Crónica de una sucesión pactada; Riquelme gana el pulso a la 4T

Lo que parecía el fin de la hegemonía priista en el estado dio un vuelco con la postulación de Armando Guadiana y la nominación de Ricardo Mejía por el Partido del Trabajo. Echar las campanas al vuelo sería un error, pues el presidente Andrés Manuel López Obrador es un adversario astuto y poderoso

4 de junio, el examen final del gobernador

El voto de Saltillo es clave en elecciones reñidas

Manolo Jiménez ha emprendido el vuelo hacia el despacho principal del Palacio Rosa con el viento a favor y el padrinazgo y dirección de Miguel Riquelme. El lagunero procede de las infanterías, y el saltillense, de una dinastía cuyo patriarca Luis Horacio Salinas lideró el PRI y también aspiró al Gobierno. La nominación del delfín se cantó hace años, pero el 13 de enero fue cuando se oficializó a bombo y platillo. Para guardar las formas, primero se echó mano de una encuesta cuya metodología se ignora. Los gobernadores nombran sucesor desde que la alternancia le amputó el dedo al presidente.

Durante la presidencia imperial, los aspirantes a gobernador casi siempre forjaban su carrera en la capital del país y debían esperaban décadas para ser postulados. No siempre lo conseguían ni llegaban al cargo los mejores. Manolo Jiménez fue diputado, dos veces alcalde de Saltillo —por periodos de uno y tres años— y secretario de Desarrollo Social. Las mayores oportunidades las recibió de Riquelme cuya estrella, como pasa cada seis años, ha empezado a declinar. Existe una versión según la cual Jiménez habría salvado de la derrota a Riquelme en las elecciones de 2017. Hasta la media noche de aquel 4 de junio, el panista Guillermo Anaya aventajaba el conteo por un margen estrecho. Sin embargo, la tendencia se revirtió horas más tarde.

«(Riquelme y Del Mazo) son mañosos (…), siempre logran la manera de meter intrigas entre nosotros, en dividir al Movimiento»

Mario Delgado, líder de Morena (Reforma, 5.01.23)

Acción Nacional, Morena y otras fuerzas políticas denunciaron fraude y acusaron al candidato del PRI de haber rebasado los topes de gastos de campaña; faltas al principio de neutralidad del Gobierno del Estado e inequidad en la cobertura informativa, entre otras irregularidades. Por tanto, demandaron anular la elecciones. Tras meses de protestas ciudadanas y de controversias en el Instituto Nacional Electoral, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación validó los resultados. Riquelme rindió protesta el 1 de diciembre de 2017 en un clima de encono y crispación política.

Saltillo le había dado al exalcalde de Torreón los votos necesarios para ser gobernador. En correspondencia, Riquelme celebró con Jiménez y las elites un pacto que iría más allá de un trato preferente, no en términos de grandes obras e inversiones, pues la deuda, cuyo servicio absorbe alrededor del 10% del presupuesto anual, impedía realizarlas. En vez de ello, prepararía a uno de los suyos para sucederle. La campaña de Jiménez por la gubernatura se inició desde la presidencia de Saltillo y continuó en la Secretaría de Desarrollo Social.

El Programa Mejora Coahuila significó el disparo de salida de una sucesión diseñada para un solo corredor. Riquelme presentó a su delfín hace un año en una cena privada con la oligarquía local. La atención se centró desde entonces en Jiménez. El único conato de rebelión lo protagonizó Jericó Abramo. El diputado denunció la imposición de la cúpula sin tomar en cuenta a la militancia ni a los demás aspirantes. Ya era tarde. El favorito era inalcanzable. La maquinaria y los medios lo pusieron desde un principio al frente de todas las encuestas. Abramo terminó por aceptar la realidad y dejó de representar una amenaza.

Riquelme manejó la sucesión de acuerdo con los tiempos y las circunstancias. Estrictamente, Jiménez, con quien no tenía relación previa, es candidato suyo, no del clan Moreira. El gobernador pudo optar por un paisano, pero no lo hizo. Acaso porque La Laguna carece de una figura competitiva o para evitar riesgos, pues Saltillo representa la mayor fuente de votos del PRI. Tener el control del Congreso, el Tribunal Superior de Justicia, la Universidad Autónoma de Coahuila, los organismos autónomos y los poderes fácticos, le permitió a Riquelme evitar injerencias de sus predecesores.

