Crimen va por el control del negocio de la comunicación

Cobrar por «derecho de piso» ya no es suficiente. En Michoacán, grupos delictivos pretenden influir en la barra programática de información. El temor a represalias inhibe a los afectados a presentar denuncias por los atentados

Las agresiones contra la libertad de expresión en México no se limitan al linchamiento de periodistas. Los centros de prensa, sus instalaciones, equipos, redes de telecomunicación, de por cable e internet, también constituyen objetivos de ataque. Así se evidenció el 25 de enero, cuando las oficinas de Media Group fueron blancos simultáneos de sabotaje en varios municipios de Michoacán: Uruapan, Múgica, Apatzingán, Gabriel Zamora, La Huacana, Ziracuaretiro y Nueva Italia.

De acuerdo con medios locales, los ataques están relacionados a un grupo criminal de la región de Tierra Caliente que amenazó a la empresa por no acceder a extorsiones relacionadas con el llamado «derecho de piso» y solicitaba, además, ser «socio» de la misma.

«Desde hace algunos meses se había estado insistiendo en que se pagara derecho de piso y bueno, evidentemente (la posición) del grupo había sido que no. (…) Pedían ser socios, es que no sé si me da risa de nervios, decir en ¿qué cabeza cabe poder tener sociedad directamente?».

Laura Yadira Marín, directora de Media Group Michoacán

Como consecuencia, por 24 horas Media Group no pudo emitir ningún tipo de señal de televisión ni de internet. Posteriormente, en su cuenta oficial de Facebook publicó: «Media Group empresa michoacana, manifiesta su inconformidad ante la destrucción total de los equipos y redes de telecomunicación por cable e internet por presuntos grupos criminales, desde las afueras de Uruapan, Múgica y Apatzingán. (…) Ofrecemos disculpas a nuestros miles de suscriptores».

La directora de Media Group Michoacán, Laura Yadira Marín, informó que antes de haber sido atacadas con arma de fuego las instalaciones, fueron objeto de amenazas e intento de extorsión. «Integrantes de estos grupos llegaron y con el uso de violencia sacaron al personal, tanto técnicos como personas que cobran en la caja. Les pidieron que salieran, que ellos se iban a quedar a cargo de esa oficina. Antes se sufrieron ataques en la postería, donde va la fibra óptica, donde va la infraestructura, fueron cortados, baleados», expresó.

Asimismo, confirmó que la causa de la agresión no se restringe a haberse negado a pagar «derecho de piso», sino a oponerse a que el grupo delictivo influyera en la barra programática de las transmisiones del grupo.

«Desde hace algunos meses se había estado insistiendo en que se pagara derecho de piso y bueno, evidentemente (la posición) del grupo había sido que no. Nosotros somos concesionarios y no puede uno decir, formar parte de esta naturaleza que hoy se vive en este estado, y me parece que en muchas partes de la república. (…) Pedían ser socios, es que no sé si me da risa de nervios, decir en ¿qué cabeza cabe poder tener sociedad directamente?», dijo.

Persiste el miedo

Aunque los servicios de transmisión se restablecieron gracias a un soporte tecnológico con el que se contaba, algunas de las oficinas que fueron atacadas continúan abandonadas pues el personal no se atreve a regresar.

Ese mismo miedo impide que tanto los trabajadores de oficina como los técnicos que fueron testigos de los ataques se nieguen a declarar ante las autoridades por temor a represalias.

Esto, reconoció Yadira Marín, ha entorpecido el procedimiento para presentar las denuncias correspondientes a pesar de que la Fiscalía General del Estado (FGE) y la Fiscalía General de la República (FGR) han sido avisadas y conocen del caso.

«El equipo de abogados de la empresa —al ser un ataque a las vías de comunicación federal— sí pretende presentar la denuncia. Sin embargo, la gente no quiere declarar, hay temor, lo que creemos es que debería haber una unión, porque hoy nos pasó a nosotros que somos una empresa, un medio de comunicación, pero el día de mañana le puede pasar a cualquier otro, con los limoneros, en aquella región de Tierra Caliente, los mangueros, la gente que vende tortillas, pollo, todo mundo, nadie está exento», planteó.

Extorsión in crescendo

El presidente Andrés Manuel López Obrador reconoció que la extorsión es uno de los delitos que ha ido al alza en México y no se ha podido frenar. «En Michoacán hay muchos problemas de extorsión, he estado allá y me lo han denunciado», admitió en su conferencia matutina del 26 de enero.

De acuerdo con cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) este delito aumentó 17.12% de 2021 a 2022, al pasar de 8 mil 828 casos a 10 mil 340.

En el caso de Michoacán, durante 2022, fueron reportadas 67 víctimas, pero se supone que es una cifra muy por debajo de las estadísticas reales pues la inmensa mayoría de los casos no son reportados por miedo a las represalias. Limoneros, aguacateros, mangueros, tortilleros, polleros y prácticamente cualquier dueño de un negocio suele ser víctima del «cobro de piso».

Michoacán violento

No es la primera vez que instalaciones claves de Michoacán son víctimas de un atentado. El 17 de mayo de 2022 un comando armado atacó a balazos la infraestructura de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en el municipio de Aguililla que dejó sin energía eléctrica a prácticamente todo el municipio.

Los centros de recreación de la entidad, como antros y palenques, tampoco constituyen la excepción. El 28 de marzo del año pasado en Zinapécuaro, 20 personas fueron asesinadas al interior de un palenque en la comunidad de Las Tinajas; el 2 mayo, también de 2022, otras cuatro perdieron la vida por armas de fuego y dos más resultaron heridas en el asalto a un palenque realizado en Los Pirules, Morelia; el 26 de noviembre de ese mismo año, tras un concierto del reguetonero Dany Ocean, un grupo de desconocidos disparó a un vehículo a la salida de la Monumental Plaza de Toros de Morelia, con saldo de un muerto y cuatro heridos; mientras que el pasado 22 de enero un muerto y tres heridos arrojó un tiroteo en Jungapeo, al oriente del estado.

Acorde a los informes del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Michoacán cerró el año 2022 como la cuarta entidad con más homicidios dolosos, solo superada por Guanajuato, Baja California y Estado de México. En los 12 meses del año, en ese estado se contabilizaron 2 mil 423 muertes violentas, que representan el 7.8% de los 30 mil 968 homicidios de todo el país. Michoacán. E4