La red de pornografía infantil, denunciada por la periodista en 2005, es apenas la punta de un negocio inmundo en el cual políticos de diversos partidos y empresarios comparten intereses y se protegen. Aún falta mucho para desmontar las estructuras de poder impune
Impunidad de 85% en crímenes contra periodistas
La detención de Mario Marín, gobernador de Puebla en el periodo 2005-2011, tardó 14 años. Al más puro estilo de Carlos Salinas de Gortari, el sistema de justicia de México no vio ni escuchó a la periodista Lydia Cacho, quien acusó al priista de tortura después de ordenar su detención ilegal en Cancún, en 2005. La historia se inició con la publicación del libro Los demonios del edén: el poder que protege a la pornografía infantil (Grijalbo). La periodista se convirtió en símbolo de las luchas por la defensa de los niños, las mujeres, los derechos humanos y la libertad de expresión.
Los demonios… devela una trama internacional encabezada por el empresario libanés, naturalizado mexicano, Jean Succar Kuri, dedicada a la trata y explotación sexual de niñas y niños de entre cuatro y 14 años. La red actuaba con el conocimiento y protección de políticos y empresarios, dice la autora. Además de Marín, cita a Miguel Ángel Yunes Linares (PAN) y a Emilio Gamboa Patrón (PRI), quienes después serían gobernador de Veracruz y líder del Senado, respectivamente, así como a Kamel Nacif Borge, el Rey de la Mezclilla.
Cuando el libro salió al mercado, Succar Kuri estaba preso en Chandler, Arizona, por delitos de pornografía infantil y abuso sexual de menores. En 2006 fue extraditado a México a petición de la Procuraduría General de la República (PGR) que también lo investigaba por lavado de dinero. Actualmente purga 112 años en una cárcel de Quintana Roo.
Nacif Borge demandó a Cacho «por difamación y calumnias». La periodista fue detenida en 2005, en Cancún, y trasladada a Puebla, meses después de la toma de posesión de Marín, quien ya había sido antes alcalde de la capital. El 14 de febrero de 2006, el periódico La Jornada difundió una de las charlas más abyectas en los anales de la política nacional, reproducida en noticiarios de radio y televisión. Mario Marín (MM) recibe una llamada de un Kamel Nacif (KN) exultante por el éxito de la operación.
MM.- Quiúbole, Kamel.
KN.- ¡Mi góber precioso!… Tú eres el héroe de esta película, papá.
MM.- Pues ya ayer acabé de darle un pinche coscorrón a esta vieja cabrona. Le dije que aquí en Puebla se respeta la ley y no hay impunidad…
La periodista denunció que, en las 20 horas que duró su traslado en auto y al ingresarla a la cárcel, fue víctima de tortura psicológica, tocamientos y amenazas de muerte.
En conversación con un amigo —a quien identifica por Hubert (H), de acento francés—, Nacif comenta sobre una «recomendación» que hizo para agredir a la detenida cuando entre a prisión.
H.- ¿Y la van a traer a Puebla?
KN.- ¡Claro! (…) Les dije «la traen en carro, a la hija de p… Esposada. Si quiere mear, que se mee».
H.- Incroiable… (Increíble).
KN.- Ya le dije a Naked —Hanna Naked, cómplice, con talleres de costura en el penal de Puebla, quien negoció con directivos del reclusorio—: «la pones con las locas y las tortilleras para que la violen»… Que aprenda, a ver si vuelve a escribir esta hija de su re…
Cacho fue protegida por algunas internas y con ayuda de su entonces pareja —el periodista Jorge Zepeda Patterson— tramitó su libertad bajo fianza. Enseguida presentó una demanda por detención ilegal y tortura. Durante los años que duró el proceso, enfrentó a los poderosos que cobijan la impunidad. Orillada a vivir en el exilio por los constantes ataques y amenazas, Cacho dio seguimiento al caso desde el extranjero.