La elección impugnada

Miguel Riquelme no será para Manolo Jiménez el lastre que Humberto y Rubén Moreira fueron para él. La megadeuda, los escándalos de corrupción, la soberbia y los enfrentamientos del clan con líderes de oposición, jerarcas de la Iglesia y otros sectores críticos, casi le cuestan la gubernatura. Riquelme recibió la constancia de mayoría el 11 de junio de 2017 entre protestas y acusaciones de fraude. Incluso varios consejeros del Instituto Electoral de Coahuila le dieron la espalda. La posibilidad de anular las elecciones colocó al estado en un escenario inédito. Los seis meses siguientes estuvieron marcados por la tensión y la incertidumbre.

Riquelme parecía condenado a ser el primer candidato del PRI en perder la gubernatura. El caso dividió al Instituto Nacional Electoral (INE), pues en una competencia tan cerrada, donde el margen entre el primero y el segundo lugar (Guillermo Anaya) era del 2.5%, el rebase del tope de gastos de campaña parecía haber incidido en el resultado de la elección. La consejera Pamela San Román, quien observó el proceso, declaró en la sesión del INE del 14 de junio: «Estamos ante una denuncia presentada por el Partido Acción Nacional contra la coalición que postuló al candidato Miguel Riquelme (…) relacionada con un gasto que desplegó (…) a lo largo de la campaña electoral».

El PAN presionó por la anulación. «No vamos a permitir que este robo se consume. Lo vamos a llevar hasta la última instancia. Vamos a ganar, se va a anular la elección y eso permitirá que haya elecciones limpias», declaró el líder panista Ricardo Anaya. En un mitin en la Plaza Mayor de Torreón, realizado el mismo día que Riquelme recibió la constancia de mayoría, Anaya denunció: «Los Moreira no quieren dejar el poder, no quieren que hagamos justicia, pero lo vamos a lograr. (…) Estamos apoyando una causa justa, la causa de la gente de Coahuila, (…) la causa del triunfo de Guillermo Anaya, la causa de la democracia (…). En Coahuila hubo fraude».

Cuatro días después, el presidente de Acción Nacional acudió a la sede del Instituto Electoral de Coahuila, en Saltillo, para demandar formalmente la revocación. «Presentamos en este juicio (…) más de 200 pruebas en las que queda plenamente demostrado el fraude y las irregularidades cometidas. Lo que exigimos es lo que por ley corresponde: que se anule la elección y que se repitan las elecciones (…) para que se respete la voluntad de los ciudadanos». Los candidatos opositores Armando Guadiana (Morena), Javier Guerrero y Luis Horacio Salinas (independientes) acompañaron a Anaya. El caso se llevó incluso a la OEA.

Ricardo Anaya acababa de ganarle al PRI siete gubernaturas y ya se perfilaba como candidato presidencial. Los coahuilenses castigaron en las urnas los abusos del «moreirato» (deuda pública, empresas fantasma, masacres y desapariciones) y pusieron a Riquelme contra la pared. El alma le volvió al cuerpo al lagunero el 24 de noviembre, seis días antes de rendir protesta, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial validó el proceso. «Para que se determine la declaración de nulidad de una elección, las pruebas presentadas deben acreditar, más allá de cualquier duda, la existencia de irregularidades graves, generalizadas y que hubieran tenido un impacto real y tangible en el resultado de los comicios. (…) El Tribunal Electoral (…) juzga (…) con base en razones de derecho (…) no con base en juicios mediáticos, expectativas de las partes o presiones de algún tipo», advirtió el organismo en un comunicado.

