El juicio contra García Luna en EE. UU. desenmascara la guerra contra el narco

La justicia estadounidense revela los pagos millonarios que recibió el «hombre fuerte» de Felipe Calderón para proteger al crimen organizado. AMLO pide mesura sobre los señalamientos contra el expresidente, pero mueve piezas para recuperar los bienes incautados

Todos los caminos conducen a Calderón

El juicio contra el exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, que se celebra en la Corte del Distrito Este en Nueva York, ha expuesto los vínculos de autoridades mexicanas de todos los niveles —políticos incluidos— con cárteles del narcotráfico. Hasta el momento, él mismo representa el funcionario mexicano de más alto nivel procesado por la justicia estadounidense. Sin embargo, a medida que desfilan nuevos testigos y se recogen más declaraciones, otros nombres pueden aparecer involucrados, incluido el del expresidente Felipe Calderón Hinojosa.

Fue durante su administración que García Luna dirigió la Agencia Federal de Investigación (2001 a 2005), y luego encabezó la Secretaría de Seguridad Pública (2006 a 2012).

«Me pasó información y tratábamos de resolver el problema de Manzanillo. Le entregué dinero en efectivo (a Genaro García Luna), más de 10 millones de dólares. El dinero es producto de la cocaína a Estados Unidos y otros países».

Óscar Orlando Nava Valencia, líder del Cártel del Milenio

Hoy Washington lo acusa de conspiración para tráfico de drogas y de realizar declaraciones falsas en Estados Unidos, país en el que fue detenido en diciembre de 2019. A García Luna se le atribuye también un complejo entramado que incluye empresas fantasma en paraísos fiscales como Panamá o el Estado de Delaware. El exfuncionario utilizó compañías para la adquisición de propiedades e hipotecar los activos, lo que permitía a los beneficiarios tener flujos constantes de dinero y mantener un estilo de vida copado de lujos.

«El Gobierno de Felipe Calderón favorecía a Joaquín “El Chapo” Guzmán, porque ese era su nivel de dependencia y de lacayo con Estados Unidos».

Gerardo Fernández Noroña, diputado federal

La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) incluye en sus acusaciones a Linda Cristina Pereyra, esposa de García Luna, por ser una de las beneficiarias de las prácticas de lavado de dinero que encabezó su marido.

Junto a García Luna y Cristina Pereyra colaboraron al menos otros seis cómplices que actuaron como testaferros y ayudaron a que la pareja se estableciera en Miami durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

«Nosotros no perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza y también hay un tribunal popular y la gente está muy consciente del daño que ocasionaron los que gobernaron en el periodo neoliberal».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

A cambio, el exfuncionario abrió empresas de consultoría que les ayudaron a hacerse de múltiples contratos gubernamentales y a dividir los beneficios entre los socios.

El lobo aulló

Luego de que el lugarteniente del cártel de los Beltrán Leyva, Sergio Villarreal Barragán, alias El Grande, aseguró que vio recibir sobornos a García Luna y que incluso estaba en la «nómina» del Cártel de Sinaloa, otro narcotraficante llegó para hundir más al exsecretario de Seguridad Pública.

Óscar Orlando Nava Valencia, alias el Lobo, quien admitió haber incursionado en el tráfico de drogas desde 1996 y haber encabezado el grupo de Los Valencia o el Cártel del Milenio, declaró en juicio haber dado un soborno de más de 10 millones de dólares a García Luna, a raíz de un decomiso de droga.

El Lobo y su hermano Juan, alias El Tigre, fueron responsables de transportar más de 100 toneladas de cocaína a ciudades de Estados Unidos, provenientes de países de Centro y Sudamérica. Para ello utilizaban embarques que tenían como punto de destino el Puerto de Manzanillo, Colima, desde donde la droga era transportada y custodiada a la frontera norte. Para lograr éxito en sus operaciones, el Lobo admitió haber sobornado autoridades del Gobierno de México, desde agentes municipales hasta federales. Por años tuvo control del trasiego en Jalisco, Colima y partes de Michoacán, así como en el puerto de Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz y Puerto Progreso, Yucatán.

Durante su intervención en el juicio contra García Luna, el Lobo relató que el exsecretario de Seguridad presuntamente intervino en un decomiso de cocaína en Manzanillo, Colima. Para pactar una reunión, el exdirector de Seguridad Regional de la Policía Federal Luis Cárdenas Palomino le exigió el pago de 500 mil dólares, los cuales presuntamente se pagaron en varios encuentros en Guadalajara, Jalisco.

En esa reunión, argumenta el Lobo en su declaración del 30 de enero, «me pasó información y tratábamos de resolver el problema de Manzanillo. Le entregué dinero en efectivo (a Genaro García Luna), más de 10 millones de dólares. El dinero es producto de la cocaína a Estados Unidos y otros países».

