La lógica de la democracia es que los errores del gobernante sean sancionados por la vía del voto y de la opinión pública. Ambos recursos funcionan de manera imprecisa e imperfecta. Se pueden ganar elecciones a pesar de las malas cuentas en el Gobierno y también, como ocurre con el presidente López Obrador, cometer errores significativos sin que alteren los indicadores de popularidad. La falta de sanción electoral y de opinión hace al mal gobernante impune e inmune.
Todavía falta conocer si electoralmente le costará al partido gobernante y, de alguna manera, a la pretensión transexenal del presidente. No está claro precisamente porque las elecciones deben desarrollarse en un entorno de razonable equidad y de debate que abra espacio al voto informado. El protagonismo mediático presidencial es ilegal, también altera las condiciones para que los votantes puedan tomar su decisión en libertad.
Ciertamente, la mayor amenaza a la elección viene del crimen organizado. No hay consenso sobre el territorio bajo control de los delincuentes, que sería entre 15% y 30%, cifra considerable y con potencial para alterar la legalidad de la elección y la legitimidad de sus resultados. No necesariamente significa que el crimen organizado apoye a un partido o proyecto en particular, pero sí afecta las condiciones para la libertad del voto y para que los candidatos y los partidos puedan realizar su proselitismo, aunque esta circunstancia normalmente favorece al que gobierna.
Al respecto debe destacarse que es responsabilidad de las autoridades garantizar las condiciones de seguridad, especialmente del Gobierno federal por razones de competencia y la magnitud de la amenaza. En tal sentido preocupa que la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei remita a los OPLEs y a las autoridades locales la responsabilidad para asegurar dichas condiciones. El asunto central es la estrategia del Gobierno nacional respecto combatir al crimen organizado, así como las críticas condiciones de inseguridad y violencia en amplios territorios del país. A la candidata Claudia Sheinbaum las condiciones actuales no le parecen peores a las de otras elecciones, expresiones del mismo día cuando en Maravatío Michoacán asesinaron a dos candidatos.
La eficacia del voto tiene que ver con la manera como se realizan los comicios. López Obrador interfiere con toda impudicia y complacencia del INE. Para él es letra muerta el artículo 134 constitucional que mandata imparcialidad de autoridades y de programas gubernamentales. A partir de su convicción de que por encima de la ley está la autoridad del presidente usa los recursos del Estado y del Gobierno para alterar las condiciones de la contienda. Una vez más y siempre, hay que destacar que ocurre en el marco de la complacencia de la élite y de la renuncia a su responsabilidad de una parte de los medios de información.
Es una realidad que el presidente goza de un importante ascendiente en la población, que no necesariamente se trasladará a las intenciones de voto. Son muchas las razones que explican sus tasas de aprobación. Tres consideraciones entran en juego: el protagonismo mediático del presidente que hace de la información propaganda; la empatía popular con muchas de las tesis autoritarias presidenciales consecuencia del déficit de cultura ciudadana, y la falta de un debate público a manera de someter a escrutinio al Gobierno, tarea a cargo de la oposición y de los medios independientes, sometidos permanentemente al acoso e intimidación.
La polarización ha sido la constante de la última década. En su primera etapa, el descontento mayoritario fue el signo, concurriendo la exclusión de los más y el rechazo de muchos por la percepción de una ofensiva y desbordada venalidad en la vida pública. López Obrador y Morena lo capitalizaron y les significó un triunfo amplio, legítimo y convincente; la polarización fue potenciada por el presidente para blindarse del escrutinio crítico y ahora, en víspera del inicio de campañas lo que domina es la crispación, que afecta a todos por igual. Aun así, persiste una estrecha mayoría que aprueba al presidente.
La democracia mexicana está a prueba. En el entorno de elección de Estado y de interferencia del crimen organizado es el sufragio lo que permitiría superar la incertidumbre y la adversidad. Se requiere que los ciudadanos ejerzan con libertad su derecho a votar. Una elevada participación da lugar a que se minimicen los mayores riesgos de la elección como el clientelismo y la intimidación a votantes y candidatos.