Los aliados del presidente

Si las elecciones del 4 de junio se decidieran bajo las reglas de antaño, el PRI tendría la gubernatura y la mayoría del Congreso como en la bolsa. Miguel Riquelme ejerce el poder, maneja a las oposiciones e influye en los poderes fácticos cuyo enemigo común es la Cuarta Transformación. Sin embargo, aun con los votos del PAN, echar las campanas al vuelo resulta temerario. Desde la alternancia, jamás un gobernador había afrontado a un presidente con la fuerza de Andrés Manuel López Obrador. Vicente Fox y Felipe Calderón siempre estuvieron a merced de los gobernadores del PRI, entonces mayoría, pues controlaban las cámaras de Diputados y de Senadores.

La segunda fuerza electoral en el estado ya no es el PAN, que en 1996 y 2017 puso al PRI contra las cuerdas, sino Morena. En apenas cinco años, el partido de AMLO ganó 22 gubernaturas, incluidas las de Morelos y San Luis Potosí donde apoyó a los candidatos de los partidos Encuentro Social y Verde Ecologista. El PRI está confinado en Coahuila, Durango y Estado de México. Acción Nacional tiene cinco gobernadores y Movimiento Ciudadano, dos. El PRD, que en 2006 estuvo a punto de ganar la presidencia, hoy es un fantasma, sin registro en 15 entidades.

El primer reto de Armando Guadiana consiste en conciliar a Morena y demostrar que la decisión de postularlo a él y no a Ricardo Mejía fue la correcta. Las intenciones de voto dicen lo contrario, pues desde su designación como coordinador de los Comités de Defensa de la 4T la brecha en favor de Manolo Jiménez (PRI) empezó a crecer. Si la tendencia se revierte y gana, Guadiana deberá probar que no será un gobernador títere como lo presentan ya algunas columnas políticas.

La apuesta de Morena por Guadiana es riesgosa. Pues al margen de su registro desaseado y de la división suscitada en el consejo estatal por su nominación, la estructura, los liderazgos y otros sectores se articularon en torno de Ricardo Mejía, candidato del PT, por considerarlo la opción real de cambio. Los jóvenes dominan el mundo y doblarle la edad a Jiménez (76-38) coloca a Guadiana en una situación aún más desventajosa. En su campaña por la alcaldía de Saltillo, en 2021, el senador con licencia visitó discotecas y actuó de «deejay», pero no atrajo a los votantes jóvenes.

Sobre el polémico y acaudalado empresario se han escrito mil historias. Ciertas o no, las relacionadas con su salud lo debilitan aún más como aspirante al cargo más demandante y de mayor responsabilidad política del estado. Guadiana no desea despedirse como perdedor. Comoquiera, Morena no lo abandonará. ¿O ya lo hizo? Coahuila y Estado de México son los únicos estados donde se elegirá gobernador este año. Mario Delgado, líder del movimiento, advierte: «Vamos por las dos, es nuestro compromiso y tienen la misma prioridad. Nos gustaría mucho terminar el 2023 dejando al PRI sin ninguna gubernatura».

Delgado califica a su homólogo del PRI, Alejandro Moreno, de parlanchín y perdedor: «Le hemos ganado 10 gubernaturas y le vamos a ganar otras dos (Coahuila y Estado de México)» (Reporte Índigo, 22.12.22). Delgado tacha a los gobernadores Miguel Riquelme y Alfredo del Mazo de «mañosos (…), siempre logran la manera de meter intrigas entre nosotros, en dividir al Movimiento» (Reforma, 5.01.23). La gente quiere un cambio en esos dos estados —apunta—, pero para lograrlo es necesaria la unidad. El mensaje cayó en tierra estéril. Ricardo Mejía renunció a la Subsecretaría de Seguridad Pública para postularse por el Partido del Trabajo, uno de los aliados de Morena y del presidente López Obrador. Quien tenga oídos, que oiga. E4

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4 de junio, el examen final del gobernador

Miguel Riquelme es un líder fuerte y bien calificado, pero está en el punto de mira de la 4T. Del resultado de la elección dependerá su futuro

Miguel Riquelme no será un Óscar Flores Tapia, un Braulio Fernández Aguirre o un Eliseo Mendoza Berrueto, pero como gobernador superará a Humberto y Rubén Moreira. Sus alianzas con los clanes políticos, el manejo de medios (no pocos en poder de socios del «moreirato») y la estrategia con el sector privado le han funcionado. Afrontar al presidente Andrés Manuel López Obrador y a algunos secretarios de Estado es visto como muestra de liderazgo. Para otros, es solo una pose no exenta de riesgos, de lo cual puede dar testimonio el exgobernador de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca, y Enrique Alfaro, ejecutivo de Jalisco todavía en funciones.

