Cuba: puño americano para silenciar al pueblo

Mediante el uso de la fuerza y regulaciones represivas, el régimen isleño busca someter el descontento social

La represión que sufre el pueblo de Cuba no se limita a los porrazos con que policías y militares disipan las marchas de protesta ni con el hambre sempiterna que acosa a sus habitantes. Las libertades de expresión y de prensa también están en jaque y el Gobierno hace caso omiso a las sugerencias que, cada año, le envían multitud de organizaciones —tanto intergubernamentales como no gubernamentales—, la más recientes de ellas provenientes del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU).

Este organismo evaluó a Cuba el 15 de noviembre de 2023 como parte del cuarto ciclo del Examen Periódico Universal (EPU), y el 26 de marzo del actual año aprobó el informe final del Grupo en el que se recopilan las principales conclusiones del proceso. Según el documento, el Estado cubano rechazó 28 recomendaciones relacionadas con los derechos a la libertad de expresión y asociación.

«Condenamos que el Estado de Cuba haya rechazado 28 recomendaciones, en las que se solicita la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, el cese de la represión y el hostigamiento contra las voces disidentes, el acceso de observadores independientes a los juicios y a las prisiones, y el desarrollo de elecciones libres y limpias».

Artículo 19

Al respecto, Artículo 19 advierte que los «puntos que fueron rechazados adquieren especial relevancia considerando los recientes hechos en Cuba. El día 17 de marzo de 2024 habitantes de las provincias de Santiago de Cuba, Granma y Matanzas salieron a las calles a exigir que se restableciera el servicio de energía eléctrica, y se pusiera fin a la crisis social, política y económica en la que está sumida la Isla. Aunque fueron menos mediáticas, días anteriores, también existieron protestas en distintas localidades del país. A raíz de las manifestaciones pacíficas, al menos 14 personas permanecen detenidas de forma arbitraria por exigir sus derechos».

Esta cifra se suma a las casi 700 personas que continúan privadas de libertad por participar en las protestas del 11 de julio de 2021, de acuerdo con la organización Justicia 11J; y a las 3 mil 830 acciones represivas ejercidas por las autoridades cubanas contra la población civil en 2023, que fueron documentadas por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos. De acuerdo con Prisoners Defenders —ONG sin ánimo de lucro— actualmente hay mil 67 prisioneros políticos en la mayor de las Antillas, de los cuales 33 eran menores en el momento de su detención. Este número es ocho veces mayor que en 2018, con un aumento de 170 presos en los últimos 12 meses, lo que representa una media mensual de más de 14 detenciones por motivos políticos.

«Las organizaciones de la sociedad civil independiente, que hemos participado en las diferentes etapas de esta revisión, enviando informes alternativos que revelan las violaciones a los derechos humanos en este país, condenamos que el Estado de Cuba haya rechazado 28 recomendaciones, en las que se solicita la liberación de las personas privadas de libertad por motivos políticos, el cese de la represión y el hostigamiento contra las voces disidentes, el acceso de observadores independientes a los juicios y a las prisiones, y el desarrollo de elecciones libres y limpias», asevera Artículo 19.

Ley Mordaza

El 26 de mayo de 2023, el pleno de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba aprobó a mano alzada la primera ley que regula la comunicación y la información en Internet, presentada como Ley de Comunicación Social —aunque conocida dentro de la población como Ley Mordaza—. El artículo 28 de este texto estipula que los medios de comunicación son «propiedad socialista de todo el pueblo o de las organizaciones políticas, sociales y de masas, y no pueden ser objeto de ningún otro tipo de propiedad».

Con el triunfo de la Revolución, en 1959, la Constitución cubana prohibió cualquier actividad privada relacionada con los medios de comunicación, pero a finales de los años 80 comenzaron a surgir organizaciones de periodistas independientes. La llegada de internet móvil al archipiélago en 2018, seguida por la autorización para usar redes Wifi en los hogares en 2019, creó un vacío legal en el espacio digital, lo que impulsó la aparición de medios digitales independientes como 14ymedio, elToque, Árbol Invertido, El Estornudo y Periodismo de Barrio.

Estos medios inicialmente enfrentaron obstáculos debido a las restricciones impuestas por el nuevo Código Penal, que se implementó en diciembre de 2022 y penaliza a las organizaciones que reciben financiamiento extranjero, incluyendo a los medios independientes. Raudiel Peña Barrios, abogado del Instituto Cubano para la Libertad de Expresión y Prensa (ICLEP) con sede en La Habana, explica: «Con esta nueva ley, que no les reconoce personalidad jurídica, la soga se estrecha aún más».

«En los últimos años, la expansión del acceso a internet en la isla había permitido, en ausencia de regulación, el desarrollo de medios independientes digitales. Al consagrar la prohibición de cualquier medio de comunicación fuera del marco del Estado y del control del Partido Comunista, el parlamento cubano aniquila este frágil espacio de libertad que había surgido, hiriendo de muerte a la libertad de prensa en Cuba. Reporteros Sin Fronteras (RSF) expresa su preocupación por la seguridad de los periodistas que trabajan para estos medios y permanecen en el país, y pide la retirada inmediata de esta ley represiva», comentó Artur Romeu, director de la Oficina de RSF en América Latina.

En contraste, el presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, justificó la necesidad de la ley como medida para prevenir la «subversión», y calificó a los medios independientes de «mercenarios a sueldo de intereses extranjeros». En esencia, una estrategia punitiva similar a la que mantiene su homólogo Vladímir Putin en Rusia. E4