Criminalizar a defensoras de DH, otra barbarie impune en México

El proceso indagatorio contra Delgadillo, Turati y Doretti por «sospechas» de estar involucradas en la masacre de San Fernando, desata una ola de reclamos contra las autoridades. Impunidad y revictimización marcan la pauta en las desapariciones de México: Comité de la ONU

Establecer garantías para el ejercicio pleno y libre en la cobertura de desapariciones forzadas; asegurar la impartición de justicia para víctimas y protección a sus familiares; poner punto final al asedio y espionaje contra periodistas y activistas; y realizar una investigación estructural al interior de la Fiscalía General de la República (FGR) para combatir la impunidad, son las principales exigencias presentadas por Periodistas de a Pie, Fundación Justicia, A dónde van los desaparecidos, Centro Diocesano Fray Juan de Larios y otros organismos defensores de los derechos humanos y la libertad de prensa, luego que se diera a conocer que tres profesionistas relacionadas con las indagaciones de la matanza de 196 personas —cuyos cuerpos se hallaron en 48 fosas clandestinas— en San Fernando, Tamaulipas, fueron espiadas por el Gobierno de Enrique Peña Nieto.

Ana Lorena Delgadillo, abogada y directora de la Fundación para la Justicia y el Estado Democrático de Derecho; Marcela Turati, periodista cofundadora de Quinto Elemento Lab, del proyecto Más de 72, y coordinadora de ¿A dónde van los desaparecidos?; y Mercedes Doretti, perito forense y directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) para Centro y Norteamérica, no supieron hasta el 23 de noviembre, gracias a un reportaje de The Washington Post, que la Procuraduría General de la República (PGR) —hoy Fiscalía General de la República (FGR)— sostuvo de 2015 a 2016 un mapeo de sus comunicaciones para monitorear los lugares en que habían estado. También llevó a cabo el rastreo de sus llamadas telefónicas y mensajes de texto. Incluso, se solicitó un examen de grafoscopía para confirmar la autoría de una nota aportada por una víctima que presuntamente había sido amenazada.

«El ataque no es solo a nosotras, es un ataque a la democracia».

Ana Lorena Delgadillo, defensora de los derechos humanos

La publicación del diario estadounidense, firmado por Mary Beth Sheridan, se basó en documentos judiciales que se presentaron en una corte de México y confirma la apertura de un proceso en contra de la abogada, la periodista y la perito forense por secuestro y delincuencia organizada, como parte de la averiguación por la masacre de San Fernando.

«Fue una tremenda impresión para nosotras encontrarnos en el mismo tomo en el que están investigando a la delincuencia organizada», confesó Delgadillo durante una conferencia de prensa concedida el 24 de noviembre, al día siguiente de hacerse pública la noticia (El País, 24.11.21).

«El asedio y posible espionaje so pretexto de investigaciones contra periodistas y defensoras de derechos humanos tiene que parar».

Marcela Turati, periodista

Doretti, en cambio, dijo sentirse desilusionada por la manera en que el Estado mexicano se condujo con su equipo de trabajo, cuando su presencia buscaba apoyar la labor de las autoridades nacionales. Recordó que existen mecanismos para resolver diferencias técnicas pero que la PGR, en lugar de utilizarlas, fabricó una investigación «de la nada». «Los forenses somos técnicos, si tenemos una disidencia hacemos una junta. Acá sustituyeron el debate por la criminalización», advirtió (El País, 24.11.21).

Por su parte, Turati demandó que la FGR tome cartas en el asunto y las exima del proceso que las involucra. Además, requirió el cese del acoso judicial para tratar de intimidar y coartar la libertad de expresión. «La Fiscalía General de la República debe desistirse de esta investigación, si sigue en curso, y deslindar responsabilidades. El asedio y posible espionaje so pretexto de investigaciones contra periodistas y defensoras de derechos humanos tiene que parar», declaró (Proceso, 23.11.21).

«Los forenses somos técnicos, si tenemos una disidencia hacemos una junta. Acá sustituyeron el debate por la criminalización».

Mercedes Doretti, perito forense

La criminalización de tres profesionistas pone en tela de juicio la capacidad de las autoridades para enfrentar el fenómeno de la violencia y las desapariciones forzadas, a la par que hace dudar sobre sus verdaderas prioridades. Súmese a ello el riesgo que, en términos de seguridad personal, trae aparejado reunir en un expediente datos personales de los encargados de las investigaciones y de las familias de las víctimas de la masacre.

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) consideró «especialmente preocupante que los valiosos recursos y capacidades de investigación del Estado mexicano se desvíen hacia la investigación de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, cuando las víctimas de graves violaciones a derechos humanos, como son las de la masacre de San Fernando o las desapariciones, reciben regularmente como respuesta de las autoridades a sus demandas de justicia la falta de recursos para investigar sus casos».

