Cuando las cuentas no cuadran: candidatos reprueban la 3 de 3

Las declaraciones sobre patrimonio, intereses y fiscal de los aspirantes a la gubernatura presentan vacíos e inconsistencias. Los hechos contradicen el discurso y envían señales negativas a un electorado que no solo exige transparencia, sino castigo para quienes lo engañaron e hipotecaron con una deuda impagable

Diputaciones locales, un hueso difícil de… soltar

¿De qué sirven las declaraciones fiscales, patrimoniales y de no conflicto de intereses de los candidatos al Gobierno de Coahuila si éstos informan lo que quieren, evaden preguntas y no aclaran datos?

En la edición pasada (Espacio 4, 716), analizamos la declaración 3 de 3 que Manolo Jiménez, candidato de la Alianza por la Seguridad (PRI-PAN-PRD), presentó al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) —la única disponible de los cuatro pretendientes al cargo, al cierre de esa edición—, en la que el exalcalde de Saltillo informa un modesto sueldo de 34 mil pesos al mes y una serie de propiedades «donadas» o adquiridas a precio de «ganga» cuando era diputado del Congreso local (2012-2014).

Durante el primer debate organizado por el IEC en Torreón, el pasado 16 de abril, Jiménez fue cuestionado sobre los contratos que sus empresas constructoras recibieron del Municipio de Saltillo cuando él era alcalde (2018-2021), a lo que se limitó a responder: «Es lo que dicen mis adversarios». Incluso cuando la periodista de investigación Sandra Romandía, directora de la revista Emeequis y moderadora del debate, insistió en que ella misma había revisado la documentación que así lo comprueba y cuestionó la opacidad el padrón de los beneficiarios del programa «Echados pa´delante» durante la pandemia, el priista repitió la respuesta.

Y si Jiménez «tropezó» en transparencia, Armando Guadiana, candidato de Morena, no se queda atrás.

El empresario minero, ganadero, transportista e inmobiliario —quien se disputa con el candidato Ricardo Mejía Berdeja (PT) la «representación» de la Cuarta Transformación en el estado— promete que encabezará un Gobierno «austero» y que no se robará «ni un peso», pero en su 3 de 3 dejó vacías las casillas correspondientes a la información sobre propiedades y cuentas bancarias en el extranjero.

El dato no es menor si se considera que en octubre de 2021 la indagación de Pandora Papers, realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), reveló que el senador con licencia es titular de la sociedad offshore Atlantic Industries International Limited, a través del fideicomiso The Hawaii Trust, en la que reportó una fortuna de más de 28 millones de dólares, la cual no se encuentra en sus declaraciones patrimoniales.

Guadiana atribuyó el «error» a sus contadores, pues «me atonté en el asunto de la Declaranet». En este sentido, también parece haberse atolondrado en su declaración patrimonial ante el IEC, en la que no solo evadió contestar las preguntas sobre sus activos en el extranjero, si no que reportó ingresos mensuales por 2.8 millones de pesos —superiores a la nómina anual de sus empresas en 2021, según la declaración presentada el 24 de abril pasado ante la Secretaría de Hacienda.

Si a estos ingresos se suman los poco más de 1 millón de pesos que recibe al año por su sueldo en la Cámara de Senadores, el candidato morenista gana treinta veces más que el presidente de la República.

Austeridad color carbón

Según la declaración patrimonial presentada ante el IEC, el empresario originario de Múzquiz recibe casi 350 mil pesos al mes por «actividad industrial o comercial», otros 2.3 millones por «servicios profesionales, participación en consejos, consultorías y asesorías», y 141 mil pesos mensuales por «otros» ingresos no etiquetados. El ingreso de su «cónyuge y/o dependientes económicos» es de 50 mil pesos al mes, con lo que sus ingresos mensuales totales suman poco más 2.8 millones de pesos.

Esta cifra supera lo que los 40 trabajadores a su cargo ganan en conjunto en todo un año: 2.9 millones de pesos (2021),
según su declaración del ejercicio de impuestos federales.

Si el año pasado Guadiana tenía los ingresos que declaró ante el IEC y a eso se le suman los poco más de 96 mil pesos al mes que recibió por su curul como senador, se habría embolsado más de 34 millones de pesos en 2022.

Así las cosas, el candidato de Morena en Coahuila gana mucho más que el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO), quien según información pública tiene un sueldo bruto mensual de 174 mil 26 pesos y neto de 120 mil pesos 948 pesos, lo que suma un millón 451 mil 376 pesos (netos) al año.