Pero eso no fue todo. Según el testigo, en 2006 aportó otros 2.5 millones de dólares a un pago colectivo de varios miembros del cártel de Sinaloa cuyo destinatario era García Luna. Este dinero era a cambio de que se les protegiera de grupos rivales, en particular La Familia Michoacana.

También dijo que la relación con el exfuncionario se remonta a cuando fue director de la Agencia Federal de Investigación (AFI) durante el Gobierno de Vicente Fox. «Cuando estaba mandando gente para Laredo, mandó a un comandante (de la AFI) para ayudarnos en la guerra que tenían por allá», declaró acerca de un supuesto trato preferencial que recibía el Cartel de Sinaloa sobre sus rivales, El Cartel del Golfo y Los Zetas.

El Lobo fue extraditado en 2011 a Estados Unidos para ser procesado por asociación delictuosa y delitos contra la salud en la corte Federal del Distrito Sur de Texas. Tras ser sentenciado, se prevé su liberación en 2025.

México va por más

Mientras García Luna responde a las acusaciones de Estados Unidos. En México la Fiscalía General de la República (FGR) informó, el 29 de enero, que cuenta con dos órdenes de aprehensión en su contra. La dependencia advirtió mediante un comunicado que dichas órdenes se emitieron «por delitos cometidos en México que no tienen vinculación con el proceso penal que se le sigue en los Estados Unidos».

El primer mandamiento de captura es relativo a la participación del exsecretario de Seguridad Pública en el caso de la introducción ilegal de armamento denominado Rápido y Furioso; el segundo corresponde al caso CEFERESOS (penales federales privatizados).

El operativo Rápido y Furioso tuvo lugar entre 2009 y 2011 y contó con la autorización de la Oficina de Alcohol, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos (ATF, por sus siglas en inglés), pero sin conocimiento del Congreso de ese país. Consistió en introducir a México 2 mil 500 armas ilegales para rastrear actividades de los carteles de drogas. Sin embargo, pronto se perdió el control de los movimientos de estos recursos bélicos y las consecuencias resultaron nefastas.

La muerte, el 14 de diciembre de 2010, del agente Brian Terry, de la unidad de élite de la Patrulla Fronteriza estadounidense, tras un intercambio de disparos con civiles que iban armados con rifles que formaban parte del operativo, expuso el plan fallido.

El Gobierno mexicano calcula que, actualmente, al menos el 70% de los delitos en el país se comenten con armas de origen estadounidense.

«En este asunto, las armas que las autoridades mexicanas, en su momento, permitieron entrar ilegalmente, han causado un gran número de muertos y daños irreparables a la justicia», aseguró la FGR.

En cuanto a los CEFERESOS, bajo el pretexto de que había riesgo a la seguridad pública, el Gobierno de Felipe Calderón otorgó por adjudicación directa, en 2010, ocho contratos plurianuales a seis empresas privadas: ICA, Prodemex, Arendal, Homex, Tradeco y GIA, para construir y prestar servicios a ocho centros penitenciales en el país, lo que obliga al Gobierno federal a entregar recursos públicos durante 22 años, hasta 2032, por 199 mil 476.6 millones de pesos, a razón de 9 mil 3 millones 418 mil pesos por año.

Para la FGR, la actuación de esos servidores públicos configura los delitos penales de fraude genérico, administración fraudulenta, ejercicio ilícito del servicio público y daño patrimonial al Estado mexicano, pues quedó al descubierto que las seis empresas adjudicadas directamente subcontrataron a otras ocho empresas para construir y dar servicios a los penales.

Según lo recogido en la carpeta de investigación de la FGR, número FED/SEIDF/UNAI-CDMX/0000611/2020, en el Gobierno de Calderón el entonces secretario Genaro García Luna, en coordinación con el oficial mayor Sergio Montaño, «maquinaron un desfalco al erario federal a través de la realización de contratos con empresas privadas, con la promesa de disminuir los costos de administración en los Centros Penitenciarios y, a la vez, disponer de una mayor infraestructura para potenciar la capacidad de reclusión del sistema penitenciario federal, bajo el argumento de que el sector privado contara con más recursos para brindar mejores condiciones de alojamiento que permitieran, con menores costos económicos y sociales, contribuir a la reinserción, reservando al Estado la seguridad de los centros y la custodia de los internos, así como los servicios de salud».

Además de estas dos órdenes de captura, la FGR anunció que «también existen otras dos investigaciones en México que se encuentran en curso, y una solicitud de aprehensión más que ya ha sido informada en su momento, que se halla en trámite».

El canciller Marcelo Ebrard anunció que el Gobierno ha iniciado acciones legales para tratar de recuperar 700 millones de dólares relacionados a los delitos imputados en contra de García Luna entre 2006 y 2012. E4

Claves del juicio

Martes 17 de enero

• Inicia el juicio en Nueva York, después de que el 10 de diciembre de 2019 Genaro García Luna fuera detenido por las autoridades estadounidenses.
• Proceso impacta en la clase política mexicana por los nombres que se mencionan, el principal es el del expresidente Felipe Calderón, jefe inmediato de García Luna.

