Corrupción e impunidad como políticas públicas

Hasta ahora, en menos de dos años que van del sexenio, no son pocos los funcionarios de mediano y alto nivel que le han renunciado al presidente López Obrador. Alguien lleva por ahí la numeralia. Los casos que se contabilizan van desde la titular de la Semarnat, que se vio obligada a dimitir por haber forzado la demora de un vuelo de avión comercial para poder ella abordarlo, hasta la de su sucesor en la misma Secretaría por el escándalo que causó el audio, filtrado por algún malicioso, en el que se le escucha hablar de los conflictos y la lucha feroz que al interior del gabinete de AMLO se viene dando.

Además está la renuncia, aparentemente por una causa menos pedestre, del secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú. Ésta se debió, según se dijo, al diferendo en un asunto de política pública con el presidente, respecto del control de los puertos ahora por la Secretaría de Marina. Pero ha habido otras renuncias por razones radicalmente diferentes.

Al menos han sido tres en las que se han planteado cuestiones más de fondo, incluido el espinoso tema de la corrupción, de la que se cree exento el actual gobierno. Por orden cronológico han sido los siguientes:

El 21 de mayo de 2019, Germán Martínez Cázares presentó su renuncia a la dirección general del IMSS. Entregó al efecto una extensa carta al Consejo Técnico de ese organismo, en la que hace durísima crítica a los funcionarios de la Secretaría de Hacienda por la «injerencia perniciosa» de éstos en el IMSS, que lo obliga al trato deshumanizado e insensible que da a sus derechohabientes.

Pero no solo eso escribió en su carta Germán Martínez. Dijo también «que la calidad y eficacia en muchos servicios del IMSS dejan mucho que desear… (en razón de que el) IMSS tiene retos, desafíos, extravíos y una enorme corrupción». Muy prudente, buen cuidado tuvo en no abundar en este punto, del cual seguramente sobre mucho, porque en otro pasaje de su documento hace referencia de nuevo a la necesidad de «erradicar la maldita corrupción» que aflige al IMSS.

Dicho lo anterior, el renunciante cómodamente regresó al Senado y no se sabe que haya pasado algo en relación con las denuncias que hizo, salvo que su sucesor ha sido señalado, así como algunos de sus familiares, de incurrir precisamente en prácticas corruptas, a las que hizo referencia Germán Martínez.

Posteriormente, mes y medio después, el 9 de julio de 2019, presentó su renuncia como secretario de Hacienda el doctor Carlos Urzúa. En lacónica carta que al efecto hizo llegar al presidente, le plantea que fueron discrepancias en materia económica las que le hicieron tomar tal decisión. Y agrega: «Aunado a ello, me resultó inaceptable la imposición de funcionarios que no tienen conocimientos de la Hacienda Pública. Esto fue motivado por personajes influyentes del actual gobierno con un patente conflicto de interés». Con todo y lo grave del señalamiento, absolutamente nada —que se sepa— ha sucedido.

Más recientemente, el 21 de septiembre, el doctor Jaime Cárdenas Gracia, por cierto coahuilense (de Parras), también mediante extensa carta presentó al Ejecutivo su renuncia al cargo de director general del llamado «Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado» (INDEP). En su escrito, denuncia: «Encontramos al inicio de nuestra función —dice— probables irregularidades administrativas, procedimientos de valuación que no garantizan los principios del artículo 134 constitucional —el mayor beneficio para el Estado—, mutilación de joyas, contratos favorables a las empresas y no al INDEP, y, conductas de servidores públicos contrarias a las normas».

Agrega que «por la manipulación de distintas piezas de joyería hemos presentado denuncias penales a la Fiscalía General de la República». En otro pasaje da cuenta de la revisión a los sistemas informáticos y tecnológicos del INDEP «a fin de detener la manipulación que de ellos se hacía a favor de unas personas», asunto que está analizando el Jurídico para presentar las correspondientes denuncias penales.

¿Cómo reaccionó el presidente ante los señalamientos de corrupción en esa dependencia de nombre tan exótico como folclórico, y ahora cruelmente sarcástico? Descalificando de alguna forma al denunciante (que está fatigado, que el servicio público no es lo suyo, que no le entró al problema). Pero de combatir la corrupción, nada. Hasta parece es ésta una definida política pública del lópezobradorismo.

Torreón, 1945. Ha sido diputado local, senador y diputado federal en tres ocasiones, por el Partido Acción Nacional. En 1999, fue candidato a gobernador de Coahuila por la alianza PAN-PRD- PVEM-PT, pero fue derrotado por el priista Enrique Martínez y Martínez. De 2003 a 2004, fue subsecretario de la Secretaría de Economía. En 2004, intentó se nuevamente candidato a gobernador de Coahuila, pero fue derrotado en la elección interna del PAN por Jorge Zermeño Infante. De 2006 a 2008, fue director de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS). Entre otros medios, ha escrito para El Financiero, El Sol de México y Espacio 4.