Consejera incómoda de la Iglesia

SEGUNDA DE DOS PARTES

Raúl Vera y Jaqueline Campbell comparten con pasión el trabajo que por 21 años realizaron desde la diócesis de Saltillo. El obispo eleva su voz y golpetea la mesa con su dedo cuando revive las luchas que ha enfrentado con su cómplice. Ambos han sido aliados y portavoces de las denuncias de los movimientos sociales en Coahuila.

En 2001 el obispo fundó el Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios, dedicado a la defensa de los derechos laborales, migración y desapariciones; también aportó con el padre Pedro Pantoja en la construcción de la Casa del Migrante Saltillo; asumió en su agenda los derechos de la comunidad lésbico-gay con la organización San Aelredo; y en 2006 promovieron el acompañamiento legal para las familias de los 65 mineros que quedaron sepultados tras una explosión en la mina Pasta de Conchos, del municipio de San Juan de Sabinas en Coahuila.

Esta defensa y acompañamiento a los derechos humanos en el norte del país, ha costado a Jaqueline en total, un desplazamiento, un allanamiento, amenazas, robo de información, persecución judicial, y el desprestigio y la difamación en medios de comunicación.

Sus detractores representan cuatro poderes distintos: el gobierno municipal y estatal, las fuerzas armadas, los medios de comunicación y los grupos conservadores dentro de la Iglesia. No obstante, con su trabajo y el de su aliado, el obispo Raúl Vera López, la diócesis de Saltillo se convirtió en poco tiempo en la más radical que ha habido en México después de la de San Cristóbal de las Casas, en Chiapas, cuando el obispo Samuel Ruiz acompañó el alzamiento zapatista.

Pero uno de los casos que marcó la carrera de la defensora fue la violación y tortura de 13 mujeres por parte de 12 elementos del Ejército mexicano en la comunidad de Castaños, en julio de 2006, una semana después de que Felipe Calderón Hinojosa ganara las elecciones presidenciales. Cuando se enteraron de los hechos, Jaqueline hizo que el obispo se presentara en el lugar y ayudó a las víctimas a vincularse con distintas actoras y actores sociales para que pudieran emprender una defensa sobre sus casos.

«Fue la primera vez que los militares (ocho que fueron juzgados) tocaron una cárcel, que fueron juzgados por el fuero civil. Ya sabemos que la violación sexual no existe en el fuero militar. Y ahí estuvo mi terquedad», reflexionó sarcástica.

Gracias a su insistencia, el Ejército se vio presionado para presentar en Coahuila a los soldados culpables, a quienes en primera instancia no se les localizaba.

Los costos de la defensa de los derechos humanos desde la diócesis de Saltillo recayeron con mayor fuerza contra Jaqueline. Una denuncia penal en su contra por presuntamente pagar a las víctimas del caso Castaños para denunciar a los soldados y el acoso por parte del Ejército por haber hecho pública la violación, la obligaron a abandonar México y desplazarse a Argentina en 2008.

«Yo tuve que de pronto organizarme una maleta y, bueno, traje 11 de regreso, porque hice la vida en Argentina y aproveché para estudiar. Realmente es donde los golpes nos rehacen y nos recuperan. Una no muere, sino que se siembra, florece, revive con cada mal trago, con cada mal sabor de boca», relató la defensora.

Pese a su condición de exilio, siguió floreciendo en Argentina. Estudió una maestría de derechos humanos en la Universidad Nacional de la Plata y decidió abordar un tema nada común: conocer las condiciones de vida de las personas con la enfermedad de Hansen (lepra) que estaban internadas en el último leprosario de Argentina.

El regreso a México

«No one is free when others are oppressed» («Nadie es libre cuando otras personas son oprimidas»), dice un tatuaje visible en el brazo izquierdo de Jaqueline y que define la etapa que siguió para la defensora de regreso de Argentina, en 2011.

Se involucró en la defensa de los derechos humanos de las personas privadas de la libertad en cárceles de Coahuila, las cuales en esa época —recordó— estaban tomadas por diferentes cárteles y grupos de la delincuencia organizada.

