Una nueva investigación del periodista Jason Buch sobre la trama exhibe al sistema financiero estadounidense por aceptar fondos ilícitos. También pone de relieve el descaro de políticos y empresarios que utilizaron esos caudales para invertir en bancos, paraísos fiscales, negocios y propiedades, hoy en poder del Gobierno
El contrainforme de Walss: «robos y mentiras descarados»
Jason Buch y el periodismo contra los corruptos
El sistema de justicia de Estados Unidos no investiga el moreirazo, pues esa tarea corresponde a las autoridades de Coahuila. Sin embargo, desde que salió a la luz hace 10 años, el Gobierno no ha movido un dedo para enjuiciar a los culpables; al contrario, los protege. Las cabezas del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA), Jesús Flores Mier (fiscal) y Sandra Rodríguez (presidenta del Tribunal de Justicia Administrativa), trabajaron para Humberto y Rubén Moreira y deben ser inhabilitados por conflicto de interés. Homero Ramos Gloria (exprocurador general de Justicia) e Iván Garza (exsecretario técnico), satélites del clan, son magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Álvaro Moreira, mapache electoral del PRI y el menor de la saga, tiene su propia fracción en la legislatura local; y el Instituto Coahuilense de Acceso a la Información Pública (ICAI), donde las denuncias de acoso sexual son objeto de censura, lo regentan Luis González y Luis García, también herencias del moreirato.
Endeudar al estado con más de 38 mil millones de pesos en un tiempo récord de dos o tres años (2008-2010), en complicidad con los bancos, no es el delito, pero sí haber contratado pasivos sin autorización del Congreso (dominado por el PRI), utilizar decretos y documentos falsos, ocultar información y esfumar, al menos, la mitad de los créditos. Hoy nadie sabe a ciencia cierta a dónde fueron a parar 16 mil millones de pesos. La sospecha es que una parte se destinó a financiar campañas políticas estatales (entre otras, para imponer a Miguel Alonso en la gubernatura la de Zacatecas donde la policía detuvo a un colaborador de los Moreira por transportar dinero en efectivo destinado a la compra de votos) y la presidencial de Enrique Peña Nieto. Humberto Moreira recibió como premio la jefatura nacional del PRI de la cual fue defenestrado 11 meses después por el escándalo de la megadeuda. Los recursos desviados sirvieron también para comprar silencio y fabricar nuevos ricos. ¿O qué el sueldo de gobernador basta para acumular fortunas en seis años?
Estados Unidos castiga los delitos cometidos en su país; y allende sus fronteras, los dirigidos contra sus intereses o sus ciudadanos. Los exgobernadores priistas Mario Villanueva (Quintana Roo) y Tomás Yarrington (Tamaulipas) fueron extraditados a EE. UU. por colaborar con los carteles de Juárez y del Golfo para enviar droga a su territorio y lavar dinero de ambas organizaciones. En el caso de Coahuila, las investigaciones federales en Texas no son por el moreirazo, sino porque exfuncionarios (Javier Villarreal, cerebro financiero de Humberto Moreira, y el exgobernador interino Jorge Torres, marioneta de Rubén Moreira), empresarios y contratistas (Guillermo Flores, Rolando González y Luis Carlos Castillo, el rey de los Dragones) utilizaron el sistema financiero de EE. UU. para blanquear dinero de sobornos y de la deuda.
El moreirazo volvió a las primeras planas la víspera del cuarto informe del gobernador Miguel Riquelme por una investigación del periodista Jason Buch publicada en el portal Texas Observer el 22 de noviembre titulada «Ruta del dinero. Los casos judiciales de Texas muestran que las instituciones financieras estadounidenses aceptaron millones robados en México. Pocos enfrentaron repercusiones». Zócalo Saltillo dedicó al tema su nota principal: «Solapó EU desvíos de la megadeuda» (29.11.21). La primera parte del reportaje circuló el 10 de mayo pasado. Buch conoce al dedillo el caso, pues lo empezó a seguir para el San Antonio Express News.
