Crónica de una traición

Más de una década han dedicado los maestros de Coahuila a obtener servicios médicos de calidad, recuperar las instituciones de seguridad social, exigir el pago de deudas multimillonarias y castigo contra los responsables

Desde hace más de 11 años, la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila ha sostenido una lucha para rescatar las instituciones de seguridad social del magisterio estatal: la Dirección de Pensiones (Dipetre) y el Instituto de Servicio Médico, Fondo de la Vivienda y Seguro del Maestro. Instituciones que debido a la corrupción y la irresponsabilidad gubernamental y sindical, particularmente en los últimos 15 años, padecen una grave crisis caracterizada por gran cantidad de carencias y deficiencias en la prestación de servicios, irregularidades administrativas, inadecuados manejos de recursos, fraudes y recurrentes retrasos en las aportaciones patronales.

Todo ello con la complicidad o complacencia de gobernantes, administradores, funcionarios de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAdeC), la Universidad Autónoma Agraria Antonio Narro (UAAAN) y dirigentes sindicales del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) nacional y la Sección local, la 38, cuyo control mantiene Carlos Moreira, impuesto ahí primero por Elba Esther Gordillo desde hace 15 años, protegido luego por Juan Díaz de la Torre y, actualmente, por el dirigente nacional, Alfonso Cepeda Salas.

Antecedentes

En diciembre de 2017, con el respaldo de Enrique Peña Nieto, entonces presidente de México, Miguel Ángel Riquelme Solís tomó posesión como gobernador, en el marco de un gran repudio popular por las evidencias de fraude electoral, que finalmente fueron ignoradas por el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Tribunal Federal Electoral.

En 2018, Riquelme continuó con la línea de su antecesor, Rubén Moreira: evadió su responsabilidad para resolver la problemática, mantuvo el contubernio con la dirigencia del SNTE y endureció su posición y trato contra el movimiento magisterial. La noche del 26 de septiembre, ordenó el desalojo violento de los maestros que pacíficamente permanecíamos en el Congreso del Estado, en protesta por la injusta Ley del Servicio Médico que la mayoría priista habría de imponer días después. No conforme con haber recurrido al uso de la fuerza policial para el desalojo, a través de la Fiscalía del Estado implementó toda suerte de argucias para criminalizar la protesta acusándonos de motín a varios de los coordinadores de la Coalición. Afortunadamente, una gran protesta del magisterio y la sociedad civil impidió que fuésemos consignados y apresados, como era su intención, para amedrentar y disgregar el movimiento. Sin pruebas del delito, la investigación judicial no pudo avanzar.

Entre 2019 y 2020, la Coalición se reorganizó y enfocó su estrategia de lucha por la vía jurídica mediante la cual se obtuvieron varios amparos contra la Ley de Riquelme. Además, con la colaboración de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y de diputados locales del PAN, UDC y Morena, se promovió ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) una acción de inconstitucionalidad de la ley.

El 25 de mayo de 2020, luego de un año y medio, la SCJN emitió, por unanimidad, una resolución histórica: declaró inconstitucionales todos los artículos de la ley que establecían costos extraordinarios y obligaban a su pago por parte de los derechohabientes para poder recibir servicios médicos. Obligado por la Corte, Riquelme tuvo que ordenar la eliminación de todos los artículos declarados inconstitucionales, pero endureció aún más su renuencia a resolver los problemas.

Para 2021, las deficiencias en los servicios médicos y la carencia de medicamentos, equipo y material técnico aumentaron al grado de que aún hoy ni siquiera se cuenta con servicios de rayos X o laboratorio. No hay médicos generales suficientes para dar consultas generales ni médicos especialistas. La subrogación de servicios se ha vuelto un tormentoso viacrucis para los pacientes, a tal punto que los derechohabientes desisten de acudir a las clínicas del magisterio y se ven obligados a pagar por su cuenta la atención en clínicas particulares, así como la compra de medicamentos en farmacias comerciales. Medios locales han dado cuenta del pésimo estado de las instalaciones y equipos de las clínicas que, literal, se están derrumbando.

Por otra parte, creció la incertidumbre sobre el futuro de las pensiones por las crecientes deudas patronales. Prevalece la falta de créditos para la adquisición de vivienda; y de pago, desde hace seis años, de pólizas de seguros de vida y retiro a 600 pensionados; o de defunción a familiares de los fallecidos.