En cuanto a sus bienes inmuebles, Guadiana no reporta ninguna casa, pero sí 10 terrenos, de los cuales uno está en Zacatecas y el resto en Coahuila (Abasolo, Zaragoza, Sabinas, «Villamorelos», Villa Unión, Arteaga y Saltillo). Uno de ellos, señalado como «Fracc Ex Hacienda de Gpe Galeana», aparece listado en Coahuila, pero sin municipio. Una búsqueda rápida en internet no arroja resultados para ese nombre en la entidad, sino para Nuevo León y Michoacán.

Guadiana tampoco reporta la propiedad de vehículos, pero sí participación en 14 sociedades mercantiles: Compañía Minera Coapas, Materiales Industrializados, Explotación Minera el Éxito, Compañía Minas del Condembaro, Fundidora y Relaminadora Saltillo, Minera Macocozac, Compañía Agrícola El Guaycán, Inmobiliaria El Pilar de Saltillo, Promotora Inmobiliaria El Pilar de Coahuila, Promociones y Espectáculos Zapalinamé, Líneas Aéreas Comerciales, Inmobiliaria del Valle de Coahuila, Battery Max de México y Exploraciones Río Álamos.

En cuanto al «objeto social» de éstas, ocho están dedicadas a la minería, tres son inmobiliarias, una de «medios masivos», una de «transporte» y otra de «energía eléctrica».

Cabe recordar que en 2020, cuando fungía como presidente de la Comisión de Energía del Senado, el periódico español El País reveló que «al menos cuatro empresas asociadas a él o a su familia aparecen entre las potenciales beneficiarias» de las compras de carbón de la Comisión Federal de Electricidad (CFE). Éstas son: Carbón Mexicano, Zapalinamé, Río Álamo y Minera 2G.

«El político no figura en ninguna de ellas como socio. En tres aparece como apoderado y en la cuarta son sus parientes o personas cercanas quienes ocupan cargos de responsabilidad o de representación legal. Dos de las empresas, Carbón Mexicano y Zapalinamé, están registradas ante la Secretaría de Economía como partes del grupo empresarial Materiales Industrializados S.A. (MINSA), una compañía en la que el senador sí es socio», señala la nota «Cuatro empresas vinculadas a un senador de Morena aparecen como proveedoras de la CFE» (31.07.20).

Evasión y acusaciones

Los Pandora Papers evidenciaron que Guadiana figura como fundador de un fideicomiso que resguarda 50 mil acciones de una empresa ubicada en las Islas Vírgenes Británicas, catalogadas como «paraíso fiscal». Es decir, lugares donde empresarios y políticos de todo el mundo esconden fortunas no declaradas al fisco.

Además de haber dicho que «se olvidó» de declarar en México la fortuna de 28 millones de dólares que sí reportó al fundar el fideicomiso, Guadiana argumentó que su intención era crear una empresa que supuestamente participaría de un negocio de carbón en Colombia, el cual nunca se concretó (Espacio 4, 704).

Por entonces, la organización mexicana Quinto Elemento Lab, que participó de la investigación, señaló: «Al momento de registrar su offshore, Guadiana dijo que su ingreso anual rondaba los 600 mil dólares y que su patrimonio superaba los 28 millones de dólares distribuidos en empresas mineras, inversiones y propiedades. Designó a sus cuatro hijos como beneficiarios, según los expedientes del despacho. En las declaraciones patrimoniales públicas que presentó ya como senador, esa fortuna ya no estaba. En 2020 y 2021 Guadiana dejó en blanco los campos donde tendría que detallar sus ingresos».

Lo mismo ha hecho en la sección de «Datos adicionales» de su 3 de 3 presentada ante el IEC, donde sí contestó su estado civil (casado) y su grado máximo de estudios (maestría), pero no las preguntas referentes a activos y cuentas bancarias en el extranjero y a través de empresas morales.

En noviembre de 2021, Quinto Elemento Lab reveló además que entre enero y febrero de 2020 el Servicio de Administración Tributaria (SAT) condonó multas a tres empresas de Guadiana por un total de 2.6 millones de pesos. «Es una vacilada», atajó el empresario.

En la declaración ante el IEC, el candidato de Morena informa además tener intereses en la asociación civil Claridad y Participación Ciudadana, con la cual recorrió el país para denunciar la «megadeuda» por más de 38 mil millones de pesos adquirida durante el sexenio del gobernador Humberto Moreira (2005-2011) —una parte de ella con documentos apócrifos— y avalada en el de su hermano Rubén (2011-2017).

Pese a la cantidad de recursos materiales y humanos invertidos en sus campañas de denuncias, tanto a través de Claridad y Participación Ciudadana como candidato al Gobierno por Morena en 2017, una vez en el Senado (2018), Guadiana se olvidó del asunto. Incluso en su campaña a la alcaldía de Saltillo, en 2021, el hombre de los sombreros Stetson moderó su discurso contra los Moreira y se acercó al gobernador Miguel Riquelme.