Miércoles 18 de enero

• El presidente Andrés Manuel López Obrador informa que buscará que el dinero decomisado a Genaro García Luna sea regresado a México.
• El juez Brian Cogan se hace cargo del proceso.

Jueves 19 de enero

• Queda integrado el jurado que decidirá la culpabilidad o inocencia de García Luna. Se trata de 12 personas, mujeres y hombres, así como seis más de «reserva».
• César de Castro se presenta como la defensa de García Luna. «Un litigante experimentado cuya práctica se centra en defensa penal, investigaciones corporativas, litigios comerciales y litigios de apelación».

Lunes 23 de enero

• Sergio Villarreal, El Grande, testifica que García Luna recibió sobornos del Cártel de Sinaloa.

Martes 24 de enero

• El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que ya se inició un juicio para que se regrese a México parte de la fortuna decomisada a García Luna: 700 millones de dólares.

Miércoles 25 de enero

• Testifica el narcotraficante Tirso Martínez Sánchez.

Lunes 30 de enero

• Óscar Orlando Nava Valencia, alias el Lobo, declara haber dado un soborno de más de 10 millones de dólares a García Luna.

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Todos los caminos conducen a Calderón

El exmandatario asegura desconocer los hechos que se le imputan a su súbdito. Noroña revira: «¿Cómo no va a saber? Si no sabía, era un inútil»

El juicio contra Genaro García Luna pega directamente en la clase política mexicana, pero es el expresidente Felipe Calderón quien más siente sobre su figura el escrutinio profundo de la lupa, a pesar de que en reiteradas ocasiones ha negado estar al tanto de los negocios ilícitos de su empleado.

El mismo 10 de diciembre de 2019, cuando se llevó a cabo la detención de García Luna en Dallas, Texas, Calderón publicó en su cuenta de Twitter: «De la información respecto del arresto de García Luna, preciso que desconocía por completo los hechos que se le imputan. Espero que se realice un juicio justo y de confirmarse las imputaciones, se aplique la ley. Sería además una grave falta a la confianza depositada en él».

No obstante, su presunta vinculación con el caso se dio cuando Edgar Valdez Villareal, La Barbie, acusó al expresidente de impulsar acuerdos con la delincuencia organizada y a varios de sus colaboradores de recibir dinero.

«Calderón quería el acuerdo con todos los cárteles: cártel de Los Zetas, cártel del Golfo, conmigo, cártel de Juárez, con Vicente, Mayo y Chapo (Cártel de Sinaloa), situación por la cual, al no haber respuesta de mi parte y no querer tener nexos con ninguna de las organizaciones criminales, se instauró en mi contra una persecución aguda, al grado de haberme cateado varios domicilios sin una orden legal para ello y de los cuales me robaron dinero, alhajas, automóviles, así como diversas pertenencias», afirmó Valdez Villareal en una carta.

El diputado por el Partido del Trabajo (PT), Gerardo Fernández Noroña, no cree en la inocencia del expresidente, siendo García Luna la mano derecha de Calderón durante su cruzada contra el narcotráfico. «¿Cómo no va a saber? Si no sabía era un inútil», acusa.

Noroña advierte que la mayoría de funcionarios allegados a García Luna ya están presos y solo falta procesar a su jefe inmediato: Felipe Calderón; tarea que corresponde a las fiscalías por ser órganos independientes.

«El Gobierno de Felipe Calderón favorecía a Joaquín “El Chapo” Guzmán, porque ese era su nivel de dependencia y de lacayo con Estados Unidos», aseveró Noroña. El legislador petista recordó que en ninguna de las ocasiones en las que acusó a García Luna de corrupto y asesino, en el pleno de San Lázaro y en Comisiones de la Cámara de Diputados, durante sus comparecencias de 2010, 2011 y 2012, el Gobierno de Calderón hizo algo para comprobar las irregularidades en el patrimonio del entonces secretario de Seguridad Pública.

El presidente Andrés Manuel López Obrador, sin embargo, hizo un llamado a la prudencia el 30 de enero y recordó que la investigación por vínculos con el narcotráfico está abierta contra Genaro García Luna y no contra el expresidente Felipe Calderón. Asimismo, reconoció que este último podría haber desconocido los vínculos de una presunta unión entre su secretario de Seguridad Pública y el crimen organizado, por lo que pidió no adelantar acontecimientos y esperar a que se emita la resolución del juicio.

«Nosotros no perseguimos a nadie. No es mi fuerte la venganza y también hay un tribunal popular y la gente está muy consciente del daño que ocasionaron los que gobernaron en el periodo neoliberal», declaró el líder de la 4T. E4