Tirios y troyanos contra el «plan B»; AMLO prevé nuevo revés en la Corte

En un proceso apresurado y desaseado, la mayoría oficialista en el Congreso impulsa cambios a las leyes secundarias en materia electoral y une a partidos de oposición, organizaciones civiles y al propio INE en su contra. La Suprema Corte tiene la última palabra

Propaganda política y reparto publicitario: la otra disputa

El presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha logrado lo que la oposición no pudo: unir a tirios y troyanos contra de la 4T, ahora bajo la bandera de la defensa del Instituto Nacional Electoral (INE). Y es que en el caso de las reformas a las leyes secundarias en materia electoral, las formas enturbian el fondo, pues la manera en la que el mandatario, Morena y sus aliados en el Congreso impusieron el llamado «plan B» rememoran lo peor del viejo PRI y desvían la atención de lo más importante: la necesidad de mejorar y transparentar los procesos electorales.

Si bien el Ejecutivo tiene facultades para presentar las reformas constitucionales que considere necesarias, el hecho de que el bloque oficialista en la Cámara de Diputados haya aprobado su proyecto de ley vía fast track —el mismo día que fue presentado con modificaciones del Senado (15.12.22)— y sin turnarlo a comisiones pone en duda la visión estadista de AMLO.

«La gran paradoja es por qué (AMLO) dinamita desde el poder las condiciones que le permitieron el acceso (…) A lo mejor alguien le está apostando a que haya caos, desorden, y que eventualmente vuelva a instalarse la violencia en la contienda por el poder (…), debemos prepararnos para vivir, en 2024, semanas de conflicto»

Lorenzo Córdova, consejero presidente del INE

Para aprobar la iniciativa sin discusión, los diputados morenistas y sus aliados echaron mano de una excepción que les permite eludir el proceso ordinario —turnarla a comisiones para su estudio y dictaminación— cuando se trata de casos de «urgente y obvia resolución».

El Pleno de la Cámara de Diputados avaló un acuerdo que autorizó al Senado a remitir lo ya aprobado al Poder Ejecutivo. Sin embargo, la iniciativa siguió el proceso ordinario en la Cámara Alta, donde el 2 de febrero fue turnada a las comisiones dictaminadoras de Gobernación y de Estudios Legislativos.

«Van a seguir teniendo presupuesto (…) porque engañaron a muchos con la consigna de que el INE no se toca. No se van a reducir los diputados (…) Van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos (…) No quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros del INE, porque le tienen miedo al pueblo»

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

«Hay dos hipótesis que podríamos aplicar mañana. Una de ellas es dispensar todos los trámites y mañana mismo votarlo para enviarlo al Ejecutivo como resulte la votación; sin embargo, en el Senado nunca hemos precipitado el procedimiento (…) Así es que no hay prisa. No nos vamos a precipitar y vamos a actuar conforme a los procedimientos que establecen la Ley Orgánica y el Reglamento», dijo el coordinador de senadores de Morena, Ricardo Monreal Ávila, el 1 de febrero.

La imprudencia de los diputados puede ser el talón de Aquiles de la reforma, pues más allá de las acciones de inconstitucionalidad presentadas por los líderes de partidos, legisladores, municipios y sociedad civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ha sentado precedente en casos similares, al considerar que la falta de deliberación e intervención de las minorías en el proceso legislativo viola los principios constitucionales de legalidad y seguridad jurídica.

«Lo que está queriendo hacer el presidente es querer ganar a la mala lo que ya no pudo ganar a la buena. En el 2018, gana con el 53%, pero ya en el 2021 toda la oposición en su conjunto sacó más votos (…) y, por lo tanto, lo que tiene es miedo de que en el 2024 les vamos a ganar la presidencia»

Marko Cortés, dirigente nacional del Partido Acción Nacional

«No queda claro qué hechos generaban una condición de urgencia (…). Si existieron, los senadores los desconocían, porque en la Cámara Alta la iniciativa siguió el trámite ordinario. En cambio, en la Cámara de Diputados, la oposición dejó constancia que no tuvo el tiempo para leer la iniciativa ni la oportunidad real de participar en la deliberación. Al conculcarle estos derechos, la mayoría oficialista abrió la puerta para una eventual revocación del “plan B” en su totalidad», escribe el exconsejero electoral Benito Nacif (El Economista, 31.01.23).

En este sentido, López Obrador ya anticipa una derrota en tribunales. En su conferencia matutina del pasado 31 de enero, el presidente advirtió que aun cuando la reforma electoral fuera considerada como anticonstitucional por la Suprema Corte «no pasa nada» porque solo agregaría una «manchita más al tigre» de un «aparato antidemocrático». «(Los ministros) estarían avalando salarios estratosféricos para algunos funcionarios. Bueno, los mismos ministros violan la Constitución, porque ganan mucho más que el presidente», dijo.

Fiel a su discurso, AMLO endilgó la responsabilidad histórica a los conservadores. «No pasa nada, el pueblo es muy responsable, es mayor de edad. El problema de México es la llamada clase política (…) que está al servicio de una oligarquía rapaz muy corrupta, todos estos son achichincles de los que se sentían dueños de México», acusó.

