Debate sobre los órganos autónomos: ¿austeridad o más poder al presidente?

La mayoría de los que tienen carácter constitucional, como el Banco de México, el Inegi, la CNDH y el INE, y los vinculados con el T-MEC (IFT y Cofece) están seguros. Otros podrían revisarse para corregir desviaciones y casos de corrupción, pero desaparecerlos, solo por economía, comprometería la democracia

IEC y Academia de DH, pozos sin fondo

La austeridad a ultranza del gobierno federal pone en riesgo los contrapesos que sostienen la democracia en el país. Al menos cuando se trata de eliminar algunos de los organismos autónomos constitucionales que el Ejecutivo considera onerosos e improductivos, creados por administraciones del periodo que él denomina «neoliberal» para simular un combate a la corrupción que, en la práctica y a su juicio, nunca se llevó a cabo.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido que la administración debe ajustar sus estructuras para adaptarse a la nueva realidad. «Soy partidario de que se reduzca el gasto del gobierno porque aún con la austeridad republicana todavía hay mucho gasto superfluo (…), hace falta reducir más el gasto (…), que no le cueste tanto al pueblo. Porque si hay menos aparatos burocráticos se liberan fondos para el desarrollo, para educación, para la salud, para el bienestar del pueblo», dijo en su conferencia del 4 de enero.

«Todos estos aparatos administrativos se crearon para simular que se combate a la corrupción, simular que voy a transparentar, simular que no había impunidad, todo fue una farsa y al mismo tiempo era para darle trabajo a los allegados de los funcionarios públicos».

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

La eliminación de algunos organismos autónomos —sumados los constitucionales y los que pertenecen al ramo administrativo— puede ayudarlo en este propósito. El presidente sostiene que existen más de 200 entidades de este tipo, las cuales consumen alrededor de 500 mil millones de pesos al año. Una cifra nada despreciable que podría destinarse a sectores vulnerables y proyectos sociales.

El problema de este plan de siega es que atenta contra la precaria estabilidad democrática porque eliminaría controles y aumentaría el poder presidencial. Algunos organismos se crearon para garantizar decisiones que no respondan a intereses políticos sino a criterios técnicos y especializados. Surgen, pues, de un reclamo ciudadano para evitar que todo el poder se concentre en el Ejecutivo y las dependencias supeditadas a su gobierno.

En principio, los órganos autónomos sirven para contrarrestar los excesos y la corrupción que campan por sus fueros en los distintos niveles de gobierno y, aunque ciertamente gozan de autonomía, no están libres de control constitucional. Por tanto, si alguno no funciona, lo procedente sería ponerlo bajo escrutinio y corregir las deficiencias. No se corta la cabeza de un paciente por adolecer de migraña.

«Hay temas muy específicos que requieren de expertos, por lo tanto, se buscó crear órganos conformados por funcionarios especializados que no tienen vínculos o afinidades políticas con el objetivo de garantizar que se tomen en el país decisiones de manera técnica y no política».

Fernando Ojesto Martínez Manzur, catedrático de la facultad de derecho de la UNAM

Por otro lado, el estudio de estos organismos debe implicar un ejercicio profundo y meticuloso pues hay casos donde, a todas luces, sería contraproducente su eliminación. El Instituto Nacional Electoral (INE), por ejemplo, representa uno de los casos más delicados y controvertidos. Partiendo de que el gobierno no puede ser juez y parte, resulta imprescindible un organismo independiente para organizar y velar por el correcto desarrollo de las elecciones. En teoría, su naturaleza autónoma garantiza la imparcialidad de los comicios y evita que el presidente de turno o su partido dispongan de mayores ventajas, con lo cual se blinda el ejercicio de los derechos político electorales de la ciudadanía.

Sin embargo, el INE es, al mismo tiempo, uno de los órganos más costosos. Este año ejercerá 26 mil 800 millones de pesos, pues coincide con el proceso más complejo. El 6 de junio se elegirán 500 diputados federales, 15 gubernaturas, 30 congresos locales, además de mil 926 ayuntamientos y juntas municipales.