El 3 de mayo de 2021, sin atención a todos estos problemas y luego de reiterados oficios requiriendo al gobernador para darles solución, se instaló en la Plaza de Armas de Saltillo el denominado Plantón de la Dignidad Magisterial. Recibió la solidaridad de la ciudadanía, organizaciones civiles, defensores de derechos humanos, diputadas y diputados locales de oposición, legisladores federales, representantes de iglesias y agrupaciones religiosas. Varios medios locales y nacionales dieron cuenta de la situación y siguen el caso con la publicación de notas sobre la problemática.

El 28 de julio de 2021, en el día 87 del plantón, el gobernador recibió a un comité de la Coalición. Reunidos en su despacho, con los secretarios de Gobierno y de Educación como testigos, reconoció la legitimidad de nuestras demandas y la necesidad de atender la problemática. Se comprometió a hacer todo lo que estuviera en su ámbito de competencia para, dijo textual, «transitar hacia la solución», ordenó la instalación de las mesas técnicas y designó a Fernando de las Fuentes, secretario de Gobierno, para coordinarlas.

El gobernador esperaba que con esa «disposición» levantáramos el plantón, al fin que, proponía, nos podríamos instalar nuevamente en caso de incumplimiento de su parte. Respondimos que no, que nos retiraríamos al tener signos concretos y certeros de los avances en la solución. Lo que sí hicimos el siguiente día, en abono al diálogo, fue retirar algunas lonas en las que expresamente señalábamos la indisposición de Riquelme para resolver el problema y su renuencia a recibir a los afectados. En cambio, colocamos una nueva refiriendo el diálogo iniciado y la búsqueda de acuerdos.

Diablo y figura

Investido como negociador, el mismo 28 de julio, al terminar la entrevista con el gobernador, Fernando de las Fuentes bajó con nosotros a la plaza, al campamento del plantón, para expresar de viva voz el compromiso de Miguel Riquelme. Ante compañeras y compañeros que nos esperaban, reiteró por lo menos tres veces: se darían soluciones de fondo a la problemática del magisterio estatal. Para lograrlo, se realizarían cuatro mesas básicas para tratar los temas de salud, pensiones, vivienda y seguro. Habría otra con la Fiscalía General del Estado (FGE) para el asunto de las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado sobre las afectaciones por más de mil 300 millones de pesos a las instituciones de seguridad social de los trabajadores de la educación. Una más, con legisladores, abordaría las modificaciones necesarias en las leyes. No solo eso, para tener comunicación directa entre él y la coordinación de la Coalición, se estableció una mesa permanente para organizar los temas, atender aspectos colaterales y dar seguimiento a los casos que necesitaran atención médica urgente. En efecto, antes de iniciar las mesas, esa primera semana nos reunimos en tres ocasiones en su oficina. Con celeridad se dio forma al esquema de organización, de tal manera que tres de las mesas de trabajo se realizaron entre el 3 y el 6 de agosto.

El planteamiento del secretario a los participantes —funcionarios de Gobierno, autoridades universitarias, derechohabientes afectados y directivos de las instituciones de seguridad social del magisterio— fue preciso: que en el diagnóstico de cada institución se expusieran con absoluto realismo y claridad las irregularidades, carencias y deficiencias administrativas, técnicas y financieras, para tener ubicadas las áreas a corregir. Y así fue, se abrió la…

Caja de Pandora magisterial

Los propios funcionarios y directivos reconocieron la gravedad del problema: las irregularidades legales y financieras, la insolvencia económica derivada de pésimos manejos administrativos, fraudes y desvíos de recursos, la indebida injerencia de la dirigencia sindical del SNTE, las deudas de los patrones (más de 3 mil 500 millones de pesos al fondo de pensiones, más de 600 millones a servicio médico, más de 87 millones a 600 pensionados por concepto de pólizas de seguro y retiro), el riesgo del colapso total, la urgencia de poner fin a tanta corrupción e impunidad. El propio De las Fuentes hacía comentarios que revelaban su conocimiento del pantanoso conflicto. En la mesa permanente con nosotros expresó que Miguel Riquelme iba con todo y por la solución de fondo: «Yo conozco al gobernador —nos decía—, su compromiso es firme, va a cumplir». Aseguró tener la instrucción de hacerle llegar todos los elementos que le permitieran tomar las decisiones correspondientes.