Su llave a los Centros de Readaptación Social del estado fue el proyecto «Ojo Derecho de Polonio» (en referencia a un personaje de José Revueltas), un taller de escritura y periodismo pensado para que las personas en situación de reclusión relataran en primera persona sus vidas, lo que después la llevó a visitar varias cárceles del país y le permitió conocer el sistema penitenciario al interior.

Al trabajar con personas privadas de la libertad entendió que además de la tortura en prisión, las que ya cumplieron su sentencia enfrentan obstáculos para acceder a un empleo o incluso tener documentos de identidad. «El Ojo Derecho de Polonio» que consiguió un sinfín de relatos y vivencias personales de las personas en prisión, se convirtió en un libro llamado: Tic Tac. El ojo derecho de Polonio, en cual se denuncia públicamente la tortura que se vive en las cárceles.

Durante los años siguientes se involucró en varias luchas sociales de distinta índole, por ejemplo, la defensa del agua, el derecho a la tierra y territorio y la oposición a la construcción de las llamadas Zonas Económicas Especiales (regiones delimitadas con proyectos económicos) en territorio ejidal.

Por estas acciones, los medios de comunicación locales la difamaron y difundieron insultos sexistas en su contra. Incluso algunos columnistas y presentadores de noticias publicaron su domicilio completo para que las personas fueran a atacarla.

Asimismo, el Heraldo de Saltillo, que acostumbra publicar artículos de opinión donde se desprestigia a la defensora, una vez publicó los nombres y otros datos personales de las personas internas del Cereso varonil de Saltillo con quienes ella trabajaba.

Defender derechos es algo que no se puede arrebatar

Los ataques se intensificaron en los siguientes años. En diciembre de 2020, un presunto policía municipal se hizo pasar por un campesino y preguntó por Jaqueline en las oficinas del obispado.

Más tarde supo que detrás de la visita de este policía estaba el director de una televisora, de TV Azteca Noreste, a quien ella habría corrido de su mesa en un restaurante días antes porque se sentó sin su autorización e intentó descalificarla.

También en diciembre de 2019, un hombre entró dos veces de manera ilegal a las oficinas de la diócesis de Saltillo y robó información y documentos.

Luego de esto, Jaqueline se refugió en un espacio seguro que le consiguió la Red Nacional de Defensoras de DH en México. Como una forma de protegerse, ideó pintar la fachada de su casa con un mural morado, con el rostro de tres víctimas de feminicidio y la leyenda: «el patriarcado es un juez que nos juzga por nacer».

La casa de la defensora está en un terreno que renta. El espacio es muy grande, lo suficiente como para tener ahí mismo otra casa llamada «La Casa de la Constituyente», que es una sede de una iniciativa que nació en 2014 de crear una Constituyente Ciudadana-Popular para propiciar el encuentro comunitario y reflexionar colectivamente los pasos hacia una transformación social.

En esta sede se recibe a personas campesinas, expresidiarias, personas de la comunidad LGBTTI y cualquier otro grupo que necesite un lugar para organizarse por la defensa de sus derechos, recibir talleres o tan sólo dormir y darse un baño.

A ese espacio comunitario, Jaqueline le llama «la casa roja» para diferenciarla de su hogar, a la que denomina «la casa azul» y que es un lugar más pequeño e íntimo, con su colección de máscaras, artesanías y pequeñas notas de agradecimiento pegadas en sus puertas. «Jackie: te regalamos un ungüento para que cures las llagas de los leprosos, unas llaves para que abras las puertas de quienes viven encarcelados de las prisiones», dice uno de los mensajes.

El color del mural con el que Jaqueline pintó su fachada fue el pretexto que tomó el presidente municipal de Saltillo, Manolo Jiménez Salinas, para presentar una denuncia contra ella por, presuntamente, usar un color distinto al que corresponde al municipio y no pedir permisos publicitarios.

