La cloaca y el crimen de Estado

El gobierno de Peña Nieto ocultó evidencias y fabricó pruebas para encubrir la participación de la Policía Federal y del Ejército en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. AMLO ofrece disculpas, pero los padres mantienen sus demandas: paradero, castigo y verdad

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Los avances de la 4T en el caso Ayotzinapa

Cámaras apagadas, radios fuera de servicio, tortura de testigos, siembra de huesos y jueces sobornados. Funcionarios, policías y militares encubiertos, pruebas fabricadas, expertos maniatados, simulaciones jurídicas y mediáticas… Sobre esos cimientos se construyó la «verdad histórica» acerca del destino de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 al 27 de septiembre de 2014.

¿Por qué la extinta Procuraduría General de la República (PGR) a cargo de Jesús Murillo Karam montó una farsa para decretar que los estudiantes habían sido calcinados y sus cenizas arrojadas a un río? En parte, por la presión política para que el gobierno de Enrique Peña Nieto resolviera el caso, pero… ¿a quién se trataba de proteger realmente?, ¿hasta qué nivel llegaba la infiltración del crimen organizado en la estructura del gobierno federal?

El informe del caso Ayotzinapa, presentado el 26 de septiembre en Palacio Nacional, arroja algunas luces, pero no aclara la cuestión más importante, la que tiene en ascuas a los familiares de las víctimas desde hace seis años: ¿Dónde están los jóvenes?

La nueva investigación arroja, en casi dos años, los siguientes resultados: 80 personas detenidas, 14 policías destituidos, 30 búsquedas, 245 cuerpos recuperados y más de 80 millones de registros telefónicos analizados, entre otras diligencias. Sin embargo, solo un estudiante ha sido identificado por sus restos: Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.

«El hallazgo de Christian Rodríguez Telumbre nos confirmó que la versión del río y del basurero fueron una invención para acallar voces (…) para esconder una verdad que no existió».

Omar Gómez Trejo. Unidad Especial del caso Ayotzinapa

La presencia de ADN fue confirmada en julio pasado entre un centenar de restos óseos localizados el 20 de noviembre de 2019 en la barranca La Carnicería, a 800 metros del basurero municipal de Cocula. Según el gobierno anterior, en ese vertedero habían sido incinerados los cuerpos de los 43 estudiantes, y sus cenizas arrojadas al río San Juan.

Las irregularidades en las indagatorias que respaldaban la teoría de la PGR, advertidas por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) en 2016, han sido confirmadas y forman parte de las pruebas presentadas ante los tribunales. Éstas derivaron en órdenes de aprehensión contra funcionarios públicos.

Tomás Zerón de Lucio, exjefe de la Agencia de Investigación Criminal, ejecutó el montaje con las bolsas de cenizas teóricamente arrojadas al río San Juan, así como el supuesto hallazgo de los restos de Alexander Mora Venancio en la misma zona, el 24 de octubre de 2014.

La agente ministerial Blanca Alicia Bernal Castilla firmó las actas de las pesquisas, pese a que ese día se encontraba en la Ciudad de México. Bernal está detenida y Zerón se encuentra prófugo en Israel.

También se han librado órdenes de aprehensión contra elementos de la Policía Federal y del Ejército, quienes participaron o encubrieron a policías municipales de Iguala en la entrega de los normalistas al crimen organizado.

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) se disculpó en nombre del Estado y ofreció reparar el daño a los familiares de las víctimas.

Pero si el fin último de la justicia es la paz, el gobierno mexicano falla en garantizarla a los padres de los estudiantes, quienes se mantendrán en pie de lucha hasta conocer el paradero de sus hijos y se castigue a los responsables del crimen.

Pacto de silencio

El informe presentado por el presidente y el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación (Segob), Alejandro Encinas, fue calificado por las autoridades como «una ruptura del pacto de silencio» sobre lo ocurrido hace cuatro años en Iguala. El fiscal general Alejandro Gertz Manero; el titular de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo; y Francisco Cox Vial, del GIEI, participaron por vía remota.

La reconstrucción de los hechos aún no concluye por el encubrimiento de los participantes y la obstaculización de las pesquisas.

«Las autoridades locales y federales tuvieron conocimiento a través del sistema de comunicación C-4 que debió registrar lo que estaba ocurriendo, lo cual permitía identificar a quienes coparticiparon y presenciaron lo ocurrido, así como también pudo registrar las detenciones ilegales, sus traslados a las oficinas públicas y a los centros de justicia y otros lugares donde comenzó la tortura para que después estos jóvenes fueran entregados al grupo delincuencial que estaba coludido con esas autoridades», señaló Gertz Manero.

