El autor, quien fue asesor de Luis Donaldo Colosio y del presidente Ernesto Zedillo, renunció al PRI por dignidad y congruencia después de ganar un litigio ante el Tribunal Electoral Federal tras haber sido desconocido como militante por Roberto Madrazo. En esta colección de textos aborda la situación política del país
El frente interno: guerra contra Monreal
La descomposición de la vida pública nacional ocurre por el tránsito de políticos rateros a rateros políticos; el juego sustantivo y adjetivo hace toda la diferencia. Un político presto a la venalidad significa que privilegia el oficio originario y eso impone límites y permite la funcionalidad de la política, como sucede con toda profesión o actividad. Lo contrario ocurre cuando el objetivo es enriquecerse a toda costa, no hay límite y mucho menos cuando es frágil la sanción social —comúnmente a cargo de la prensa— o inexistente la de carácter legal —el sistema de justicia penal—.
Ciertamente, la impunidad es el mal de origen. Es lo que ha propiciado que la venalidad se haya apoderado de buena parte de la vida pública. Así ocurrió durante la presidencia de Carlos Salinas de Gortari, a pesar de sus visionarias realizaciones y así aconteció con Enrique Peña Nieto, a pesar de sus extraordinarias reformas. Sin embargo, hay diferencias. El primero monopolizó la corrupción; en el segundo se generalizó, no sólo en su gobierno, sino en la nueva generación de mandatarios locales. La justificación fue el gasto electoral, robar para financiar campañas, aunque no llegaran los recursos a su destino final. Robar fue el valor entendido, aceptado y promovido en la nueva era.
El sometimiento al presidente López Obrador, y él lo sabe, tiene como causa no el patriotismo, no la lealtad a la institución presidencial, no a la opción de Lázaro Cárdenas o López Mateos. No. Su origen es el miedo, mayor cuando la cola es larga.
La descomposición acabó con el PRI. Al presidente Peña le aconsejó Luis Videgaray seleccionar a un candidato ajeno al tricolor, pero asociado a los gobiernos del PAN y del peñanietismo. Se quedaron en el camino Miguel Ángel Osorio Chong, la figura más próxima al PRI y Aurelio Nuño, la promesa de renovación del régimen. Se pensó que con José Antonio Meade se ganaría el voto del PAN y que los del PRI seguirían suscribiendo el código de la lealtad vuelta sumisión. Acabar con el candidato del PAN, Ricardo Anaya, se pensó tan necesario como posible. Todo un fracaso.
Las posibilidades de triunfo de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) estaban perfiladas. Pero no con mayoría absoluta y menos acompañado de una ventaja arrolladora en la elección de legisladores federales y locales. Lo ocurrido fue resultado del PRI, de su presidente y de quienes le aconsejaron minar al PAN. La segunda opción de los votos de Ricardo Anaya era AMLO, no Meade.
Como pocos el actual presidente tiene explícita debilidad por el bronce. (Pero) no es la prédica ni la intención lo que cuenta, sino los resultados. (…) López Obrador ha creado las condiciones para su condena histórica.
No se midió la magnitud del repudio que padecía el PRI. La estrategia recomendable era la contraria: hacer de la elección no una batalla nacional, del todo favorable a AMLO, sino 32 o 100 frentes de competencia, para que el PAN ganara en sus territorios de fortaleza, el PRI en los suyos y la coalición de López Obrador prevaleciera en todos aquellos en los que el repudio al PRI era la regla, no pocos. El tabasqueño ganaría, con poco más de 40%, pero prevalecería la pluralidad en el Congreso y ganaría el PRI algunos estados, municipios y distritos al bajar el umbral de triunfo por la concurrencia de tres fuerzas competitivas en contienda.
Esto quedó claro a dos meses de la elección. El triunfo de AMLO era inevitable. La embestida contra Anaya se acentuó y el apoyo a Meade se frenó. Pero ahora por distintas razones. Tal como hoy sucede con Alejandro Moreno y Rubén Moreira en su apoyo a la reforma constitucional en materia de energía, la lógica del ratero político se impuso: la búsqueda de impunidad haciendo el favor al ganador.