«Mi tarea es morirme en la raya para entregar el estado a un priista»

Miguel Riquelme, «Diálogos por México»

El futuro de Riquelme también se decidirá el 4 de junio. Ese día, los coahuilenses elegirán a gobernador para el periodo 2023-2029. Si el candidato de la coalición PRI-PAN-PRD, Manolo Jiménez, obtiene el triunfo, Riquelme podrá retirarse tranquilo. Pero si el resultado es otro, porque en política no hay nada escrito, la magia acabará y vendrán tiempos difíciles. El relevo en el poder entre correligionarios —y más entre hermanos— les permite cubrirse las espaldas. Máxime cuando el gobernante nombra sucesor como ha ocurrido en los tres últimos procesos.

Con Jiménez solo habría pase de estafeta. Las cosas seguirían igual. Los rostros se repetirían en diferentes posiciones. Riquelme tejió la sucesión con tiempo y paciencia. En vez de golpear y humillar a quienes representaban un riesgo para su proyecto, como lo hicieron los Moreira, se ganó su voluntad. Pocos abandonaron el barco para subirse a otro. En particular cuidó su relación con el sector privado y dio trato especial al «juniorado». Nadie mejor que él sabe lo está en juego. Jiménez le garantiza protección y respeto.

«Mi tarea es morirme en la raya para entregar el estado a un priista», dijo Riquelme en la segunda jornada «Diálogos por México», celebrada los días 17 y 18 de octubre en la sede nacional del PRI. En la pasarela participaron algunos aspirantes a la presidencia de la república como Beatriz Paredes, Ildefonso Guajardo, Enrique de la Madrid y Alejandro Murat. El discurso de Riquelme refleja la complejidad y los riesgos de una elección vital no solo para el PRI, sino también para el PAN y el PRD.

El ejecutivo estatal se ha mantenido fuera del ojo del huracán mediático nacional, pero conforme se aproximen las elecciones será objeto de mayor escrutinio. Riquelme es un gobernador fuerte y bien calificado, pero tiene enemigos poderosos dentro de la 4T. Ricardo Mejía, quien será candidato del PT, es uno de ellos. Reporte Índigo publicó el 19 de diciembre un reportaje sobre presuntas irregularidades financieras en Coahuila, detectadas por la Auditoría Superior de la Federación. El tema lo continuó el 10 de enero. Con datos del reporte trimestral del Instituto Belisario Domínguez (IBD) del Senado de la República, señala que el estado presenta uno de los mayores niveles de endeudamiento per cápita del país con 13 mil 087.3 pesos.

Coahuila no puede adquirir más créditos este año, advierte el IBD, pero el Congreso local autorizó al Gobierno de Riquelme a «financiar y/o reestructurar la deuda pública por un monto de hasta 36 mil 309 millones 183 pesos hasta los años 2038, 2043 y 2048. Debido al endeudamiento, el auditor solicitó la creación de una ley de juicio político (…) para que los desfalcos al erario no queden en la impunidad», dice el texto de Rubén Zermeño titulado «Socavón financiero». E4

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El voto de Saltillo es clave en elecciones reñidas

Mantener a Jericó Abramo en sus filas le evitará riesgos al PRI. Morena no pudo hacer lo mismo con Mejía. Guadiana pagará las consecuencias

La disciplina pudo más que el ánimo de Jericó Abramo Masso de ser candidato a gobernador. Jorge Masso Masso, abuelo del diputado, renunció al PRI en 1984 por la imposición de Carlos de la Peña para la alcaldía de Saltillo, cargo al que aspiraba. El PARM lo postuló y su campaña, basada en el eslogan «Abran paso que ahí va Masso», rompió inercias, sumó adeptos y lo puso en la antesala de la Presidencia Municipal. El empresario se declaró ganador, pero no se le reconoció como tal. Las protestas contra el supuesto fraude fueron reprimidas y el campamento instalado frente al ayuntamiento, incendiado.