Moralmente derrotado
El presidente López Obrador es singular en todo, incluso en la manera de leer e interpretar la historia. Muchos, a partir de su ignorancia lo dan por un buen y asiduo lector. No lo parece, más bien revela pasajes muy a modo de sus necesidades políticas. Una de sus recurrentes referencias es Benito Juárez y su afirmación de que los conservadores son una imposibilidad histórica por estar moralmente derrotados. Queda a los historiadores el sentido, circunstancia y lección que deja la mención presidencial. De cualquier manera, pareciera haber algo de razón, pero no avala lo que él pretende, sino al contrario.
La derrota moral del conservador es discutible como historia; como noción genérica de defensor de los valores no liberales -definición como negación-, aquí y en el mundo democrático ha ganado y perdido. No hay fatalidad según la evidencia. Sin embargo, sí puede haber rechazo a los conservadores, pero en el plano de lo deseable y partiendo del paradigma liberal.
Las definiciones no son tan fáciles. Hay conservadores liberales y liberales muy conservadores. López Obrador es de éstos. Hay liberales en política, pero muy conservadores en la agenda social en materia económica. La definición de liberal, progresista, conservador y otras semejantes son imprecisas y solo adquieren claridad en asuntos específicos. López Obrador, como buen populista es antiliberal en su visión del poder, del Gobierno, de la ley, de la representación política y hasta de la República. Sobre el conflicto de los populistas con el constitucionalismo y la democracia representativa existe una extensa literatura.
Es necesario partir de una idea más genérica, pero más incluyente sobre qué es la democracia. Esto porque alude a permitir la coexistencia de la diversidad; invoca y evoca a las libertades, el respeto al sufragio y al Gobierno representativo, así como al poder público acotado por la Constitución y la vigencia del sistema republicano de pesos y contrapesos. Opuesto a democracia puede ser autoritarismo, autocracia, absolutismo, etc. Todos estos son variantes de un concepto genérico, la tiranía, que es el que mejor conviene y aplica; la oposición en el sentido de negar al otro en lo fundamental es equivalente al de democracia versus tiranía. Son contradictorios y excluyentes, donde una existe y la otra no.
En este orden de ideas, desde el punto de vista democrático la tiranía es repudiable. Aunque su derrota moral es deseable, no debe quedarse en la consigna o en la opinión editorial, sino expresarse en las urnas. ¿Qué tan demócrata es López Obrador? Su vida es enseñanza, admirable su persistencia, como también lo fue la de los grandes hombres, pero también los más sanguinarios dictadores de la humanidad. Ahora en el poder, logrado con voto mayoritario ¿su ejercicio es el de un demócrata?
No, al menos en cuatro aspectos fundamentales. Su visión de la ley; la exclusión del otro; su repudio a la libertad de expresión y su idea personalizada del poder público sin límites éticos, jurídicos o institucionales. En días pasados, con su visión de qué debe hacer el presidente de la Corte respecto a la tarea de los jueces y su reacción a la solicitud de respuesta a la nota a publicar por el NYT sobre la relación del narcotráfico con su Gobierno, lo revelan de cuerpo entero para decir que su conducta es propia de un tirano, no de un demócrata. Pero no sólo se equivocó, entendible por su enojo como primera reacción, y aunque tuvo tiempo para valorar y recapacitar, en lo sucesivo pasó de persona indignada por discutibles imputaciones a la de un gobernante que antepone su autoridad por encima de la ley.
La reportera del NYT quedó expuesta por la divulgación de su número telefónico. De menos es que esa perniciosa lección fuera emulada por opositores y seguidores; no se trata sólo del derecho a la privacidad, sino de las responsabilidades de López Obrador. Es la misma conducta presidencial respecto a otros periodistas independientes: Ciro Gómez Leyva, Carlos Loret, León Krauze, Azucena Uresti, Jorge Ramos, Joaquín López Dóriga, Héctor Aguilar Camín y muchos otros más. Al tirano no le importan las consecuencias de sus admoniciones y condenas. Debe decirse una y otra vez, México es el país más peligroso para el ejercicio del periodismo.
Efectivamente, desde el criterio elemental del demócrata y de quien valora la dignidad humana es necesario, ahora y siempre, declarar la derrota moral del tirano, aunque sea en el terreno de lo deseable.