López Obrador está consciente de que desaparecer al instituto electoral sería mal recibido porque hiere una de las piezas claves de la democracia en México y va en contra de los principios que él mismo promueve. Tampoco propone —por el momento, al menos— una segmentación de sus funciones, acaso temeroso de regresar a los tiempos del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), pero sí es enfático cuando se trata de recortarle recursos. «¿Qué hacer con los gastos electorales? Lo mismo, tiene que haber una reducción, pero eso corresponde a los partidos, no es posible que se reciba tanto dinero en el INE (…), es de los organismos electorales que más dinero consume en el mundo y el sistema también de representación proporcional, buscar disminuir gastos en todo», advirtió durante la primera conferencia matutino de este año.

En la mira

Es de esperarse que, en el transcurso del año, el gobierno decida el futuro de determinados organismos autónomos. Comenzarán por revisarse los creados por decreto presidencial que no requieran reforma legal. Algunos podrían ser eliminados y otros modificados en su estructura o funciones. Los hay que ya sufrieron recortes presupuestarios, y tampoco se descarta la completa o parcial absorción de varios de ellos por parte de dependencias gubernamentales.

Los órganos en riesgo de desaparecer son los que le cuestan más al gobierno, desempeñan trabajos que el Ejecutivo considera innecesario, han sido marcados por la corrupción o tienen responsabilidades redundantes, es decir, que son similares a las que desempeñan las secretarías del gobierno.

De acuerdo con esa premisa, AMLO cuestiona la operatividad del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), cuando ya existe la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), indicó, podría pasar a la Secretaría de Economía. El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), sostiene, está rebasado por la Secretaría de la Función Pública y la Fiscalía Anticorrupción —dentro de la Fiscalía General de la República— y la Auditoría Superior de la Federación como parte del Poder Legislativo.

Todos estos forman parte de los órganos constitucionales autónomos, pero no son los únicos. Asimismo, emparenta al Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA) con el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de las Familias (DIF), una de las mancuernas que más polémica ha causado. Frente a la resistencia de la oposición, de los organismos autónomos y de otros sectores, la pregunta del presidente es siempre la misma y no está exenta de lógica: «¿Para qué tantos aparatos si podemos ahorrar?».

El caso Cofece

No se trata únicamente de lograr ese ahorro erradicando la duplicidad de funciones. Hay organismos que son fuertemente criticados por sus pobres resultados. Así lo hace notar Darío Celis en su columna “Señor presidente, mejor sí desaparezca la Cofece” (El Financiero, 25.01.21) donde califica de perdón y no de castigo la resolución de la Cofece, luego de que este organismo investigara por 10 años a siete bancos y 11 personas físicas que se coludieron para manipular el precio de deuda del gobierno. La multa de 30 millones de pesos dista mucho de una pesquisa similar que en 2015 llevó a cabo la Reserva Federal de Estados Unidos y que concluyó con una sanción por 5 mil 775 millones de dólares a Citigroup, JPMorgan, Bank of America y Barclays. «Son tan bajas las multas a los bancos que la misma Cofece encontró culpables, que hasta parecería que gastaron más el regulador en investigar 10 años, y los agentes en su defensa y en allegarle la información», advierte el periodista. «Lo peor es que su resultado va a encender las voces radicales de la 4T, incluida por supuesto la de López Obrador, que piden la desaparición de ese órgano autónomo al que califican de oneroso, neoliberal e inútil».

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos tampoco escapa de los señalamientos. El periodista César Martínez hizo eco de ello al ventilar una serie de supuestos despidos injustificados por parte de la CNDH. «En su proceso de reestructuración, a empleados con decenas de años se les obligó a firmar su carta de renuncia con sólo tres meses de sueldo base como compensación, y recientemente despidió sin previo aviso y sin indemnización a otros trabajadores» (Reforma, 15.06.20).