¿Cómo votará el PRI?
Si por Alejandro Moreno y Rubén Moreira fuera, la decisión de la fracción parlamentaria del PRI en la Cámara de Diputados sería votar a favor de la iniciativa presidencial sobre la reforma eléctrica. No es afinidad ideológica o programática; es el anhelo de ganar impunidad. En el caso de Moreira, el objetivo es doble: despejar del panorama una posible investigación en su contra por disponer de recursos federales en su periodo de gobernador de Coahuila y su interés en la elección de Hidalgo, en los dos temas el factor AMLO estima que es definitorio.
Hay un corrupto confeso y señala con claridad a sus superiores, como debe ser para tener la innoble condición de testigo colaborador.
El coordinador de los diputados se ha apoderado de la voluntad de Alejandro Moreno, quien recibe todos los golpes por el tema de la reforma. La cuestión ahora es cómo votarían los diputados del PRI, esto es si sus dirigentes podrán imponer su interés por encima del de su partido y de sus correligionarios.
Si el asunto pasara al pleno en estos momentos, más de las dos terceras partes de los diputados del PRI votarían en contra. Por ello se resolvió posponer la discusión de la iniciativa bajo el pretexto de una consulta, incluso se ha propuesto la fórmula de sesiones en conferencia de las comisiones dictaminadoras del Senado y de la Cámara a efecto de involucrar a Ricardo Monreal en la negociación y de paso intentar planchar a los senadores priistas, quienes difícilmente aprobarían la propuesta presidencial y especialmente para someter al grupo de los cinco senadores, quienes previsiblemente exigirían cambios importantes al proyecto original para así ganar credibilidad e identidad.
Rubén Moreira requiere tiempo. Por lo pronto logró consensuar la idea de votar en bloque, lo que fue un error por quienes se oponen a la propuesta presidencial, ya que AMLO requiere 56 votos de diputados priistas, o sea bastaría una minoría de 16 diputados tricolores en contra para frenar la reforma y con el voto en bloque el número se eleva a 36.
Carlos Salinas monopolizó la corrupción y Peña Nieto la generalizó.
¿Qué podría modificar la intención de voto de los diputados? Está presente usar los recursos del Estado para que por la vía judicial/policiaca se construyera la pretendida mayoría calificada. La actuación de la UIF, el SAT y la FGR no es nada desdeñable. Así ocurrió en Coahuila en los tiempos de gobernador con el político Noé Garza, al utilizar temas familiares con perversidad y trampa para así neutralizarlo.
Son pocos los diputados priistas susceptibles de intimidación. Por ello el otro recurso al alcance y no sólo para los diputados, sino para todo aquel que pueda incidir en el voto legislativo es la cooptación, es decir la oferta de inclusión en el Gobierno o postulaciones en cargos de elección popular con vistas a las elecciones del próximo año. Por la buena o por la perversa puede modificarse el escenario. Quizá lo que debiera estar presente en la definición de los legisladores tricolores es que al votar en un sentido o en otro no sólo están decidiendo su suerte personal y la del sector eléctrico, sino también la del PRI.
El fracaso de Moreno/Moreira de llevar al PRI al servicio del presidente López Obrador puede dar lugar a la rebelión. De concluir en la defenestración de ambos podría ser el principio de la recuperación del PRI como una fuerza política confiable en la disputa por la nación, especialmente si lo que se resuelve es marcar distancia a quienes son rehenes del poder por un pasado de corrupción y una riqueza más que explicable.
El tricolor, partido
El PRI se sigue hundiendo, su futuro es peor que incierto. La causa de su debacle no ha sido la traición a su programa de origen sea el callista, cardenista, alemanista o el que se quiera. Tampoco lo es su autoritarismo de casi siempre y su obsequioso sometimiento al presidente tricolor. El asesinato de Luis Donaldo Colosio y meses después el de Francisco Ruiz Massieu cuenta y mucho, pero tampoco es razón suficiente. Ni siquiera su esclerosis para competir en elecciones justas y ordenadas.