A pesar de la denuncia penal de la cual el municipio se desistió más tarde, Jaqueline concluyó el mural con el respaldo de muralistas de Saltillo y de las vecinas y vecinos de la zona. No obstante, luego de esta batalla, en ese mismo mes de febrero su domicilio fue allanado.

De acuerdo con lo que registraron las cámaras de seguridad, un hombre ingresó por la parte de atrás de la casa, entró y se llevó documentos, dos pequeños artículos de valor y dejó una cartera con dinero y tarjetas de crédito; el hombre que entró a su casa sería el mismo que meses antes allanó la diócesis de Saltillo.

Días más tarde, Jaqueline detectó, en tiempo real, que alguien ingresó a su sistema de almacenamiento digital en la que resguardaba información sobre sus proyectos y extrajo virtualmente las carpetas. Todas estas agresiones fueron denunciadas ante la Fiscalía General de Coahuila y ante la Fiscalía General de la República, donde siguen impunes.

Por estas agresiones el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas le asignó dos escoltas que la acompañan a donde quiera que vaya.

«¿A quién pongo nervioso con el acompañamiento que hago?»

Pese a los riesgos latentes a los que se ha enfrentado toda su vida y que ahora nuevamente sortea, Jaqueline Campbell no sucumbe a su principal propósito de vida: «si veo alguien tirado, que lo torturaron, lo desaparecieron, que le están eliminando derechos o que lo corrieron injustamente, no me puedo hacer tonta, tengo que hacer algo. Y si sé gritar, grito; y si sé litigar, litigo; y si sé dar acompañamiento o abrazar, pues abrazo. No nos pueden arrebatar eso».

La defensora finalizó, junto con el obispado de Raúl Vera, sus días en la diócesis de Saltillo el pasado mes de enero. Con la llegada del nuevo grupo religioso, de corte más conservador, el obispo considera que existe un riesgo de que el trabajo de comunicación que logró la diócesis de Saltillo durante estos 21 años se pierda.

«Yo sé que Jackie está en esta situación por haber venido a trabajar conmigo, pero ¿por qué la tirria contra ella? La tirria contra ella es que ella es la que publicita las cosas que la diócesis ha hecho y que han tenido éxito», aseveró Raúl Vera.

Por su parte, la defensora también se pregunta: «¿A quién le tienen miedo con mi presencia?, ¿Qué hago yo que les cause tanto conflicto? ¿Qué hago yo que les pone nerviosos? Y a ¿quién pongo nervioso con el acompañamiento que hago?».

Esta nueva ofensiva que de acuerdo al análisis de la defensora viene por parte de varios poderes coludidos tanto conservadores como con intereses económicos, la llevó a considerar dejar su casa, sus amistades, las personas que acompaña y en general la vida que ha construido en Saltillo por más de 20 años.

«Se pagan costos sociales. Hay que salir de la casa, hay que pagar hoteles, hay que pagar aviones, y nadie los asume más que una. Las medidas de protección de un mecanismo, de un organismo federal, estatal, ¿quién las paga? Pues es el pueblo, también. Ningún funcionario las paga de su bolsillo. Nosotras lo pagamos (…) O sea, nos pretenden eliminar el derecho a hacer lo que nos gusta y lo que nos toca», declaró la defensora.

Por esta determinación infranqueable el obispo Vera considera que Jaqueline «es alguien que echa el cuerpo para delante, alguien que no tiene miedo, una persona generosa (… ) Jackie es hija de la mejor parte de su tiempo, la mejor parte de su tiempo, decía el Papa Pablo sexto «vivimos una época dramática pero también magnífica», estas son cosas magníficas, por eso digo, es hija de lo mejor de su tiempo».

Esta entrevista fue realizada por Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC) en marzo de 2021. Actualmente, Jaqueline reescribe los proyectos que le fueron extraídos virtualmente para continuar con su trabajo en las cárceles, donde aún imparte talleres. Por la pandemia no ha salido del país y, ya fuera de la diócesis de Saltillo, continúa apoyando, junto con Raúl Vera, distintas causas sociales. E4