«Y ahora (…) resulta que las cámaras dejaron de funcionar parcialmente y los radios se apagaron en diversos momentos, lo cual implica responsabilidades que no pueden quedar impunes (…) Las autoridades judiciales locales ocultaron videos que testimonian los hechos ocurridos en el palacio de justicia estatal en Iguala», agregó.

«Agradecerles a ustedes y ofrecerles mis disculpas, y ofrecer disculpas en nombre del Estado, porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano».

Andrés Manuel López Obrador. Presidente de México

El fiscal acusó al gobierno de Peña Nieto de ser «el operador de un encubrimiento generalizado, para lo cual detuvieron y torturaron masivamente a miembros de corporaciones locales, consignándolos ilegalmente para que después se vinieran abajo todos esos procesos por sus violaciones masivas a los derechos humanos que tenían por objeto encubrir a los policías y a las autoridades federales».

Alejandro Encinas, quien también preside la Comisión por la Verdad y el Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa, destaca que el análisis de 80 millones de registro de comunicaciones telefónicas de 2014 a 2018, realizado por un grupo interinstitucional, «evidencia científicamente que la verdad histórica carece de respaldo comprobable y demuestra que en ningún momento los 43 estudiantes estuvieron juntos».

Entre los autores materiales e intelectuales de la desaparición forzada, señala a integrantes del cartel Guerreros Unidos, policías municipales, integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad pública, así como autoridades y servidores públicos que por acción, omisión o complicidad también participaron.

Encinas fustigó la actuación de los jueces Samuel Ventura Ramos, por liberar a 77 personas, y Gabriel Domínguez Barrios quien, a cambio de una multa de 10 mil pesos, excarceló a Marco Antonio R., recapturado tras su deportación de Estados Unidos. También acusó a un secretario de acuerdos del Estado de México por recibir un soborno para otorgar la libertad a otro detenido, «lo que afortunadamente no sucedió».

Para el funcionario, «la investigación se encuentra en la etapa más compleja, estamos en el momento de la judicialización de las investigaciones y de la ruptura del pacto de silencio para esclarecer un crimen de Estado a seis años de distancia».

Verdad colapsada

El 28 de octubre de 2014, Agustín García Reyes, detenido por su presunta participación en la desaparición de los estudiantes, fue trasladado en helicóptero desde los separos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), en Ciudad de México, al río San Juan, en Guerrero, por Tomás Zerón, revela el informe.

El detenido fue torturado y obligado a señalar el lugar donde supuestamente había arrojado las bolsas con las cenizas de los estudiantes. Más tarde, en otro punto, se «encontraron» restos óseos, supuestamente de Alexander Mora, manipulados sin la presencia de Ministerio Público. Las actas fueron firmadas por la agente ministerial Blanca Bernal.

Basándose en estas diligencias, el 28 de enero de 2015, el procurador Jesús Murillo Karam aseguró que la «verdad histórica» era que los 43 normalistas «fueron privados de la vida, incinerados y sus cenizas arrojadas al río San Juan». García Reyes salió en libertad el 26 de octubre de 2018, junto a otros dos detenidos del caso, «por falta de elementos para procesar, con reservas de ley».

El GIEI siempre rechazó la teoría del procurador. Con la 4T, el caso tomó un nuevo giro. El 3 de diciembre de 2018, el presidente López Obrador creó la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia en el Caso de Ayotzinapa, la cual comenzó a desmarañar la red de mentiras.

Se recurrió a la tortura para sostener la versión oficial. El fiscal Gertz sostiene que Zerón fue recompensando por la manipulación del caso. «No lo hizo gratuitamente, (…) cobró y se robó más de 1,000 millones de pesos del presupuesto de la entonces PGR (…) con la anuencia de sus superiores. Como pago de sus infamias y para proteger su impunidad, la institución puso a su disposición cerca de 50 agentes policiacos y todo el aparato administrativo para cuidarlo y facilitarle ese saqueo», detalló en el informe.

Zerón huyó a Canadá, pero las gestiones para extraditarlo fracasaron. Ahora se le ubica en Israel, donde se intenta detenerlo para traerlo a México. «Hemos pedido a Israel todo su apoyo porque (…) saben muy bien lo que significan las violaciones a los derechos humanos y las responsabilidades de verdugos y torturadores», indicó.