Los peones del clan
La segunda parte de la investigación «Ruta del dinero» se centra en dos de los peones más visibles del moreirato (Javier Villarreal y Jorge Torres), pero es en la primera donde Jason Buch centra su atención en la cabeza del Gobierno al que sirvieron. «Humberto Moreira Valdés, el exgobernador de Coahuila, quien también se desempeñó brevemente como jefe del Partido Revolucionario Institucional y asistió al evento de la campaña de Rick Perry (sucesor de George Bush en el Gobierno de Texas) que organizó Castillo (el rey de los Dragones), nunca fue acusado en los Estados Unidos, ni siquiera después de que su nombre fue invocado repetidamente en una corte. Un testigo en un juicio por drogas alegó que tomó dinero del cartel de los Zetas, mientras que los fiscales dijeron que recibió sobornos de El Dragón y se refirieron a él como un conspirador en un plan transfronterizo para vender estaciones de radio en México mientras se embolsaba dinero robado del Gobierno de Coahuila, todas las acusaciones que ha negado con vehemencia a lo largo de los años. Luego estaba el tema de la casa».
Acerca de esta última operación, Jason detalla: «En 2009, el Dragón (Castillo) había pagado casi 600 mil dólares por una casa en una subdivisión cerrada de San Antonio, pero luego les dijo a los funcionarios estadounidenses que no sabía de quién era la casa. Dijo que simplemente había enviado dinero a una compañía de títulos de propiedad para saldar una deuda que tenía con Luis Rayet, el dueño de una compañía mexicana de taxis aéreos. Después de que Castillo pagó por la casa, el título fue transferido a la suegra de Moreira Valdés. En 2013, los agentes del FBI grabaron a Castillo llamando a Rayet para preguntar para qué era el dinero. Rayet les dijo que lo estaba usando para hacer flotar otro préstamo a un amigo. “No se ha pagado, pero espero que me pague algún día”, dijo Rayet. En 2017, el Gobierno de EE. UU. confiscó la casa y luego la vendió por 515 mil dólares. Pero a pesar de tomar la casa, los fiscales federales en San Antonio presentaron una demanda para confiscar uno de los aviones de Rayet. Al año siguiente, llegaron a un acuerdo, aunque los detalles están sellados».
El periodista Gerardo Moyano entrevistó a Jason sobre el caso a finales de 2014 (Espacio 4, 479). En enero de 2016, Humberto Moreira fue detenido en el aeropuerto Madrid-Barajas por orden de la Fiscalía Anticorrupción de España con base en una investigación «por los delitos de blanqueo y malversación cometidos durante su etapa como gobernador, además de cohecho y organización criminal» (El Español, 15.01.16). El País dio así la nota: «Figura sombría de la política mexicana, rodeado de sospechas de corrupción por las que fue defenestrado políticamente tras escalar las más altas esferas del poder como presidente del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Humberto Moreira ha sido detenido este viernes por la policía española a su llegada al aeropuerto de Madrid-Barajas bajo cargos de blanqueo de dinero y malversación de fondos durante su etapa como gobernador del estado de Coahuila».
Buch cita en «Ruta del dinero» a exgobernadores sometidos a proceso (Tomás Yarrington, PRI, y Luis Armando Reynoso, PAN) por sus vínculos con el rey de los Dragones. En cambio, «Moreira Valdés ha evitado cargos criminales en México y Estados Unidos, mientras que Torres López, exgobernador interino de Coahuila, se declaró culpable de un cargo de conspiración de lavado de dinero. (…) Admitió haber lavado 350 mil dólares, una fracción del valor de los activos que el Gobierno de Estados Unidos le incautó». Más allá de sus pillerías y de sus ambiciones personales, Torres y Villarreal cumplían a pie juntillas las órdenes de sus jefes Humberto y Rubén Moreira.
Diez años de impunidad
Jorge Torres López y Javier Villarreal Hernández son las cabezas de turco del moreirazo. Una parte indeterminada de la megadeuda se lavó en Estados Unidos y otra se ocultó en paraísos fiscales, de acuerdo con la investigación reciente sobre el caso, «Ruta del dinero», de Jason Buch. El exgobernador, el exsecretario de Finanzas y los empresarios involucrados han entregado a la justicia norteamericana cuentas por decenas de millones de dólares, negocios y propiedades adquiridos con dinero de los coahuilenses para purgar sentencias cortas fuera de prisión. Los Moreira pueden ser acusados de los peores abusos y atrocidades durante su docenio, mas no de idiotas. En la trama de la deuda no solo utilizaron a Torres y a Villarreal, sino también a otros funcionarios inescrupulosos sin quedar ellos expuestos.