Doble moral
El asunto llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación en febrero de 2006. Al año siguiente, el ministro Juan Silva Meza propuso un proyecto donde argumentaba: «sí existió concierto de autoridades para violar derechos fundamentales de la periodista… Sí existió violación en perjuicio de menores de edad. Lydia Cacho se quedó corta con su libro Los demonios del edén». Sin embargo, el proyecto se desestimó por seis votos a cuatro.
La entonces ministra Olga Sánchez Cordero —actual secretaria de Gobernación—, reconoció: «hubo violaciones que ocurren en procesos penales», pero que «no habían sido graves y eran reparables mediante el juicio de amparo». Su voto ayudó a desechar el caso y permaneció estancado durante el sexenio de Felipe Calderón, sin ningún procesado ni reparación de daños. Cacho calificó la postura de Sánchez Cordero como una traición a su propia causa feminista. «Decir que yo sí había sido torturada, pero “no lo suficiente”, es inaceptable en una ministra que construyó su carrera judicial alrededor de discursos feministas pro equidad de género».
En octubre de 2014, Artículo 19 —organización no gubernamental defensora del periodismo y la libertad de expresión— y Cacho presentaron una petición al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (ONU) para revisar el asunto debido a la pasividad del Estado mexicano. Dos meses después, la PGR ejerció acción penal contra dos de los policías judiciales de Puebla que participaron en la tortura. Uno de ellos, José Montaño, fue sentenciado a cinco años y tres meses de prisión —salió libre el 8 de diciembre de 2020—; el otro sigue prófugo.
El 31 de julio de 2018, la ONU emitió una resolución contra el Estado mexicano y a favor de Lydia Cacho. No obstante, fue hasta enero de 2019, recién iniciado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador cuando, en cumplimiento a la resolución de la ONU, se ofreció una disculpa pública a la periodista.
Tres meses después, un tribunal de Quintana Roo liberó órdenes de aprehensión contra Mario Marín, Kamel Nacif y el exdirector de la Policía Judicial de Puebla, Hugo Adolfo Karam Beltrán.
Nacif huyó al Líbano, su país de origen. El gobierno mexicano solicitó la detención del Rey de la Mezclilla para procesarlo como autor intelectual de la tortura a Cacho Ribeiro. México y el Líbano no poseen acuerdo de extradición, pero se apela a otros tratados bilaterales entre ambos para cumplir el objetivo.
La captura del Góber Precioso, el pasado 3 de febrero, regresó el tema a las primeras planas y a las redes. «La @FGRMexico me avisó en cuanto detuvieron al exgobernador #MarioMarin escondido en Acapulco (…) Se vuelven a reunir los cómplices. Ya no hay fiesta ni lujo, tampoco niñas víctimas en manos de los pederastas. El periodismo es el camino hacia la justicia. Vamos por todos», publicó Cacho en su cuenta de Twitter (03.02.21).
«El exgobernador lucía displicente y seguro. Dice que no quiere abogados, que él llevará su propia defensa, pero detrás sigue la red de abogados del poder aliado a Kamel Nacif y Gamboa», asegura la activista (La Jornada de Oriente, 11.02.21). No obstante, el Juzgado Segundo de Distrito de Quintana Roo le dictó a Marín auto de formal prisión, medida cautelar para evitar que huya.
Complicidades
En un video en su página de YouTube, el analista Alfredo Jalife —mexicano de ascendencia libanesa—, comenta: «Nosotros somos muy tribales, nos movemos por familias… y así es fácil darnos seguimiento. Por ejemplo, Succar Kuri, que viene a México huyendo porque en Líbano cometió los mismos delitos que acá, llega con sus familiares de Guanajuato, quienes eran socios de los Fox Quesada, y de ahí viene el poder que este personaje cobra en el sexenio foxista, cuando los hijos de Martha (Sahagún) necesitaban prestanombres».
«Succar Kuri llega (a México) con sus familiares de Guanajuato, quienes eran socios de los Fox Quesada, y de ahí viene el poder que este personaje cobra en el sexenio foxista, cuando los hijos de Martha (Sahagún) necesitaban prestanombres».
Alfredo Jalife
En cuanto a Kamel Nacif, Jalife menciona que a los 15 años robó un cheque y falsificó la firma de su papá. Lo corrieron de casa y con el tiempo halló cobijo en el contrabando de telas, el lavado de dinero, la narcopederastia y el mundo del juego.