Masso no pudo ser alcalde de Saltillo, pero sí diputado federal en la LIII legislatura. «El federalismo y la división de los diferentes niveles de Gobierno (…) no pueden darse sin antes tener y promover un respeto absoluto de los estados a los municipios. El proceso electoral tiene aún fallas (…), pero no solo se deben reconocer en los procedimientos federales, sino también en los locales, pues es ahí, donde al amparo del caciquismo y la prepotencia, no deja que la ciudadanía opte con libertad en sus ayuntamientos, y en muchas ocasiones se rebaten los triunfos legítimos de los municipios del país», declaró en la sesión del 2 de diciembre de 1985. Masso regresó al PRI como asesor del gobernador Rogelio Montemayor.

Jericó Abramo ha sido aspirante al Gobierno del estado en dos ocasiones, pero esta vez puso un pie fuera del PRI. «Desde la cúpula ya tienen decidido que haya un candidato oficial», denunció el 22 de mayo pasado en un video difundido a través de las redes sociales. «Se mueve siendo secretario del estado y lo apoyan con todo el recurso público. Nosotros andamos de nuestra bolsa. (…) Nosotros sí conocemos Coahuila y no necesitamos del apoyo de la cúpula para salir adelante. Abran el proceso (de elección), no tengan miedo. (…) En este equipo caben todos. No como el otro que ya está todo lleno» (Espacio4, 692).

Abramo se reunió varias veces con Ricardo Mejía, quien parecía ser el candidato de Morena a la gubernatura, y con líderes del PAN y Movimiento Ciudadano. Sin embargo, el diputado volvió al redil tras una reunión con el presidente del PRI en el estado, Rodrigo Fuentes, y con el secretario de Desarrollo Social, Manolo Jiménez, el 18 de agosto. «Se buscó dejar a un lado los intereses personales (…) hay que dejar a un lado filias y fobias», publicó en su cuenta de Facebook.

El PRI desveló el 8 de enero el secreto de Anchuelo: Manolo Jiménez es el ungido. Abramo aceptó el resultado. «Por mí no habrá división». A Coahuila —dice— no le conviene la polarización. Miguel Riquelme recurrió a la mano izquierda para mantener unido al PRI. De haber renunciado al PRI para postularse por otro partido o apoyar a un candidato distinto, Jericó habría dividido el voto en Saltillo, sin el cual, hace seis años, Riquelme habría perdido la elección.

El problema lo tienen ahora Morena y Armando Guadiana, pues Ricardo Mejía, candidato del PT, les partirá el voto. El horizonte para Riquelme parece inmejorable: resolvió la sucesión sin fracturas y formalizó la alianza con su enemigo histórico: el PAN. El PRI y Morena estaban empatados hace unas semanas en las intenciones de voto, pero la nominación de Guadiana le permitió a Jiménez ampliar su ventaja en más de 10 puntos porcentuales (Massive Caller, 14.01.23). Sin embargo, el escenario puede cambiar. La 4T volcará en Coahuila estructuras y recursos para ganar la elección, pues, aunque el presidente diga lo contrario, ahora tiene dos candidatos. E4

20 de septiembre de 2022

En el año 2023 habrá elecciones para elegir gobernador en Coahuila. Si hoy fueran las elecciones, ¿por cúal partido político o coalición votaría usted?

PRI-PAN-PRD	39.6%
Morena	37.2%
Movimiento Ciudadano	2.2%
Otro	4.4%
Aún no decide	16.6%

17 de enero 2023

En junio habrá elecciones para gobernador en Coahuila. Si hoy fueran las elecciones, ¿por cúal partido político o candidato votaría usted?

Manolo Jiménez	Vamos por México	38.9%
Armando Guadiana	Morena	26.3%
Ricardo Mejía	PT	15.4%
Evaristo Lenin	UDEC-PVEM	4.3%
Aún no decide		15.1%