y dos, respectivamente, y el PRD uno. Sin embargo, en la elección previa, el PRI ganó todos los distritos por las artimañas del gobernador Rubén Moreira. Los asientos de representación proporcional se asignaron al PAN (cuatro) y a Primero Coahuila, Nueva Alianza, UDC y Socialdemócrata Independiente (uno cada uno).

La fuerza del PRI radica en Saltillo y la del PAN en La Laguna. Pocos gobernadores han salido bien librados de las elecciones intermedias. La prueba de Miguel Riquelme será el 18 de octubre. El pronóstico es que la LXII legislatura también tendrá una composición plural, sin una mayoría clara. Falta poco para conocer qué pesará más en las urnas: el desgaste del gobernador y del presidente López Obrador o la eficacia de los programas sociales de la Cuarta Transformación coordinados por el superdelegado Reyes Flores Hurtado, exlíder del PAN. Igualmente se sabrá si la decisión de celebrar votaciones en medio de la pandemia fue la más sensata. E4

Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.