La relación entre Emilio Gamboa (EG) y Kamel Nacif, destapada por Cacho, se corroboró en septiembre de 2006, cuando se difundieron grabaciones de una conversación en la que el empresario ordena al senador detener una iniciativa de ley para regular hipódromos y casas de apuestas.
EG: ¿Dónde andas, mi rey?, porque hablo todo el día bien de ti, pero te pierdes.
KN: Pues ando chingándole…
EG: Vamos a sacar la reforma del hipódromo, cabrón…
KN: No, no la chingues.
EG: Entonces lo que tú digas, cabrón, por allí vamos…
KN: Dale pa’trás, papá.
EG: Pos entonces va pa’trás. Esa chingadera no pasa en el Senado.
En México se vive una narcocracia, dice Jalife. «Es más fácil entender aquí los grupos por los carteles que por los partidos». Nacif fue por mucho tiempo una caja desde la cual se financiaron campañas políticas a cambio de encubrimiento, acusa.
Cuando Felipe Calderón era aspirante a la presidencia, sacaba «tarjeta roja» a Marín durante sus mítines en Puebla, y junto con diputados locales del PAN, presentó en el Congreso de mayoría priista una demanda de juicio político contra el gobernador. En un mitin en Huejotzingo, reiteró: «Exigimos que al gobernador Mario Marín se le juzgue por haber violado los derechos humanos, no de una periodista, no de una mujer nada más, sino los derechos humanos que en México no permitiremos que se sigan violando. Por eso vamos a decir que ¡Mario Marín está expulsado! ¡Fuera del gobierno!». Como presidente se olvidó del asunto y a lo largo del sexenio era frecuente verlos uno al lado del otro.
Para salvar el pellejo, Marín habría negociado con el PAN cederle diputaciones y el gobierno del estado en la siguiente elección. «La aprehensión de Mario Marín a 15 años de la ilegal detención de Lydia Cacho viene a exhibir la inmundicia del PAN, que lucró electoralmente con el llamado Lydiagate y obstaculizó la aplicación de la justicia. Tuvo que llegar al poder la 4T para que se pudiera llevar a juicio al exmandatario poblano» (La Jornada de Oriente, 04.02.21). E4
Impunidad de 85% en crímenes contra periodistas
La prensa funciona como contrapeso del poder. Por tal motivo, es víctima de ataques y amenazas constantes. En el combate a los crímenes contra periodistas, la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) exhorta a las autoridades a garantizar su protección y a respetar la libertad de expresión.
El representante de la Oficina de la Unesco en México, Frédéric Vacheron, advierte: «Cuando las agresiones a los periodistas se mantienen impunes, se incrementa el riesgo de quienes ejercen esta profesión o de quienes son víctimas por expresar sus opiniones».
La Unesco registró 93 periodistas asesinados en México, entre 2010 y 2019, con una tasa de impunidad del 85%. Es decir, solo 14 del total de homicidios fueron resueltos, dice Vacheron.
Los comunicadores mexicanos son asesinados por investigar casos de corrupción, trata de personas, delitos políticos, así como violaciones de derechos humanos y ambientales.
La muerte no es el único riesgo que vulnera la integridad de periodistas, también hay altos índices de amenazas, acoso, secuestros, encarcelamientos y despidos injustificados, apunta, de modo que, «si bien en 2019 se registró el menor número de muertes de periodistas en la década, otro tipo de ataques aumentan a un ritmo alarmante». E4
Aplica Morena doble rasero
La detención de Marín ocurrió el 3 de febrero en Acapulco, Guerrero, donde Morena formalizó la candidatura de Félix Salgado Macedonio al gobierno del estado, quien está denunciado por violación y acoso sexual.
De acuerdo con el informe Impunidad en homicidio doloso y feminicidio en México: Reporte 2020, de la organización Impunidad Cero, Guerrero es el segundo estado con más alto porcentaje de impunidad en feminicidios (93.8%), solo superado por Baja California Sur (100%).
