Más allá de los resultados con la limitada participación, las irregularidades y sobre todo la falta de interés, en el primer fin de semana de agosto, se realizó la consulta ciudadana para que los mexicanos opinaran si estaban de acuerdo o no, con enjuiciar a funcionarios públicos del pasado, para establecer un nuevo esquema en la toma de decisiones gubernamentales que solo convienen a algunos.
Los cuestionamientos y las defensas del ejercicio fueron la constante antes, durante y al terminar el proceso en el que sólo participaron alrededor del 8% del total del padrón electoral que supera los 90 millones de electores.
El resultado es que más del 90% de los participantes aprueban que se castigue a funcionarios corruptos, sin embargo, la decisión no significa que las autoridades de Gobierno federal inicien procesos legales en contra de funcionarios y exfuncionarios que malversaron recursos.
Muchos aún preguntan, entonces qué sentido tenía realizar una consulta cuyo costo superó los 500 millones y en la que participaron menos del 10% del total de electores y además sin enjuiciar a los corruptos, la respuesta es simple: es solo un ejercicio político utilizado por gobernantes para generar posicionamientos y estrategias a futuro.
Para otros el ejercicio del 1 de agosto fue un mal ensayo de la consulta ciudadana para la revocación de mandato del poder ejecutivo federal que se realizará el próximo año 2022 y en el que el presidencialismo —depende de los resultados— podría perpetrar su poder, con el argumento de una ampliación de mandato solicitada por los ciudadanos.
¿Quién gana y quién pierde con los resultados de la consulta?; el poder presidencial al perder (mala convocatoria) también ganó la posibilidad de encontrar una nueva bandera de ataque para desmantelar al Instituto Nacional Electoral (INE) y fortalecer el discurso populista para debilitar al árbitro y organizador de las elecciones en México.
El INE, ni gana ni pierde, porque no era su elección y entonces el éxito o fracaso no se puede atribuir al órgano rector de procesos electorales, pero si queda en desventaja incluso porque la percepción generalizada es que no logró llamar la atención de los ciudadanos para una mayor participación.
El partido en el poder federal, Morena, es seguramente el mayor perdedor en el recuento de los daños, pues no fue capaz siquiera de lograr la participación de su estructura ciudadana y evidenció que cuando no hay recursos, públicos o privados, es incapaz de lograr votos más allá de las elecciones de funcionarios de los tres niveles de gobierno.
La oposición política PAN, PRD y PRI, ni frío ni caliente, confiados en que no participarían públicamente, olvidaron ser enfáticos, críticos e inquisidores para aprovechar el fracaso del evento y sobre todo proteger al Instituto Nacional Electoral que hoy enfrenta uno de los más altos riesgos.
Para los ciudadanos el costo fue más alto porque se perdió una verdadera oportunidad de empoderar las decisiones que verdaderamente necesita el país en materia de seguridad, economía y salud, para aprovechar una consulta que establezca nuevas políticas que beneficien al corto, mediano y largo plazo, pero al desarrollo del país, no al capricho y la soberbia de un gobernante claramente disminuido y que no logró, por lo menos, ofrecer a sus seguidores dulce o truco con la consulta.
