Control de redes sociales: choque de poderes

El presidente López Obrador se manifiesta en contra de la propuesta para regular los medios virtuales. La iniciativa del senador no elimina la censura en Internet, solo cambia la naturaleza del censor: R3D

India fuerza a Twitter a suspender cuentas de usuarios

La propuesta del presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal (Morena), para regular las redes sociales, se ha convertido en tendencia y es tema de debate dentro y fuera del país. Tanto, que aún sin ser oficial ya se le conoce como Ley Monreal.

En un bando están quienes ven imprescindible acotar el poder excesivo de los dueños de las plataformas digitales de comunicación. Las empresas gozan hoy del privilegio y los recursos para eliminar publicaciones a sus anchas o cancelar cuentas de usuario como hicieron a Donald Trump, cuando aún era presidente de Estados Unidos, por violar las políticas de Twitter, Facebook e Instagram.

En el otro bando se atrincheran los defensores a ultranza de la libertad de expresión, quienes no ven con buenos ojos regular las redes sociales para salvaguardar este derecho humano. A su juicio, la estrategia no pasa de ser una pantalla para trasladar la censura de manos del sector privado al gobierno.

«Soy partidario de que no se regule lo que tiene que ver con los medios de comunicación (…). No acepto la censura y menos de particulares».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México.

«Es necesario encontrar una manera de regular las redes sociales para proteger la democracia y la libertad de expresión y manifestación».

Ricardo Monreal, líder de los senadores de Morena.

Regular no es sinónimo de censurar, advierte Monreal en defensa de su iniciativa. Busca proteger el derecho de los usuarios a la libertad de expresión y al acceso a la información. «La pugna entre la libertad de expresión y derecho a la información en redes sociales requiere de un marco jurídico claro. En diversos lugares del mundo están transitando de la libertad libérrima a la libertad monitoreada y acotada», publicó en su cuenta de Twitter.

El borrador, que se presentará al Senado en un par de semanas, recoge una serie de condiciones que las empresas dedicadas a la comunicación en entornos virtuales deberán cumplir en territorio nacional, así como los requisitos que pueden avalar la suspensión de una cuenta o la eliminación de contenidos.

Entre los puntos más polémicos está la imposición del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) como árbitro de redes sociales. Sería el encargado de autorizar y establecer normas para la prestación de servicios a las redes sociales que superen el millón de usuarios. Asimismo, establecería los requisitos para suspender cuentas y eliminar contenidos —algo que ya recogen las políticas de uso y privacidad que un usuario debe aceptar al registrarse en cualquier red social—. Además, si las plataformas digitales incumplen con las condiciones impuestas por el órgano regulador, habrá de pagar multas que pueden alcanzar hasta los 4 millones 500 mil dólares, dependiendo de la violación cometida (CNN, 09.02.21).

En cualquier caso, el documento deja abierta la posibilidad de ejercer el derecho de impugnación a los dueños de las cuentas suspendidas o que sufran la eliminación de contenido sin autorización previa. El senador morenista dio tres semanas para que los interesados en el tema descarguen el documento y opinar sobre el mismo. Todos los comentarios se analizarán en aras de enriquecer o modificar la propuesta antes de que se presente oficialmente en la Cámara alta.

Mismo perro, diferente collar

El presidente López Obrador se mostró en desacuerdo con la propuesta del senador Ricardo Monreal. Asegura que no es partidario de la censura ni de la regulación de los medios de comunicación, sin importar la plataforma que utilicen.

«Que en las redes hay ataques, hay boots, sí, pero todos tienen derecho de expresarse, de manifestarse», expresó. Su posición supone un traspié para la iniciativa de Monreal quien, no obstante, reivindicó su aprecio por el mandatario y dejó en claro que ambos hacen uso de su autonomía.

Empero, no se trata solo del presidente. El 11 de febrero la Red en Defensa de los Derechos Digitales (R3D), organización mexicana que vela por el acceso al conocimiento y la cultura libre, publicó una solicitud para pedir apoyo de otras entidades y debatir, juntos, la Ley Monreal pues «presenta múltiples y graves deficiencias conceptuales y regulatorias, las cuales plantean una amenaza directa al derecho a la libertad de expresión e información en el entorno digital».

El comunicado enumera los puntos más problemáticos de la iniciativa conforme a las normas y principios constitucionales e internacionales de derechos humanos. Advierte, por ejemplo, que «en ningún país democrático es aceptable que una plataforma deba solicitar autorización al Estado para ofrecer sus servicios en Internet». También llama la atención sobre el peligro que subyace en los condicionamientos que el IFT impondría a las plataformas digitales pues constituyen un mecanismo de censura previa.

A criterio de R3D, el legítimo interés por defender las publicaciones en redes sociales no debe usarse como pretexto para impulsar medidas que, a la larga, pudieran resultar adversas y añadirían nuevas restricciones a las ya existentes. Los usuarios —y sus libertades— quedarían bajo un doble candado o, en el mejor de los casos, estos verían cómo un censor, representante del sector privado, es sustituido por otro proveniente del gobierno.

«Bajo el pretexto de combatir la censura privada, la iniciativa abre las puertas a la censura estatal, al exigir que las plataformas digitales cuenten con políticas y procedimientos expeditos para censurar», señala R3D. A la fecha, 43 organizaciones y 22 activistas independientes han firmado el comunicado. E4


India fuerza a Twitter a suspender cuentas de usuarios

El gobierno amenazó con multar y encarcelar a ejecutivos de la compañía si no acataban sus órdenes

Todavía no se apagan las críticas por la suspensión que las principales redes sociales le impusieron a las cuentas del expresidente Donald Trump, cuando, en la India, Twitter bloquea a otro conjunto de usuarios, esta vez bajo presión del gobierno.

La medida polémica —que ya amenaza con convertirse en una práctica común— tuvo lugar en medio de las protestas de miles de campesinos a las afueras de Nueva Delhi. Los manifestantes se pronunciaron contra la aplicación de leyes agrícolas que afectan sus ingresos. Si bien las primeras muestras de inconformidad se limitaron a marchas pacíficas, el 26 de enero un grupo tomó por asalto un fuerte de la capital hindú.

Tras el estallido de los actos vandálicos, el gobierno ordenó a Twitter bloquear una lista de cuentas que, supuestamente, diseminaban información falsa e incitaban a la violencia. El bloqueo, al inicio, tuvo un carácter temporal, pero luego de que los ejecutivos de la red social fueran amenazados con multas y penas de cárcel, la compañía accedió a llevar la eliminación definitiva de algunos usuarios.

Ajay Prakash Sawhney, uno de los responsables del ministerio de Tecnologías de la Información de la India, se mostró inconforme con la manifiesta lentitud del gigante de Internet y aclaró que «la libertad de expresión no es absoluta» pues está sujeta a los intereses del orden público (Infobae, 10.02.2021).

La empresa mediática, por su parte, defendió su postura. «Con base en nuestros principios de defensa de la libertad de expresión, no hemos adoptado ninguna medida contra las cuentas de grupos mediáticos, periodistas, activistas y políticos», manifestó. E4

La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.