Pero ni Miguel Riquelme ni Fernando de las Fuentes habrían de sustraerse al poderoso control de La Familia y el cartel del SNTE. El 9 de agosto, De las Fuentes nos informó que el siguiente participante en la cuarta mesa de trabajo no asistiría: se trataba de Rubén Delgadillo, exsecretario general de la Sección 38 y actual Director del Fondo de la Vivienda magisterial. Es una de las instituciones que —según las denuncias penales presentadas por la Auditoría Superior del Estado— registra la mayor cantidad de daño patrimonial por fraudes, peculados y otros manejos indebidos: más de 620 millones de pesos.

Ese día fue el último que vimos a De las Fuentes. Entonces no sabíamos que Miguel Riquelme ya había recibido instrucciones de La Familia y el cartel del SNTE de preparar y ordenar la acción que implementarían el mismo De las Fuentes, el fiscal Gerardo Márquez, la secretaria de Seguridad estatal, Sonia Villarreal, el alcalde de Saltillo, Manolo Jiménez, y sus subalternos.

La estocada

No fueron pocas las voces de advertencia respecto a que el Gobierno del estado actuaría contra la Coalición de Trabajadores de la Educación Pública de Coahuila y que las mesas de diálogo, instaladas por el gobernador con el «compromiso» de solucionar la problemática magisterial, eran solo una estratagema para dar largas al asunto, entretener a los demandantes y postergar la solución del problema. No desestimamos las advertencias, desde luego, pues siempre consideramos que eso podría ocurrir, pero nuestra permanencia en las mesas y nuestro reclamo de que continuaran derivaba precisamente de la exigencia que hemos venido haciendo durante mucho tiempo al Gobierno para dialogar con los afectados, convencidos de que esa es la vía civilizada y democrática para la solución de los problemas sociales. Por eso insistimos en que el trabajo en las mesas técnicas sirviera para llegar al reconocimiento de las deficiencias e irregularidades administrativas, jurídicas y económicas, a partir de lo cual se implementaran las acciones para su solución.

Vale decir que sí tuvimos indicios de que el Gobierno buscaba escabullirse y eludir su compromiso. Incluso los días previos al desalojo intuimos que alguna treta se preparaba para romper el diálogo y que algún tipo de agresión podrían cometer contra los integrantes del plantón. Por tal razón, solicitamos a la Comisión de Derechos Humanos que se hiciera presente en esos días, pero nunca se apareció. Lo que no dimensionamos fue el tamaño y la prepotencia de lo que se preparaba.

Pasaron los días. Ocupados en la planeación de su acción, ni De las Fuentes ni Riquelme respondieron los reiterados oficios en los que se les solicitaba avanzar y dar cumplimiento al compromiso expuesto por ellos en forma verbal y por escrito. Sin mediar comunicación alguna, el diálogo se canceló de hecho y unilateralmente por parte del Gobierno. Pero no acusamos recibo. Nosotros insistíamos en que el gobernador honrara su palabra. No lo hizo. No cumplió su compromiso plasmado en una minuta de reunirnos la última semana de agosto. La solución de fondo no llegó. Lo que llegó fue la puñalada por la espalda: la madrugada del 14 de septiembre, centenares de policías y civiles armados desalojaron el campamento del plantón magisterial, secuestraron y cercaron la Plaza de Armas para impedir cualquier tipo de manifestación o protesta, no solo del magisterio, sino de la ciudadanía toda.

Hasta ahora la mayor parte de la Plaza sigue cercada con vallas que impiden el acercamiento a Palacio de Gobierno. El miedo del Gobierno a la población se ha convertido en pavor, al tal grado de que ha seguido ordenando el desmantelamiento de cuanta lona o pancarta se coloque en los alrededores de Palacio, como sucedió el 9 de mayo pasado, cuando, bajo la excusa de festejar el Día de las Madres con un concierto del cantante Julión Álvarez, retiraron todas las mantas con leyendas alusivas a diferentes demandas sociales. E4

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