Disculpas y compromiso

Luego del estribillo sobre su legitimidad y del apoyo que aún tiene en las encuestas, López Obrador reveló que existen órdenes de aprehensión contra miembros de la extinta Policía Federal y militares.

«Escuchaba yo, cuando estaba en campaña, que se decía que (…) se tenía que proteger al Ejército, porque se afectaba a esa institución si se demostraba que habían participado en los hechos de Iguala. (…) Desde entonces sostenía que si se aclaraba de que habían participado militares se tenía que decir, saber y castigar a los responsables, y eso en vez de debilitar a las fuerzas armadas, fortalecía a la institución», señaló.

«Es lo que estamos haciendo, no solo se están autorizando (…) órdenes de aprehensión contra ministerios públicos o el señor Zerón, también detenciones de integrantes de la antigua Policía Federal y (…) contra militares», dijo.

Según el mandatario, «existen condiciones inmejorables para saber sobre el paradero de los muchachos», pero precisó que «no por la prisa o por presiones vamos a fabricar otra falsedad, otra llamada verdad histórica».

El mandatario ofreció «disculpas en nombre del Estado, porque estamos ante una gran injusticia cometida por el Estado mexicano. (…) Y por eso ahora el Estado tiene que reparar el daño y tiene que aclarar lo que sucedió, y tiene que entregar buenas cuentas y tiene que haber justicia. Y ese es nuestro compromiso», apuntó.

La paciencia se agota. E4

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Martínez. No nos defraude

Antes de iniciar su gobierno, el presidente López Obrador se comprometió a reabrir el caso de los 43 normalistas de Ayotzinapa desaparecidos en Iguala, en 2014. El compromiso asumido con los familiares de las víctimas iba en consonancia con lo dispuesto por el Primer Tribunal Colegiado de Tamaulipas. El 4 de junio de 2018, consideró que existían indicios suficientes para presumir que las declaraciones de testigos que sustentaron la «verdad histórica» de la PGR fueron obtenidas mediante tortura.

En ese momento, los padres de los estudiantes comenzaron a ver una luz al final del túnel, pero no abandonaron sus marchas para exigir la verdad sobre el paradero de sus hijos.

A 21 meses de iniciada la nueva investigación, la esperanza se ha tornado en angustia. «Nosotros queríamos llegar hoy con algo más, entiéndanos, ya seis años y no tenemos nada (….) Nos dolió que el año pasado estuvieron saliendo varios (procesados) libres, llevándose información, nos da coraje (…) le dijo a AMLO María Martínez Ceferino, madre de Miguel Ángel Hernández Martínez, en la ceremonia del 26 de septiembre en Palacio Nacional.

La única reparación de daño que buscan los padres es la verdad. «Lo que estamos exigiendo no es nada material, es nuestro derecho (…) Dicen que a nuestros muchachos se los entregaron a la delincuencia, a nosotros no nos interesa eso, se los llevaron los policías, participaron militares, hubo videos, hubo fotografías, operaron el C-4. ¿Dónde están todas esas pruebas?», dijo en representación de los familiares de las víctimas.

Hernández advirtió al mandatario que seguirán en las calles el tiempo que sea necesario y que su reputación está en juego. «Si no les gusta vernos en las calles, no les gusta que estemos bloqueando, pues entréguennos lo que queremos y con gusto nos retiramos (…) No nos defraude (…) Tápeles la boca a esas personas que hablan mal de usted», dijo al entregarle tapetes bordados por las madres de los estudiantes. «No es un regalo, son mensajes para que (…) se acuerde que nos faltan nuestros 43 y miles más», aclaró.

En este sentido, el representante en México de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (NU-DH), Guillermo Fernández Maldonado, señaló que el éxito de la cooperación de instituciones mexicanas con expertos internacionales en este caso debería impulsar «la investigación de más de 75 mil desapariciones registradas en el país».

Los avances, dijo, «constituyen un positivo mensaje de esperanza a todas las familias de las personas desaparecidas de que es posible avanzar en la búsqueda de sus seres queridos y en la sanción a los responsables». E4

Los avances de la 4T en el caso Ayotzinapa

80Detenidos en dos años
70Órdenes de aprehensión en marzo
34Arrestos desde marzo
14Policías suspendidos
30Acciones de búsqueda
245Cuerpos analizados
1Estudiante identificado
80Millones de registros telefónicos

Argentina, 1977. Periodista, editor y corrector de periódicos mexicanos y argentinos. Estudió Comunicación Social y Corrección Periodística y Editorial en Santa Fe, Argentina. Actualmente es jefe de Redacción de Espacio 4, donde trabaja desde hace más de diez años.