La razón y causa del deterioro del PRI ha sido la corrupción. Mucho más cuando esta viene de la presidencia y corroe el aparato político. Así sucedió con Carlos Salinas presidente y con Enrique Peña Nieto. Gracias a ellos y a sus émulos, muchos de ellos gobernadores, para infinidad de mexicanos el PRI es sinónimo de corrupción. La derrota es lo que le viene. Con la excepción de Coahuila y algunos municipios, nada promisorio hay en el horizonte.
Para transitar al futuro, el PRI optó por lo más corrupto, lo más autoritario. Los expedientes de Alejandro Moreno y Rubén Moreira son en parte públicos y los elementos que pocos conocen y sí tienen las autoridades federales como es el incremento presupuestal de la tesorería de Campeche después de la elección de 2018, los vuelve vulnerables en extremo a la presión del Gobierno.
El PRI está partido. La fractura es más evidente cuando se trata de encarar las propuestas legislativas de interés del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) como es la reforma en materia de energía ahora bajo discusión. Las diferencias dentro del PRI no son políticas, ideológicas ni siquiera de intereses legítimos o no. Simplemente es el resultado de los esqueletos en el clóset de la cúpula del PRI y de algunos de sus gobernadores. El sometimiento al presidente López Obrador, y él lo sabe, tiene como causa no el patriotismo, no la lealtad a la institución presidencial, no a la opción de Lázaro Cárdenas o López Mateos. No. Su origen es el miedo, mayor cuando la cola es larga.
El caso de Emilio Lozoya es la gran didáctica sobre el uso político de la justicia penal. Hay un corrupto confeso y señala con claridad a sus superiores, como debe ser para tener la innoble condición de testigo colaborador. No obstante, a Peña Nieto o a sus exsecretarios de Hacienda no se les toca ni con la hoja de un citatorio. La justicia penal la emprende contra los panistas, algunos gobernadores, otros destacados críticos del régimen y uno emblemático en particular, Ricardo Anaya, excandidato presidencial.
Lección clara y contundente: al que desafía, el filo de la justicia a modo. Al que se somete complacencia, olvido y, en su caso, impunidad.
Aspiración frustrada
A los gobernantes, no sólo a los presidentes, se les va el sueño con la pretensión de trascender su tiempo en términos de los grandes transformadores, por no decir de heroicidad. Lo que sucede ahora con el actual mandatario no es nuevo. Así aconteció con dos de sus antecesores José López Portillo y Carlos Salinas de Gortari, los más decididos a trascender su tiempo.
Los dos casos aludidos son ejemplo de que las pretensiones con frecuencia se vuelven en contra. Cada tiempo, cada gobierno, cada presidente crea las condiciones para su propia legitimidad. La popularidad es engañosa, veleidosa y con frecuencia con el tiempo se vuelve en contra. Los caudillos son populares, pero en perspectiva son despreciados, incluso a pesar de sus logros. Allí están Santa Anna y Porfirio Díaz.
La tragedia ha sido benévola en extremo. A Hidalgo y a Madero los volvió mártires y a Juárez lo absolvió de culpa. De cualquiera manera el tiempo no es generoso y el anhelo se vuelve en contra, y no por la falta de méritos, sino porque los errores o las fallas son las que dominan la narrativa, otrora triunfalista y complaciente.
Como pocos el actual presidente tiene explícita debilidad por el bronce. Su propio Gobierno tiene lances de cuarta gran transformación histórica. ¿Cómo será visto López Obrador en perspectiva?
Sin duda este tiempo será apreciado como un momento de inflexión, sin embargo, la controversia de ahora seguramente le continuará acompañando. Es muy probable que el campo crítico gane más terreno que el de los ahora aduladores. No hay crónica generosa, tampoco base intelectual que importe. En el mejor de los casos algún periodista interesado en acreditar lealtad a la causa a manera de diferenciarse de sus pares.