Los gobiernos del PAN y el PRI protegieron a Marín; el de López Obrador lo puso entre rejas. Sin embargo, a un presunto violador, su partido lo defiende contra viento y marea.
Casi medio millar de mujeres, entre legisladoras, políticas, artistas, simpatizantes y militantes de Morena rubricaron una carta en la que piden recapacitar «sobre la desafortunada decisión de esa candidatura».
Las primeras firmantes son seis diputadas morenistas de diferentes entidades, la séptima es presidenta del Instituto Nacional de las Mujeres, y ya son más de quinientas:
1. María Wendy Briceño Zuloaga
2. Sandra Paola González Castañeda
3. Lorena Villavicencio Ayala
4. Rocío del Pilar Villarauz Martínez
5. Adriana Bustamante Castellanos
6. Paula Adriana Soto Maldonado
7. Nadine Gasman Zylbermann
¿Qué dice López Obrador? Es desprestigio en tiempos de elecciones, un asunto partidista, replica el presidente. «Mientras Félix Salgado mantenga sus derechos políticos, él es nuestro candidato, no hay ninguna sentencia de ninguna autoridad que acredite que haya cometido algún delito. Denuncias puede haber muchas», sentencia Mario Delgado, líder nacional de Morena.
En esta narrativa es protagónico el pacto de silencio entre los hombres, un pacto patriarcal, el mismo que protegió en el pasado a Mario Marín y ahora cobija la candidatura de Salgado Macedonio, con políticos, empresarios y hombres en el poder que lo protegen, que no dicen nada en su contra y que su legitimación es, desde ya, un atentado al derecho de las mujeres a no ser ignoradas otra vez, denuncian las mujeres de Morena. E4
Campaña contra Campbell
En México, no solo los periodistas son asesinados o amenazados por investigar casos de corrupción, narcotráfico, trata de personas y otros delitos. También los defensores de derechos humanos son víctimas de atentados, advierte un informe de Amnistía Internacional.
En Saltillo, la organización civil Nueva Constituyente Ciudadana Popular (NCCP) denunció que en la madrugada del 3 de febrero —día de la detención de Mario Marín—, nuevamente fue allanado el domicilio de la activista Jackie Campbell, asesora del obispo emérito Raúl Vera López en temas de derechos humanos y comunicación.
«Es una intimidación más (…) por el trabajo realizado en 20 años de señalamientos contra injusticias y violaciones de derechos humanos y denuncias contra empresarios y funcionarios».
Jackie Campbell
Es la tercera ocasión que el equipo del prelado y la Diócesis de Saltillo sufren intromisiones ilegales en oficinas del Obispado en menos de un mes.
«Urgimos a las autoridades del estado a investigar el allanamiento (…) al domicilio particular de nuestra compañera Jackie Campbell Dávila, (en) cuya fachada (se) denuncian los feminicidios en Coahuila», señala la organización en un comunicado.
Campbell denunció la invasión ante la Fiscalía General de Justicia. Desconocidos rompieron la ventana de una puerta del segundo piso para ingresar al domicilio. Encontró su oficina desordenada, pero ningún objeto de valor fue robado.
«Es una intimidación más hacia mi persona por el trabajo realizado en 20 años de señalamientos contra injusticias y violaciones de derechos humanos y denuncias contra empresarios y funcionarios», acusa Campbell.
Los ataques contra la activista se agudizaron en diversos medios de comunicación estrechamente relacionados con el gobierno de Coahuila, desde que se anunció la renuncia del obispo Vera López, dice la Nueva Constituyente y agregó que el Mecanismo de Protección de Defensores de Derechos Humanos y Periodistas del gobierno mexicano ofrecerá protección a Jackie Campbell e investigará los hechos. E4
Javier Mariscal
Es ingeniero egresado de la Universidad Autónoma de Chapingo con especialización en el área de Economía. Ha ejercido el periodismo en Saltillo. Trabajó en El Diario de Coahuila; se desempeñó como editor, diseñador, fotógrafo, redactor de editoriales y artículos de economía, industria automotriz, cultura e historia de Saltillo en el periódico Vanguardia.