Conscientes de que las manifestaciones del 13 noviembre lograron detener la reforma original («plan A») en el Congreso, los ciudadanos volverán a marchar el 26 de febrero para meter presión a los ministros del máximo tribunal del país, quienes debatirán sobre la constitucionalidad de los cambios a las leyes secundarias.

¿Austeridad o autoritarismo?

Para el presidente, la defensa del INE es pura diatriba. «Sacaron la soflama de que el “INE no se toca”, así como ahora “García Luna no se toca”. Son iguales, es la misma gente, son los mismos grupos conservadores, entonces no se pudo —que era lo que queríamos— que no se gastaran 25 (o) 28 mil millones de pesos en elecciones, porque es donde cuestan más las elecciones en el mundo, en México», señaló.

El presidente del INE, Lorenzo Córdova, insiste en que los cambios impulsados por el presidente «dinamitan» las elecciones, por lo que los ciudadanos debe unirse y presentar todos los recursos legales posibles para detenerlos.

«Este es el momento en que los ciudadanos en lo individual o de manera colectiva pueden y creo deben (…) poner en la mesa a quienes tendrán que tomar la decisión final, a nuestras y nuestros jueces constitucionales, todos los argumentos y elementos que creamos convenientes, para que ellos cumplan esa tarea de control en la Constitución», dijo en la presentación del libro La Democracia no se toca, que escribió junto con el consejero Ciro Murayama (29.01.23).

«La gran paradoja es por qué (AMLO) dinamita desde el poder las condiciones que le permitieron el acceso (…) O hay una paradoja alucinante o a lo mejor alguien le está apostando a que haya caos, desorden, y que eventualmente vuelva a instalarse la violencia en la contienda por el poder, cosa que ya habíamos exorcizado», agregó.

La respuesta del presidente no se hizo esperar. «(Córdova) Es un servidor público sin principios, sin ideales, un farsante. Conocí a su papá, fuimos amigos, compañeros, un hombre excepcional y extraordinario, pero pues así suele pasar a veces con los hijos (…). No tiene ideales, no tiene principios (…) es un racista como muchos otros», fustigó.

Todos contra la reforma

En un anticipo de lo que podrían ser las elecciones presidenciales de 2024, los líderes de los partidos de oposición (PRI, PAN PRD y hasta el MC) se han unido en contra de Morena y sus aliados.

El 23 de enero, el dirigente nacional del PAN, Marko Cortés, presentó ante la Suprema Corte acciones de inconstitucionalidad contra dos de las leyes modificadas por el «plan B» y anunció que su partido presentará más recursos. «Lo que está queriendo hacer el presidente es querer ganar a la mala lo que ya no pudo ganar a la buena. En el 2018, gana con el 53%, pero ya en el 2021 toda la oposición en su conjunto sacó más votos (…) y, por lo tanto, lo que tiene es miedo de que en el 2024 les vamos a ganar la presidencia», dijo.

Cinco días después, el dirigente nacional priista Alejandro Moreno informó que su partido se sumó a las demandas. «La justicia social y la democracia están más vigentes que nunca frente al populismo de extrema derecha que caracteriza indudablemente al actual partido en el poder, que con el disfraz de izquierda busca acabar con los derechos y libertades sociales», acusó.

Por su parte, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, advirtió que sería «terrible» que se anularan elecciones de 2024 por el «plan B». «Los augurios que ha hecho el presidente del INE son terribles, de lo que pasaría si termina de aprobarse la reforma electoral del llamado “plan B”, el solo advertir sobre esa posibilidad y que puedan derivar fenómenos de desestabilización que pongan en riesgo la convivencia democrática del país y que haya hasta posibles escenarios de violencia es muy peligroso», dijo (El Universal, 29.01.23).

En la misma línea, el grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano anticipó que pedirá medidas cautelares a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). La organización Fuerza Ciudadana anunció que alrededor de 390 asociaciones civiles se sumarán a los amparos que se presentarán contra la reforma. El INE anunció que presentará nuevas controversias que se sumarán a la que ya interpuso por el recorte presupuestal de 4 mil 500 millones de pesos para este año.

Si bien el 2 de junio es el plazo máximo para que la SCJN ratifique los cambios y se apliquen a las elecciones de 2024, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, augura un caos electoral. «(…) debemos prepararnos para vivir, en 2024, semanas de conflicto ante lo que podría ser una evidente inequidad en el desarrollo de las campañas y una inevitable incertidumbre sobre los resultados de dichos comicios, con todo y lo que ello implica en materia de gobernabilidad democrática y paz pública», dijo.

AMLO vuelve a acusar complot. «Que se vayan a engañar a otra parte. Lo que quieren es seguir atacándonos (…) porque no hay ningún problema (…) nada más es bajarles el sueldo (a los consejeros del INE) porque ganan muchísimo dinero y derrochan dinero público, también eso les molesta», expresó.