La panista Kenia López Rabadán, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos del Senado, criticó el uso de los recursos de la CNDH al darse a conocer el gasto de 1.9 millones de pesos para «actividades culturales, deportivas y de ayuda extraordinaria» realizadas entre enero y marzo de 2020. «Gastar en actividades recreativas contrarias a su naturaleza es inmoral. La CNDH debe reorientar sus prioridades, eliminando los gastos superfluos como son los cortes de carne, las actividades en parques de diversiones y los eventos injustificados en medio de una pandemia», señaló la senadora (La Razón, 04.01.21).

Posteriormente, el 27 de enero de 2021, López Rabadán, intervino en la sesión virtual de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para echarle más sal a la herida. Criticó el pobre desempeño del organismo porque «durante 2020 no se emitió ninguna recomendación para que se realizaran pruebas de detección de COVID-19, [y] cerró los ojos ante la falta de insumos en infraestructura en los hospitales».

Punto y aparte

Consideración especial requieren los organismos autónomos relacionados con el sector energético, dentro del ramo administrativo, que el presidente nunca ha visto con buenos ojos por representar un obstáculo para sus áreas consentidas y piedra angular de la Cuarta Transformación: Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

A ojos del líder de Morena, estos órganos fueron creados para responder a los intereses de la élite neoliberal de administraciones pasadas y facilitarles la venta de energía eléctrica a la CFE. La animadversión se hizo evidente en 2019 tras los encontronazos con el presidente de la Comisión Reguladora de Energía (CRE), Guillermo García Alcocer, a quien acusó de conflicto de interés luego mostrarse en desacuerdo con las ternas propuestas por AMLO para ocupar las vacantes en la CRE. La discrepancia pudo ser una respuesta sutil de García Alcocer a la reducción del 31% en el presupuesto asignado ese año al organismo. Luego de varios meses de forcejeos, el titular de la CRE renunció por razones personales y no por cuestiones externas.

La Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH) también pende de un hilo. Creada en 2008, durante el sexenio de Felipe Calderón, inicialmente se limitaba a regular y supervisar la exploración y extracción de combustibles. Con la llegada de Peña Nieto a Los Pinos, sin embargo, sus facultades se ampliaron gracias a la reforma energética y ahora regula la participación de entidades privadas nacionales y extranjeras en los distintos segmentos de exploración y producción de petróleo, gas, electricidad, combustibles y energías renovables.

La CRE y la CNH ejercerán este año 253 y 219 millones de pesos, respectivamente. El desembolso, aunado a la duplicidad de funciones, pone en jaque su futuro. «¿Por qué tener además de la Secretaría de Energía, 10 organismos autónomos? ¿Qué funciones desempeñan? Y son unas arañas sus estructuras administrativas, sus organigramas», advirtió Obrador.

Algunos organismos autónomos pueden respirar tranquilos. Son los vinculados al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). En este grupo se encuentran el IFT —que López Obrador ya había señalado con funciones redundantes— y la Cofece —autora de la polémica sanción contra bancos que manipularon el precio de deuda del gobierno—. La secretaria de Economía, Tatiana Clouthier, aseguró, tras reunirse con el presidente, que estos órganos no serán tocados.

Argumentos en contra

Organismos públicos y personal académico alertan sobre los riesgos que conlleva el sesgo indiscriminado de los órganos autónomos. Para ello echan mano de dos razones fundamentales. Primero: el grado de especialización que muchos poseen y que desaconseja el ser suplantados por otras dependencias administrativas. Segundo: el contrapeso que establecen frente al gobierno, dentro del seno democrático de cualquier nación.

Para el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), de llevarse a cabo la eliminación de estas entidades, el supuesto impacto favorable en el ámbito presupuestario no compensa las pérdidas que acarrearía dejar de contar con los aportes que actualmente generan y, a la larga, se crearía un ambiente de incertidumbre en futuros proyectos de inversión.

Fernando Ojesto Martínez, catedrático de la facultad de derecho de la UNAM, advierte sobre las consecuencias que en materia democrática pudiera acarrear. «Los órganos autónomos en México son relevantes porque sirven como un mecanismo de control y equilibrio del poder público. Lo que se intentó hacer con ellos desde inicios de los 90 fue democratizar la función pública y especializarla» (Reporte Índigo, 07.01.21).