Buch escribe para medios de Texas y de nuestro país. Es el reportero que más ha documentado la corrupción en estados mexicanos, con énfasis en Coahuila por la dimensión de los escándalos. También colabora en el Texas Observer y el Anti-Corrupción Data Collective, formado por periodistas e investigadores que empujan leyes y políticas contra la corrupción trasnacional. En la «Ruta del dinero», cuenta que los fondos de Villarreal, operador financiero del exgobernador Humberto Moreira, depositados en el Chase Bank, le permitieron «comprar un condominio en la Isla del Padre, una casa en San Antonio, un centro comercial, dos complejos de apartamentos, un lavado de autos, una gasolinera en Brownsville y una farmacia al otro lado de la calle de la sucursal del Chase en el exclusivo vecindario Stone Oak de San Antonio, donde los funcionarios confiscaron los 6.5 millones de dólares de Villarreal Hernández».
Miembro de una familia adinerada de Saltillo, Jorge Torres «transfirió millones de dólares desde México a cuentas bancarias del Chase en Estados Unidos, luego a una cuenta de inversión de Bermuda que un asesor financiero del Chase le había vendido». Buch menciona documentos judiciales donde el futuro gobernador interino solicita a los banqueros borrar los registros de las transferencias y «luego exigió que sus declaraciones fueran enviadas a la casa de un banquero en Estados Unidos, no a su propia dirección en México». La investigación exhibe al sistema financiero de Estados Unidos y la rapacidad de los políticos mexicanos.
En una nota titulada «Políticos de México discuten en corte de Texas sobre quién es más corrupto», publicada el 21 de mayo pasado por el San Antonio Express News, Buch narra que en 2014, Javier Villarreal «pintó a Torres, quien lo precedió como secretario de Finanzas de Coahuila y luego se desempeñó como gobernador interino, como cabecilla del esquema. Poco después de que Torres se uniera al departamento de Finanzas del estado en 2005, funcionarios de alto rango sostuvieron una reunión para determinar quien sería el próximo gobernador».
Frente a Villarreal y Torres, los Moreira parecerían unos párvulos, ajenos al manejo del erario y de la administración. Nada más alejado de la realidad. Humberto y Rubén ejercieron el control directo sobre las finanzas, la política y la seguridad durante 12 años. Sin embargo, ellos y sus secuaces —Torres no formaba parte de su círculo, pero aprovecharon su apellido y relaciones para ganarse la confianza del sector privado de Saltillo; y Villarreal era un burócrata gris importado de Tamaulipas—, colocados en posiciones estratégicas y con poder real en la estructura de Gobierno, hacen su vida como si tal cosa. Mientras, la megadeuda permanece impune y los coahuilenses pagan 10 millones de diarios de intereses. E4
El contrainforme de Walss: «robos y mentiras descarados»
«¿Dónde quedó la razón cuando se reprime (al Frente Magisterial), se ignora y hasta se cancela el espacio público?»: Lizbeth Ogazón
Rodolfo Walss convirtió el posicionamiento del grupo parlamentario de Acción Nacional en un contrainforme del presentado por Miguel Riquelme con motivo de su cuarto año de administración, y en una denuncia por la falta de castigo por el moreirazo y el pago de sobornos al exgobernador Jorge Torres López. La arenga del diputado lagunero empezó con un reproche a Riquelme por incumplir su palabra para «desclasificar toda la información relativa al origen y destino de la deuda de Coahuila y perseguir hasta sus últimas consecuencias el daño causado al erario e iniciar en el plazo del proceso de entrega-recepción auditorías a todas las dependencias estatales y castigar los daños causados al erario». Walss exhibió desde la tribuna del Congreso fotografías y copias del compromiso firmado el 20 de abril de 2017 por el entonces candidato del PRI ante 20 organismos de la sociedad civil en la Plaza Mayor de Torreón, junto con otros cuatro aspirantes.
«No es solo la megadeuda lo que no se ha investigado —acusó el coordinador de la bancada panista—, también es el caso Ficrea (sociedad financiera popular a la cual se distrajeron más de 125 millones del Tribunal Superior de Justicia bajo la presidencia de Gregorio Pérez) y el desfalco por 3 mil 500 millones de pesos al fondo de pensiones de los maestros de la sección 38. También son las 13 empresas fantasma creadas por Rubén Moreira para desviar recursos del erario y los sobornos de Jorge Torres López aceptados en una corte en los Estados Unidos que nadie ha investigado en Coahuila».