Quizás hayan surtido efecto las presiones judiciales de Moreira a través de la Fiscalía General de la República, que en 2012 inició una carpeta de investigación en su contra por operaciones con recursos de procedencia ilícita, falsificación de moneda y delincuencia organizada, la cual seguiría activa, según El Heraldo de México (29.11.22).

Otra denuncia que sus adversarios políticos no dejan de mencionar cada vez que tienen oportunidad tiene que ver con un proceso por fraude y falsificación de documentos iniciado por el Banco Nacional de Crédito Exterior (Bancomext) en 1993 y que le costó unos días de cárcel en el penal de Topo Chico.

En el debate de candidatos del 16 de abril, el exsubsecretario de Seguridad Ricardo Mejía le recordó el asunto, a lo que el senador con licencia contestó «Ahorita te voy a contestar, traidor sinvergüenza».

Sin embargo, Guadiana respondió con más ataques sin aclarar nada sobre ésta y otras denuncias. Al respecto, su principal propuesta de campaña es no robarse «ni un peso» y encabezar un Gobierno austero. Pero a juzgar por las preferencias electorales (23.2% según Massive Caller, 23.04.23) , muy pocos le creen. E4

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Diputaciones locales, un hueso difícil de… soltar

La mitad de los legisladores va por la reelección

En los 94 años ininterrumpidos que el PRI ha gobernado Coahuila, el Congreso local ha sido un apéndice del Ejecutivo. Las iniciativas presentadas por el gobernador de turno son aprobadas sin mayor discusión y, cuando la hay, la voz de la oposición queda silenciada por una mayoría oficialista que cuenta con aliados de partidos satélites.

El ejemplo más emblemático –y vergonzoso– es acaso la legalización de la deuda estatal heredada por la administración de Humberto Moreira (2005-2011), una parte de la cual fue contratada con documentos falsos.

La primera restructuración aprobada por el Congreso, a iniciativa del gobernador interno Jorge Torres López, en 2011, no solo legalizó el pasivo, sino que lo elevó de poco más de 33 mil millones a 36 mil millones de pesos. Desde entonces, los diputados locales han aprobado tres restructuraciones más que mantienen el pasivo casi intacto, pese a que el estado ha pagado una cantidad similar en intereses (Espacio 4, 709).

En este contexto, el próximo 4 de junio, los electores de Coahuila tendrán que elegir los 25 diputados que conformarán la LXIII Legislatura, la cual iniciará funciones el 1 de enero de 2024. Entre los candidatos, hay 12 diputados de la actual Legislatura que buscan la reelección.

Por la «Alianza Ciudadana por la Seguridad» (PRI-PAN-PRD) buscan repetir en el cargo Olivia Martínez Leyva, Raúl Onofre Contreras, Hugo Dávila, Álvaro Moreira, Jesús María Montemayor, María Guadalupe Oyervides, Edna Ileana Dávalos, Elena Guadalupe Morales y María Bárbara Cepeda.

Por Morena, van de nuevo los diputados Rodolfo Walss y Lizbeth Ogazón, mientras que Claudia Elvira Rodríguez intentará lo mismo por la coalición UDC-PVEM.

Entre los aspirantes, también hay cinco exlegisladores que quieren regresar al Congreso, la mayoría bajo nuevas siglas: por la alianza PRI-PAN-PRD van la exdiputada de la UDC Zulma Guerrero Cázares y el panista Gerardo Aguado Gómez. Por Morena, el exalcalde panista de Torreón José Ángel Pérez y el exdiputado por la UDC Edgar Sánchez Garza. Por la alianza UDC-PVEM va el exdiputado por Morena José Ignacio Corona.

Más allá de los motivos políticos, un gran incentivo para repetir en el puesto es sin duda el sueldo que reciben los legisladores locales, el cual supera al de los diputados federales. Según el tabulador de personal de confianza, mandos superiores y superarios del Gobierno de Coahuila, el cual tiene vigencia a partir del 1 de febrero de 2023, los diputados locales tienen un sueldo de 91 mil 313 pesos al mes, sin incluir otros beneficios.

En contraste, de acuerdo con el Manual que regula las Remuneraciones para los Diputados Federales, Personal de Mando y Homólogos de la Cámara de Diputados para el Ejercicio Fiscal 2023, los diputados federales reciben este año un salario mensual neto de 75 mil 763 pesos con 18 centavos.

Cabe recordar que desde 2014, los diputados de Coahuila pueden reelegirse en el cargo hasta por cuatro periodos consecutivos, es decir, 12 años. E4