Lamentó que no se haya aprobado la reforma original. «Ganaron porque van a seguir teniendo presupuesto (…) porque engañaron a muchos con la consigna de que el INE no se toca. No se van a reducir los diputados, van a seguir siendo 500, nosotros planteamos que fuesen 300. Van a seguir recibiendo los partidos miles de millones de pesos, van a seguir siendo los partidos los que elijan —las cúpulas de los partidos, Claudio (X González) pues— a los consejeros. No quisieron que el pueblo eligiera a los consejeros del INE, porque le tienen miedo al pueblo», dijo. E4

Reforma electoral, lo que está en juego

Las leyes generales modificadas son las de:

• Instituciones y Procedimientos Electorales
• Partidos Políticos
• Sistema de Medios
• Comunicación Social
• Responsabilidades Administrativas; y
• Orgánica del Poder Judicial de la Federación

Principales cambios

• Tope de salarios: ningún servidor público puede ganar más que el presidente
• Guillotina electoral: el Congreso puede destituir al presidente del Tribunal Electoral
• Extinción de fideicomisos: se eliminan fondos de mejora del INE
• Propaganda política: se prohíben calumnias y expresiones de discriminación
• Recorte al INE: trabajadores especializados, secretario ejecutivo y Junta General Ejecutiva
• Calendario electoral 2024: se adelanta a la tercera semana de noviembre de 2023
• Cómputo de votos: se elimina el PREP, iniciaría a las 18:00 hs. de la jornada electoral
• Menos burocracia: órganos distritales pasan de 300 a 260 y serían de carácter temporal
• Voto electrónico: mexicanos en el extranjero podrían votar por internet
• Inclusión: se eleva a rango de ley las candidaturas de grupos minoritarios y vulnerables
• Mínimo para conservar registro: 3% en 17 estados en conjunto

Economía

• Según Morena, la reforma generaría ahorros de al menos 3 mil 500 mdp

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Propaganda política y reparto publicitario: la otra disputa

La batalla contra el «plan B» de AMLO tiene otro frente: el de los cambios a las leyes generales de Comunicación Social y de Responsabilidades Administrativas.

En el caso de la primera, la iniciativa presidencial establece un tope de 0.1% del presupuesto de cada entidad para los gastos publicitarios, lo cual, consideran analistas, «asfixia» a los medios.

En contraste con los 11 mil millones de pesos anuales que gastó en publicidad el  Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), el de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) ha destinado al mismo rubro unos 8 mil millones en total, es decir, unos 2 mil millones por año.

«La contracción del presupuesto de publicidad provocó una crisis en medios que se ha materializado en frecuentes despidos masivos de periodistas y personal administrativo, el cierre de espacios, profundización en la precariedad en las contrataciones de periodistas por abajo del mínimo profesional, que este año se fijó en poco menos de 14 mil pesos mensuales», señala Proceso (17.01.23).

«Ese porcentaje (0.1% del presupuesto) representa que el Gobierno de López Obrador contará este año con unos 8 mil millones de pesos en gasto publicitario, independientemente de que lo use o no. Pero en los estados y municipios, así como en los demás poderes, los montos son exiguos», agrega.

El semanario pone como ejemplo el caso de Campeche, que con un presupuesto anual de 24 mil millones de pesos, podría destinar a Comunicación Social solo 24 millones de pesos en un año, es decir unos 2 millones de pesos mensuales para contratar publicidad en 150 medios formales. «Suponiendo que la contratación fuera equitativa, el  Gobierno estatal destinaría 13 mil 330 pesos mensuales a cada medio», advierte.

Por otra parte, los partidos de oposición ya han presentado acciones de inconstitucionalidad contra los cambios a la Ley General de Responsabilidades Administrativas, pues consideran que abre la puerta para que los funcionarios públicos puedan hacer posicionamientos políticos y promocionarse sin que esto sea considerado propaganda gubernamental, sino «ejercicio de libertad de expresión».

Marko Cortés, presidente del PAN, acusó que de aprobarse el «plan B», los servidores públicos «puedan estar haciendo difusión, puedan contratar publicidad y que no haya un órgano electoral, como es el INE o el Tribunal Electoral, que pueda sancionarlos».

«La pretensión es echar para atrás todas las reformas que, particularmente en materia de medios de comunicación y de las responsabilidades de los administradores públicos, son resultado de las movilizaciones postelectorales de 2006», dijo por su parte el presidente nacional del PRD, Jesús Zambrano.

El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, presentó un recurso contra las mismas reformas, al considerar que es una «violación flagrante a la Constitución». Municipios y ayuntamientos se han sumado a las demandas, como es el caso de Chihuahua, cuyo alcalde Marco Bonilla presentó su propia controversia ante la Suprema Corte.

En el mismo sentido se expresó el alcalde de Saltillo, José María Fraustro Siller. “De seguro vamos a estar unidos todos los alcaldes. Tenemos reunión el 15 de febrero en Mérida (…) y en ese momento vamos a emitir un comunicado nacional (…) Tenemos muchas cosas qué comunicar a la sociedad de todas las acciones que hacemos (…) y entonces no puedes emplear recursos para eso (…) No puede ser, porque nosotros no tenemos mucho tiempo como puede tener el Gobierno federal para hacer llegar sus programas a la sociedad mediante tiempos oficiales», dijo (Vanguardia, 28.01.23). E4