Riquelme no asistió por protocolo a la sesión donde los jefes de bancada fijaron sus posturas. La diputada Lizbeth Ogazón (Morena) censuró al Gobierno por haber recurrido el 14 de septiembre a la fuerza pública para desalojar el plantón del Frente de Trabajadores de la Educación, detener a su líder, Gustavo García, y cerrar la Plaza de Armas. «¿Dónde quedó la razón cuando se reprime, se ignora y hasta se cancela el espacio público?». Ogazón demandó reanudar el diálogo con los maestros, esquilmados también por los Moreira.
El Sistema de Pensiones colapsó por el impago de cuotas del Gobierno, el desabasto de medicamentos y falta de servicio médico. Durante las intervenciones de Ogazón y Walss, Álvaro Moreira se comía las uñas y cuchicheaba con Marta Loera. La diputada ha pedido a los críticos del clan «lavarse la boca antes de hablar de los Moreira». La bancada del PRI ha bloqueado toda iniciativa para investigar la megadeuda y atender las demandas de la coalición magisterial.
Walss acusó «robos y mentiras descarados» en obras como el Metrobús Laguna, eternizado y siempre bajo sospechas de corrupción, y el Parque Hilandera La Fe; el primero está abandonado y el segundo es un lote baldío, dijo. «En el marco de una pandemia, no podemos dejar de hablar de la inversión en salud pública. Me voy a referir al Hospital Materno Infantil en Saltillo. (…) El 29 de noviembre de 2017, el todavía gobernador Rubén Moreira inauguró y anunció que entregaba el hospital completamente terminado en su construcción y listo para operar. (…) Incluso en su cuenta de Twitter escribió: “Entregamos el nuevo edificio y equipo del nuevo Hospital Materno Infantil de Saltillo. Empieza el proceso para su inicio de operaciones”».
Antes de recoger el cesto donde había arrojado los documentos que rompía después de la exposición de cada tema, el diputado preguntó: «¿Cuánto vale esta firma del señor gobernador? (…) No vale absolutamente nada». Pero al igual que Humberto Moreira —dijo—, «Riquelme contratará más deuda (…) para financiar las aspiraciones de seguir en la política a nivel nacional». El 6 de julio pasado, Walss acudió a la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda para denunciar a los Moreira por la megadeuda. En los 10 últimos años se han pagado más de 30 mil millones de pesos del pasivo original por 36 mil millones, «pero de manera inexplicable hoy la deuda es de más de 42 mil millones de pesos sin que se hayan contratado créditos nuevos», declaró. Ese mismo día, el diputado hizo un plantón frente al Palacio Nacional y desplegó una manta donde se lee: «Coahuila quiere darle bote a los Moreira». E4
Jason Buch y el periodismo contra los corruptos
Las sociedades de responsabilidad limitada empleadas por el exsecretario de Finanzas, Javier Villarreal, en Texas, eran fachadas para lavar «dinero robado del estado», señala una de las demandas de los fiscales del condado de Bexar. Así le dijo el periodista Jason Buch a Gerardo Moyano en una entrevista para Espacio 4 (25.11.14). Pero debido a la complejidad del caso, apostilló, «es posible que nunca sepamos el alcance de las alegaciones del gobierno de Estados Unidos. En este momento, gran parte de estos casos son archivados bajo sello. Si los acusados continúan declarándose culpables, o los cargos son suspendidos, podrían pasar años, o incluso décadas, antes de que lleguemos a ver exactamente qué información tienen los investigadores. Sin embargo, si alguien decide ir a juicio, es probable que se haga pública una gran cantidad de información».
Buch sacó a la luz «La Conexión Coahuila», quizá el atraco más grande de la historia a las finanzas del estado, a mediados del Gobierno de Rubén Moreira. La opinión del experto en estos temas arroja un poco de luz sobre la trama y el interés por combatir dos males transfronterizos: la corrupción y el narcotráfico, dice la nota de Moyano. En ese momento no había claridad sobre un posible vínculo entre el empresario mediático Rolando González Treviño y el extesorero de Coahuila. Empero, observa Buch, el fiscal que los acusó es el mismo, Russell Leachman. «Los casos también tratan sobre denuncias de que los fondos robados del estado de Coahuila fueron lavados en el sur de Texas».