La alianza Uniendo Esfuerzos por la Niñez acusa falta de conocimientos por parte del gobierno al momento de sustentar su plan. Pone de ejemplo la similitud que López Obrador establece entre el SIPINNA y el DIF y con la cual se muestran en desacuerdo. «El SIPINNA protege con enfoque de derechos de la niñez a 40 millones de niñas, niños y adolescentes, y articula la política nacional para esos fines. El DIF no tiene estas atribuciones, ya que su labor es la asistencia social», señala la alianza. Explica, además, que el este último se enfoca en la ejecución de la Ley de Asistencia Social dentro de las poblaciones vulneradas, pero no cuenta con «las facultades para articular a dependencias e instituciones clave en materia de los derechos de la niñez y adolescencia» (Animal político, 05.01.21).

El Grupo Parlamentario del PAN en el Senado va más allá y ve un instrumento político en la iniciativa del gobierno. Para los blanquiazules el verdadero objetivo es destruir órganos que pueden criticar la labor de Morena en la presidencia y, de camino, poner en entredicho el proclamado éxito de la actual administración. «Le estorban, le incomodan porque Morena está demostrando ser un gobierno más corrupto, más opaco e ineficiente que los gobiernos anteriores», sostuvieron los senadores en un comunicado de prensa (08.01.21). E4


Órganos constitucionales autónomos

  • Banco de México
  • Instituto Nacional Electoral
  • Comisión Nacional de Derechos Humanos
  • Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática
  • Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación*
  • Comisión Federal de Competencia Económica
  • Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social
  • Instituto Federal de Telecomunicaciones
  • Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos
  • Fiscalía General de la República

    * Ahora es Centro Nacional para la Revalorización del Magisterio y la Mejora Continúa de la Educación
    Fuente: Diario Oficial de la Federación y Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

IEC y Academia de DH, pozos sin fondo

Mientras la federación se hace bolas para lograr mayor austeridad y apunta los cañones hacia los organismos autónomos, en Coahuila esto no parece preocuparle mucho al gobierno estatal que sigue financiándolos a pesar de la inoperancia de algunos. De igual modo hace oídos sordos ante el reclamo de una ciudadanía que ve cómo se despilfarra el dinero en un estado lacerado por una deuda que supera los 43 mil millones de pesos tras más de una década de haberse contraído.

Un rápido vistazo al presupuesto estatal de 2021 basta para encontrar al Instituto Electoral de Coahuila (IEC) ubicado en segundo puesto entre los mayores depredadores presupuestarios de Coahuila, con poco más de 499 millones de pesos, solo superado por la Fiscalía General del Estado. Esta cifra rebasa por casi 110 millones la partida que le asignaron el año pasado. El incremento responde, sin duda, a los comicios del 6 de junio… responde, pero difícilmente justifica.

Cabe preguntarse si el trato privilegiado no condiciona la imparcialidad tantas veces cuestionada al instituto electoral o si no forma parte de una tácita muestra de agradecimiento por parte del actual gobierno después de las polémicas elecciones de 2017, cuando se detuvo repentinamente el conteo del Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP) —con menos del 72% de las casillas— mientras llevaba la delantera el candidato panista, Guillermo Anaya, y que poco después, en un giro sorpresivo, le otorgaron la victoria al representante del PRI.

Otro organismo autónomo e inexplicable es la Academia Interamericana de Derechos Humanos, creada por el exgobernador Rubén Moreira el último año de su gobierno. Goza de una curiosa doble autonomía pues se trata de un organismo académico sectorizado a la Universidad Autónoma de Coahuila. A esta singular academia le corresponden 26.5 millones de pesos del presupuesto estatal. Vaya usted a saber en qué los gastan. E4

La Habana, 1975. Escritor, editor y periodista. Es autor de los libros El nieto del lobo, (Pen)últimas palabras, A escondidas de la memoria e Historias de la corte sana. Textos suyos han aparecido en diferentes medios de comunicación nacionales e internacionales. Actualmente es columnista de Espacio 4 y de la revista hispanoamericana de cultura Otrolunes.