El obispo emérito Raúl Vera, una de las voces que más ha abogado por el esclarecimiento de lo sucedido en San Fernando, aseguró que el proceso contra las tres mujeres «retrata de cuerpo entero cómo el Estado ve como enemigos a quienes trabajan y defienden los derechos humanos […] En vez de investigar a las redes macrocriminales usan el aparato para criminalizar a periodistas, defensores y peritos forenses independientes» (Proceso, 25.11.21).

A la fecha, la FGR, encabezada por Alejandro Gertz Manero —cuyo patrimonio hoy está bajo la lupa de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF)— no ha desestimado las investigaciones por secuestro y delincuencia organizada en contra de las tres mujeres. No ha provisto toda la información del expediente, por lo que se desconoce si en la documentación faltante hay actuaciones similares dirigidas hacia otras personas, y tampoco ha investigado ni castigado a los responsables del espionaje.

Espiando a México

Enrique Peña Nieto, el presidente que posó para la revista Times bajo el titular «Salvando a México», en la práctica se destacó mucho más por espiarlo.

Durante su administración —acorde a los estudios desarrollados por un consorcio internacional bajo la coordinación de Forbidden Stories— cerca de 15 mil números de celulares mexicanos fueron blanco de espionaje gracias al programa Pegasus de la firma israelí NSO Group.

Si bien el objetivo de este software era apoyar el combate al crimen organizado, a la postre, activistas, defensores de derechos humanos, comunicadores y políticos opositores resultaron las víctimas más usuales.

Carmen Aristegui y Cecilio Pineda Brito, asesinado en 2017, formaban parte de los comunicadores vigilados. También se encontró a integrantes del Grupo Interdisciplinario de Expertos independientes que investigaban el Caso Ayotzinapa y personas cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, incluyendo a sus hijos y esposa.

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México reveló el 28 de julio que se encontraron 31 contratos del Gobierno con empresas vinculadas a NSO para la adquisición de software, hardware, bases de datos, plataformas, licencias y operaciones de mantenimiento por un monto de mil 970 millones 063 mil 967 pesos, además de 61.3 millones de dólares (Espacio 4, 672).

La FGR explica que aún no es posible desinstalar Pegasus porque sigue abierta la carpeta de investigación que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión inició en 2017.

Sin embargo, el presidente López Obrador asegura que «el Gobierno (ya) no espía a nadie, los opositores no son espiados. No hay censura para los medios de información, a nadie se les limita sus libertades» (France24.com, 20.07.21).

Impunidad y revictimización

El Comité de la ONU contra la Desaparición Forzada lamentó que en México se mantenga una situación generalizada de desapariciones, frente a la cual imperan la impunidad y la revictimización.

Así lo dio a conocer el organismo —integrado por una decena de expertos independientes— en una conferencia de prensa, el 26 de noviembre, al terminar dos semanas de recorridos por las zonas más afectadas por este fenómeno en territorio nacional.

Si bien resaltó la importancia de que México haya aceptado la visita, lo cual constituye una muestra de apertura del actual Gobierno al escrutinio y al apoyo internacionales, y destacó asimismo la reducción del número de registros de personas desaparecidas, el Comité también expuso la existencia de diversos patrones que operan de manera simultánea y evidencian escenarios de connivencia entre agentes estatales y el crimen organizado. Sin contar las desapariciones forzadas cometidas directamente por agentes del Estado.

Acentuó, además, el incremento de menores y mujeres desaparecidos, una tendencia que se agudizó en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

«En este sentido destacamos que las desapariciones no son únicamente un fenómeno del pasado. Por el contrario, lamentamos constatar que aún persiste. Según cifras oficiales, al día de hoy, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y no Localizadas indica una cifra de 95 mil 121 personas desaparecidas, de las cuales más de un centenar habrían sido cometidas durante nuestra estancia».

Mención aparte merecen los migrantes, pues constituyen un grupo especialmente vulnerable. Así lo demuestran las masacres de San Fernando, Cadereyta y Camargo. El «Informe Especial sobre la situación que guarda el tráfico y el secuestro en perjuicio de personas migrantes en México 2011-2020», elaborado por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), apunta que al menos 70 mil migrantes fueron víctimas de tráfico y secuestro en el país en los últimos diez años.

A pesar de ello, México aún no cuenta con un Protocolo Homologado de Actuación especializado en el tema que garantice un procedimiento de coordinación entre las autoridades para la prevención, investigación, búsqueda y sanción de los delitos de tráfico y secuestro de migrantes, ni protocolos de asistencia, protección y seguridad para las víctimas.

El Comité de la ONU insistió en la necesidad de que se adopte una política nacional de prevención para erradicar este fenómeno, que involucre a todas las autoridades, y que haga efectivos los derechos de las víctimas a la verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición. E4

---

Presión social rescata a la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas

Ni el fiscal general del estado, Gerardo Márquez, ni la complicidad de nueve magistrados del TSJ lograron eliminar la herramienta más útil de que disponen los familiares de desaparecidos en la FGE. Homero Ramos Gloria y Juan José Yáñez Arreola: judas con togas

Las desapariciones forzadas representan un grave problema en Coahuila. Según datos de la Fiscalía de Personas Desaparecidas, desde 2001 hasta el 7 de octubre de este año, en el estado se han registrado 6 mil 143 denuncias por este concepto, de las cuales se han localizado 3 mil 587 personas con vida, otras 271 sin vida y faltan por encontrar 2 mil 285 (37% de los casos).