El periodista recuerda que «En marzo de 2012, aproximadamente un mes después de que Javier Villarreal fuera arrestado en Tyler, Texas, fiscales del condado de Bexar presentaron una demanda para decomisar 6.5 millones de dólares en cuentas bancarias de Texas que contenían dinero robado del estado de Coahuila».
»Inicialmente, los fiscales (…) alegaron que el dinero en las cuentas bancarias provino de préstamos fraudulentos que Villarreal obtuvo utilizando el crédito de Coahuila. Más tarde cambiaron su teoría y alegaron que el dinero procedía de sobornos pagados por la asignación de contratos del Gobierno del estado. (…). En septiembre de 2012, los fiscales del condado de Hidalgo presentaron una demanda para decomisar unos 300 mil dólares que (Jorge) Torres tenía en una cuenta bancaria de Texas. La demanda no dice de dónde los agentes piensan que se originó el dinero, pero sí piensan que estaba siendo lavado. Torres finalmente llegó a un acuerdo en ese caso. En febrero de 2013, los fiscales federales en Corpus Christi presentaron una demanda para decomisar dinero que Villarreal tenía en una cuenta bancaria de las Bermudas.
»Esa demanda recuperó los alegatos de que Villarreal había falsificado documentos para obtener préstamos utilizando el crédito del estado de Coahuila. Una demanda similar presentada en septiembre 2013 contra la cuenta bancaria de Torres en las Bermudas alega que el exgobernador interino dio explicaciones contradictorias de dónde salió el dinero. En ese punto, sin que nadie haya sido acusado, cuatro jurisdicciones fiscales diferentes participaron en el caso.
»Más tarde, en septiembre, los fiscales del condado de Bexar presentaron una notificación de deposición, diciendo que querían que los abogados que representan a las sociedades de responsabilidad limitada (las que supuestamente eran fachadas para Villarreal) fueran entrevistados sobre el caso. En este aviso, se enumeran las personas sobre las que querían preguntar a los testigos (no cuestionar, sino preguntar acerca de ellos). Esas personas incluyen a Villarreal, Vicente Chaires Yáñez, Humberto Moreira, Rubén Moreira, Roberto Casimiro González Treviño y Jorge Juan Torres López. Esto demuestra que los fiscales del condado de Bexar estaban interesados en si la familia González Treviño estaba conectada a su investigación».
Buch advierte, de otro lado, que «El Gobierno de Estados Unidos también puede considerar los sobornos como fondos robados al estado. En muchos casos de sobornos, el Gobierno ofrece un contrato inflado y la persona que recibe el dinero del estado paga una parte al funcionario corrupto que aprobó el contrato. En ese caso, el soborno es en realidad dinero robado al Gobierno. Es probable también que el Gobierno de Estados Unidos considere que los préstamos fraudulentos contratados con el crédito del estado sean parte del dinero robado, debido a que el gobierno de Coahuila figura como aval de esos préstamos». Buch acertó en que podrían pasar décadas para descubrir la verdad, si algún día se conoce. Después de 10 años, los peces gordos de la «Conexión Coahuila» siguen impunes, y las cabezas de turco, así como los empresarios y contratistas que aceptaron lavar dinero sustraído de las arcas del estado, ya están libres. En el estado lo que sí hay son nuevos ricos, impunidad absoluta y traspaso de medios de comunicación —sobre todo electrónicos— para proteger a los ladrones. E4
Gerardo Hernández G.
Torreón, 1955. Se inició en los talleres de La Opinión y después recorrió el escalafón en la redacción del mismo diario. Corresponsal de Televisa y del periódico Uno más Uno (1974-81). Dirigió el programa “Última hora” en el Canal 2 de Torreón. Director del diario Noticias (1983-1988). De 1988 a 1993 fue director de Comunicación Social del gobierno del estado. Cofundador del catorcenario Espacio 4, en 1995. Ha publicado en Vanguardia y El Sol del Norte de Saltillo, La Opinión Milenio y Zócalo; y participa en el Canal 9 y en el Grupo Radio Estéreo Mayrán de Torreón. Es director de Espacio 4 desde 1998.