Con el tiempo, a diferencia de lo que ahora hace el presidente, no es la prédica ni la intención lo que cuenta, sino los resultados. En el retiro ya no hay otros datos que se impongan a la realidad o a las cuentas nacionales. Lo que queda es la evidencia de lo que se hizo, con frecuencia interpretada con sesgo por el sucesor, incluso si es del propio partido. La legitimidad de nuestros gobernantes, todos, no se da con lo que se hace, sino con referencia al pasado, como ocurre ahora con la condena al llamado régimen neoliberal. Más allá de las intenciones, son escasos los logros. Existen, pero están muy lejos de abonar a las pretensiones transformadoras del proyecto político en curso. Sí, efectivamente, el propio presidente López Obrador ha creado las condiciones para su condena histórica. E4
El frente interno: guerra contra Monreal
El sorpresivo resultado adverso en el poniente del Valle de México anticipó la disputa sucesoria en la coalición gobernante. Los hechos no son para menos, se perdió no solo el poniente de Ciudad de México, incluyendo la zona conurbada del Estado de México, sino que prácticamente en todos los centros metropolitanos del país hubo un resultado adverso. El presidente López Obrador lo asoció a las manipuladas clases medias. Otros se refirieron a desencuentros en la designación de candidatos o deficiente operación política. El saldo fue la defenestración de Gabriel García del círculo cercano y la declaratoria de guerra a Ricardo Monreal por parte de los duros puros.
El presidente se volvió parte del problema al adelantar los tiempos sucesorios y excluir a Monreal, su operador más eficaz en el Congreso. En pocas semanas quedó evidente el desarreglo y el inicio de una guerra intestina, incluyendo a Ebrard, lastimado por las investigaciones de la Línea 12 del Metro. El operador político del presidente, Julio Scherer, desgastado por la agenda legal e insistiendo en su relevo. Una secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, a la que ni sus subordinados tomaban en serio.
El operador más eficaz de AMLO en el Congreso. Los duros puros de Morena le declararon la guerra.
Los resultados de la elección intermedia, a pesar del triunfo en las gubernaturas, revelaron la fragilidad electoral del lopezobradorismo. El partido del presidente perdió donde importa, si se piensa en 2024. Además, fueron muchos los triunfos cerrados y con intervención del crimen organizado. López Obrador es el operador electoral más eficaz que haya habido. Entiende y sabe que no obstante su popularidad, hay tormenta en el horizonte, aunque se ganen gubernaturas y alcaldías, como seguramente acontecerá en los años previos a la elección presidencial.
López Obrador hizo creer —y le resultó— que había ganado la elección en el Congreso, como si los legisladores petistas y verdes le pertenecieran. Además, el entendimiento con el PVEM y el PT es endeble, más si se piensa en 2024, ya que a esos partidos les resultaría mejor ir con un candidato popular —Ebrard o Monreal— que en coalición con Morena.
El presidente hizo ajustes relevantes. Finalmente, dejó que Julio Scherer fuera relevado en la Consejería Jurídica de la presidencia con un perfil estrictamente técnico. Lo más importante fue el cambio en la Secretaría de Gobernación, doña Olga Sánchez Cordero regresó al Senado en su condición de presidenta, decisión operada con acierto por Monreal y llegó Adán Augusto López, gobernador de Tabasco y hombre de toda la confianza del presidente, para hacerse cargo de la conducción de la política interior.
Aunque el presidente persiste apuntalando a su favorita Claudia Sheinbaum, la operación política al interior del grupo en el poder ha permitido construir, por el momento, unidad y cohesión. Los tres prospectos de candidatos pueden darse por satisfechos al contar con un operador confiable, cuidadoso y muy próximo al presidente. También se ha avanzado en el diálogo con la oposición y en el Congreso. Falta trabajar con la Corte, los empresarios, el INE y especialmente resolver el desencuentro entre la Fiscalía General de la República y la UIF. E4