Ante la inoperancia de los poderes públicos, los familiares de las víctimas se han echado al hombro la tarea de buscar a sus desaparecidos y velar por que las autoridades no hagan la vista gorda. El tiempo y la necesidad los ha obligado a coordinarse, encontrar apoyo en organismos civiles y de defensa de los derechos humanos, establecer juntas con los representantes de la seguridad y participar en la construcción de políticas públicas en Coahuila que apoyen su causa.

Así surgió en 2010 la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Coahuila (FGE). Misma que por más de una década ha mantenido sus labores de forma ininterrumpida.

Sin embargo, en mayo, el fiscal general, Gerardo Márquez Guevara, hizo caso omiso a los avances obtenidos y consideró que había duplicidad de funciones entre la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y la Comisión de Búsqueda, por lo que decidió que podía prescindirse de la primera como parte de una reforma a la Fiscalía.

Ello, a pesar de que la Comisión carece de funciones ministeriales y sin el apoyo de la Unidad estaría obligada a coordinarse con la Fiscalía especializada que no da abasto para los trabajos de búsqueda y tampoco cuenta con las facultades necesarias para solicitar directamente al juez de control diligencias básicas como la sábana de llamadas y la georreferenciación telefónica.

Para evitar que se eliminara la Unidad, los colectivos de familiares de desaparecidos presentaron una acción de inconstitucionalidad, a través de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del estado de Coahuila.

El caso que fue asignado al magistrado Luis Efrén Ríos Vega, a quien además se le hizo llegar información sobre la forma de operar de la Fiscalía con la Unidad y la Fiscalía Especializada en Desapariciones; las dificultades de coordinación para las búsquedas de personas, y el error que implicaba desaparecer la Unidad sin haber garantizado antes la operatividad de la búsqueda inmediata.

El 27 de octubre el Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Coahuila llevó a votación si se incurría o no en una inconstitucionalidad al suprimirse la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Solo tres magistrados votaron a favor. Nueve lo hicieron en contra. Entre ellosHomero Ramos Gloria y Juan José Yáñez Arreola quienes ya habían desempeñado funciones vinculadas a la misma.

El primero como procurador general de Justicia del estado, desde abril de 2012 hasta septiembre de 2017, durante el gobierno de Rubén Moreira; y el segundo, como subprocurador para Investigación y Búsqueda de Personas no Localizadas, en la misma administración.

Para los comités de familiares de personas desaparecidas, que Ramos Gloria y Yáñez Arreola votaran en contra fue «tan solo una muestra de que en Coahuila la impunidad es la norma, la simulación es la regla y el reciclaje de funcionarios públicos para su protección es la ley» (red-alas.net, 04.11.21).

Forma y pretexto

Tras darse a conocer el fallo del TSJ que dejaba la mesa servida para la eliminación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, las reacciones de organizaciones sociales, eclesiásticas, defensoras de derechos humanos, pero, sobre todo, de familiares que aún esperan por conocer el paradero de sus seres queridos, no se hicieron esperar.

Estos últimos reprocharon al TSJ su respaldo al fiscal Márquez Guevara y publicaron un comunicado donde aseguran que la supresión de la Unidad «no es el fondo, sino la forma y pretexto para no hacer cambios profundos en la Procuración de Justicia […] mantener a los desaparecidos en una eterna desprotección para que no hablen, para que no señalen, para que no prueben la complicidad y la corrupción de las autoridades».

El documento contó con el respaldo de 39 colectivos de búsqueda; 139 familiares, cinco expertos e igual número de organizaciones civiles. La oficina de derechos de la ONU en México también compartió su opinión: «Para la ONU-DH es fundamental que se garantice el derecho a la participación de las familias de personas desaparecidas, la Fiscalía del estado siga colaborando en las tareas de búsqueda y se honren los principios de publicidad judicial y no regresión en materia de derechos humanos» (Milenio, 01.11.21).

Obstáculo vencido

Fue la presión social la que finalmente logró echar atrás la eliminación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas y se impuso al dictamen del TSJ.

El 3 de noviembre la FGE de Coahuila dio a conocer en su cuenta de Facebook el restablecimiento íntegro de la Unidad a su reglamento orgánico y, de esta forma, proseguir con la ininterrumpida operatividad que viene ejerciendo la misma.

«Ante los pronunciamientos de los organismos de Derechos Humanos, comunidad académica, de investigación, la opinión pública y principalmente de los Colectivos integrados por víctimas, sobre el reconocimiento, continuidad y operación de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas […] esta Fiscalía, como institución de buena fe, cuya misión es promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad y los derechos humanos, en concordancia con el principio de los mismos, consideró idóneo conservar la referida Unidad», explica el comunicado. E4